Derivado de las leyes secundarias en materia energética se prevé que la actividad minera se extienda más allá del 16% del territorio nacional que actualmente ocupa, pero también es de esperar que esta expansión detone los conflictos sociales, principalmente en zonas indígenas del país.
En las últimas dos décadas, cuando la cifra de concesiones mineras se incrementó hasta nueve veces, se gestaron en el país 28 conflictos sociales relacionados con la contaminación del agua y zonas agrícolas de distintas comunidades agrarias del país.
De acuerdo con el informe “La Minería en México”, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas –dependiente de la Secretaría de Gobernación- estos conflictos crecieron debido a la falta de una reforma a la Ley Minera y de una legislación que establezca la obligación de realizar una consulta previa con las comunidades antes de autorizar un proyecto.
Al menos medio millón de labriegos se encuentran amenazados por los grandes proyectos mineros e hidrológicos que operan o están en vías de construcción a lo largo y ancho de 141 mil hectáreas de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.
Esto no es una expropiación, es una “ocupación temporal de tierras”, coopere señor campesino para que las petroleras o mineras, según convenga al Estado, vengan a destrozar su territorio. Coopere porque si no vende, su campo será ocupado. Ya lo dice la Constitución.
Recientemente, sobre el lado oriente del Parque Nacional «Cañón del Sumidero» se registró un derrumbe de rocas que cayó en las aguas del río Grijalva, como consecuencia de las detonaciones por uso de explosivos de la mina de cal que se ubica desde 1963 en dicha área natural protegida.
Entre el 2011 y el 2013, al menos 27 personas (11 mujeres y 16 hombres) defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas, asegura el informe “El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013”, publicado el 3 de julio por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT).
La Red Mexicana de Afectados por la Minería dio a conocer que los daños ambientales por la explotación minera superan en costo hasta en un 30 por ciento al valor de las exportaciones de los minerales.
El día de ayer se celebró el día mundial de lucha contra la Mega Minería, en diversas partes del país se realizaron acciones, donde comunidades, grupos y organizaciones expresaron su rechazo total al desarrollo de este tipo de actividades económicas en el país, y no es para menos, ya que a través de diversos informes se encuentran documentada la violación sistemática a los derechos humanos originadas por empresas mineras en complicidad con las autoridades federales y estatales.
Dejando atrás el indescriptible barullo de Ciudad de México nos introducimos poco a poco, al ritmo de furgoneta de pasajeros, en la sierra norte de Puebla. Un viaje de dos horas lleno de curvas que nos adentran en los montes selváticos, donde de cuando en cuando surge entre los cerros algún pueblo que parece imposible que haya podido crecer en lugares tan remotos. Pero la historia dice que los totonacos habitan estas tierras desde hace siglos. Nuestro destino es Zapotitlán de Méndez y el contraste con el ambiente de la grandísima urbe de la que venimos es inmediato. Situado en una planicie y rodeado por cerros a los que inunda la niebla, Zapotitlán se acomoda a un lado del río Zempoala y semeja un lugar tranquilo y lleno de vida. A los ojos de un primerizo en estas tierras, como quien les escribe, el revoloteo de unas mariposas amarillas le hace imaginar con inocencia que Macondo no debiera ser muy diferente a este lugar.
El costo económico de los daños ambientales por la explotación minera es 30 por ciento superior al valor de las exportaciones mineras, de acuerdo con datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
“Helicópteros han bajado y se llevan como muestras, hay gente de piel blanca, unos parecen extranjeros, luego vienen también y le prometen a la gente que habrá escuelas, les preguntan qué necesitan y les dicen que lo tendrán”, señaló el testimonio de un habitante de la Montaña que ha visto cómo empresas mineras han enviado trabajadores a comunidades marginadas de Cochoapa el Grande.