De 2013 a la fecha, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha atendido 44 emergencias ocasionadas por derrames de jales, soluciones ácidas, cianuradas y lixiviados.
El titular de la procuraduría, Guillermo Haro Bélchez, detalló que durante ese tiempo la Profepa también ha verificado la atención a diversos pasivos ambientales en todo el país donde existe presencia de jales y escoria minera abandonada.
Al respecto, refirió que esta dependencia está atendiendo casos de pasivos ambientales en Ávalos y San Guillermo, Chihuahua y en Taxco, Guerrero.
La Profepa tiene registradas mil 134 instalaciones mineras en operación, a nivel nacional, destacó el funcionario en el marco de la firma de un Convenio de Concertación con el Colegio de Ingenieros Geólogos de México.



Los pobladores y vecinos del ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, acordaron no permitir más la explotación minera del proyecto El Bambú, a cargo de Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. y de El Puntal S.A. de C.V, que extraen titanio desde hace varios años en dicha comunidad.
Los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa entregaron en concesión a empresas mineras nacionales y extranjeras 8 millones 336 mil 990 hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
El impacto ambiental de las industrias extractivas, como la minera y la petrolera, es una faceta opaca en México, como por ejemplo el uso de la fractura hidráulica, dijo a Sputnik Nóvosti Aroa de la Fuente, coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.
A partir de la
A partir de la “Declaración de Acacoyagua”, elaborada en el marco del foro Estatal de Afectados por la Minería los días 15 y 16 de agosto del 2015 en la región del Soconusco, Chiapas, en donde “refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida”, avanzamos en diversas acciones políticas para denunciar la actividad minera.
El Inai desechó una primera versión pública entregada por la Semarnat a un ciudadano por haber suprimido información de carácter ambiental; la minera está implicada en el derrame de materiales tóxicos en Río Sonora y Bacanuchi.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró una mina que operaba en el municipio de Mulege, BCS., sin contar con la Licencia Ambiental Única (LAU) ni el aviso de inicio de operaciones que exige la ley por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
En el territorio sagrado conocido como Wirikuta se avecina una grave sequía ya que cada vez hay menos precipitación en la región y mayor demanda por la agroindustria y por proyectos mineros que afectarían de manera irreversible alrededor de 40 fuentes de agua entre manantiales y pozos que actualmente abastecen a miles de campesinos y pequeños ganaderos.