Por Alejandro Ortiz

Chilpancingo. // 19 mayo, 2016
En febrero del 2014 un grupo de hombres armados irrumpió en la comunidad de Santa María Sur, municipio de San Miguel Totolapan, Tierra Caliente de Guerrero. En aquella ocasión solamente dispararon al aire, recuerdan algunos de los pobladores que huyendo de esa violencia hoy viven en Chilpancingo por cuenta propia.

Santa María Sur, forma parte de un área geográfica natural importante para la siembra de amapola y, además, sus territorios colindan con una red de al menos tres minas de oro que se encuentran activas en la región de Tierra Caliente.

“Militares vestidos de civiles han llegado a quemar casas y a decirnos que nos tenemos que ir del pueblo o va a haber matanzas”, denunciaron mediante radios populares en Chilpancingo, los vecinos de aquella localidad ante el temor de que la amenaza fuera cumplida.

Entre marzo y abril pasados, el comisario de la localidad, Eduardo Acevedo Jaimes, solicitó la ayuda de las autoridades estatales y fuerzas de seguridad pública para que resguardaran el pueblo y evitaran que se dieran nuevos hechos de violencia. La ayuda nunca llegó.

“La única respuesta fue que el grupo de armados incendió una vivienda de la comunidad y fue entonces cuando la gente comienza a irse, mejor, por nuestras vidas”, recuerda el último comisario que tuvo la localidad.

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Carlos ROCHA

MINERAS – KAREN ROJASA pesar de que casi el 10 por ciento del territorio poblano ha sido concesionado a la minería, Puebla no es un estado minero como se pretende hacer, enfatizó Silvia Villaseñor Pineda, coordinadora en Puebla del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

En el marco del foro El Oro o La Vida que se desarrolló la tarde de este jueves, Villaseñor expuso que en la actualidad hay en Puebla unas 440 concesiones mineras que abarcan más de 300 mil hectáreas y que representan cerca del 10 por ciento del territorio de Puebla.

Explicó que el 70 por ciento de las concesiones son canadienses y el 16 por ciento mexicanas. Además informó que el proyecto más avanzado es de la canadiense Almaden Minerals en el municipio de
Ixtacamaxtitlan y aunque de manera oficial no hay ningún proyecto en explotación sólo exploración, la mayoría de las concesiones son para proyectos a cielo abierto.

Tras la exposición del panorama local, Miguel Ángel Mijangos Lea, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), compartió su experiencia en el mina de Carrizalillo en Guerrero, donde desde hace nueve años la empresa Gold Corp ha explotado la tierra.

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 27/05/2016
 Paula Carrizosa

La minería no es una opción de progreso ni desarrollo para el país, ni por la inversión ni por la ganancia que significa para el gobierno, afirmó Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) Guerrero.

Ello, explicó, porque la minería no representa ni 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y es apenas la mitad que la agricultura –de 3 por ciento del PIB–, pese a que este ha sido un rubro apremiado y a fuerza aplastado por los gobiernos.

Al participar en la mesa redonda realizada en torno a la exposición El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple, que se exhibe en la Casa de las Culturas Contemporáneas –2 Norte 1006, Centro Histórico– de la UAP, Miguel Ángel Mijangos ofreció un panorama de la minería a cielo abierto, una rama de la minería que ha causado una profunda devastación y problemática socio ambiental en México.
Explican peligros de minería

En su charla señaló que por tener la concesión, una empresa de capital privado extranjero o nacional paga al Estado mexicano de 5 a 8 pesos por hectárea al año. “Eso le cobra el gobierno. No se les cobra por el uso del agua ni por la extracción de los metales del subsuelo. Es un cobro ridículo”.

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 Kara Castillo
 Mayo 24, 2016

“El Oro o la vida” es la mesa redonda que llevarán a cabo miembros del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en la que expertos expondrán información que el estado ha omitido en el plan minero y extractivo que ya se lleva a cabo en el país.

Argelia Arriaga García, académica de la BUAP y analista de Megaproyectos, aseguró que existe una secrecía en los datos del estado mexicano al respecto, pues aun cuando existe un mandato de transparencia, la información que entrega el gobierno federal es desarticulada a propósito, incompleta y con reservas.

Explicó que como un reflejo de defensa colectiva, académicos y activistas han elaborado mecanismos de información creando la Red de Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, (RED M4) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) quienes han socializado documentos exponiendo al público en general la más completa información a la ciudadanía.

Arriaga convocó a la mesa redonda que se lleva a cabo en el marco de la exposición itinerante “El Oro o la Vida” Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple, que se abrió el pasado 15 de abril y concluirá el 10 de junio.

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mayo 27, 2016
Ante el fallo pronunciado el pasado 25 de mayo por la Primera Sala de la Suprema Corte en el amparo en revisión de la comunidad de San Miguel Progreso, municipio de Malinaltepec, comunidad Mè´phàà de la Montaña de Guerrero, en el que revoca la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en Guerrero y además sobresee el asunto por unanimidad de los 4 Ministros presentes en la sesión, es sumamente preocupante que para los afectados por leyes retrógradas y violadoras de derechos siga prevaleciendo la impunidad, a pesar de haber realizado todo lo que la comunidad tiene a su alcance para buscar una justicia pronta y expedita.

Si bien es cierto en el amparo se combatían las concesiones mineras a favor de la minera Hochschild México, otorgadas sin consulta y sin consentimiento, previo, libre e informado por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano, también este mismo buscó se revisara la Ley Minera, en sus artículos 6, 10, 15 y 19 fracción IV publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 1992, la cual creemos y sostenemos por lo menos en estos artículos es inconstitucional, entre otras causas porque viola derechos protegidos por el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, como son el derecho a la consulta, el derecho al territorio y el derecho a decidir sobre su desarrollo y recursos naturales y la entrega de las concesiones a privados carece de utilidad e interés público y la extracción no puede estar como uso preferencial por encima de los pueblos, el patrimonio histórico material e inmaterial y por sobre la biodiversidad.

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23.05.2016

Por Miguel Ángel Mijangos (1)

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Dentro del contexto en el cual trabajamos, la palabra defensa siempre nos lleva a pesar en acciones para la protección o salvaguarda ante un peligro latente o eminente, y muchas veces nuestras reacciones suelen pensarse para uno mismo o lo más cercano de nuestro entorno. No obstante, cuando hablamos del territorio y las amenazas que sobre él se vislumbran, nuestras acciones y pensamientos sobre su defensa suelen adquirir una dimensión multifactorial y compleja; los interpretamos o relacionamos en función de nuestros propios contextos o circunstancias, de tal manera que podemos reaccionar desde lo local hasta lo global según el caso.

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11 may 2016 13:35

El legislador local del PT, Camilo Torres, señaló que hubo uso de la fuerza pública por parte del Gobierno de BCS para asustar a los obreros y pararan su manifestación.

La Paz, BCS.- El diputado del Partido del Trabajo, Camilo Torres Mejía descalificó el uso de la fuerza pública estatal en contra de los trabajadores mineros de la Compañía El Boleo en Santa Rosalía por el solo hecho de que solicitaron que se les reconociera su derecho a elegir a las autoridades sindicales que los habrán de representarlos.

En uso de la tribuna el legislador comentó que recientemente  por la vía legal los obreros solicitaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hicieran un nuevo recuento “y se desconozca el contrato que la empresa mantiene por medio de Fulgencio Santiago Gómez, quien respaldado por la empresa ha venido hostigando a los trabajadores que no le son afines, “es decir, el representante de los trabajadores no surgió de las filas del sindicato, sino que es un empleado que la empresa contrató desde el principio como líder sindical”.

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Juan Luis García Hernández mayo 17, 2016
Pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlan, situado en Ocampo, Coahuila, aún esperan por que se haga justicia y un tribunal agrario haga que la minera canadiense First Majestic los indemnice por el uso de sus tierras. ¿Resolverá la Jueza a su favor?

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan en el municipio Ocampo, Coahuila, 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio y que se encuentra a punto de resolver en los tribunales agrarios.

“La compañía ofreció 10 millones por todo, a través de su abogado y su contador. Se lo he contado a la gente para evitar malos entendidos”, detalló Mario Valdés Lomas, ex presidente del Comisariado Ejidal de Tenochtitlan.

La comunidad de 36 ejidatarios, la mayoría de la tercera edad, se encuentra a la espera de la resolución de una sentencia del Tribunal Agrario del Sexto Distrito en Torreón, que les indemnice por las consecuencias que ha dejado la minería en la zona. Al menos dos de sus integrantes han muerto antes de ver la justicia.

Casi todos los lugareños han servido durante décadas a la minera. Sin embargo saben que ésta funciona sobre sus tierras, extrae alrededor de 400 mil onzas de plata al mes y ha contaminado sus aguas.

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Manuel Espino Bucio 2016-05-18
Por primera vez una comunidad indígena de la montaña de Guerrero logró la cancelación de dos concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía a las empresas Zalamera y Hochschild,  ésta última de origen peruano y de capital inglés.

Se tratan de los habitantes del municipio de San Miguel del Progreso, los cuales obtuvieron un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la exploración y explotación en su territorio.

Ambos consorcios recibieron los permisos para los proyectos denominados “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”, que abarcan más de 40 mil hectáreas que conforman once núcleos agrarios de seis municipios y alrededor de 240 comunidades indígenas.

Al enterarse en febrero de 2014 de que su territorio sería intervenido, interpusieron una demanda de amparo ante el Juez Primero de Distrito de Guerrero, que determinó que habían sido violados los derechos de la comunidad al no ser consultados por la autoridad antes de entregar los títulos.

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