Grupo de empresarios, ecologistas e investigadores del CIAD denominada “Voces por el Agua” urgieron a endurecer protocolos de seguridad y realizar estudios del sedimento de 50 kilómetros de la presa de Pánuco por donde se derramaron materiales de jales, antes de que levanten la alerta y contamine a los sectores productivos como la ganadería, la pesca, la agricultura, a la presa Picachos y llegue al mar.
Proponen se adicione a la Ley de Equilibrio Ecológico el monitoreo de sedimentos, porque solo está considerado el de cuerpos de agua, pues ahí es donde se quedan los minerales que se derramaron en la contingencia, explicó Sandra Guido, presidenta de Conselva.
Grupo México, empresa responsable de uno de los desastres ecológicos más grandes en la historia de México, en el Río Sonora, busca operar una mina de cobre dentro del Área Natural Protegida en Valle de los Cirios, al sur de Baja California, donde hay escasez de agua. 
El pasado 18 de febrero de 2015 se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo en el Municipio de Xochitepec, Morelo, México. Entre los temas a tratar en el acta del día los proyectos mineros estuvieron presentes.
Hasta el mes de enero, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) diagnosticó a 272 pacientes afectados en su salud por la contaminación del río Sonora a consecuencia del derrame tóxico de la minera Grupo México.
Para la minería 2015 es un año mucho más complicado que en 2014.
La empresa minera de inversión canadiense Media Luna, asentada en la comunidad de Nuevo Balsas municipio de Cocula, pagaba un millón de pesos al mes al jefe de plaza de la organización delictiva La Familia Michoacana en los municipio de Cocula y Cuetzala, Uriel Vences Delgado, La Burra o El 50, para que permitiera los trabajos de la empresa y el libre tránsito de sus empleados.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho.
El Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto denunció que en los siete años recientes, tras la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha quien cayó al río Santiago y falleció envenenado por arsénico, ha documentado 547 casos de personas que por vivir cerca del contaminado cauce han muerto de insuficiencia renal o cáncer.
Pobladores de 23 comunidades de Ixtacamaxtitlán se manifestaron durante el informe de labores del edil de dicho municipio serrano, Eleazar Hernández Arroyo, exigiéndole que haga efectivo su compromiso de negar cualquier actividad de Almaden Minerals o cualquier otra empresa que pretenda explotar a cielo abierto los yacimientos de metales preciosos que hay en esa región.