**La denuncia pública la está haciendo la Red Mexicana de Afectados de la Minería (Rema), porque el derrame de la presa de jales, el 4 de junio y que ya habría llegado a la presa Huites en Sinaloa, pone en riesgo a miles de personas y cientos de hectáreas de riego agrícola.

La Red Mexicana de Afectados de la Minería (Rema) denunció una presunta red de complicidad entre particulares y dependencias oficiales que han dado “cobijo a la minera Río Tinto, asegurando casi de inmediato que no hubo contaminación” luego del derrame de la presa de jales, ocurrido el pasado 4 de junio y que ya habría llegado a la presa Huites en Sinaloa, poniendo en riesgo a miles de personas y cientos de hectáreas de riego agrícola.

En un comunicado publicado en su página oficial, dicha organización señala a empresarios locales y nacionales que en conjunto con empresas extranjeras y bajo el amparo de las autoridades medioambientales, han saqueado los bienes naturales dejando sólo daños al ambiente y a los pueblos.

“Los Slim, los Larrea, los Salinas Pliego, los Bailleres, los ahora Ayub Touché, así como las empresas extranjeras con particular énfasis en los dueños y accionistas de las empresas canadienses, se han enriquecido gracias al despojo, el desplazamiento forzado de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes naturales, de tal manera que su negocio es redondo, porque técnica y financieramente es imposible que puedan incorporar el costo de los daños que ocasionan a la salud, al ambiente, la naturaleza, a la cultura y a la comunalidad y la vida de los pueblos”.

A lo anterior, agrega la Red, se suma la negligencia con que se ha tratado el tema por parte de dependencias oficiales como la Profepa, Semarnat y Conagua así como el propio Gobierno del Estado.

“Estamos ciertos de que ahora, a esta trama de horror, se ha sumado ya el desgastado, negligente, tenue y demás tonterías de: ’no contaminó y todo está controlado’, que suele acompañar el discurso de la institucionalidad, encabezada por Profepa, Semarnat, Conagua, el Gobierno del Estado de Chihuahua y las demás instituciones federales serviles a los intereses de estos empresarios nefastos y de este modelo minero extractivo depredador. Anunciarán una supuesta restitución de los daños, con lo cual nuevamente la impunidad será la gran expresión de injusticia”.

De acuerdo con Rema, los representantes de estas empresas tienen historiales de incumplimientos por todo el país así como antecedentes de desastres ambientales.

“Carlos Ayub Touché, chihuahuense que funge como representante de la empresa en México, quien además de haber ostentado la presidencia de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, es un personaje igual de obscuro que su colega Germán Larrea, dueño de Grupo México (GM), una de las empresas más galardonadas por el gobierno mexicano, a pesar de las decenas de conflictos que tiene a lo largo y ancho de todo el país por incumplimientos, huelgas de trabajadores, desastres ambientales, contaminación y daños a la salud”.

El organismo hace hincapié en que no es la primera, ni será la última vez que se alce la voz en contra del Modelo Extractivo Minero. “Si en realidad deseamos un país que transite en armonía con la vida y una sociedad justa y no basada en negocios espurios y obscuros de quienes imponen una forma de trabajo que indigna por los niveles de destrucción que genera, debiera desaparecer”.

Rema destaca en su página que es lamentable la pérdida de vida de los trabajadores, que hasta ahora han sido localizados e identificados, y demandó de manera inmediata se avise a la población de la zona sobre los peligros y riesgos que se sufrirá por la derrama de los jales tóxicos que van descendiendo por el río Tubares, el cual descarga sus aguas en el río Fuerte, que tiene tres presas en los municipios de Choix (Luis Donaldo Colosio, también llamada Huites) y el Fuerte (Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez) que abastecen de agua a Sinaloa, Chihuahua y Sonora.

Fuente:http://www.cronicadechihuahua.com/Autoridades-son-complices-de,53940.html

**Advirtió que, sólo si las dependencias federales brindan la autorización a la minera para que opere, entonces las autoridades de Chihuahua también establecerán las directrices y condiciones para que trabaje.

– El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló que el futuro de la mina Río Tinto, en Urique, depende por ahora de las autoridades federales y no del estado. Por lo tanto, dijo, se deberá esperar a que las instancias correspondientes concluyan con los peritajes sobre el accidente del del 4 de junio pasado.

Por su parte, la empresa Minera Río Tinto S.A. de C.V., a través de un comunicado de prensa, dijo que con la anuencia de las autoridades, podría restablecer sus operaciones.

Peniche Espejel advirtió que, sólo si las dependencias federales brindan la autorización a la minera para que opere, entonces las autoridades de Chihuahua también establecerán las directrices y condiciones para que trabaje.

Añadió que el Ministerio Público sigue recopilando la información necesaria para establecer si hubo o no algún dolo u omisión grave por parte de la empresa, aunque reparo que el expediente se abrió a raíz de que se tuvo conocimiento del hecho y no por la denuncia de alguna de las víctimas o deudos.

Fuente:http://www.cronicadechihuahua.com/Caso-de-danos-de-mina-de-Urique,53916.html

Señalan que desde hace 12 días les quitó su trabajo y lo cedió a empresa española EPSA

Advierten sobre daño ambiental que ha sufrido su territorio, en el cual ya no hay agua

Aproximadamente 350 personas, entre familias, ejidatarios y transportistas del municipio de Mazapil marcharon ayer por las calles del Centro Histórico de Zacatecas para arribar a la sede del Congreso local, donde exigieron ser atendidos por los legisladores para que intercedan por ellos en el conflicto que mantienen con la minera Peñasquito de la compañía Goldcorp desde hace 12 días por haberles quitado su trabajo para cederlo a la empresa española EPSA.

Denunciaron que la compañía canadiense ha incumplido con lo establecido en los contratos de brindar trabajo a los trabajadores de la región, por tal motivo dijeron que tuvieron que venir a Zacatecas a exigir a los legisladores, “que son del pueblo”, los ayudan a entablar una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, pues lo único que quieren es trabajar con sus camiones como se los prometió la minera cuando llegó al territorio.

Relataron que cuando la compañía llegó y les dio una compensación por sus tierras, fueron los mismos empresarios quienes les dijeron que compraran camiones para que trabajar en la mina y ahora son los mismos a los que no les quieren dar trabajo. “Es muy difícil que un miembro de la región de Mazapil entre a trabajar a la mina a estas alturas”, manifestaron.

Aparte de todas las promesas incumplidas, los habitantes de la región denunciaron también el daño ambiental que ha sufrido su territorio en el cual ya no hay agua. Además expusieron que los señalamientos realizados por el director de la mina, Michael Harvey, son falsos, pues no son de Saltillo sino de Mazapil y sus alrededores, aclararon con credencial del IFE en mano, de diferentes ejidos a los que en su momento la minera les “prometió la luna y las estrellas” y ahora no quieren cumplir.

Los manifestantes detallaron que los daños por este incumplimiento no solamente repercutirán en los dueños de los camiones, sino en los choferes y mecánicos también. Acusaron que lo expresado por Harvey es mentira al decir que se les ha generado 6 mil empleos, cuando, de acuerdo con los inconformes, sólo ostentan apenas 250 para gente de la zona, por lo que reiteraron la exigencia del cumplimiento por parte de Goldcorp.

Denunciaron que con la llegada de Harvey a la mina todo cambió, “ese señor es un peligro para nosotros, la gente ya no lo quiere”, gritaban. Recordaron que todo el trabajo que han hecho para la compañía lo realizaron con sus camiones y “de la noche a la mañana” los están desplazando para dejar sin trabajo a mucha gente.

Los inconformes convocaron a las autoridades de Minera Peñasquito a que debatan con ellos de manera pública, pues dicen tener la razón. Informaron que han estado negociando durante 7 meses y la compañía ha incumplido por lo advirtieron que este paro no será el último y dejarán de hacerlo siempre y cuando la mina cumpla lo establecido.

Dieron a conocer que en 2009 firmaron un contrato en el que la compañía hizo muchos compromisos “como si fuéramos unas novias” y hasta el momento no han cumplido todos, salvo aquellos que han concernido también al Gobierno del Estado, a quien le también le exigieron que deje de intimidar mediante la Policía Estatal.

Fuente:http://ljz.mx/2018/06/13/familias-de-mazapil-exigen-la-intervencion-de-diputados-en-conflicto-con-minera-penasquito/

Las empresas mineras rompen el tejido social de la comunidades para poder desempeñar sin mayores contratiempos una actividad sumamente depredadora en busca de oro y plata que, por la situación geográfica del estado de Veracruz, representa un gran riesgo para la salud de la población y el medio ambiente, alertó la doctora Lilia América Albert Palacios, y aseguró además que la ubicación de la zona de contención de los lixiviados saturados de cianuro de la mina La Candelaria –en el paso de entrada de cuando menos ocho huracanes anuales e innumerables nortes– dispersaría por toda la región ese producto venenoso.

La doctora Albert es consultora de la OMS y reconocida en América Latina por sus estudios sobre toxicología; insiste en lo peligroso de la tecnología que se utiliza para la minería a cielo abierto pues aparte de acabar con la capa verde, al agotarse los minerales, la tierra queda estéril, árida e inservible, además de representar un pasivo ambiental que durará por muchos años.

Subraya en el problema adicional que representa el uso del cianuro en una topografía como la veracruzana, de cara al mar, y en la que existen innumerables autorizaciones para proyectos mineros con similares características al asentado en el municipio de Actopan, de los que nada se sabe con respecto a su ubicación porque esas concesiones se manejan en la Federación.

“En el caso de Veracruz es imposible suponer que no pueda ocurrir un derrame porque en el momento que venga algún huracán, lo primero que va a pasar es que el viento se llevará todo lo que encuentre a su paso. Y si trae mucho agua se va a derramar. La laguna de lixiviación no podrá captar toda el agua del huracán y se va derramar donde vive la gente, animales, tierras de cultivo y luego de este baño tóxico serán inservibles. Es un riesgo absolutamente real. Entran por esa zona hasta ocho huracanes cada año e innumerables nortes. No se necesita que sea muy poderoso. Esta en un sitio inconveniente porque ahí pasan todos. No hay forma de parar eso ni se puede controlar”.

Las mineras primero rompen el tejido social

La doctora Albert Palacios insistió en que al margen de los controles oficiales sobre la actividad de la minera, debe informarse a la población para que entienda que es un riesgo enorme y que además, a cambio de algunos cuantos trabajos que se ofertarán, sin dudas de salario mínimo porque a los campesinos de la localidad no les van a dar de técnicos o ingenieros, vivirán cerca de terrenos contaminados e inútiles para el resto de la vida.

Precisó que las mineras tienen una manera de actuar que aplican en todos los lugares a donde llegan. “Siempre actúan de esa forma; lo que hacen es romper el tejido social ofreciéndole a algunos unas canonjías como contratos laborales, a otros, pagar más porque por sus tierras va pasar el camino, etc. Ahí es cuando algunos empiezan a estar de acuerdo porque ven un beneficio inmediato pero no el riesgo a largo plazo. Eso es criminal porque además, la mina se encuentra en el paso del río de aves, porque ni modo que no bajen a tomar agua contaminada de cianuro. Será un matadero impresionante de especies. Ésta es una tecnología que no va con el tipo de clima, orografía y topografía de Veracruz, ¿entonces la minería a cielo abierto es intrínsecamente peligrosa para Veracruz por esas condiciones geográficas, porque en contrasentido, la empresa asegura que se trata de desinformación y que no representa mayor peligro para la gente?

“Es una alerta documentada y científicamente respaldada. En Europa hubo casos que este tipo de minería causa grandes destrozos. Podemos imaginar que en países con una mayor cultura de la población, mayores controles ambientales, etc. sucede esto pues en nuestro caso hay que agregarle nuestras necesidades. Con eso juega la minera. Con la necesidad de la gente”.

Los estados, indefensos ante la Federación

Con respecto del manifiesto de impacto ambiental (MIA) que exhibe la minera, afirmó que resulta relativamente fácil obtenerlo porque hasta un estudiante de preparatoria lo puede llenar dada la formulación de las preguntas y la manera en que debe responderse, pues simplemente se niegan todas las posibilidades de accidentes o riesgos para la población y listo.

Ejemplificó con el caso de las cícadas, una especie endémica que estará en riesgo de extinción una vez que opere la minera. “Si nuestro gobierno estatal tuviera idea ya estaría prohibiéndola. El problema central es constitucional. Tu ves que en la Ley General de Equilibrio Ecológico hay cosas que no son de competencia estatal como son las nucleoeléctricas, las petroquímicas, mineras, etc. Cuando ves eso, resulta que todos los problemas de Veracruz son de competencia federal. Desde ahí el gobierno del estado debería exigir concurrencia con la Federación en todos esos temas en que la ley le dice a los estados será tu territorio y tu gente pero aquí mando yo. Ahí esta el caso del accidente de la petroquímica de Pajaritos, de competencia federal, ya pasó un año y medio y no ha sucedido nada, ni siquiera se saben las causas que lo ocasionó pero el dueño de la empresa ya cobró el seguro”.

En ese sentido, anunció que se esta formalizando el Nodo Veracruz de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que ya existe en varios estados “porque es nuestra responsabilidad que quienes sabemos algo del asunto, unirnos en pro de la gente, dar información, respaldo con conocimientos a las protestas que no son nada mas por ocurrencias, porque es evidente que es muy difícil para la comunidad y los políticos ver el riesgo de largo plazo. A diferencia del inmediato que es fácil de apreciar, el otro es muy difícil por las enfermedades que se pueden generar en 15 o más años como fue el caso de Anaversa, donde aún hay enfermos por la exposición a los químicos liberados en aquel accidente”.

Chihuahua.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) rechazó las verisones oficiales de autoridades estatales y federales en relación a que no existen riesgos de contaminación tras el derrumbe de la presa de jales en la minera Río Tinto, en el poblado de Cieneguita del municipio de Urique.

La organización demandó de manera inmediata al Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado, y a las autoridades federales, avisar a la población de la zona sobre los peligros y riesgos que sufrirá por el derrame de los jales tóxicos que van descendiendo hacia el río Tubares, el cual descarga en el Río Fuerte conectado al menos a tres presas del estado de Sinaloa.

En este sentido, la organización civil Voces Unidas por el Agua en Sinaloa, conformada por académicos y empresarios, advirtieron a medios de aquel estado que los derrames de los jales mineros estarán poniendo en riesgo la actividad agrícola en los valles de dicho estado, ya que los residuos llegarán a las presas Luis Donaldo Colosio y Miguel Hidalgo, con las cuales se alimentan gran parte de los cultivos de la entidad federativa.

Según un comunicado de esta organización, las presas que se verán afectadas se encuentran en el municipio de Choix y El Fuerte, las cuales irrigan y abastecen de agua todo el norte de Sinaloa, por lo que existen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) dejar de emitir información falsa para proteger los intereses de la empresa.

Dentro de las exigencias se solicitó también el cierre irreversible de la mina de la empresa Río Tinto y medidas enérgicas de rendición de cuentas, control y reparación de los daños causados en la región, así como el impulso de proyectos productivos respetuosos con la población de Urique pues el modelo extractivo minero debe ser desechado como propuesta de progreso y desarrollo.

Añadieron que las mineras y los empresarios ligados a estas se han enriquecido gracias al despojo, desplazamiento forzado de pueblos y el saqueo de las riquezas naturales, “de tal manera que su negocio es redondo, porque técnica y financieramente es imposible que puedan incorporar el costo de los daños que ocasionan a la salud, el ambiente, la naturaleza, cultura, comunidad y a la vida de los pueblos.

Fuente:http://www.cronicadechihuahua.com/Rechazan-version-oficial-de-que-no,53890.html

La cuidadanía , gobiernos municipales, instituciones académicas, religiosas, de investigación, organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en un documento por los derechos de los pueblos  a un medio ambiente sano, al agua, al trabajo y exigieron a un Veracruz Libre de Megaminería Metálica y Tóxica.

Señalan que la vocación del estado de Veracruz y de la región en particular ha de ser la que posibilite el bienestar d elas personas y  pueblos y el respeto a sus derechos humanos.

La megaminería tóxica a cielo abierto es un procedimiento tecnológico de la economía globalizada para extraer oro u otros minerales removiendo toneladas de materiales rocosos a base de explosivos para ser tratados posteriormente con cianuro, en lagunas de lixiviación, señalan.

Uno de los cuestionamientos más frecuentes a esta tecnología es el enorme volumen de agua que utiliza y el riesgo de con taminación de cuerpos de agua por derrame de lixiviados y por el drenaje ácido de mina, apuntaron.

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No puede haber desarrollo sustentable cuando toneladas de cianuro envenenan millones de litros de agua al día; cuando deforestan cientos de hectáreas de árboles y plantas para la minería a cielo abierto, consideró el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes.

El Sacerdote lamentó que en el Estado de Veracruz se hayan dado muchas concesiones mineras.

A su juicio, la codicia del capitalismo, la ambición desmedida y la corrupción impiden ver las riquezas y las bellezas naturales de esa zona, poniendo en riesgo la vida y el futuro de sus habitantes.

Al permitir las exploraciones y explotaciones a empresas extranjeras para la construcción de las minas “La Paila” y “El Cobre” en los municipios de Alto Lucero y Actopan, desde el año 2012, se puso en riesgo el abasto y el derecho humano al agua, porque con el fin de extraer oro u otros minerales, se removerán toneladas de materiales rocosos a base de explosivos para ser tratados posteriormente con cianuro, en lagunas de lixiviación.

Recordó que según información proporcionada por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), estos proyectos mineros han sido examinados por más de 60 expertos investigadores de la UV, INECOL, CIESAS, INAH y UNAM, así como por diversos grupos de la sociedad civil.

«La conclusión es que la megaminería tóxica en esta región es inviable. Las razones las dieron a conocer en la Asamblea de Actopan y en una declaración que se publicó en diferentes medios de cobertura Nacional el pasado 5 de junio de 2018. Con el respaldo de la ciudadanía, instituciones académicas, religiosas, de Investigación, organizaciones de la sociedad civil, así como las autoridades de algunos Ayuntamientos, SE PRONUNCIARON POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS A UN MEDIO AMBIENTE SANO, AL AGUA y AL TRABAJO y exhortaron a los gobiernos federal, estatal, a los ayuntamientos, al congreso local y al congreso de la Unión que se declare VERACRUZ, LIBRE DE MEGAMINERÍA METÁLICA Y TÓXICA», se lee en el comunicado dominical.

La Arquidiócesis de Xalapa manifiesta también su adhesión y solidaridad con todos estos ciudadanos, que en forma organizada y pacífica están defendiendo sus tierras, el medio ambiente y su futuro. Veracruz ama la vida y debe proteger a sus habitantes y su patrimonio.

«Invitamos a todas nuestras autoridades a hacer un frente común para defender juntos nuestra casa común; debemos cuidar la naturaleza; tenemos que defender también al ser humano y a las instituciones familiares», expuso Suazo Reyes.

Y es que el pasado 25 de mayo, en la localidad de Actopan, Veracruz, se llevó a cabo una asamblea, para tratar de detener la amenaza con olor a muerte de la explotación minera a cielo abierto por parte de empresas nacionales y extranjeras.

El encuentro se desarrolló en primer lugar al interior del templo parroquial de Actopan, que está dedicado a San Francisco de Asís, el patrono de la Ecología y cuyo cántico inspiró el título de la encíclica “LAUDATO SI”, del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación.

«La explotación minera a cielo abierto contamina el agua, el aire, el suelo, los ríos, los pozos y los cultivos», remató el director de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/06/10/iglesia-exhorta-gobierno-acabar-mineria-toxica/

«La diputada del PRD, Hilda Miranda, indicó que tan solo en nueve meses las autoridades concedieron 558 nuevos títulos de concesión a particulares en 1.1 millones de hectáreas, y se desconoce si para ello se consultó a los propietarios de tierras afectadas.»

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, propuso reformas a la Ley Minera, a fin de establecer que los pueblos y comunidades indígenas deben ser consultados al momento de autorizar o negar la realización de proyecto mineros en sus territorios.

La diputada Hilda Miranda indicó que, de acuerdo al Registro Público de Minería, tan solo en nueve meses, de septiembre de 2015 a junio de 2016, las autoridades concedieron 558 nuevos títulos de concesión a particulares en 1.1 millones de hectáreas, y se desconoce si para ello se consultó a los propietarios de tierras afectadas. 

Miranda Miranda enfatizó que la autorización para explotar minas en México va en aumento, pero las comunidades donde se realizará ese tipo de actividad no han sido consultadas, lo que ha generado conflictos entre los pobladores y los concesionarios.

Refirió que México reporta 34 conflictos de tipo minero, tan solo detrás de Chile y Perú que tienen 35 cada uno.

Afirmó que México está adscrito al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé la consulta a pueblos indígenas sobre proyectos de desarrollo que los puedan afectar, pero esa norma no se cumple.

Añadió que en la entrega de concesiones mineras participan en gran medida empresas trasnacionales, es decir, que el beneficio de la explotación en esa rama es para inversionistas extranjeros.

A ello se suma el alto grado de contaminación que genera esa industria extractiva y de explotación, ya que se tiene conocimiento de que existen en México al menos 635 sitios contaminados por el mal manejo de residuos generados por actividad minera, conforme al Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por ello, solicitó aprobar la reforma que instruye a la Secretaría de Economía (SE) a dar información fidedigna, suficiente, oportuna y objetiva a las comunidades indígenas, sobre las ventajas y desventajas del desarrollo de proyectos mineros, a fin de que emitan opinión.

Propuso que el Ejecutivo Federal no podrá dar concesiones sobre tierras o territorios indígenas sin que los habitantes no lo autoricen.

Planteó que la consulta y sus resultados se anularán, si los concesionarios influyeron de manera dolosa e irregular u ofrecieron pagos o entrega de recursos económicos, en las poblaciones objetivo.

Los términos y condiciones de las actividades de exploración y explotación minera autorizadas, se pactarán en conjunto con los pueblos indígenas y con el Estado.

Las concesiones contemplarán medidas para evitar o remediar la contaminación o destrucción de las tierras; territorios; recursos naturales; sitios sagrados, culturales o espirituales de los sitios donde se realizarán los proyectos.

Asimismo se podrá establecer que los habitantes del lugar tendrán la opción de establecer sociedad con las empresas concesionarias.

La propuesta añade, dijo la legisladora, que las concesiones se podrán cancelar si provocan la migración y abandono de los territorios y tierras involucrados; si afecta las fuentes de obtención de alimentos; provoca daño a la salud y bienestar de los propietarios; afecta la disponibilidad de agua; y si generan impacto negativo en zonas culturales, sagradas o espirituales.

Fuente:http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/piden-reforma-para-obligar-a-consultar-a-pueblos-indigenas-sobre-proyectos-mineros-975