Hasta que sean resueltos 3 juicios de amparo promovidos por habitantes de 4 municipios de Puebla, jueces del Poder Judicial de la Federación ordenaron la suspensión de las concesiones mineras involucradas, anunciaron organizaciones civiles que se oponen a los proyectos que denominan “de muerte”.
Los recursos legales fueron promovidos por opositores indígenas de los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, además de Zacualpan, perteneciente a Colima.
Consideraron que los proyectos mineros instrumentados por las empresas Almaden Minerals y Minera Autlán atentan contra el ecosistema de la región, además, al querer ser impuestos, violan sus derechos humanos por perjudicar el territorio que consideran ancestral y su identidad cultura.
Los estragos que causan los proyectos de las minas a tajo abierto en el territorio nacional son el tema de la exposición El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería: Un reto múltiple, que luego de haberse mostrado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se exhibirá a partir del miércoles 15 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
Para resolver los problemas de inseguridad en las minas se ha optado por negociar con el crimen organizado, para seguir operando los yacimientos, reconoció Manuel Reyes Cortés, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
Grupo México informó que el 23 de marzo interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por los delitos de robo, despojo y daños derivados por el bloqueo a los pozos de agua que abastecen las instalaciones mineras de Buenavista del Cobre. 
Pese a que fue se decidió en asambleas comunitarias, la Central Campesina deploró la renta para una actividad altamente contaminante.
La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, María Isabel Ortiz Mantilla, dio a conocer que impulsa una iniciativa que plantea prohibir obras y trabajos de exploración y explotación minera en las áreas naturales protegidas.
El pasado viernes 27 de marzo hubo una fuerte movilización pacífica en la ciudad de Cananea, organizada por la alianza Todos Unidos Contra Grupo México. Esta organización se compone con los pobladores de los municipios del río Sonora afectados por la contaminación, y por los mineros de Cananea, que están por arribar al octavo año de huelga y que hace cinco años la sostienen como huelga de hecho, mientras sus abogados mantienen latentes los recursos jurídicos y han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha iniciado un proceso de revisión del caso. En esta ocasión unos 2 mil ciudadanos de los municipios ribereños se concentraron desde temprano en el mausoleo de los mártires de Cananea de 1906, a la entrada de la ciudad, y marcharon hacia el predio conocido como Los Patos, a unos siete kilómetros de distancia. Allí mismo, dentro de la ciudad hacia el este, instalaron un campamento permanente que mantienen desde el 16 de marzo y de donde impiden que las plantas rebombeen el agua hacia la mina, lo cual está provocando el efecto favorable de que esa agua siga su curso normal y recargue los acuíferos subterráneos del río San Pedro. Otro efecto consiste en que al impedir el rebombeo, la enorme laguna de ácidos y venenos de Cananea esté bajando su nivel de tóxicos.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y Regional del Pacífico Norte, el cual presentó la Semarnat para su revisión a académicos, organizaciones ambientales y sectores productivos, protegería al golfo de Ulloa (GU) de la minería marina.
El Juzgado Primero deL Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de Colima, admitió el pasado 25 de marzo el amparo que la comunidad indígena de Zacualpan había presentado un día antes en contra de dos concesiones vigentes en sus tierras comunales.