Las 99 concesiones mineras otorgadas por autoridades federales en el subsuelo de tierras campesinas y territorios indígenas, podrían incrementarse en los próximos años. En las últimas administraciones, los permisos para la exploración y explotación de minerales creció pese a los conflictos sociales, despojo e impactos a la salud de los pobladores.
Detrás de las concesiones se encuentran prestanombres y funcionarios federales. En Chiapas, Tristán Canales Reyna es uno de los concesionarios con mayor título. Está vinculado a la empresa Blackfire.
De ello da cuenta el informe La Minería en Chiapas 2015 realizada por Gustavo Castro, de la organización civil Otros Mundos es Posible, con sede en San Cristóbal de Las Casas, que llevó a cabo una radiografía por el territorio chiapaneco respecto al número de concesiones y hectáreas que permiten a las empresas mineras explorar y explotar los minerales que poseen las tierras.
De 2013 a la fecha, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha atendido 44 emergencias ocasionadas por derrames de jales, soluciones ácidas, cianuradas y lixiviados.
Los pobladores y vecinos del ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, acordaron no permitir más la explotación minera del proyecto El Bambú, a cargo de Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. y de El Puntal S.A. de C.V, que extraen titanio desde hace varios años en dicha comunidad.
Los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa entregaron en concesión a empresas mineras nacionales y extranjeras 8 millones 336 mil 990 hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
El impacto ambiental de las industrias extractivas, como la minera y la petrolera, es una faceta opaca en México, como por ejemplo el uso de la fractura hidráulica, dijo a Sputnik Nóvosti Aroa de la Fuente, coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.
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A partir de la “Declaración de Acacoyagua”, elaborada en el marco del foro Estatal de Afectados por la Minería los días 15 y 16 de agosto del 2015 en la región del Soconusco, Chiapas, en donde “refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida”, avanzamos en diversas acciones políticas para denunciar la actividad minera.
El Inai desechó una primera versión pública entregada por la Semarnat a un ciudadano por haber suprimido información de carácter ambiental; la minera está implicada en el derrame de materiales tóxicos en Río Sonora y Bacanuchi.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró una mina que operaba en el municipio de Mulege, BCS., sin contar con la Licencia Ambiental Única (LAU) ni el aviso de inicio de operaciones que exige la ley por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
En el territorio sagrado conocido como Wirikuta se avecina una grave sequía ya que cada vez hay menos precipitación en la región y mayor demanda por la agroindustria y por proyectos mineros que afectarían de manera irreversible alrededor de 40 fuentes de agua entre manantiales y pozos que actualmente abastecen a miles de campesinos y pequeños ganaderos.