Para el investigador del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, Manuel Trufó, el marco del proceso de espionaje en Esquel genera mayor preocupación. Trufó sostuvo que la pretendida aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Ministerio Público Fiscal genera mayor inquietud porque se pretende criminalizar la demanda social. De esta manera hizo referencia a la causa judicial que sigue la disputa territorial entre aborígenes y Benetton.
La Corte Suprema de Argentina determionó solicitar informes ambientales sobre el proyecto minero Pascua-Lama, ubicado a ambos lados de la Cordillera de los Andes, en el límite con Chile en la provincia de San Juan. La solicitud va dirigida tanto a la mencionada provincia como a la firma canadiense Barrick Gold, titular de la iniciativa binacional.
Según señalan informaciones de algunos medios trasandinos, la petición de la justicia argentina se origina en la decisión que tomaron las autoridades de Chile sobre suspender los trabajos que se estaban realizando en el lado chileno del proyecto. El diario Tiempo de San Juan publicó un documento del Centro de Información Judicial de Argentina, en el que se señala que «no se puede obviar las decisiones jurisdiccionales adoptadas por la República de Chile” y entrega a las partes 30 días para presentar la información requerida.
El Obispado de la Prelatura de Esquel junto con la Pastoral Social repudian con firmeza el espionaje ilegal «rechazar y repudiar con firmeza el atropello a la privacidad». Señalan también que «serìa gravìsimo que detrás de este procedimiento de espionaje ilegal estuvieran involucradas intituciones del estado».
Fuente: Obispado de la Prelatura de Esquel y Pastoral Social Esquel
En el comunicado emitido tambièn expresan su «más sincero acompañamiento y solidaridad a los afectados» y demandan el esclarecimiento de los hechos.
El pasado viernes 28 de Agosto se realizó una Audiencia Pública en el Juzgado Penal de Esquel. La presidió el Juez Martín Zacchino.
Allí la Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A., centenario latifundio hoy en manos del grupo Benetton, se constituyó como querellante frente a las Lof en Resistencia de Cushamen, grupo mapuche que desarrolla la recuperación de una fracción de su territorio entre los parajes de Vuelta del Río y Leleque, en el cruce de las rutas 40 y 71, a unos 100 km. al norte de Esquel.
Una breve síntesis del proceso: la recuperación se inició en Marzo de este año, y denunció prontamente distintas maniobras represivas de parte de la policía provincial: disparos con armas de fuego, intentos arbitrarios de detención, pedidos de identificación para todo el que circule cerca, sea parte de la recuperación o no.
Los ciudadanos Autoconvocados por la vida de Tinogasta, nos dirigimos al público tinogasteño interesado en la causa de la defensa de la vida para informar y aclarar QUE:
1º) Ante las confusas informaciones mediáticas y las manifiestas malas intenciones de algunos grupos de internas políticas, nuestra causa no tiene ninguna relación, interés o injerencia en las mismas, y nos hemos visto también perjudicados con la adjudicación deshonesta de generar falsos espacios en redes sociales o correos electrónicos malintencionados
2º) Se ha invitado a los candidatos a intendente por la ciudad de Tinogasta a una asamblea con el objetivo de que nos brinden una explicación, aclaración, información y posición sobre el tema que se hizo público, que deberían haber tratado con anterioridad y lamentablemente se ocultó.
Las organizaciones de vecinos y Ong’s celebraron ayer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) de confirmar la prohibición para realizar minería metalífera a cielo abierto en la provincia. Sin embargo, el fallo encendió las alarmas en la industria a nivel nacional, porque se está generando un antecedente «para una actividad que en otras provincias es real y tiene mucho potencial».
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“Esta decisión tiene importancia nacional e impacta en la minería de todo país”, indicó José Díaz, de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor).
El Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó una resolución por la que determina la no autorización de proyectos que tengan como sustento la megaminería dentro de su jurisdicción municipal.
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Marcha contra la minería en Las Coloradas
La iniciativa de la concejal Claudia González, del Frente Grande, solicita además a la Dirección Provincial de Minería y a la Secretaría de Estado de Ambiente Provincial que no se habiliten en la provincia proyectos de megaminería porque son hidrotóxicos y vulneran derechos constitucionales reconocidos, leyes nacionales y tratados internacionales vinculados a la protección y conservación del ambiente y el desarrollo sustentable.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la plena constitucionalidad de la Ley N° 9526, en tanto prohíbe la actividad minera metalífera cuando se realice bajo la modalidad “a cielo abierto” o cuando para ello se utilicen sustancias como el cianuro, el mercurio y otras calificadas como peligrosas. El Alto Cuerpo argumentó que las restricciones establecidas son razonables si se tiene en cuenta que “el ambiente constituye un bien colectivo supremo”, que debe ser preservado.
El TSJ rechazó así la acción declarativa de inconstitucionalidad que habían planteado los representantes de la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (Cemincor) y de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN).
Vecinos y vecinas de Las Coloradas marcharon el viernes 7 de agosto junto con comunidades mapuces y diversas organizaciones de localidades cercanas como Junín, San Martín, Loncopué, Zapala y Neuquén.
Más de 200 personas se movilizaron para decir “No a la mina”. La marcha comenzó cerca de las 13 y se extendió hasta pasadas las 14.30. Después del almuerzo, se realizó en el polideportivo del pueblo un festival donde diferentes artistas pudieron manifestar su apoyo a la causa.
Si bien la audiencia pública que debía realizarse el próximo 12 de agosto fue suspendida, la comunidad se recordó varias veces que “esto recién empieza”, y que lo importante mantenerse alerta y en lucha.
En los años ’80, Manuel ingresó como empleado en el yacimiento de uranio al pie del macizo de Los Gigantes, cerca de Carlos Paz. Era la época de oro de la planta que llegó a tener 120 empleados, y que dejó de funcionar en 1989, con fuertes sospechas de contaminación de la cuenca del río San Antonio, uno de los principales afluentes del lago San Roque.
Manuel se presentó en la mina de uranio para trabajar como chofer, pero como el puesto ya había sido cubierto, le realizaron una prueba de mecánica y electricidad. “Me mandaron a unas cámaras frigoríficas, a hacer la instalación”, recuerda. Ese fue el pasaporte al yacimiento, donde trabajó durante tres años y medio.
Entre otras cosas, Manuel fue el encargado del cableado y del montaje de la planta. Por eso la conoce como la palma de su mano.