La Decana y el Vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba expresan su profunda preocupación y rechazo a la modificación de la Ley 7722 en la provincia de Mendoza, para habilitar el uso de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares, lo que significa la apertura de la provincia a la explotación de la megaminería. La actividad se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de tutelar el agua.
Entre los artículos modificados de la Ley 7722 —ratificada en 2015 por la Corte Suprema mendocina—, el central es el 1º. Prohibía la utilización de sustancias tóxicas «a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico» en una provincia que se encuentra hace 11 años en emergencia hídrica. La megaminería utiliza cientos de litros de agua por segundo para limpiar el material extraído de la montaña.
Nuestra unidad académica tiene claros antecedentes de haber sido impulsora de la resolución del Honorable Consejo Superior de la UNC, por la cual se rechazaron los fondos provenientes de la megaminería.
En dicha resolución se reconoce explícitamente que las actividades de la minería a cielo abierto tienen impactos de corto, mediano y largo plazo, tales como: el alto consumo de recursos naturales estratégicos y energéticos; los efectos negativos sobre las cuencas de varios ríos; la contaminación y los efectos a largo plazo del proceso de drenaje ácido; la grave e irreversible destrucción de los ecosistemas; la degradación de la calidad de vida en las regiones afectadas.
Desde estos antecedentes no podemos más que señalar que el cumplimiento del Artículo 41 de la Constitución Nacional es claro en cuanto a la responsabilidad del Estado Nacional por adherir a numerosas legislaciones, instrumentos y marcos regulatorios regionales e internacionales respecto de la protección del medio ambiente; los beneficios y excepciones (como la reciente baja de retenciones) con los que cuenta la actividad minera; a lo que se debe agregar que es una verdadera deuda de la democracia que siga vigente la modificación del espíritu de la Ley 14.771 realizada durante la última dictadura militar para permitir la extrajerización de la actividad minera. De esta manera, la megaminería es siempre sinónimo de saqueo, contaminación y muerte en beneficio de las corporaciones.
Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de la provincia de Mendoza que de manera mayoritaria en una movilización histórica ha expresado su enérgico rechazo a esta inconsulta medida. En el mismo sentido, como universitarios no podemos más que condenar la brutal represión con la que el gobierno provincial respondió a una legitima acción popular masiva.
Fuente:https://psyche.unc.edu.ar/portfolio-items/si-contamina-no-es-progreso-el-agua-vale-mas-que-el-oro/?fbclid=IwAR2fry0i8q4_JFaIMf8AfdT8U8B0T3qXSa9zM4KuJ6abtnrSXdsZKlxcBwc



Integrantes de la Asamblea de Jacobacci por el Agua y el Territorio volvieron a manifestarse en contra de la megaminería en Calcatreu. Además, en el marco de los acontecimientos ocurridos a nivel nacional, repudiaron el accionar del gobierno de Mendoza en la movilización que se realizó en esa provincia para evitar la reforma de la Ley 7722.
Presionado por las protestas de los habitantes de la provincia y de movimientos ambientalistas de todo el país, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que suspenderá la reglamentación de la ley minera, mientras se generará un diálogo abierto “sin generación de miedos, garantizando la paz social, porque lo que más quiero es cuidar el agua”.
El gobernador, Rodolfo Suárez, anunció ayer la suspensión de la reglamentación de la Ley 9.209 para abrir el diálogo y alcanzar el consenso social sobre las modificaciones de la 7.722. ¿Qué significa esto?

La ley de protección de glaciares promulgada por Argentina en 2011 es constitucional. La Corte Suprema de Argentina zanjó este martes la discusión en un fallo unánime contra las mineras
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, desoyó
La pueblo de Mendoza protesta desde el viernes contra la recientemente aprobada
Medio centenar de detenidos, infiltrados policiales y heridos fue el saldo de la represión del gobernador Rodolfo Suárez a la marcha provincial a la ciudad de Mendoza. Fue tras la reforma de la ley 7.722, pactada entre radicales, peronistas y mineras.
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Luego de la infame aprobación legislativa de las modificaciones a la Ley 7722 que hasta el viernes protegía a la población -y a las producciones vitivinícolas y agrarias- de la contaminación y el arrebato del agua por parte de la actividad megaminera, los pueblos y ciudades mendocinos salieron a las rutas en una marcha histórica a fin de llegar a la capital y exigir la anulación de las modificaciones. La producción agraria en la provincia fue diseñada y organizada por el gobierno del general José de San Martín en los tiempos en que se preparaba en ese territorio el cruce de los Andes en las guerras por la Independencia. El trabajo de mendocinos e inmigrantes habilitó el desarrollo de la imponente actividad vitivinícola que es hoy componente esencial de su identidad ante el país y el mundo. Compartimos aquí varias notas del medio MendozaOnLine.