La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) concluyó la revisión, inspección y verificación de mil 130 instalaciones mineras que operan legalmente en el país.
La dependencia detalló que como resultado de las acciones a cargo de la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la Profepa se clausuraron en total 71 centros de operación y extracción, y se aplicaron multas por un total de 44.29 millones de pesos.
Las instalaciones clausuradas (61 con carácter total temporal y 10 de manera parcial temporal) se ubican en los estados de Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora.
El líder comunero Gervacio Osuna Contreras salió del penal de Felipe Ángeles, en Los Mochis, el pasado 31 de diciembre, luego de dos años y tres meses procesado por despojo. El juez quinto de distrito resolvió otorgar el auto de libertad por falta de elementos. Osuna encabezó protestas contra la empresa china Paradox Global Resources en la mina del ejido El Potrero, municipio de Choix, que incumplió con obras de infraestructura y pago de comisiones a habitantes de la región. El líder aseveró que tras su reclusión estuvieron confabulados inversionistas locales, empresarios chinos y el gobernador Mario López.
Una de las minas de oro más grandes de Latinoamérica ha atraído en el sur de México la codicia de dos grupos de la delincuencia organizada, que aterrorizan a las comunidades cercanas para aprovecharse de las ganancias de la explotación del mineral.
Regeneración, 18 de diciembre del 2015.-
La mitad de las mil 134 minas que tienen operaciones vigentes en el país almacenan cianuro en el suelo sin que nadie les imponga un límite para prevenir la contaminación de mantos acuíferos, reveló la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Ni rastro de él, de uno de los principales líderes en Los Cabos en la lucha antiminera, en especial, en contra del proyecto minero Los Cardones. Los Cabos, BCS. Desde el 24 de octubre de 2011 nadie supo de él. David Sosa Pérez desapareció, y con él un fragmento de la historia del movimiento social en contra de la imposición gubernamental de la minería a tajo abierto en Baja California Sur.
A lo largo de diez años de extrer oro, investigadores y organizaciones sociales han denunciado en varios medios, foros y espacios “severos daños ambientales” que han afectado no sólo a Cerro de San Pedro sino a la misma ciudad capital, derivados del uso diario de más de 16 toneladas de cianuro de sodio mezclados con 32 millones de litros de agua para la lixiviación de los metales.
El incremento de la actividad minera ha desplazado a comunidades y ha obtenido el control del territorio y sus recursos en donde se lleva a cabo, advierte el estudio Miradas en el Territorio: Cómo Mujeres y Hombres Enfrentan la Minería.
El titular de la Fiscalía General de Jalisco (FGE), Eduardo Almaguer, ordenó una revisión administrativa de la actuación de los policías que participaron en la detención de Miguel Monroy Gerardo y Marciana de los Santos López, indígenas nahuas, contra quienes un juez mixto de primera instancia dictó órdenes de arresto por presunto despojo de tierras. Ambos encabezan la resistencia de los indígenas del sur de Jalisco contra la minería de tajo, a cielo abierto, y el despojo de sus recursos naturales por empresas mineras o grupos de la delincuencia organizada.