Mexico

Culpa exdirector de JAPAC al alcalde de conflicto con Minera Adularia

Felipe Vargas se deslindó del problema ecológico y la molestia social derivado de la presencia de la compañía al poniente de Comonfort
Periodico Correo 27/07/2020
Daniel Moreno
Comonfort.- El exdirector de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort (JAPAC) culpó al alcalde José Carlos Nieto Juárez, del problema ecológico y el conflicto social derivado de la presencia de Minera Adularia.

Felipe Vargas Vázquez, el exdirector emitió un mensaje vía redes sociales donde se deslindó del problema asegurando que con el apoyo de medios de comunicación ‘chayoteros’ es decir, aquellos que venden espacio publicitario al gobierno de Comonfort, se creó una mala imagen en su contra.

Justamente luego del conflicto que se registró por la inconformidad de habitantes de comunidades al poniente de Comonfort por la presencia y contaminación de Minera Adularia, el alcalde José Carlos Nieto Juárez reconoció que no tuvo toda la información necesaria y algunos funcionarios le ocultaron información.

Días después Felipe Vargas fue despedido y para hablar del asunto la síndico municipal, Denisse Zarate dijo que al director se le removió por no haber presentado informes de las actividades de JAPAC en tiempo y forma como lo marca la ley.

Luego de esto Vargas Vázquez dijo que se le despidió injustificadamente y nada tuvo que ver con el caso de la minera, incluso sostuvo que la responsabilidad de haber intervenido la lleva primero el alcalde y luego Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil y al último el sistema operador de agua potable.

Vargas Vázquez manifestó que si la Contraloría realiza una investigación él está tranquilo y aseguró que pase lo que pase, saldrá bien librado.

En mayo, pobladores de comunidades al poniente de Comonfort se quejaron de que la Minera Adularia explotaba los acuíferos y contaminaba al medio ambiente por lo que solicitaron que la empresa cerrara. Posteriormente se realizaron análisis y encontraron que efectivamente contaminaba.
https://periodicocorreo.com.mx/culpa-exdirector-de-japac-al-alcalde-de-conflicto-con-minera-adularia/

Mexico

Andrea Becerril, 15/07/2020
Interior de la mina y, colgada de vigas de madera, una camilla de rescate. Foto Leopoldo Ramos / Archivo
El rescate de los cuerpos de 63 mineros en Pasta de Conchos, que recién anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tardará entre cuatro y ocho años, y costará 75 millones de dólares, hecho que provocó el descontento y la indignación de un grupo de viudas, quienes denunciaron que la dependencia se ha tardado más de un año en poner en marcha la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador y ha optado por el plan más caro y más largo, en lugar de escuchar a expertos y rescatistas nacionales.
Al ser entrevistadas después de que se reunieron con el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, pidieron que López Obrador las escuche, porque llevan ya 14 años en lucha para lograr que saquen de la mina los restos de sus esposos y no es humano que les pidan esperar otros ocho años.

Muchas a lo mejor ya no estaremos vivas, comentó Elizabeth Castillo, quien junto con Claudia Escobar asistió el pasado día 7 a una reunión con la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, en la que les dio a conocer ese plan de rescate, muy parecido a los que Grupo México planteó al inicio del siniestro, en 2006, que consiste en abrir una nueva rampa, en lugar de entrar por el mismo túnel donde se dio la explosión hace 14 años.

Gómez Urrutia consideró que la STPS debe precisar muy bien los términos en que planea el rescate de los cuerpos, tener una visión humana y transparente, reducir costos y recortar tiempos, además de apoyarse mucho en los técnicos y expertos mexicanos, que son los que conocen la mina, y en los extranjeros que participan en el proyecto.

Agregó que entiende la decisión del Presidente de dejar el rescate en manos de la autoridad laboral, sin la participación de la empresa y del sindicato, para no politizar el tema, pero es necesario no crear mayor desesperación en los deudos de una de las tragedias más dolorosas en la minería, en una región como la carbonífera de Coahuila, donde el desempleo y la pobreza crecen.

El ingeniero Fernando Acosta, quien fue jefe de las cuadrillas de rescate por parte del sindicato, resaltó que es posible entrar por el túnel ya abierto, como lo hicieron en febrero de 2006 después de la explosión. Añadió que habrían rescatado los cuerpos si el gobierno de Vicente Fox, junto con el empresario Germán Larrea, no hubieran decidido cinco días después suspender la búsqueda y cerrar el yacimiento.

Explicó que en otras ocasiones, junto con las viudas, bajaron de nuevo e intentaron años después un rescate independiente, ya en el sexenio de Felipe Calderón, y bajaron hasta 250 metros, pero fueron desalojados por el Ejército. Sin embargo, tomaron más de 196 fotografías del interior del túnel, que compartieron con los técnicos chinos, estadunidenses, alemanes y australianos que mandó el año pasado la STPS.

A su juicio, quien debe tomar la decisión de cómo debe darse el rescate son estos técnicos extranjeros, con los documentos y evidencias que les entregaron, y no el Servicio Geológico Nacional, conformado por especialistas que trabajan para las empresas, entre ellas Grupo México. Recordó que a este mismo organismo se le encargó en 2006 un estudio sobre la factibilidad del rescate y nunca entregó los resultados.

Desde entonces, Larrea insistía en que el rescate costaría más de 50 millones de dólares y que había que hacer una rampa fuera de la mina, muy similar a la propuesta de la STPS. Es una rampa, dijo, que entra y baja entre los mantos del carbón, y luego se hacen túneles que dan vuelta hasta encontrar los socavones viejos, para intentar llegar por ahí a los 63 cuerpos.

Elizabeth Castillo y Claudia Escobar resaltaron que en el encuentro con la titular de la STPS les molestó también que estuviera presente la abogada Cristina Auerbach, una defensora de derechos humanos ligada a Grupo México, que llegó a Pasta de Conchos luego de la tragedia y se dedicó a dividir a las viudas y familiares.

Lamentaron que la autoridad laboral no haya dejado participar al ingeniero Acosta ni tampoco al sindicato, pero sí a Auerbach, fundadora del grupo Familia Pasta de Conchos.

Tomasita Martínez y Griselda Farías Gonzalez, otras de las viudas entrevistadas, relataron que la abogada las demandó por exhibir un cheque con una fuerte suma que le extendió la empresa de Larrea. Dijo que nos iba a meter a la cárcel, fue un juicio de varios meses, pero salimos absueltas”, recalcó Claudia Escobar.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/15/el-rescate-en-pasta-de-conchos-tardara-entre-4-y-8-anos-stps-2837.html

Mexico

Afectación al ambiente, DH e inseguridad impactan a minería

Alejandro Alegría, 11/07/2020
Mina a cielo abierto en Mexicali, Baja California. Foto Francisco Olvera/ archivo
Ciudad de México. Graves afectaciones al medio ambiente, inseguridad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades son algunos de los problemas que aún persisten en la industria minera del país, aseguraron especialistas en esos temas.

Datos de la la Cámara Minera de México (CAMIMEX) señalan que ese sector industrial es importante para el país porque representa el 4.2 por ciento del producto interno bruto nacional, además de generar 770 mil empleos directos y paga 42 mil millones de impuestos.

Sin embargo, más allá del beneficio económico que representa esa actividad, Carlos Toledo Manzur, director de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur (ADESUR) señaló que actualmente el modelo de aprovechamiento actual es la minería a cielo abierto, el cual causa una grave afectación a la biodiversidad, porque desplazan miles de hectáreas con valor biológico muy alto.

Durante su participación en el foro “La reactivación de la minería antes la nueva normalidad”, el especialista comentó que las empresas mineras dicen que están cumpliendo con la ley al implementar programas de reforestación, pero estos planes tienen poca eficiencia en el entorno pues solo logran sobrevivir entre un 20 por ciento de los árboles de especies exóticas que colocan. “Es una cosa dramática que hay que atender de alguna manera”, apuntó.

Consideró que es necesario generar una estrategia para evitar este costo ambiental que se esta pagando y también modificar de la normatividad y legislación porque no garantiza que las empresa puedan cumplir, pero implica que no tenga afectación la biodiversidad.

Enrique Pablo Dorantes, presidente del Consejo Técnico Asesor de la Academia de Impacto Ambiental, consideró que la minería no son grandes comunicadores, pues no informan adecuadamente sobre los beneficios que ofrece esa actividad.

Sobre los derechos humanos de las personas que habitan las comunidades donde se realizan las actividades de minería, Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) destacó que existe temor de que puedan violentarse.

Explicó que se ha documentado que en el diálogo con pueblos indígenas no se les da trato adecuado, se les minimiza y no se entiende que ellos tienen una visión de la tierra, que es diferente a la de los empresarios.

Destacó que es recurrente que la información que se presenta a las comunidades no es clara, ni suficiente, no es verídica, por lo que crean desconfianza, pues a los habitantes de esas localidades les preocupa su calidad de vida, los recursos naturales que tienen y que puedan perder cuerpos de agua o sean contaminados por la actividad minera.

Los gobernadores de Sonora y Guerrero, Claudia Pavlovich y Héctor Astudillo, respectivamente, así como líderes sindicales se pronunciaron por que el Fondo Minero realmente llegue beneficiar a las comunidades donde se extraen los minerales y no se dirijan los recursos a otras lugares y áreas.

De acuerdo con Fernando Alanís, director general de Peñoles y presidente de la CAMIMEX, las empresas del sector han aportado al fondo más de 18 mil 900 millones de pesos.

En temas de seguridad, Benjamín Grajeda Regalado, ex titular de División de Gendarmería, señalo que la delincuencia organizada ha creado redes de comercio ilegal, que son paralelas al suministro de comercio legalmente establecido, modelo que se replicado en el sector minero.

Manelich Castilla Craviotto, ex comisionado Policía Federal, señaló que existen delitos conexos que en el sector minero que están asciendo que el crimen organizado encuentre un nicho de impunidad.

Comentó que esos delitos con la trata de personas, la extorsión en las actividades satélite como el transporte de materiales, por lo que es necesario abatir esos actos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/11/afectacion-al-ambiente-dh-e-inseguridad-impactan-a-mineria-1154.html

Mexico

CON EL TMEC SE PROFUNDIZA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO

REMA 7 de julio de 2020
El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este
tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura
comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy
refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y
media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos
vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley
Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara
tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión
pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de
Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron
origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el
TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas
públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de
poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades
y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados
por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción
o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras,
participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su
territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.

En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:
“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes
ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio
o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).
“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que
busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos
procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de
tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)

Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las
grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con
celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido
financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia
defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.
Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación
filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad
social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el
uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos
naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos
mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la
creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)

Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias. En este punto, es importante
tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU.
y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión
bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de
millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de
que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las
expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos
minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el
caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita
para las empresas canadienses.
Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden
recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica
(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34
demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas
y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más
demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus
derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a
México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por
$16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado
de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de
pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos
que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por
la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una
compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas
mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa
minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una
licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de
Baja California Sur, en donde este proyecto tendrá un impacto devastador sobre la biodiversidad, la
pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de
estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de
demandas en los tribunales internacionales del TMEC.

Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company1, la
principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500
millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del
Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años2. Cabe mencionar los estrechos
lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría
de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y
2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la
empresa lo que representa un claro conflicto de interés3.
Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la
Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones
impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.

¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

1 https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/19/1
2 https://ejatlas.org/conflict/devastacion-mina-calica-de-vulcan-materials-company-en-playa-del-carmen
3 https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/calica-depredacion-a-la-sombra-de-trump/

Internacional, Mexico

La hermandad de la industria tecnológica y la minería a cielo abierto

Pablo Gámez-Cersosimo* 30 junio, 2020
Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una demanda histórica, Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron acusadas por la muerte y lesiones graves a niños que trabajan en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las tecnológicas estadunidenses. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos”.

“Se abusa de los derechos humanos de las personas en niveles que muchos consumidores occidentales podrían encontrar difíciles de imaginar”, explica Sophia Pickles, experta en cadena de suministro y líder de equipo en el organismo de control de la corrupción, Global Witness[i]. “A menudo me pregunto si las personas serían tan rápidas para comprar una nueva computadora portátil si su hermano o madre trabajaran en las profundidades de un pozo de 100 metros, sin ningún equipo de seguridad que funcione bajo el riesgo permanente de un colapso de la mina. O si las fuerzas de seguridad golpearan gravemente a su padre en una mina y ahora está paralizado. O si la gran empresa minera los hubiera echado de sus tierras y, como consecuencia, sus vidas dieran un vuelco no deseado”.

A finales de diciembre de 2019 y prácticamente sin mayor atención mediática, las corporativas tecnológicas Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas en un tribunal federal en Washington DC, por parte de la firma de derechos humanos International Rights Advocates. La demanda se presentó en nombre de 14 padres e hijos de la República Democrática del Congo (RDC). El equipo legal de los demandantes incluye a dos reconocidos investigadores y expertos en trabajo infantil forzoso, el profesor Siddharth Kara (Harvard) y el doctor Roger-Claude Liwanga[ii].

De acuerdo con Kara, “esta demanda representa la culminación de varios años de investigación sobre las terribles condiciones de la minería de cobalto en la RDC (…) Espero que nuestros esfuerzos sean dignos de las familias valientes que compartieron su tormento inconmensurable con nosotros, y que la justicia y la decencia triunfarán sobre la búsqueda de ganancias a cualquier costo[iii]“.

Por su parte, el doctor Liwanga comenta: “Este es el comienzo del fin de la impunidad para aquellos que se han beneficiado económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC. Los niños de la RDC también tienen el derecho inherente e inalienable de ser protegidos de la explotación económica[iv]”.

La demanda interpuesta contra las grandes tecnológicas es resultado de una larga investigación de campo realizada por Siddharth Kara, acusando a las compañías de ser responsables de la muerte y lesiones graves de niños que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las compañías mencionadas. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos[v]”.

Una de las alegaciones centrales en la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla eran conscientes y tenían “conocimiento específico” de que el cobalto que usan en sus productos está vinculado al trabajo infantil realizado en condiciones peligrosas, y fueron cómplices en el trabajo forzado de los niños.

“Las familias y los niños afectados por trabajo forzoso buscan una mayor compensación por enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencional de angustia emocional[vi]”.

Las familias argumentan en el reclamo que sus hijos estaban trabajando ilegalmente en minas propiedad de la compañía minera británica Glencore. Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas propiedad de Glencore se vende a Umicore, un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas, que luego vende cobalto de grado de batería a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes dicen que trabajaron en minas propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, una importante firma china de cobalto, que según la demanda suministra a Apple, Dell, Microsoft y otras tecnológicas.

Con detalle, las familias congoleñas describen cómo sus hijos fueron empujados por la pobreza extrema a buscar trabajo en grandes sitios mineros, donde afirman que se les pagó tan solo $2 diarios por trabajos “desgarradores y peligrosos para extraer rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles subterráneos oscuros.

Los niños trabajaban 12 horas al día, cavando y transportando sacos de rocas ricas en cobalto. Es una lucha caótica por hacerse con este producto de gran valor. Casi dos tercios del suministro actual de cobalto del mundo se origina en una franja del sur de la RDC, un país plagado de profunda corrupción y pobreza paralizante.

Cuando los niños no están en la escuela, todos van a trabajar a las minas. Incluso a partir de los 10 años[vii]“.

Auguste Mutombo, director ejecutivo de Alternatives Plus, una ONG con sede en la República Democrática del Congo, que trabaja para mejorar las condiciones en el sector de la minería artesanal, ayudó a facilitar la investigación de campo que formó la base de evidencia para la demanda.

De acuerdo con Mutombo, poco después de que los detalles de la demanda se hicieran públicos, recibió decenas de amenazas de muerte en persona y por teléfono. “Esperaba algunos problemas después de la presentación de la demanda, pero la magnitud de las amenazas me hizo temer mucho por la seguridad de mi familia y significaba que teníamos que escondernos”, dijo Mutombo[viii].
La esencia de los dispositivos tecnológicos

En apenas tres décadas, nuestros dispositivos han evolucionado a tal punto que no concibimos el día a día sin ellos. Su papel es protagónico y hemos pasado a ser dependientes de nuestro teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil. De distintas formas, nuestros dispositivos digitales son imprescindibles, porque son los que nos permiten la conectividad con la membrana digital que hemos creado. Pero realmente sorprende que desconozcamos el origen de los dispositivos tecnológicos que alimentan nuestras vidas, ¿ por qué razón nos molesta tan poco ?

Apple, por ejemplo, ha vendido cerca de mil 500 millones de iPhones en la última década, y con el creciente escrutinio sobre dónde obtiene los metales y minerales de tierras raras, necesarios para producir estos productos a tal escala, la compañía ha tenido que considerar la huella ambiental de sus operaciones de manera similar a una empresa minera, o una empresa de petróleo y gas en alta mar[ix]. Pero lo mismo sucede con Google, Tesla, Microsoft o Dell.

De hecho, las empresas tecnológicas no podrían ser entendidas sin la minería a cielo abierto. De igual forma, la mayoría de los consumidores podrían no ser conscientes de que los componentes principales utilizados en sus teléfonos inteligentes, y gran parte de su tecnología personal, incluyen tierras raras, además de cobalto, oro, plata, paladio, cobre y estaño.

Las materias primas para la electrónica personal provienen de lugares dispares en todo el mundo: el paladio proviene principalmente de Sudáfrica y Norilsk, Rusia, mientras que la plata proviene de minas en todos los continentes. Mientras tanto, la fabricación de piezas tiene lugar en Corea, Taiwán, China, Tailandia, Malasia y Japón, antes de que los dispositivos se ensamblen en países como Brasil e India, así como en China y Corea. La inmensidad de estas cadenas de suministro significa que la transparencia, y la responsabilidad, son fáciles de esquivar. La producción física de productos tecnológicos también consume mucha energía, ya que el viaje global requerido en las cadenas de suministro de tecnología es un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.

Una cadena “borrosa”

Todos los materiales y componentes se fabrican en una cadena de valor altamente compleja y globalizada, a partir de la extracción de recursos hasta el procesamiento de materiales y la producción de componentes (con una gran cantidad de proveedores involucrados en la producción, debido a la experiencia altamente específica requerida). Las muchas funcionalidades del teléfono móvil requieren un amplio conjunto (más de 400) de diferentes componentes (por ejemplo, batería, placa base, cámaras, motor de vibración, altavoces, condensadores, diodos y varistores) .

Los teléfonos móviles forman parte de una categoría de productos denominada “EEE”, que quiere decir “Equipos eléctricos y electrónicos”. Esto incluye cualquier producto con un enchufe de alimentación o batería con circuitos o componentes eléctricos, que van desde lavadoras y computadoras portátiles hasta máquinas de afeitar eléctricas.

En comparación con otros ”EEE”, los teléfonos móviles son uno de los elementos más pequeños, y, por lo tanto, no son los únicos que contribuyen a muchos problemas relacionados con esta categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a la extracción de metales y minerales, que es donde tiene lugar el mayor impacto ambiental y socioeconómico.

En países de bajos ingresos, los metales y minerales a menudo se extraen a través de operaciones artesanales informales y de minería a pequeña escala (ASM). Mientras que las operaciones mineras a gran escala (LSM) son formales, mecanizadas, intensivas en capital con trabajadores altamente calificados, los ASM son en gran medida operaciones informales, intensivas en mano de obra y con una gran fuerza laboral poco calificada.

Los ASM suministran una parte significativa de los metales que son críticos para los teléfonos móviles, como el estaño, el tantalio y el oro (que cubren respectivamente el 20%, 25% y 26% del suministro global) de países como Ruanda, Brasil, Venezuela o Colombia.

Los ASM también proporcionan medios de subsistencia a millones de personas en países de bajos ingresos. Especialmente donde las actividades agrícolas y rurales se están volviendo menos lucrativas, ASM proporciona ingresos para aquellos que tienen pocas oportunidades alternativas de empleo. Para algunos países de bajos ingresos, la minería también contribuye significativamente al PIB (20%, 13% y 6.5% para la República Democrática del Congo, Zambia y Ghana, respectivamente) .

Las operaciones mineras ilegales que producen los llamados “minerales de conflicto” están utilizando trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, y hacen cumplir poco o nada los estándares de seguridad y salud. Las malas prácticas ambientales también resultan en una alta ecotoxicidad para el aire, el agua y el suelo. La ecotoxicidad causada por la minería puede contaminar la cadena alimentaria y el agua potable, así como degradar las tierras de cultivo, lo que afecta la producción de alimentos[x].

En el caso de los teléfonos móviles, estos poseen una vida útil relativamente corta, pero demandan altas cantidades de materiales vírgenes y energía. En 2018, el 49% de todos los teléfonos fabricados eran de China, lo que lo convierte en el país líder en la producción de teléfonos móviles para el mercado global. Si bien la fundición de los metales y minerales tienen lugar en ubicaciones geográficas por todo el planeta, la mayor parte de la producción de componentes y el ensamblaje final ocurre en China, con un alto índice de polución ambiental.

Ahora bien, la demanda de nuevos productos EEE está creciendo, con tendencias imparables como los “hogares inteligentes”, tecnología de realidad virtual y drones personales. En segundo lugar, existe una creciente demanda de los metales críticos que se encuentran en los teléfonos móviles debido a las tendencias en la electrificación y las energías renovables, con una creciente necesidad de, por ejemplo, baterías, turbinas eólicas, pilas de combustible y energía fotovoltaica. Por último, con una clase media de crecimiento mundial, se espera un mayor consumo de EEE.
La era de los metales avanzados

El Premio Nóbel de Física, George Thomson, la llama la “era de los materiales avanzados”. Sus propiedades especiales han hecho posible lo que parecía imposible a nivel de electrónica, digital o científico. Dicho lo cual, su ausencia creará un serio desequilibrio en el modelo que se ha impuesto.

La línea de desarrollo que hemos seguido nos sitúa en esta realidad. El rostro de estos materiales ha ido variando en el tiempo, pero lo que no ha variado es la base del modelo y paradigma. La industria digital y la industria de energías limpias está enroscada a un fodo básico de metales y minerales absolutamente imprescindibles.

¿Por qué razón se está ocultando? ¿Qué es lo que no se quiere revelar? Una rápida vista a Baotou, en Mongolia, o al Amazonas en Brasil, a Guanía, en Colombia, al Arco Minero en Venezuela, es suficiente para entender que la revolución digital y la revolución verde no se alimentan de bambú.

En el caso de Australia[xi], la explotación de tierras raras también genera polémica. La empresa Lynas Corp. maneja dos instalaciones en la producción de tierras raras: la minería, que tiene lugar en Mount Weld, Australia Occidental; y el procesamiento, que sucede fuera de casa, en Kuantan, Malasia. El grueso de la contaminación se genera en Kuantan, donde se han acumulado más de 450 mil toneladas de desechos tóxicos y radioactivos. Esa nube tóxica preocupa al gobierno de Malasia. Y las autoridades de Malasia exigen a Lynas Corp. que retire los desechos radioactivos producidos por las instalaciones de refinado en Kuantan. En la memoria colectiva del país, aún pesa la catástrofe ambiental y de salud que tuvo lugar en Bukit Merah, precisamente por los residuos tóxicos derivados de la explotación de tierras raras. El problema de Lynas Corp. es que la legislación autraliana prohíbe la importación de desechos radioactivos. ¿Entonces dónde colocarlos?

Cada metal y mineral nos plantea en distintas regiones del planeta una realidad de impacto ambiental severo[xii], violaciones a la salud y seguridad de los trabajadores, además de abusos a los derechos humanos. En el caso de América Latina, es algo que documentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) al elaborar el primer mapa de minería illegal en la Amazonía[xiii], una radiografía interactiva que confirma la presencia de 2 mil 312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales en plena selva tropical y 30 ríos donde tiene lugar el accionar de la actividad minera. “La extracción minera en la Amazonia no tiene comparación con ningún otro momento de la historia”, se puede leer en el informe de la RAISG, que también recuerda que la Amazonía es uno de los lugares de donde se extraen los insumos de nuestro ecosistema digital.
La industria de la minería

Los mineros son colectivamente responsables de 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estos gigantes devoran el 6% de la demanda energética mundial mientras mueven rocas y tierra para desbloquear los metales y minerales[xiv] utilizados en el proceso de fabricación de todas las formas y tamaños de nuestra modernidad digital, y de los que depende el interruptor de la energía limpia.

Según la firma de análisis McKinsey, en la última década las corporativas tecnológicas descubrieron en la industria minera uno de sus clientes “vitales”, haciendo que adoptaran diferentes estrategias: inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la tecnología digital móvil, el Internet industrial de las cosas y la arquitectura de datos moderna (incluida la nube).

Estas nuevas tecnologías han permitido una ejecución que permite eliminar la variabilidad inherente a la actividad minera. ¿El resultado? La productividad mineral aumentó aproximadamente 2.8% anual desde 2014.

¿La consecuencia? Que las reservas de minerales y metales está disminuyendo, mientras que la escasez de agua ha amenazado con vaciar los activos en el suelo, y las licencias de operación se han vuelto más difíciles de obtener[xv].

Es importante no olvidar que las Big Tech son empresas y, como tales, buscarán oportunidades para vender sus productos y servicios a quienes los necesiten y puedan pagarlos, sea Big Mining, Big Oil, Big Pharma, Big brother, la CIA, Interpol, Shell, Monsanto, el Pentágono o la industria militar.

Y todos necesitan de las tierras raras.

El senador de Texas Ted Cruz dijo[xvi] que el primer trillonario del mundo se haría en el espacio, refiriéndose al potencial financiero de la minería de asteroides. En abril de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reafirma el interés estadunidense en la explotación corporativa de recursos lunares y de asteroides[xvii]. Un mes antes del comunicado de la Casa Blanca, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, cerraba con la NASA el acuerdo de una misión que despegará en julio 2022 y cuyo destino será Psique 16, “un asteroide metálico, misterioso y gigante. Hay tantos metales preciosos enterrados dentro del asteroide que podría convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria[xviii]”.

Pero antes de que “viajemos” a Psique 16, tendrá que resolverse la demanda presentada contra Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla en una corte federal de Washington.
Índice de citas

I. https://www.globalwitness.org/en/
II. IRAdvocates. 12.15.2019. “IRAdvocates Files Forced Child Labor Case Against Tech Giants Apple, Alphabet, Dell, Microsoft and Tesla for Aiding and Abetting Extreme Abuse of Children Mining Cobalt in DRC.” Url: https://bit.ly/37Qd9Eh
III. IRAdvocates. 12.15.2019. “IRAdvocates Files Forced Child Labor Case Against Tech Giants Apple, Alphabet, Dell, Microsoft and Tesla for Aiding and Abetting Extreme Abuse of Children Mining Cobalt in DRC.” Url: https://bit.ly/37Qd9Eh
IV. Ibid.
V. The Guardian. “Apple and Google named in US lawsuit over Congolese child cobalt mining deaths”. Url: https://bit.ly/37Nk5lK
VI. The Guardian. “Apple and Google named in US lawsuit over Congolese child cobalt mining deaths”. Url: https://bit.ly/37Nk5lK
VII. Fortune. 16.12.2019. “Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet, and Dell Sued for Allegedly Profiting Off of Child Labor”. Url: https://bit.ly/3epasvU
VIII. The Guardian. 10.03.2020. “Human rights activist forced to flee DRC over child cobalt mining lawsuit”. Url: https://bit.ly/3drx4ul
IX. Power Techology. 17.04.2020. “Big Tech and big power: companie’s climate change pledges”. Url: https://bit.ly/2YPjADB
X. University of Oslo/SMART. “Sustainability Hotspots Analysis of the Mobile Phone” Url: https://bit.ly/37IGQqK
XI. IndependentAustralia.net (28.03.2019). Toxic waste: Lynas Corporation and the downside of renewable energy. Url: https://bit.ly/2WY9Epl
XII. International Institute for Sustainable Develpment. “Green Conflict Minerals: Tue fuels of conflict in the transition to a low-carbon economy” (August 2018). Url: https://bit.ly/2wiwuvv
XIII. La Amazonía saqueada. 10.12.2018. Url: https://bit.ly/2TafIco
XIV. NS Energy. 20.03.2020. “Why the mining industry must continue to embrace renewable energy”. Url: https://bit.ly/2YZty5k
XV. https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/behind-the-mining-productivity-upswing-technology-enabled-transformation#
XVI. The Week. 16.05.2020. Could Jeff Bezos become the world’s first trillionaire? Url: https://bit.ly/3hQHOWH
XVII. The Conversation. 02.06.2020. Could corporations control territory in space? Under new US rules, it might be possible”. Url: https://bit.ly/2AZDQdF
XVIII. DailyMail. 04.03.2020. “Elon Musk’s SpaceX will launch a NASA mission to an asteroid with enough precious metal to make everyone on Earth a billionaire”. Url: https://dailym.ai/2Ynysdl
https://www.proceso.com.mx/636469/la-hermandad-de-la-industria-tecnologica-y-la-mineria-a-cielo-abierto

Litio, Mexico

México descarta nacionalización de minas de litio

29/06/2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es necesaria la nacionalización de minas de litio “porque de acuerdo con la Constitución, en el artículo 27, se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo. Por eso hay un mecanismo de entrega de contratos y de concesiones, en el caso de la explotación minera”, aclaró la semana pasada en su conferencia desde Morelia, Michoacán.

El mandatario subrayó que lo que habría que analizarse es bajo qué condiciones se otorgarían dichos contratos y concesiones para la explotación del litio.

“Vamos a pedirle más información a la secretaria de Economía que es la que atiende este caso, y también a Víctor Manuel Toledo (secretario del Medio Ambiente)”, comentó.

El cuestionamiento sobre la nacionalización de las minas de litio partió luego de las declaraciones de Victor Toledo, secretario de Semarnat.

Panorama de litio en México
Actualmente, la empresa de exploración y desarrollo Bacanora Lithium se ha centrado en su principal proyecto de litio, el Proyecto Sonora, posee diez áreas de concesión minera que cubren aproximadamente 100,000 hectáreas en el noreste del estado de Sonora en México.

El estudio de viabilidad de Sonora ha establecido reservas minerales comprobadas (de acuerdo con NI 43-101) de 1.67 Mt y reservas minerales probables de 2.85 Mt LCE y confirmó los aspectos económicos asociados con convertirse en un productor de 35,000 tpa de carbonato de litio y 30,000 tpa de SOP en México.

Sonora posee uno de los recursos de litio más grandes del mundo y se beneficia de ser de alto grado y escalable.

Bacanora Lithium busco financiación en Alemania para el Proyecto Sonora, además incorporo como socio a Ganfeng como parte de una inversión estratégica, con esas acciones la compañía coloca a México como país productor de litio.
Fuente: Financiero y Camiper

México descarta nacionalización de minas de litio

Mexico

Mineras ganan millones, pero pagan impuestos casi de manera simbólica

▲ Mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas.

Foto Mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas.Foto Alfredo Valadez Rodríguez
Braulio Carbajal
La Jornada
21/06/2020
La minería es considerada oficialmente una actividad esencial para la economía del país. De ella dependen industrias como la automotriz, la construcción y una vital en esta época: la farmacéutica. Las miles de toneladas que se extraen del subsuelo mexicano dejan millones de dólares en ganancias. Sin embargo, su aportación fiscal es casi simbólica.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) indican que de los 3 billones 200 mil pesos que recaudó el gobierno federal en 2019 por impuestos tributarios, únicamente 7 mil 465 millones salieron de esas empresas (la mayoría de capital extranjero), es decir, sólo 0.23 por ciento del total.

La aportación del sector pudo ser mayor. El fisco mexicano recaudó 23 mil 810 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) y 8 mil 587 millones por no tributarios, como derechos, regalías y primas por descubrimiento, dando un total de 33 mil 571 millones.

No obstante, de acuerdo con la ley, las compañías del sector consiguieron deducciones por 25 mil 612 millones por impuesto al valor agregado (IVA) y 493 millones más por producción y servicios. Como consecuencia, el gobierno les debe rembolsar mil 121 millones. Ese monto, que hasta finales de mayo pasado la industria reclamaba, aún no se le entrega.

De acuerdo con reportes de la SHCP, la minería es la industria esencial que menos aporta al fisco. Las que más dan son servicios financieros (502 mil 108 millones de pesos), actividades manufactureras (254 mil 216 millones), transportes, correos y almacenamiento (91 mil 342 millones), construcción (90 mil 164 millones) y medios masivos (80 mil 814 millones).

Según la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, aproximadamente 10 por ciento del territorio nacional está concesionado a mineras; operan 345 compañías, de las cuales 234 son extranjeras, principalmente canadienses y estadunidenses.

Para dimensionar el tamaño del negocio minero, una de las más grandes del sector, Grupo México, propiedad de Germán Larrea, una de las personas más acaudaladas del país, generó ganancias por mil 766 millones de dólares (35 mil 300 millones de pesos aproximadamente), 54 por ciento más que en 2018, de acuerdo con su estado financiero.

Luis Andrade, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, manifestó que la operación de esas empresas en diversas localidades no se ha reflejado en mayor progreso económico y tampoco aporta una gran cantidad a las finanzas públicas. Sin embargo, al ser una actividad primaria, es esencial para que otras se potencialicen.

En ese sentido, indicó que el gobierno federal debe ser muy cuidadoso al momento de sentarse a negociar con ellas pues, aunque es poco probable que decidan irse del país ante mayores impuestos debido a que aún hay grandes cantidades de minerales por explotar, su eventual salida podría repercutir en más desempleo y mayores índices de pobreza.

«En este momento lo que necesitamos es mayor inversión extranjera. Una alternativa sería negociar, dejar los impuestos como están, pero a cambio de que garanticen mejores salarios para los trabajadores. No van a poder negar que en México tienen un buen negocio, sobre todo las compañías canadienses. Muchas hacen negocio redondo, pues lo que extraen les sirve para fabricar autopartes, fibras ópticas y demás, y eso vale mucho», apuntó.

Asimismo, las empresas deben ser más transparentes, ya que, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, 23 por ciento de las concesiones emitidas no cuenta con los nombres de los titulares ni de su Registro Federal de Contribuyentes, por lo cual la Secretaría de Economía no ha podido llevar a cabo el cobro de derechos por la posesión de concesiones.

Según un estudio de Fundar, pese a la riqueza mineral del territorio, México es el país de América Latina que menos impuestos cobra a las mineras como proporción de sus ingresos tributarios. Mientras aquí no llega ni a uno por ciento, en Chile, Perú y Bolivia es de 13.8, 6.4 y 2.8 por ciento, de manera respectiva.

Con base en el mismo estudio, la contribución de esa industria lleva años siendo prácticamente simbólica. En el periodo 2006-2015 las mineras en conjunto obtuvieron ingresos por un billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero sólo pagaron por impuestos 22 mil 397 millones, «debido a las condiciones tributarias laxas permitidas por la autoridad federal».

Para la Cámara Minera de México, la industria es esencial para el país, ya que ha pagado 18 mil 285 millones de pesos por derecho minero, beneficiando a 25 estados, 212 municipios y 2.5 millones de personas de manera directa. Además, da empleo directo a 379 mil mexicanos.

Por esas razones el organismo minero, que aglutina a firmas de la talla de Grupo México, Minera Au-tlán, Industrias Peñoles y Peñasquito, entre otras, ha pugnado desde el año pasado por que el gobierno federal le permita deducir 100 por ciento los gastos preoperativos de exploración.
https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/economia/021n1eco#.Xu9L2uBBGvY.facebook

Mexico

LAS RAZONES DE VÍCTOR TOLEDO

LAS RAZONES DE VÍCTOR TOLEDO
18/06/2020.
El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio tiempo para
responder a los señalamientos realizados por una serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin
exabruptos y de forma contundente, pues no hay desperdicio en los certeros comentarios y
señalamientos sobre la actuación y la relación que sus antecesores tuvieron en la relativamente
joven política ambiental de este país, ya que surge, como bien señala el Secretario Toledo, durante
el gobierno de Ernesto Zedillo, dos años después del inicio de la agenda verde mundial que se
establece de forma global durante la “Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la cual
supuestamente definía el establecimiento de “una alianza mundial nueva y equitativa mediante la
creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades
y las personas”.
Vale la pena recordar esta Cumbre, porque ahí nace el grueso de la política verde que de una u
otra manera sigue vigente; esa misma que en el artículo del Secretario Toledo, señala que fue
construida a través de la introducción de “conceptos aparentemente científicos como desarrollo
sustentable, crecimiento y economía verde, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la
mercantilización de la naturaleza”. Pocos años después, en 1997, con el auspicio de la CONABIO,
nace la primera intención regional de darle contenido práctico a la mercantilización de la naturaleza
a través del Corredor Biológico Mesoamericano (la segunda región con mayor biodiversidad del
planeta). En ese entonces, como ahora, una parte de los planteamientos centrales, “siempre en
aras del desarrollo”, era que aquellos sitios de interés biológico o biodiverso que potencialmente
quedarán fragmentados de sus “conexiones naturales”, se reconectarían a partir de establecer
pasos, túneles, corredores inducidos o naturales, puentes o hasta cableado para que la fauna lograra
transitar por ellos. En el ámbito nacional, ese experimento se desarrolló a partir del Programa de
Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca
(COINBIO).
Estos procesos dieron origen a los grupos de interés verdes que a la postre se convirtieron en
la denominada “Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su extensa mayoría por quienes forman
el Consejo Consultivo del Agua, así como Ceiba y otras Ong ́s que han sido formadas o son
asesoradas o son consultores que en su momento fueron funcionarios ambientales, tales como el
grupo “Política y Legislación Ambiental” (Polea), además del Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última, pero no únicamente, desde hace años es una de las
principales operadoras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
a quienes, a cambio de financiamiento, le han entregado cientos de estudios y, en consecuencia,
información valiosísima sobre la riqueza biológica que tenemos en México, lo cual no es un hecho
menor, si entendemos que el verdadero interés mercantil en la biodiversidad proviene de las
poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas, Estadunidenses y Francesas por citar
algunas; esa misma riqueza que el gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes gracias a los
acuerdos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que derivó en la firma del
“Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y
Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”. No sobra señalar que muchas de
esas Ong ́s “ambientalistas”, desde hace años también han sido precursoras en la práctica de
golpetear los procesos organizativos que desde los pueblos se generan en defensa de su territorio y
sus bienes naturales.Desde 1994, y con un México que amanecía en guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN, muchos
grupos civiles, académicos, científicos y políticos fueron encandilados por la agenda verde
internacional y la supuesta puesta en marcha de la nueva agenda ambiental para el país,
encabezada por la recién creada SEMARNAT. Muchos de ellos se volcaron en la implementación de
programas relacionados con la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la
Degradación de los bosques (REDD+), a través de los “pagos de servicios ambientales”, la creación
de ANP ́s, la imposición de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos territoriales y planes de
manejo, entre otros componentes, que en sí mismos, como bien señala Toledo, sólo han significado
la destrucción, la contaminación y la administración mercantil de la naturaleza, además de volverse
para algunas/os sus centros de investigación personal, pero todas ellas iniciativas muy útiles para
lavar la imagen de empresas y corporaciones, siendo estas las principales impulsoras del
Modelo Extractivo Depredador, ese mismo que se traduce en saqueo y desplazamiento forzado
de las comunidades.
Desde la creación de la Semarnat, se han diseñado y utilizado diversas estrategias para desplazar,
condicionar o convenir con las comunidades la entrega de su territorio y sus bienes naturales, pero
siempre hay un común denominador que le da “transversalidad” a la política verde mexicana: la
implementación de un componente de corte desarrollista que supuestamente llevará el
“progreso” a las comunidades indígenas y campesinas como son; El Plan Puebla Panamá, El
Protocolo de Nagoya, Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la Biosfera y las ANP ́s, El
Acuerdo de Escazú, Las Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo, Los Biocombustibles, el Oro
Blanco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, etc.
No podemos no estar de acuerdo con los precisos señalamientos que ha realizado el Secretario
Toledo contra sus antecesores, quienes, por supuesto, no podrán responder con ética ni tendrán
fundamento alguno contra las puntualizaciones que les han hecho, porque sin duda alguna el
desastre ambiental actual empezó y continuó con ellas y ellos en México y con otros grupos similares
a nivel Mundial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de atestiguar abiertamente este tipo de
señalamientos entre políticos y ex políticos, porque se expone tal cual la causa estructural y el
fondo del problema ambiental de México y el Mundo.
Y, sin embargo, en aras de la congruencia, hoy tan ausente, y de manera directa y clara le
preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?
El nuestro es continuar defendiendo el territorio, los bienes naturales y las diversas
expresiones de comunalidad que en el mismo se expresan, y, por lo tanto, es nuestra intención
que la actividad minera se acabe en el país, por una simple razón que usted ya expuso: las grandes
corporaciones biotecnológicas, agroindustriales y mineras -no solamente estas, pero
principalmente-, están acabando con la vida. Y en aras de la congruencia, de no menor importancia,
es necesario señalar que la misma estructura de intereses, la misma mercantilización de la diversidad
biocultural, la misma mentalidad desarrollista y colonial y la misma imposición de megaproyectos
mediante parodias de consulta, subyace en iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal Seco
Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. De ahí la pregunta.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

Gobierno de México acusa a mineras canadienses de negarse a pagar impuestos: ¿qué implicaciones tiene?

11/06/2020
Por su parte, una compañía de Canadá amenazó con acudir a tribunales internacionales para resolver una disputa legal, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Gobierno de México acusa a mineras canadienses de negarse a pagar impuestos: ¿qué implicaciones tiene?
Protesta en Minera San Xavier, propiedad de la empresa canadiense New Gold Inc., San Luis Potosí, México, 2010.Manuel Hernández Borbolla / RT

Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que las empresas mineras de Canadá se niegan a pagar adeudos fiscales, las compañías canadienses tiene previsto acudir a tribunales internacionales para resolver una disputa por cuestiones tributarias.

Ante la polémica, México solicitó apoyo al Gobierno de Canadá para intermediar en el conflicto, enmarcado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial del T-MEC.

La situación ha puesto a discusión los beneficios que deja la inversión extranjera en la minería, frente a los daños ocasionados en países como México.

La acusación de López Obrador

Esta semana, López Obrador acusó a empresas mineras canadienses de no pagar impuestos, por lo cual solicitó la intervención del embajador de Canadá en México para resolver el conflicto.

«Hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales. Entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá, que nos ayude a convencerlos de que para qué vamos a tribunales, que es muy claro que tienen esas deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)», declaró el mandatario.


El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en México, 8 de mayo de 2020.XinhuA / www.globallookpress.com

Hasta el momento el Gobierno de Canadá no ha emitido postura frente a las declaraciones del presidente mexicano.

Tampoco se ha revelado el monto que adeudan al fisco las mineras canadienses, ni qué empresas son las que deben dinero. Sin embargo, una serie de antecedentes en los meses previos permiten identificar a algunos de los actores de la disputa.
¿En qué consiste el conflicto?

En octubre de 2019, la Cámara Minera de México (Camimex) informó que un total de 244 empresas canadienses estaban peleando por la deducción de 100% de los gastos de exploración, y que mientras tanto habían frenado las inversiones en esa área.

Para diciembre de 2019, Camimex solicitó al Gobierno un pacto fiscal a 15 o 20 años para eliminar el pago de las regalías por exploración, establecidas en la Ley Minera.

En mayo de 2020, justo en medio de la pandemia de covid-19, la minera canadiense First Majestic anunció que acudiría a tribunales internacionales para resolver una disputa fiscal con el Gobierno de México.

Según la minera canadiense, las autoridades fiscales mexicanas no han acatado los mecanismos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para resolver una disputa por el pago de impuestos.

De acuerdo con la compañía canadiense, el Servicio de Administración Tributaria en México «ha mostrado un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble tributación que ha celebrado con Canadá, Barbados y Luxemburgo, que son relevantes para First Majestic y sus subsidiarias».


Protesta en Minera San Xavier, propiedad de la empresa canadiense New Gold Inc., San Luis Potosí, México, 2010.Manuel Hernández Borbolla / RT

La compañía canadiense, que cuenta con seis minas en territorio mexicano, es una de las mayores productoras de plata a nivel mundial, siendo México el país con mayor producción de ese mineral a escala global.

En 2020, First Majestic esperaba producir entre 11,8 y 13,2 millones de onzas de plata, que les dejaría ganancias cercanas a los 223 millones de dólares.

La empresa asegura que el Gobierno mexicano también ha ignorado un Acuerdo de precios anticipados, firmado en 2012 con empresas subsidiarias de First Majestic, en el cual se establecían tarifas ante un posible aumento de impuestos.

En 2013, México realizó una reforma hacendaria en la que estableció el cobro de nuevos derechos a la industria minera.

Posteriormente, en 2015, se realizó una reforma a la Ley Minera que estableció que, además de los derechos mencionados, se debía pagar también una prima por descubrimiento de yacimientos al Servicio Geológico Mexicano (SGM) durante la vigencia de la concesión minera.

El pago de esta regalía, destinada a estados y municipios, ha sido la causa principal de la disputa entre las mineras canadienses y el Gobierno mexicano.
Mineras privilegiadas

En las últimas décadas, las mineras canadienses han estado en el centro de la discusión pública, debido a los conflictos ambientales y sociales que han provocado en territorio mexicano, al mismo tempo que las escasos beneficios económicos que genera para el país en materia fiscal.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de las actividades extractivas en México 2018, elaborado por Fundar, la aportación de la minería a las finanzas públicas mexicanas, a través de la recaudación fiscal, fue de apenas el 0,52 % en 2018.

Al mismo tiempo, las mineras canadienses han estado involucradas en una serie de conflictos sociales con las comunidades asentadas en el territorio mexicano, lo cual ha dejado un saldo de al menos ocho personas muertas, según un informe de la organización ‘Justice and Corporate Accountability Project’.

VIDEO FUNDAR: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LVJSCNjrJBQ&feature=emb_logo

El 67% de la inversión extranjera en el sector minero en México es acaparado por empresas canadienses, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía. Esas firmas concentran 5,7% de la extracción anual, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

En 2019, México se ubicó en el lugar 38 de 76 países entre las naciones más atractivas para la inversión minera, de acuerdo con la Encuesta de 2019 realizada por el Instituto Fraser.

Sin embargo, un estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que, de 2007 a 2017, se otorgaron «incrementos repentinos en el monto correspondiente a los estímulos fiscales». Una situación que se mantuvo después de la reforma hacendaria.

Datos oficiales revelan que el SAT perdonó casi 173.000 millones de pesos (7.687 millones de dólares) en impuestos a empresas mineras mexicanas y extranjeras, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre 2007 y 2015.

De ahí que un informe de 2014, publicado por la Secretaría de Gobernación, señalara que la proliferación de mineras canadienses en territorio mexicano se debe a que «México es el paraíso fiscal de Canadá» en esa materia.

Este escenario ha generado mayores tensiones entre las empresas canadienses y el Gobierno, tras la llegada al poder de López Obrador, a lo que se suman las presiones financieras que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus.

Manuel Hernández Borbolla
https://actualidad.rt.com/actualidad/356310-gobierno-mexico-acusa-mineras-canadienses

Mexico

México: Mineras canadienses quieren ir a cortes internacionales por pago de impuestos

09/06/2020
Mineras canadienses quieren ir a tribunales internacionales por sus diferencias con el Estado mexicano por el pago de impuestos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió al embajador de Canadá en su país interceder en el caso.

El mandatario afirmó que varias firmas se están poniendo al día en sus responsabilidades tributarias y dio como ejemplo a la mexicana FEMSA, a la japonesa Toyota y a las estadounidenses Walmart e IBM.

Sin embargo, sostuvo que existen diferencias con otras compañías. “Hay unas empresas canadienses, mineras, que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales”, afirmó.

El gobernante mandó “un mensaje respetuoso” al embajador de Canadá para pedirle ayuda en el caso. “¿Para qué vamos a tribunales? Es muy claro que tienen esas deudas con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y que ojalá y nos ayuden a convencerlos”.

El mandatario reiteró que los acuerdos alcanzados por diferentes grandes firmas con el SAT van a representar unos 25,000 millones de pesos (alrededor de USD1,149 millones) para las arcas del Estado.

La recaudación tributaria de esas empresas se ha convertido en un asunto central para el Gobierno ante la contracción económica que sufre el país y para hacer frente al aumento del gasto en programas sociales destinados a ayudar a los pobres ante los estragos de la pandemia del coronavirus.

Fuente: Gestión

México: Mineras canadienses quieren ir a cortes internacionales por pago de impuestos