El gobierno federal dejó de recaudar 3 mil 277 millones de pesos de las empresas mineras entre 200 2013 por el cobro de derechos por las concesiones que otorga, ya que no alcanzó la meta fijada para dicho periodo, la cual se quedó 31.6 por ciento por debajo de lo previsto, revela el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además, todo lo que pagaron las compañías mineras por las concesiones no llega ni a un punto porcentual (0.6 por ciento) del valor que alcanzó toda la producción minera nacional durante los seis años del periodo mencionado, puntualiza el organismo. El valor de todos los minerales y metales que las empresas extrajeron del subsuelo del país fue 173 veces mayor a lo que tuvieron que pagar en impuestos por explotarlos.
La organización canadiense MiningWatch anunció una misión internacional de observación de derechos humanos en la comunidad indígena de Zacualpan, donde los intentos por imponer desde hace más de un año una mina de oro ha generado un conflicto que tensó el ambiente y podría generar el desbordamiento de la violencia.
Tras darse a conocer que Canadá colaboró de forma activa con la compañía minera Excellon, que opera en México y que ha sido acusada de reprimir de forma violenta protestas pacíficas contra sus operaciones en la localidad de Ejido La Sierrita de Galeana, habitantes de la comunidad expresaron su indignación ante la actuación de la Embajada.
El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos, aseguró que Veracruz está en un enorme peligro, porque tanto el Gobierno Federal y del Estado -bajo reformas estructurales- están dando todas las facilidades a las empresas transnacionales para dañar la ecología y por otro lado, adueñarse del país.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se negó a revelar el padrón de los beneficiados del Fideicomiso Río Sonora –que se abrió para reparar los daños ocasiones por el derrame de tóxicos en el río del mismo nombre– y el monto otorgado a cada uno de ellos. Reservó la información hasta por un año.
En México existen al menos 6 mil 500 sitios identificados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como potencialmente contaminados.
Desde que se modificó la ley minera en 1992, en esta República agujereada el gobierno federal ha concesionado alrededor de una tercera parte del territorio nacional en beneficio de los barones de la minería, quienes han visto crecer como espuma sus fortunas. El argumento oficial es que –como en el caso del petróleo– la riqueza mineral pertenece a la nación, siempre y cuando ésta permanezca en el subsuelo. Una vez extraída la cosa cambia y queda en manos de particulares, los que –se supone– pagan derechos al erario, y todos quedan contentos (versión oficial) con esta brillante fórmula.
Pierre Beucage, antropólogo canadiense que ha realizado investigaciones por más de 30 años en la Sierra Norte de Puebla con organizaciones como El Taller de Tradición Oral, del municipio de Cuetzalan y con hombres y mujeres nahuas sobre temas como las plantas medicinales, la lengua nahuatl, la música de xochipitzauat y cosmovisión, entre otros.
En un informe que examina documentos internos procurados del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD) se establece tanto la complicidad de diplomáticos canadienses en México al intentar Excellon Resources de Toronto evadir su responsabilidad por violaciones de un contrato de arrendamiento y deficiencias en las condiciones de trabajo, como el apoyo de diplomáticos a la represión de una protesta pacífica.
Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad de la Ley Minera y su aplicación, cuando las concesiones a una empresa del ramo afecte derechos de comunidades indígenas.