Una costra blanca flota sobre el Río Coyote tras el desbordamiento de una presa con deshechos mineros de “Cuzcatlán” (filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines) en San José del Progreso, Oaxaca, donde viven del campo. Pero ahora no pueden usar el agua para cultivo ni para bañarse.

Dos días después del derrame, pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca denunciaron 22 casos de violaciones a sus derechos durante el “Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras”, donde acusaron la incapacidad del gobierno para impartir justicia y exigieron cancelar los proyectos y la Ley Minera (lanzada en el salinismo y reformada en 2014) por dar preferencia a las empresas privadas sobre los habitantes, sus territorios y las afectaciones a su salud, medio ambiente, tejido social e identidad cultural.

En Oaxaca hay 41 proyectos mineros activos que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– “La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, donde sus habitantes denunciaron el desbordamiento de la presa “Jales” con deshechos mineros de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, detectado el 8 de octubre tras una noche lluviosa.

La minera “Cuzcatlán”, filial de esta compañía canadiense, trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011 en el municipio San José del Progreso, dentro del distrito de Ocotlán al centro oaxaqueño, donde viven del cultivo de verduras. Alfredo Salcedo Martínez, del área de relaciones comunitarias de la empresa en Oaxaca, dijo a SinEmbargo que ya hubo una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).

La Profepa informó por su parte que desde el 12 de octubre pidió a la minera “realizar medidas de urgente aplicación” para evitar mayores afectaciones a los elementos naturales. Pero la empresa hizo caso omiso. Por ello, realizó un análisis de suelo y sigue a la espera de los resultados para determinar la existencia o no de contaminación con residuos peligrosos. En caso de que se acredite, se aplicarán las acciones y sanciones que conforme a derecho procedan, advirtió en un comunicado.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) pide que se cancele el proyecto minero San José en Oaxaca, luego de que el pasado 7 de octubre ocurriera un derrame minero que contaminó el río El Coyote, mismo que abastece de agua a la población de los municipios San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.

De acuerdo con la inspección que realizó la Procuraduría Federal de Protección  al Ambiente (Profepa), la minera cuenta con dos presas de jales (piletas donde se depositan residuos del proceso de extracción), de las cuales la presa de jales secos, que se compone de residuos de roca, se saturó de agua y se desbordó contaminando el río El Coyote que desemboca en el río Magdalena.

Pero la minera no sólo ha provocado daños ambientales. En el proceso de resistencia ante el proyecto, los habitantes sufrieron represión “imponiendo grupos de paramilitares, que por supuesto han contribuido en los asesinatos de Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo Méndez”, de acuerdo con un comunicado de la Rema.

El proyecto minero San José de la empresa minera Cuzcatlán, SA de CV, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Inc, comenzó su producción desde julio de 2011, y desde entonces extrae oro y plata. Tan sólo en 2017 produjo 7.5 millones de onzas de plata y 55 mil 950 onzas de oro, de acuerdo con datos de su página oficial.

Sin embargo, para la comunidad “los megaproyectos mineros son una terrible amenaza para la vida de los pueblos, además de atentar contra lo más preciado de los territorios de nuestro país y de ninguna manera son progreso y desarrollo”, se precisa en el comunicado de Rema.

Aunque la Profepa señala en un comunicado que en caso de que se acredite la contaminación del suelo se aplicarán sanciones contra la minera  Cuzcatlán, los integrantes de Rema señalan que la empresa ha operado con impunidad.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/10/18/piden-cancelar-el-proyecto-de-la-minera-cuzcatlan-por-contaminacion/

Rosalinda Dionisio Sánchez, activista que resultó lesionada durante un atentado, regresó a la lucha social.

A pesar del dolor físico por 30 operaciones quirúrgicas para salvar una pierna y el trauma emocional, la indígena zapoteca Rosalinda Dionisio Sánchez, víctima de un atentado con armas de fuego, donde murió el dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), Bernardo Vásquez Sánchez, ha vuelto a la lucha social con la misma o mayor decisión, conciencia y compromiso en la defensa de la tierra y el territorio, ante el asedio de la minera canadiense Fortuna Silver Mines en los Valles Centrales.

“Vale la pena tanto sufrimiento, porque lo más importante es seguir en la lucha”, sostiene la mujer, de 35 años, originaria de San José del Progreso, donde la compañía estableció la mina La Trinidad, sin mediar ante una consulta libre, previa e informada.

Vásquez Sánchez fue asesinado la noche del 15 de marzo de 2012 cuando fue emboscado en su vehículo, donde viajaba con su hermano Andrés y Rosalinda, por un grupo armado presuntamente contratado por las autoridades municipales de San José del Progreso, ligadas a la empresa minera, en la desviación a Santa Lucía Ocotlán.

–¿Cómo ha sido la recuperación física y emocional en estos más de seis años?

–Han sido muchos años de dolor y sufrimiento, porque me operaron alrededor de 30 veces por la lesión que sufrí en la pierna derecha, por uno de los dos disparos de calibre nueve milímetros que recibí.

Como hubo negligencia médica en la primera operación que me hicieron en el Hospital de Especialidades (Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca), al dejarme una gasa, me tuvieron que repetir prácticamente todo lo que habían hecho en un hospital privado. De hecho, aún tengo las esquirlas en la pierna.

–¿Fue más difícil superar el dolor emocional?

–Claro, por lo que sucedió, nunca pensamos que nos atacarían a balazos y muchos menos que moriría el compañero Bernardo. También, fue algo emocional muy fuerte el riesgo de perder la pierna, porque algunos doctores ya no me querían operar, me decían que no valía tanto la pena, que era mejor amputar, pero yo me aferré a eso. Y aquí estoy, ya camino bien, con todas y esquirlas en la pierna.

–A pesar de todo eso, ¿por qué regresas a la lucha social?

–Ya logré resistir y quiero ser consecuente con lo que digo. La CPUVO ha sido golpeada muy fuerte, pero tengo firme el compromiso de seguir participando, porque la minera sigue aquí.

–Sin embargo, aún sigue en riesgo tu vida, ¿no?

–Sí, desde luego, más ahora que todos quienes fueron detenidos por la muerte de Bernardo y mis lesiones, ya están libres. Estuvieron alrededor de tres años en la cárcel y ya regresaron a la comunidad. Sigue el riesgo, porque seguimos estando en contra de la mina.

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/103496/activista-de-oaxaca-sufrio-atentado-regresa-la-lucha

El modelo de desarrollo basado en megaproyectos extractivos, la violencia, la impunidad y la falta de acceso a la justicia son algunos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en México, resaltó la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en la presentación del informe elaborado tras su visita al país en noviembre de 2017.

“Recibí denuncias reiteradas de proyectos mineros, hidroeléctricos, de hidrocarburos, eólicos, de energía solar, agroindustriales, de infraestructura y turismo que fueron aprobados y ejecutados sin consultas previas y adecuadas, sin consentimiento libre, previo e informado”, detalló Tauli-Corpuz, también líder indígena del pueblo kankanaey-igorot de Filipinas.

La relatora especial determinó que la ausencia de una ley nacional sobre consulta no exime al Estado mexicano de implementar procesos de consulta conforme a las declaraciones y tratados internacionales.

De acuerdo con el informe, existen múltiples denuncias de uso desmedido de la fuerza, abusos cometidos durante operaciones militares y desplazamiento forzado contra comunidades indígenas.

En el caso de las mujeres indígenas, el acceso a la justicia es particularmente grave, consideró Tauli-Corpuz, dado el alto número de feminicidios y el nivel de impunidad existente. A este escenario se suman otras problemáticas como la violencia obstétrica y la violencia sexual cometida por militares.

Por otro lado destacó que los gobiernos autónomos y juntas de buen gobierno en Chiapas han ayudado a la realización del derecho a la salud y a la educación, y que las policías comunitarias indígenas en Guerrero y Michoacán han contribuido a la administración de justicia, en donde las autoridades son ineficientes.

Entre las recomendaciones realizadas por la relatora figuran la sustitución de políticas asistencialistas por un enfoque de derechos humanos; la reforma integral del régimen jurídico agrario; el desmantelamiento, desarme y sanción penal de grupos paramilitares; el procesamiento ante el fuero civil de militares que violen los derechos de los pueblos indígenas y la adopción de medidas para que el sistema penal de justicia no criminalice a los pueblos indígenas y a quienes los defienden.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, acompañó la presentación del informe y destacó que en el contexto de transición política actual se deben resaltar los efectos negativos de una economía basada en mega proyectos de extracción y explotación de recursos.

Durante la presentación del informe, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideró que dadas las condiciones de pobreza “la brecha entre ser indígena y no serlo es enorme”.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/10/18/megaproyectos-extractivos-principal-problema-de-pueblos-indigenas-onu/

Y no es mera retórica, ni una idea fantasiosa anclada en una visión romantizada o folclorizada de las comunidades indígenas. Porque los indígenas no se han vuelto activistas, sino que nunca dejaron de serlo: ellos han sido los guardianes de la naturaleza desde tiempos inmemoriales, y ahora la protegen del despojo que proyectos como el de la mineríallevan a cabo en todo el territorio.

Los indígenas saben que aquello de la “minería responsable” es un mito. Y no es que ellos se resistan al avance: al contrario, quieren evolucionar como pueblos, y muchas comunidades lo han demostrado con hechos. Pero no quieren avanzar a costa de la naturaleza. Las mineras, en cambio, sí: no les importa acabar con todo con tal de extraer los metales preciosos que subyacen al territorio.

Por qué las mineras canadienses vienen a México?

Aunque la tierra y el agua son más valiosas que el oro, las mineras insisten. Actualmente más de 22 millones de hectáreas en el país han sido concesionadas, según cifras oficiales del quinto informe de gobierno. Es decir, más del 10% del territorio.

La mayoría de estas concesiones son hechas a mineras canadienses y a sus filiales mexicanas, que suman más de 250 y que, según el portal SinEmbargo, pagan menos del 1% del valor de su producción por el derecho a explotar el territorio, llevándose casi el 100% de las ganancias a su país.

El Servicio de Administración Tributaria retenía al 2017 más de 360 millones de dólares en materia de reembolsos de impuestos. Esto se debe a que las empresas mineras exportan su producción y gastan mucho en maquinarias y equipo, con lo cual no sólo se libran de pagar impuestos, sino que acumulan devoluciones.

El IVA se cobra cuando se agrega valor durante la producción de bienes o cuando éstos se venden. Como las mineras exportan todo, generan saldos a favor de IVA.

La desregulación en materia ambiental: un paraíso del saqueo.

Otra razón de peso son las facilidades que se le da a las mineras, en materia ambiental, de saquear los recursos naturales.

Mediante las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), las mineras elaboran estudios donde comprueban que su actividad no trae consigo amenazas significativas. Esto con el fin de cambiar el uso de suelo de áreas naturales y justificar su explotación. Pero dichos estudios suelen tener fallas importantes y cínicas omisiones. Así, las MIA’s se han convertido en un trámite que justifica el despojo, y no en una herramienta jurídica neutral que realmente evite el mal uso de los recursos naturales.

Por eso, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad creó un Grupo de Análisis de MIA’s, llamando a ciudadanos, académicos y científicos a analizar estos instrumentos.

Además, las mineras siempre pueden volver….

Gracias a la desregulación ambiental y a las leyes mineras imprecisas, las mineras puedes ingeniárselas para que se les vuelvan a concesionar los territorios pese al rechazo social y a que van a ocasionar catástrofes ambientales.

Según pudo constatar el portal SinEmbargo, la estrategia de las mineras consiste en retirar sus documentos cuando se les prohíbe la extracción, evitando así la consulta pública. Pasado un tiempo vuelven a presentar el permiso de explotación, después de haber implementado estrategias de tráfico de influencias, así como compra y venta de opiniones, entre otros recursos mercadotécnicos para “venderle” a los pueblos la mina como algo beneficioso. Corrupción es la palabra clave que les permite operar en nuestro territorio.

En lugares como Alto Lucero, Veracruz, la desregulación ambiental posibilita actuar con tal impunidad que ha permitido volver a la minera Caballo Blanco –después de que la Semarnat le quitó su permiso en 2017 a raíz de la presión social–, a pesar de estar violando una “ley de oro” de la minería a nivel mundial: ninguna minera a cielo abierto puede estar a menos de 5 kilómetros de una planta nuclear.

La mina que opera Caballo Blanco en esta zona costera está a sólo 3 kilómetros de la central nuclear Laguna Verde, lo que aumenta el riesgo de que se desate una catástrofe nuclear.

Otras razones por las que Canadá está invadiendo México a través de la minería:

Porque México, según cifras de El Financiero, es a nivel mundial:

• 1.º productor de plata
• 5.º en plomo
• 8.º en oro
• 10.º en cobre

Por eso, en 16 años –entre 2001 y 2017–, las mineras extrajeron una cantidad de oro equivalente al doble de lo que los españoles extrajeron en 300 años de Colonia, según el portal SinEmbargo.

El daño irreparable

La forma de vida de las comunidades depende de su ambiente: de que el equilibrio del ecosistema no sea perturbado –más de lo que de por si lo es por toda actividad humana.

Por eso, la minera transforma de manera radical –y nociva– la vida de estas comunidades. No es una cuestión de terquedad: realmente es una cuestión de percepción. La percepción de la vida para las comunidades indígenas es muy distinta que la de las comunidades urbanas. El tiempo pasa de otra forma, el vínculo con la naturaleza es otro. Los recursos no son capitalizados, sino simplemente usados intentando cometer el menor daño posible.

Pero más allá de su cosmovisión, los indígenas se resisten a la minería por razones muy concretas:

Como lo han alertado organizaciones no gubernamentales como Greenpeace y GeoComunes, la minería a cielo abierto implica hacer enormes socavones en la tierra de los cerros y entre estos, donde suele haber una gran biodiversidad. Se trata muchas veces de bosques y selvas que están poblados por especies en peligro de extinción. Otras veces, como en el caso de La Paila, Veracruz, son corredores de aves migratorias, donde éstas pueden –o podían– descansar antes de continuar su viaje. Además se contaminan los ecosistemas con las más tóxicas sustancias: la extracción de oro requiere el uso de más de 20 químicos, entre ellos el cianuro.

Así, la minería se traduce en:

• Extinción de especies animales y vegetales
• Irrupción de los ciclos naturales
• Contaminación de ecosistemas
• Deforestación de bosques y selvas
• Extracción masiva de agua

• ¿Y por qué nos enojamos aún más?

  Según pudo constatar el seminario Proceso, analizando un estudio sobre la minería en México que fue elaborado en 2012:

  • Un minero canadiense gana en una hora lo que un mexicano en un día:

  En Canadá un minero gana 208 dólares por una jornada. En México un minero gana 26 dólares por una jornada.

  • Mucha de la información sobre concesiones mineras ha permanecido oculto desde hace más de dos décadas.
  • Las empresas mineras, como lo han constatado investigaciones como la del periodista J.J. Lemus, están aliadas con el crimen organizado. Las células de éste protegen las periferias de las minas contra las protestas sociales.
  • La extracción minera afecta especialmente a comunidades indígenas: más de 40 pueblos indígenas resisten esta ocupación, entre ellos:

  Chatinos
  Coras
  Mixtecos
  Rarámuris
  Tepehuanes
  Zapotecos

  Donde quiera que operan, las mineras generan conflictos sociales como:

  • Enfrentamientos armados
  • Desplazamientos forzados
  • Acoso y asesinato a activistas (el más reciente el de un líder wixárica).
  • Problemas de salud generalizados
  • Escasez de agua

  Según informes de la Cepal y la ONU, México es de los países con más conflictos mineros en América Latina: actualmente son más de 100 conflictos.

  Y como también dio a conocer la Cepal, México es el único país donde las concesiones son de 50 años: en otros países del continente, las concesiones no exceden los 25 años.

  Ante esto no podemos permanecer indiferentes

• Se debe impulsar una reforma a las leyes que regulan, en materia económica y ambiental, la minería.Así mismo, debe pugnarse porque se elaboren consultas libres e informadas antes de dar ninguna concesión: éstas deben darse incluso antes de las evaluaciones de impacto ambiental y de cualquier otro tramite que no involucre a la sociedad.

  Debemos saber que a los indígenas los amparan derechos internacionales, como los contenidos en el convenio 169 de la OIT respecto a los pueblos y tribus indígenas.

  Así mismo, los ciudadanos contamos con derechos en la Constitución referentes al derecho a un ambiente sano, a la alimentación y al agua, que también debemos velar y hacer válidos ante la invasión de las mineras canadienses en nuestro territorio. Para esto también podemos seguir distintas iniciativas, como la de La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

  También, como planteó el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2014, todos los Estados deben elaborar normas para las empresas trasnacionales que estén vinculadas por el derecho internacional. Según la especialista Ana María Suárez Franco, de la Food First Information and Action Nertwork:

  Desde hace 40 años la sociedad civil está pidiendo a Naciones Unidas que se cree un tratado vinculante y obligatorio que regule las actividades de las compañías transnacionales en relación con los derechos humanos.

  Que el ejemplo de los indígenas haga más que inspirarnos: seamos verdaderos activistas contra el despojo.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/no-a-la-mina-si-a-la-vida-por-que-deberia-enfurecernos-que-las-mineras-canadienses-invadan-territorio-mexicano/

Chihuahua– Habitantes de diversos municipios de la sierra se manifestaron durante el mitin del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para exigir la salida de las mineras canadienses que explotan el subsuelo del estado, dejando devastación y llevándose la riqueza, sin que exista un beneficio para Chihuahua, según dijeron.

Por su parte, Obrador dijo que se habrá de revisar el tema y confirmó que Chihuahua será sede de la Subsecretaría de Minería y a partir del 1 de diciembre iniciará operaciones, mientras que en los próximos días se dará a conocer a su titular.

Con pancartas en las que exigen la salida de las empresas extranjeras, los manifestantes se hicieron presentes en la plaza Francisco Villa, en donde se desarrolló el encuentro del presidente electo con sus simpatizantes.

Afirman que estas empresas vienen y saquean la riqueza del estado, sin que haya beneficio para los chihuahuenses más allá de las extenuantes jornadas de trabajo con salarios ínfimos que no satisfacen las necesidades.

También estuvieron presentes habitantes de las comunidades indígenas La Laguna, San Elías, San Luis de Majimache, Panalachi y Bocoyna, entre otras, que se preparaban para manifestar ante el presidente electo su inconformidad contra la empresa Trans Canada encargada de la construcción del gasoducto que atraviesa sus parcelas.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/mineros-e-indigenas-exigen-retiro-de-firmas-canadienses/

La compañía canadiense Fortuna Silver Mines reconoció que las lluvias recientes causaron un desbordamiento de los residuos sólidos y líquidos de su subsidiaría la mina La Trinidad, ubicada en la comunidad de San José del Progreso,  que contaminó el río El Coyote, de Magdalena Ocotlán.

Los desechos tóxicos, propiedad de Fortuna Silver Mines, provocaron la contaminación del río El Coyote, el cual sirve para el pastoreo de animales, y los pozos que abastecen a la comunidad

A través de un comunicado, fechado en Vancouver, la minera trasnacional aceptó que el volumen de lluvias causó el derramamiento del estanque de emergencia, donde se acopian los residuos de la extracción de la mina, conocida como “presa de jales”.

El desbordamiento ocurrió durante aproximadamente dos horas y tuvo un registro de mil quinientos metros cúbicos de agua, que transportaba sedimentos y pequeñas cantidades de relaves finos, desde el sistema de drenaje de la instalación hasta el río El Coyote.

Los desechos tóxicos, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, provocaron la contaminación al verter en el río El Coyote, del que dependen cientos de familias campesinas del municipio de Magdalena Ocotlán, sólidos sueltos y líquidos de desecho de la explotación minera de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense. a una hora al sur de la ciudad de Oaxaca.

Según la denuncia, el río desemboca en el paraje conocido como La Ciénega, donde se encuentra un retén de agua, que sirve para el pastoreo de animales, y los pozos que abastecen a la comunidad.

Según la denuncia, el río desemboca en el paraje conocido como La Ciénega, donde se encuentra un retén de agua, que sirve para el pastoreo de animales, y los pozos que abastecen a la comunidad.

La compañía dijo que notificó el desbordamiento a funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el día del incidente, y actualmente, trabaja con autoridades federales, estatales y locales, mientras se realizan inspecciones en sus instalaciones.

La compañía acusa a las lluvias pero no son precisamente las lluvias las que producen desechos tóxicos.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/42135-no-fueron-las-lluvias-fue-la-minera

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización del impacto ambiental al proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, en Baja California Sur, por el daño ambiental que generaría con la extracción de fosforita en las aguas nacionales ubicadas en el Golfo de Ulloa, durante 50 años.

En un comunicado, la dependencia precisó que el proyecto promovido por la empresa Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. ya había sido rechazado mediante la resolución emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, el 7 de abril de 2016; sin embargo, la empresa promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que le fue concedido.

El TFJA declaró la nulidad de la resolución de la Semarnat y ordenó que se emitiera una nueva.

El pasado viernes 12, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría cumplió la sentencia del TFJA, ratificando la negativa en materia de impacto ambiental al proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”.

Durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental participaron, con sus opiniones técnicas, diversas instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como el Congreso del estado de Baja California Sur, además de expertos en la materia.

De acuerdo con el comunicado, el proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego” pretendía extraer fosforita en las aguas nacionales ubicadas en el Golfo de Ulloa, durante las 24 horas de los 365 días del año, durante 50 años.

Esta actividad, abundó, podría haber generado graves impactos ambientales negativos, sinérgicos y acumulativos sobre la fauna y el hábitat de especies que se encuentran en peligro de extinción.

Entre esas especies destacan: ballenas (gris, jorobada y cachalote), tres delfines (tornillo, listado y de riso), la orca, el lobo marino de California, nueve especies de aves y cuatro de tortugas marinas, entre ellas la amarilla (Caretta caretta), que tiene su desove, nacimiento y etapa juvenil en las costas de Japón, y posteriormente viaja miles de kilómetros para vivir su vida adulta en el Golfo de Ulloa, México.

Los impactos ambientales al hábitat en el Golfo de Ulloa hubieran supuesto, además, la afectación de otros cientos de especies desde moluscos e invertebrados, hasta peces, aves y mamíferos marinos.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/555988/la-semarnat-ratifica-rechazo-al-proyecto-de-mineria-submarina-don-diego-en-bcs

El Congreso del Estado dio para atrás por unanimidad al proyecto de Ley de Fomento de Minería Responsable de Baja California Sur.

Luego de las críticas, en redes sociales, por las modificaciones hechas por los legisladores a la Ley de Participación Ciudadana, misma que desechaba la necesidad de presentar firmas para sustentar las propuestas de la sociedad sudcaliforniana y que permitieron a Miguel Ángel Luna llevar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros, un documento que reconocería el supuesto de la “minería responsable”.

Uno de los argumentos para desechar la Ley de Fomento de Minería Responsable de Baja California Sur fue basado en el artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:

“Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”.

La “minería responsable” o “minería sustentable” es la estrategia discursiva que organismos como la Cámara Minera de México, porque las críticas y rechazo en América Latina a las empresas mineras crecieron durante  el siglo XXI.

“La expedición de una “Ley de Fomento de Minería Responsable para el Estado de Baja California Sur”, no cumpliría un propósito eficaz de fomentar la minería en nuestro Estado, ya que como se señaló con antelación es el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Economía quien tiene a cargo el fomento a la minería”, expresaron las comisiones unidas de Ecología y de Asuntos Agropecuarios, Forestal y Mineros.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/10/17/diputados-desechan-ley-de-fomento-de-mineria-responsable-de-bcs

Integrantes del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto felicitaron el reciente anuncio de Andrés Manuel López Obrador de prohibir el fracking en todo el país durante su sexenio.

En un comunicado conjunto con la Red Mexicana de Afectados por la Minería, demandaron al presidente electo fijar un posicionamiento similar en contra del actual modelo extractivo minero.

Advirtieron que el reparto de una parte ínfima de la renta minera destinada a las comunidades mediante el denominado Fondo Minero sólo legítima la expoliación de los recursos y justifica la grave contaminación que producen las empresas:

El verdadero apoyo a las comunidades afectadas por la minería no es usar ese Fondo Minero, creado para eludir responsabilidades, ya que más temprano que tarde no habrá dinero que alcance para la supuesta remediación de las afectaciones irreversibles a la salud, el medio ambiente, el patrimonio biocultural y el tejido social de estas comunidades, manifestaron.

Los integrantes del Movimiento Morelense cuestionaron que en febrero de 2017 López Obrador prometiera promover un acuerdo bilateral con Canadá para lograr mayor inversión de las empresas mineras de ese país en México, supuestamente con salarios justos y cuidado del ambiente.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2018/10/14/politica/005n2pol