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Producción minera de México caería un 17% este año

04/06/2020

La pandemia afectará la producción minera de México, sufriendo este año una caída del 17% debido al cese de operaciones para contener la propagación del coronavirus, dijo este miércoles el jefe de la principal asociación local del gremio.

En una entrevista con Reuters, Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), estimó además que las exportaciones del sector podrían disminuir alrededor de un 10% por los efectos de la pandemia.

Alanís, quien también es director general de la minera Peñoles, dijo que a pesar de que las actividades en la industria comenzaban a reanudarse y cerca de la mitad del personal operativo había regresado al trabajo, las labores de exploración continuaban suspendidas.

Lee también: Aumento de Covid-19 en América Latina pone en riesgo a minas más grandes del mundo

“Son del tipo de actividades que consideramos ahorita como no esenciales”, afirmó el ejecutivo, quien dijo que la recuperación de sector podría avanzar a un paso lento y extenderse hasta el primer trimestre del próximo año.

Después de dos meses confinamiento, México reactivó el primero de junio las actividades en algunas industrias consideradas esenciales, como la producción de vehículos, la minería y la construcción.

Aun así, Alanís anticipó que la pandemia también habría acabado con unos 71.000 empleos indirectos en el sector local.

La Camimex agrupa a las mayores empresas del rubro que operan en el país como Grupo México, Minera Autlán, Industrias Peñoles y Peñasquito, subsidiaria de Newmont.

Fuente: Reuters

Producción minera de México caería un 17% este año

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LA MINERÍA Y EL GATOPARDISMO DE LA INCIDENCIA POLÍTICA

01/06/2020.
Debido a la extraordinaria devastación que la actividad minera realiza en los lugares donde se
instala, constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social más significativos
a tener en consideración. Por ello, hoy que el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades se
está incrementado y el debate sobre la pertinencia/constitucionalidad de la Ley Minera
resurge; desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), NOS
PRONUNCIAMOS NO POR UNA REVISIÓN A LA LEY MINERA, SINO POR
LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE MODELO EXTRACTIVO EN TODO EL PAÍS.
Desde nuestra posición, advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y
académicos que insisten (pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las
empresas mineras a su paso por los territorios de extracción han sido ampliamente
documentados), en que los males socioambientales generados por el «modelo extractivo
minero» podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal. Ello es una
equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de
propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria “verde”, “sustentable”,
“segura”, “responsable” y “respetuosa de los derechos humanos”, que son adjetivos que se
han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo.
Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el
sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y
destruye la vida, por lo tanto, si los promoventes de esa ley “amplia” consideran que una
consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales, incluyendo la
libre determinación de los pueblos, así como el resto de cambios que se proponen serán
suficientes para garantizar un modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, etc.,
entonces estamos ante un problema mayúsculo, porque los cambios abonarán a legalizar el
resultado de la minería: EL DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ambos
procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud.

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Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre
otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el
derecho a la tierra y al territorio. El conjunto de sus propuestas son un bocadillo casi
completo, muy útil para quienes viven de la incidencia política, pero intrascendente para los
pueblos que conviven con la violencia que ejerce un proyecto extractivo.
Como REMA anclamos nuestra posición en la realidad existente en los territorios de
extracción, una realidad causada por el sistema capitalista que ha generado y colocado a las
comunidades y a los individuos en una situación de permanente vulnerabilidad y pobreza que
muchas veces les orilla a aceptar la instalación de proyectos que socavan su propia integridad
y/o a optar entre medios de vida insalubres, mal pagados y peligrosos o el desempleo, lo que
contribuye a establecer relaciones asimétricas de poder-dominación entre las empresas
mineras y los pueblos y comunidades.
Quienes impulsan este proceso saben de sobra nuestra posición como REMA. Estamos
totalmente de acuerdo en trabajar en una nueva Ley Minera, siempre y cuando esta tenga sólo
un artículo:
Art. 1.- LA MINERÍA EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA.
Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto
minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica (El Salvador), la minería de oro a
tajo abierto (Costa Rica) o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas (en varias
provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal). No
vemos por qué no hacerlo en nuestro país, sobre todo hoy que se pretende evaluar la
calidad de vida y la felicidad de los mexicanos por encima de los absurdos del Producto
Interno Bruto como factor de bienestar.
Quienes vienen trabajando en la reforma desde hace tiempo, ven la posibilidad de una
industria extractiva “amigable con el medio ambiente” en el marco del capitalismo. A nuestro
parecer, o lo hacen desde un análisis lejano a la realidad con mucha ignorancia del conjunto
de problemáticas que genera la minería o lo hacen desde una falsa premisa que los hace
suponer que una “buena” Ley Minera será suficiente para cambiar el propósito central del
modelo extractivo. Ese mismo que durante los últimos 50 años ha sido capaz de crear para sí
una gran tecnología para la remoción, extracción y destrucción de los bienes naturales, así
como un poder financiero sustentado en uno de los principios básicos del capital: LA
ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN. Mientras esa premisa no se transforme, toda
incidencia política pro-derechos, donde de facto no existen, facilita, al mismo tiempo, la
imposición y reproducción del modelo.

¡LA MINERÍA MATA Y POR ELLO DEBE PROHIBIRSE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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Las malas prácticas de las empresas mineras durante la pandemia

Una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.
Por: Beatriz Olivera
@FundarMexico
04/06/2020
El pasado 31 de marzo fue publicado, en el diario oficial de la federación, el listado de las actividades esenciales que podían seguir operando durante la pandemia que vivimos. Entre dichas actividades la minería no estuvo considerada, dado que claramente no se trata de una labor de la cual dependa la economía o bienestar para la mayoría de la población mexicana. Como era de esperarse, las reacciones de los dueños de grandes empresas mineras no se hicieron esperar. La Cámara Minera Mexicana (Camimex) que agrupa a empresas subsidiarias de Grupo México, Peñasquito y Peñoles, entre otros, en comunicación enviada al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que las actividades mineras son de gran importancia en la proveeduría de varias cadenas de valor esenciales para la región; además argumentó el riesgo de que ante la entrada en vigor del T-MEC se pudiera provocar que alguna industria se detuviera por la falta de un insumo clave.

Asimismo, la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos envió también una carta al presidente López Obrador para que permitiera la reanudación en México de algunas actividades que, desde su perspectiva, son cruciales para la industria y los servicios en Estados Unidos, entre ellas, la minería.

Ante las presiones, el gobierno mexicano cedió e incorporó “de manera extraordinaria” a la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, como actividades esenciales. El hecho no es ajeno, mucho menos extraño: una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.

Además de este hecho, es necesario señalar el actuar irresponsable de varias empresas mineras durante la pandemia que vivimos. El acto más reciente es protagonizado por la minera canadiense Equinox Gold, dueña de Los Filos, cerca de Carrizalillo en Guerrero, que hasta la semana pasada había confirmado 51 casos positivos a COVID-19 entre su personal. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan alertó que al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la ‘nueva normalidad’, funcionarios de esta empresa convocaron a 500 trabajadores subcontratados para que se presentaran a la mina, pero en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, éste se hizo de forma masiva; además, la empresa no previó los lugares donde iban a instalar los campamentos y tuvieron que contratar hoteles para asegurar la estancia de sus empleados. Finalmente, a todos los trabajadores, incluidos los casos positivos, los regresaron a sus comunidades en camionetas sin garantizar medidas para su aislamiento y poniendo en gran riesgo a las comunidades cercanas. Otras fuentes han señalado que la empresa incumplió desde un principio la suspensión de actividades por la pandemia, pues algunos empleados no pararon de laborar y otros lo hicieron hasta quince días después de la disposición gubernamental.

Otro caso, ahora en Durango; la minera La Platosa de Bermejillo, propiedad de la canadiense Excellon de México Resourcing, decidió arbitrariamente llevar a cabo un cierre parcial de seis meses sin goce de sueldo para sus trabajadores bajo el argumento de medida preventiva para evitar el contagio por COVID-19m provocando que más de 250 empleados se manifestaran en los días subsecuentes en un claro reclamo de respeto a sus derechos laborales.

En Mazapil, Zacatecas, el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) y don Roberto De la Rosa, habitante de la comunidad de Salaverna, han denunciado que la empresa Ocampo Mining Tayahua, de Grupo Frisco, no respetó la suspensión sanitaria y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo a la comunidad. Además, los casos de hostigamiento y amenazas en contra de De la Rosa por su labor en defensa del territorio, continuaron durante la cuarentena. Aquí puede firmarse para hacer un llamado público a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Gobierno de Zacatecas para que brinden protección a Don Roberto.

Finalmente, también en Zacatecas, en Vetagrande, la minera canadiense Santa Cruz Silver Mining que extrae plata, plomo y zinc, continuó su incumplimiento de pago de salario a trabajadores que tenía contratados vía outsourcing. Previo a la cuarentena, la empresa suspendió operaciones por riesgos en la estabilidad de su presa de jales, señalados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo cual, a su vez, le llevó a suspender a alrededor de cien empleados con el compromiso de mantener su salario y de reanudar actividades hasta nuevo aviso. Sin embargo, varios testimonios han señalado que la empresa no cumplió el acuerdo ni antes, ni durante la cuarentena y dejó sin salario a sus trabajadores.

Algo claro ha mostrado esta pandemia: varias empresas mineras priorizaron sus operaciones, violaron acuerdos y derechos laborales por encima de la salud de los trabajadores y de la población, dejando claro que priorizan sus ganancias a la vida y salud de las personas. En este pronunciamiento, firmado por más de 300 organizaciones de diferentes países, se puede abundar sobre otras malas prácticas que las mineras realizaron durante la pandemia en el mundo. Aunque hay que decir también que seguramente habrá empresas que hayan acatado las disposiciones gubernamentales, como era su obligación, pero seguramente ellas mismas darán cuenta de esto y de otras de sus “bondades” con bombo y platillo en sus próximos informes de responsabilidad social.

* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
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AYUNTAMIENTO DE COMONFORT APRUEBA CLAUSURAR

PROYECTOS DE EXPLORACIÓN DE LA “MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN”
El pasado 17 de abril, un grupo de habitantes de las comunidades de Neutla, Don Diego, Delgado de
Arriba y Delgado de Abajo, todas del Municipio de Comonfort en el Estado de Guanajuato, se
apersonaron durante el desahogo de una sesión del pleno de su Ayuntamiento para denunciar que, con sus
trabajos de exploración, la empresa Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., filial mexicana de la
estadunidense Electrum Group, estaba usando agua potable de manera excesiva y contaminado el suelo al
descargar desechos líquidos tóxicos de manera indebida e inadecuada.
Luego de un intenso proceso de investigación realizado conforme a las atribuciones que le otorga la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el Ayuntamiento del Municipio de Comonfort a través
de la Comisión Especial Plural, creada para atender la denuncia ciudadana, concluyó, por un lado, que la
Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., no cuenta con el permiso de uso de suelo necesario
para realizar sus actividades de exploración, por lo que no puede continuar operando sin esa
autorización que es facultad exclusiva de las autoridades municipales el otorgarla o negarla. Por otro lado,
de las investigaciones realizadas por la Comisión Especial, se advierte que durante el proceso de
exploración que la minera ha venido realizando de manera ilegal, incurrió en una serie de irregularidades
que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente de los habitantes de Comonfort.
Bajo esta lógica el pasado 29 de mayo, el pleno del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort respaldó,
por unanimidad de sus integrantes, el dictamen elaborado y propuesto por la Comisión Especial Plural, y
acordó, en esta línea, instruir a la Dirección de Desarrollo Urbano para que proceda a realizar la
clausura de los proyectos de exploración minera al afectarse el orden público y el interés general,
además de hacer del conocimiento de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del
Estado de Guanajuato (SMAOT) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Gobierno Federal (SEMARNAT) sus indagatorias y determinaciones para que suspendan, revoquen o
dejen sin efecto las autorizaciones en materia de impacto ambiental para la exploración del territorio de
Comonfort que en su momento otorgaron a la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V..
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, reconocemos el trabajo de las y los integrantes
del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort quienes, pese a la intensa presión de las y los abogados
de la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., resolvieron apegados a la ley la denuncia planteada
por las y los ciudadanos.
Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento del resolutivo aprobado.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD UN TRATO ESPECIAL PARA LAS MINERAS

02 de junio del 2020
En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de
Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave
situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló
la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer
esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”,
con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones
preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.
Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a
la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como:
robo, homicidio doloso y extorsión.
El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y
con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera
inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las
comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir,
disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.
No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son
“primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las
grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía
con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios
de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes
fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que
ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.
Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de
las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección
personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero,
se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores
del territorio.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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Minería reinicia actividades con 370,000 trabajadores directos

31/05/2020
La gran mayoría de las empresas mineras ha recibido autorización del IMSS para reanudar actividades, una vez cumplidos los protocolos sanitarios solicitados.
minería-industrial
Foto: Reuters

Notimex.- A partir de este lunes se reactivará la industria minera en todo el país, con el regreso de 370 mil trabajadores directos, que reanimarán a una cadena productiva de 2.3 millones de empleos indirectos, lo cual apoyará la recuperación de la economía nacional y de las regiones en donde se encuentran las empresas del sector.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica de la CTM, Javier Villarreal Gámez, manifestó además que casi 100 por ciento de las compañías de esa rama reanudará sus actividades el 1 de junio de manera paulatina.

Reconoció el trabajo del subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, quien impulsó la reactivación del sector y, para ello, se ha reunido con empresarios y trabajadores, lo cual permitió un diálogo fluido.

Consideró que esta confianza del gobierno federal debe ser correspondida por parte de la industria minera, con el cumplimiento cabal de todas las disposiciones que establece la autoridad.

En los primeros días de reactivación de la minería, como sector esencial dentro de la contingencia sanitaria por el Covid-19, no asistirán a laborar los trabajadores vulnerables, como es el caso de las personas con padecimientos crónicos, mayores de 60 años y mujeres embarazadas.

La gran mayoría de las empresas mineras ha recibido autorización del Instituto Mexicano de Seguro Social para reanudar actividades, una vez cumplidos los protocolos sanitarios solicitados.

Los trabajadores del sector cumplirán protocolos, no solo el de sana distancia y el uso de gel antibacterial, sino con acciones para preservar la salud de los obreros desde el transporte a los centros laborales y la protección con mascarillas, lentes, mascarillas y filtros de respiración.

Villarreal Gámez expuso en un comunicado que incluso las empresas entregan a los trabajadores kits de limpieza para que puedan llevarlos a sus casas y que la sanitización y el cuidado empiecen desde los hogares para evitar riesgos de contagios.

Mencionó que las compañías mineras empezaron a preparar los protocolos de seguridad desde hace tres semanas, por lo cual la mayor parte de ellas ya está en condiciones de iniciar actividades y las que restan empezarán a hacerlo en los próximos días.

Algunas empresas incluso ,recordó, ya se reiniciaron actividades, porque así lo aprobó el IMSS y no se tuvieron que esperar hasta el 1 de junio. Las compañías firmaron los protocolos por vía electrónica bajo protesta de decir verdad, pero el Seguro Social se reserva el derecho de revisar, en algunos casos, si se cumplen las medidas exigidas.

Destacó que serán importantes los beneficios que genere la reactivación de la minería, porque esta es el principio de muchas ramas productivas, como la farmacéutica, médica, automotriz y de equipo de transporte, por mencionar algunas.

Minería reinicia actividades con 370,000 trabajadores directos

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Presentan Denuncia Penal Contra la Empresa Ocampo Mining

Es Indignante que Tello Proteja los Intereses de las Empresas Mineras: Gloria Dávila

Pagina 24 Zacatecas 20/05/2020
Por Manuel Medina Castro
En conferencia de prensa realizada virtual, Efraín Arteaga Domínguez y Roberto de la Rosa Dávila, informaron que presentaron una denuncia penal en contra de la empresa Ocampo Mining por despojo de la tierra y daños a las propiedades de los habitantes de Salaverna (Foto: Cortesía)

En conferencia de prensa realizada virtual, Efraín Arteaga Domínguez y Roberto de la Rosa Dávila, informaron que presentaron una denuncia penal en contra de la empresa Ocampo Mining por despojo de la tierra y daños a las propiedades de los habitantes de Salaverna (Foto: Cortesía)

En conferencia de prensa realizada virtual, Efraín Arteaga Domínguez y Roberto de la Rosa Dávila, informaron que presentaron una denuncia penal en contra de la empresa Ocampo Mining por despojo de la tierra y daños a las propiedades de los habitantes de Salaverna.

Efraín Arteaga, representante legal de la comunidad de Salaverna, precisó que la de­nuncia penal la realizaron el 18 de mayo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), por los delitos que la empresa Ocampo Mining, antes Frisco Tayahua, ha cometido en contra de la comu­nidad, como el despojo de la tierra, pues la compañías se está adueñando y desalojando a los pobladores porque pretende realizar una mina a cielo abierto en ese lugar.

Detalló que están utilizando explosivos en el trabajo de la mina, provocando con ello hundimientos y daños en las viviendas de ocho familias que habitan en Salaverna.

Roberto de la Rosa, habitante y defensor del territorio de Salaverna, apuntó: “Nos han quitado nuestros espacios, nuestra libertad, nuestro modo de vida”, ya que actualmente no pueden acceder a la comunidad con tanta facilidad porque la empresa ya está cercando todo alrededor de Salaverna.

Mientras que las grietas provocadas por las explosiones de pólvora ya llegaron a las viviendas e hicieron daños en los pisos y en paredes.

“Pedimos a la opinión pública que es­temos muy vigilantes, porque incluso los personeros de la empresa dicen que están por encima del gobernador, que aquí no manda Alejandro Tello”, externó Arteaga Domínguez.

Asimismo, explicó que están trabajando en la defensa legal de Roberto de la Rosa, a quien están acosando agentes de la Policía Ministerial, que no le han notificado el por qué lo están requiriendo en las instalaciones de esa corporación en el municipio de Con­cepción del Oro, esto al parecer es porque Roberto de la Rosa ha confrontado a los trabajadores de la mina que están cercando el pueblo.

Comentó que desde hace tres semanas solicitaron se activara el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que están a la espera de la resolución, para así salvaguardar a Roberto de la Rosa y a las ocho familias que aún viven en Salaverna.

La diputada local, Alma Gloria Dávila Luévano, hizo un llamado al gobierno es­tatal para que defienda más los intereses del pueblo que los de la empresa minera; refirió que fue indignante cuando estuvo Alejandro Tello a la defensa de la empresa.

“Sabemos que son permisos federales (los de la minería), pero a nivel local se pueden poner todas las reglas para saber cómo se va a explotar”.

Acotó que actualmente se sabe, porque así lo señaló el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Jorge Miranda Castro, que una sola empresa minera debe al Estado tres mil 600 millones de pesos en impuestos: “Entonces tenemos un gobierno que está protegiendo demasiado los intereses de las empresas mineras”.
https://pagina24zacatecas.com.mx/2020/05/20/local/es-indignante-que-tello-proteja-los-intereses-de-las-empresas-mineras-gloria-davila/

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Peñoles suspende operaciones en Zacatecas, México


19/05/2020
Foto: Fresnillo
Industrias Peñoles anunció que suspenderá operaciones de la Unidad Minera Madero, ubicada en el municipio de Morelos, Zacatecas.
La minera declaró la suspensión temporal por tiempo indefinido porque la mina dejo de ser costeable, esto ante el alto costo de operación por su baja profundidad, aunado a la caída abrupta del precio del zinc.

Peñoles también informó sobre la liquidación de más de 500 personas, sin contar el personal de las empresas contratistas que laboraban en la misma.

En un comunicado, la empresa informó que se llegó a un acuerdo con el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico para finiquitar a 440 personas sindicalizadas “ofreciéndoles su liquidación conforme al convenio firmado con condiciones superiores a lo que marca la ley”.

Lee también: Brasileña Vale reanuda operaciones en Teluk Rubiah, Malasia

Asimismo, a la gran mayoría de ellos se les dio la oportunidad de poder integrarse en un puesto de planta en las unidades operativas de la empresa Fresnillo, subsidiaria de Peñoles. Esto implicaría que los trabajadores se trasladaran hacia dicho municipio.

Así mismo, a los 105 empleados no sindicalizados se les ofreció una opción de reubicación en otras operaciones de Peñoles. En tanto, a los contratistas que laboraban en la unidad, se les abrieron opciones de trabajo en otras operaciones tanto de Peñoles como de Fresnillo.

La mina se mantuvo 20 años en operación.

La suspensión temporal de operaciones de la mina no implica el cierre total de la misma ya que debe conservar un personal mínimo para atender cuestiones administrativas.

Fuente: El Financiero

Peñoles suspende operaciones en Zacatecas, México

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EL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES;

AMBAS PANDEMIAS IGNORADAS POR LA 4T

14/05/2020
Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un aumento de la
violencia hacia las mujeres debido al confinamiento forzado por el Covid-19, agregando además
que “la familia mexicana es una unidad fraterna”, dejando de manifiesto que tenemos un Presidente
que desdeña e ignora las investigaciones y estadísticas y, en consecuencia, gobierna con un sentido
común ralo y falso que lo lleva a una toma decisiones equivocadas o hace declaraciones sin sustento
alguno, peor aún, usa su ya célebre frase “yo tengo otros datos” enviando un claro mensaje para
deslegitimar las luchas y resistencias que desde hace décadas se han consolidado en el
acompañamiento de mujeres que sufren de violencia de género.

En uno de los tantos estudios que existen sobre la temática, destacamos que el Estudio Mundial
sobre el Homicidio, Asesinatos de Mujeres y Niñas por motivos de Género; realizado por la oficina
de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, determinó que alrededor de 87,000 mujeres
habían sido asesinadas en solamente un año en todo el mundo, de las cuales 50,000 habían sido a
manos de compañeros íntimos o familiares. Por lo que esa institución internacional alertó que el

lugar más peligroso para una mujer es su hogar. https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

En México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de este año ha sido
el más violento desde 2015. De enero a marzo del presente año han sido asesinadas 964 mujeres.
Asimismo, se han registrado 26,695 casos de violencia contra las mujeres, datos por demás
contundentes, pero que el Presidente de la República desdeña, porque evidencian su equivocada y
atropellada política de atención al tema.

Por su parte el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” informa que desde el 20
de marzo al 7 de mayo hubo 21 feminicidios, de los cuales en 12 de los casos existía vínculo de
pareja con el asesino, es decir, un feminicidio cometido por un esposo o enamorado actual o
anterior, a lo que se le conoce como feminicidio íntimo o asesinato por la pareja.
Tal parece que el presidente también ignora las 115,614 denuncias que las mujeres han hecho al
#911 tan solo en el mes de marzo de este año, para reportar incidentes de violencia intrafamiliar, de
pareja, violación, acoso sexual y abuso, lo cual es un reflejo del contexto violento que viven
mujeres y niñas en casa. Esto es 155 mujeres violentadas cada hora
https://www.semmexico.mx/?p=20411 .

Si bien el llamado a “quedarse en casa” y el cierre de actividades económicas son medidas
necesarias para evitar los contagios de COVID-19, es también un hecho que dicha estrategia se
aplica de forma homogénea y desdibuja o no reconoce o desconoce las particularidades para que ese
encierro trascienda de forma segura para todas las personas en situación de violencia familiar.
Mientras el estado mexicano no brinde las condiciones materiales necesarias para “quedarse en
casa” y/o se queden en sus hogares con precariedades, seguramente seguirá presentándose violencia
doméstica, sexual, psicológica, económica y laboral e institucional en contra de las mujeres.

Como REMA-Mujeres nos unimos a la exigencia para que se tomen las medidas necesarias para
proteger la vida de las mujeres, niñas y niños al interior de sus hogares y para quienes tienen que
seguir saliendo a trabajar, muchas veces en condiciones de precariedad. Es urgente que el gobierno
reconozca las condiciones de desigualdad de las mujeres en el país, así como la violación a los
derechos humanos y laborales. Reivindicamos que, en momentos de crisis, son preponderantes la
voz, el pensamiento y las actividades de las mujeres para afrontar y reconstruir la vida tanto en el
campo como en la ciudad. Así mismo reconocemos que la economía no está parada en gran medida
porque las mujeres seguimos trabajando en casa en actividades reproductivas como los cuidados de
la familia, lo que hoy más que nunca debería ser reconocido en el universo de la economía y
también seguimos en las calles con actividades productivas.

Cuando decimos que el machismo mata y que el patriarcado mata no es sólo una consigna de
denuncia, sino una práctica que nos lastima y/o acaba con la vida de nosotras. Las cifras de
denuncias oficiales y datos periodísticos, como los mencionados, nos muestran la desigualdad más
atroz a las que nos estamos enfrentando las mujeres y las niñas durante la pandemia. En tiempos de
COVID-19, la guerra contra las mujeres y las niñas se manifiesta en los hogares y en los espacios
laborales, por lo tanto, es urgente que se reconozca para poder frenarla con la atención necesaria,
tanto del estado mexicano como de las y los ciudadanos para no permitir más violencia contra las
mujeres y niñas, lo cual también debe reconocerse y actuar en consecuencia como un problema
grave de salud pública.

Por otra parte, el cierre de actividades económicas ha visibilizado las desigualdades laborales en las
que vivimos las mujeres, empeorando las condiciones con trabajos pesados y poco salario, sin
medidas de seguridad, como por ejemplo; los casos de las trabajadoras domésticas que están siendo
forzadas a cuidar de otras familias sin medidas de protección, las jornaleras o trabajadoras en las
maquilas que han sido despedidas sin liquidación o son amenazadas de perder el trabajo y tienen
que seguir laborando a riesgo de enfermarse y hasta morir.

Además, las mujeres que se encuentran en el sector informal: pequeñas comerciantes y vendedoras
de comida, cuyo ingreso es parte medular de la economía familiar, se han visto radicalmente
afectadas a partir de imponer medidas de aislamiento y de alternativas de acciones y trabajo
inexistentes para ese como el trabajo en línea o desde casa, además de que no cuentan con las
condiciones mínimas como un espacio adecuado para realizarlo, también se ha incrementado la
carga laboral, incluyendo el tema educativo de hijas e hijos y quienes al margen del cuidado y
atención que de forma preferente realizan las mujeres, la mayoría de las familias carecen de
internet, computadora o Tablet que sólo viene a acrecentar las desigualdades en un país que nos
dicta reglas homogéneas para una población heterogénea, lo que ratifica que este gobierno no
atiende ni la desigualdad ni la pobreza, por lo tanto, se hace más notorio observar otras
desigualdades; de clase, género y etnia y, por si todo lo anterior fuera poco, las mujeres somos
también las que contenemos las crisis emocionales, conductuales y cognoscitivas de sus familiares.

No podemos dejar de señalar a todas las mujeres que han sido o están siendo afectadas por
proyectos extractivos, porque además de los anteriores problemas de violencia, nos encontramos en
mayor riesgo al vivir en lugares contaminados, con violencia generada por fuerzas armadas legales
e ilegales, y atendiendo los daños a la salud de la familia en general. ¿Cómo lavarse las manos, en
estos tiempos de pandemia si el agua está contaminada con metales pesados o las empresas han
desecado las fuentes de agua? ¿Cómo seguir manteniendo la sana distancia en nuestros hogares y
comunidades ahora que se da luz verde para la reapertura de la minería y se reintegran miles de
trabajadores de diferentes partes del país sin tener claridad del potencial contagio que se puede
generar? ¿De verdad creen que el gel y la sana distancia serán suficiente para este tipo de retornos
masivos y sin control alguno?

Reprobamos enérgicamente que AMLO argumente como ejemplares “los valores familiares de
México” en este país que ha negado y sigue negando la violencia machista, patriarcal y estructural
que vivimos, empezando por el desdeño a tratar de forma integral “las violencias” de género por
parte del propio Presidente de la República.

Resaltamos nuestra importante aportación al sostenimiento de la vida durante esta crisis socio-
sanitaria, política y económica que se entrelaza a la ambiental que el despiadado modelo de

consumo ya venía generando. Resaltamos nuestro relevante papel en la reconstrucción de nuestro
pensamiento y acción, la sororidad y el saber hacer comunidad que sin duda alguna nos apoya a
rescatar nuestra sociedad.
Agradecemos a todas las mujeres defensoras quienes se atreven a denunciar las violencias de género
y alzan la voz para posicionar políticamente otras formas de vida. Nos unimos al compromiso de
denunciar y actuar frente a las violencias de género que vivimos en los hogares. Agradecemos a las
enfermeras, doctoras, recolectoras de basura, entre muchas otras mujeres que están haciendo que
este caos sea menor.

Desde la REMA Mujeres exigimos una estrategia en la que se busque la forma de terminar con este
horror de pandemia de feminicidios y violencia de género, misma que podría empezar por realizar
un mapeo, al igual que sucede con el COVID-19, que nos vaya informando minuto a minuto la
cantidad y tipo de agresiones que sufrimos a lo largo de nuestro país, y no solo aparezcamos en
notas periodísticas, sino dentro de una estrategia y solución nacional.

REMA MUJERES

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

ONG pide a la Corte rechazar proyecto sobre minería que afecta a pueblos indígenas

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
13/5/2020

Zacatecas, Zac., La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), emitió un «respetuoso, pero enérgico llamado» a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) «a no atender» el proyecto de su homólogo Javier Laynez, porque es violatorio a los intereses y derechos de los grupos indígenas.

En el proyecto, el cual se pretende discutir y aprobar hoy, se pretende avalar el argumento de que diversas disposiciones de la Ley Minera vigente son constitucionales y sus efectos «no se vinculan en forma directa con los intereses y derechos de los grupos indígenas», pese a la inconformidad de esas comunidades con esa norma.

La propuesta de Laynez, explicó la Rema, fue elaborado para revisar la constitucionalidad de la Ley Minera, en particular el amparo en revisión 928/2019, «un asunto vital ante la creciente oleada de proyectos que despojan y atentan contra la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas en nuestro país».

Ese amparo se originó en septiembre de 2014, en un acuerdo que tomó la asamblea del pueblo maseual, en la comunidad de Zacapitán, municipio de Cuetzalan, Puebla.

El consejo maseual Altepetajpianij instruyó a sus integrantes a realizar las acciones legales necesarias «para combatir la decisión de la Secretaría de Economía, de entregar territorios en concesión para la explotación minera, sin contar con su aval y sin haber sido considerados en la toma de decisiones».

En septiembre de 2018, el juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo en Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas, respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios.

Sin embargo, refiere la Rema, al mismo tiempo que concedía el amparo, ese juzgado quinto «evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera, en la que Economía se apoya para otorgar dichos títulos de concesión». Frente a la omisión del juzgado, las comunidades afectadas presentaron el amparo en revisión 928/2019, que hoy resolverá la Corte.

La Rema expuso que ha denunciado «que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico, diseñado para facilitar y hacer posible que el modelo extractivo minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente».

Lamentó que en las reformas a la Ley Minera en el régimen de Peña Nieto se excluyera a los pueblos originarios, lo que vulnera su autonomía y su derecho a decidir.

https://www.jornada.com.mx/2020/05/13/estados/026n3est#.Xrzn7iBRqOc.facebook