COMUNICADO
4 de Febrero de 2017
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) con profunda indignación condenamos el reciente
secuestro y asesinato del indígena raramuri Juan Ontiveros Ramos, Comisario de Policía de Choréachi,
Municipio de Guadalupe y Calvo, Estado de Chihuahua.

Este hecho violento se une al perpetrado el 15 de Enero pasado; mientras el Relator Especial sobre la situación
de Defensores de Derechos Humanos hacía una visita a nuestro país, Isidro Baldenegro López, también
indígena raramuri de la comunidad de Coloradas de la Vírgen del mismo municipio, fue asesinado de 6 impactos
de bala. Tanto Isidro como Juan llevaban años luchando contra el crimen organizado por el despojo de su tierra y
sus bosques; el padre de Isidro fue asesinado en 1986 por la misma causa y desde entonces a la fecha más de 10
indígenas han corrido la misma suerte.

Isidro Baldenegro recibió el premio Goldman 2005, que es el máximo galardón internacional para los defensores
del medio ambiente, mismo que recibió en 2015 nuestra compañera Berta Cáceres, defensora de los ríos en
Honduras contra la empresa DESA, quien fuera también asesinada un año después. Este mismo premio fue
entregado a Máxima Acuña, indígena peruana de Cajamarca que defiende su tierra de la empresa minera
Yanacocha, quien ha sido víctima de varios atentados y que hace apenas unos días su esposo fue encarcelado.

Todo parece indicar que la consigna de las empresas saqueadoras de nuestros bienes comunes naturales es,
además de violar los derechos de los pueblos, hacer a un lado a cualquiera que intente detenerlos. Los y las
defensoras del territorio son hostigadas, perseguidas, violentadas y asesinadas por las empresas y sicarios
contratados por ellas, sin que los sistemas de procuración de justicia de este y otros países hagan su trabajo para
impedirlo.

Desde la REMA exigimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la
República y a la Secretaría de Gobernación su inmediata intervención para esclarecer los inadmisibles asesinatos
de Juan Ontiveros Ramos e Isidro Baldenegro López, se detenga la violencia y se garantice la seguridad e
integridad de las Comunidades de Choréachi y Coloradas de la Vírgen en el Estado de Chihuahua.
¡NO MÁS DEFENSORAS Y DEFENSORES ASESINADOS!
¡JUSTICIA PARA ISIDRO BALDENEGRO Y JUAN ONTIVEROS!
¡FUERA PROYECTOS EXTRACTIOS DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA

con Grupos Armados y en Total Impunidad

COMUNICADO
2 de Febrero del 2017
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) condenamos enérgicamente los actos de violencia a
mano armada que las empresas Torex Gold Resources Inc. y Panamerican Silver, ambas canadienses, para
continuar con el despojo de las comunidades en donde han instalado sus proyectos de muerte tanto en el
municipio de Cocula en el estado de Guerrero, como en el de Chalchihuites en Zacatecas.

El martes 31 de enero pasado grupos de “civiles” armados en su mayor parte pertenecientes al grupo
delincuencial de los Guerreros Unidos, instalaron retenes en los poblados de Atzcala y Mezcala, Municipio de
Cocula con el fin de que bloquear el acceso a diversos grupos de apoyo que se desplazaban para solidarizarse
con el bloqueo que desde el domingo pasado mantienen campesinos y pescadores, contra la empresa Media
Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold Resources Inc. Este bloqueo lo realizan pobladores de Nuevo
Balsas, Real de Limón y Atzcala ante el incumplimiento de los acuerdos que en reiteradas ocasiones a generado
la empresa minera.

Dentro de sus principales peticiones destaca la exigencia de una indemnización por 500 mil
pesos anuales por los daños ocasionados al ambiente, en especial a la presa de la cual subsistían de la pesca,
además de ya presentar daños a la salud y estar enfrentando una grave crisis de inseguridad por la clara
participación del crimen organizado en áreas de operación de la empresa. La respuesta de los representantes del
gobierno de Gro., ante los hecho son lamentables, reduccionistas, carentes de verdad lo que hace suponer su
involucramiento en esos hechos tal como sucede en muchos otros hechos delictivos que día a día se presentan en
el estado

Por otro lado, ese mismo 31 de enero, 47 familias que habitaban en la comunidad rural de la Colorada en el
Municipio de Chalchihuites, Zacatecas, fueron desalojadas de sus hogares por guardias privados, que portaban
armas largas, de la empresa minera canadiense Panamerican Silver. Con maquinaria pesada la empresa destruyó
sus casas para apropiarse de sus lotes, de la misma manera como actuó el 23 de diciembre de 2016 con la
Comunidad de Salaverna, Zacatecas. Desde hace 2 años esta violenta empresa canadiense comenzó a despedir
selectivamente a trabajadores que vivían en las comunidades cercanas.

REMA ha estado sosteniendo en reiteradas ocasiones, que las empresas mineras de capital privado extranjero y
mexicano, constantemente violan los derechos humanos, violentan las leyes ambientales y laborales y por si
fuera poco en una buena cantidad de casos han hecho uso de grupos de choque, paramilitares, grupos armados de
la delincuencia organizada y fuerzas de seguridad municipal, estatal y federales que servilmente protegen los
intereses privados de estas. REMA también ha denunciado que estos hechos ocurren en todo el país y en toda la
región de Latinoamérica, aunque también sucede con los grupos indígenas en Canadá, quienes también son
despojados de sus territorios.La impunidad, la corrupción, la violencia, el incumplimiento de los convenios, su absurda construcción y
fomento de los principios rectores o su vergonzosa responsabilidad social corporativa, no son más que los
mecanismos que utilizan para transitar impunemente por sobre los derechos de pueblos, comunidades y
trabajadores.

Exigimos se abran inmediatamente las investigaciones necesarias en estos dos casos de violencia a mano armada
y se inicie un juicio en contra de ambas empresas y de quien o quienes, en contubernio, resulten responsables por
estos hechos.
Nos solidarizamos con la lucha de estos pueblos que dan la cara contra el modelo extractivo
¡NO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
¡DE CANADÁ A PANAMÁ LA MINERÍA NO VA!
¡FUERA LAS MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA
REMA

 Jueves, 02 Febrero 2017 Fuente: Sin Embargo
Un miembro del Gobierno canadiense declaró la semana pasada, en el marco del roce por el llamado del Presidente Donald Trump a la renegociación del TLCAN: “amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”. De acuerdo con un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de norte a sur del país, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas.

Además de afectar su medio ambiente contaminando sus aguas, hay casos de tres asesinatos y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios relacionados con estas firmas. ¿Cuál amistad? Los canadienses suelen venderse en el mundo como una nación defensora de los derechos de los más débiles, de una supuesta convicción igualitaria, de solidaridad con los pueblos. pero apenas tiene oportunidad o le llega alguna presión, y esos principios se los guarda para después.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Alrededor de cien elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, en agosto de 2012 intentaron disolver un campamento establecido frente a la mina La Platosa, de la empresa canadiense Excellon, la cual violó un contrato de renta de mil 100 hectáreas con la comunidad La Sierrita de Galeana. Dos meses después, un grupo de sujetos con palos y piedras desalojó la protesta a golpes.

“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Pacheco. “Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el Ejército nos tenía rodeados”.

Un informe de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers concluyó que aquella ocasión “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.

Daniel Pacheco contó a SinEmbargo que cuatro años después sigue recibiendo amenazas e intimidación. Le llegan mensajes de texto a su celular de ladas de Nayarit, Chihuahua y Nuevo León. “Ya déjense de chingaderas”, “dejen de estar molestando a Excellon, de todas formas van a perder”, dicen los textos.

El domingo pasado una patrulla de la Policía se estacionó frente a su casa durante la madrugada.

“No hay una mina en toda Latinoamérica que se haya retirado por daños a las comunidades. Se retiran cuando se acaba el mineral porque son empresarios. El gobierno de Canadá lo que quiere es seguir sangrando a México llevándose los minerales”, aseguró.

Además de la violación a derechos humanos, la empresa canadiense ha contaminado con arsénico las aguas de La Sierrita, una zona desértica.

“Un estudio de la UNAM dice que hay arsénico en el agua y [que] está al límite para usarse en la agricultura. Para consumo humano está cinco veces arriba de la norma”, afirmó Pacheco. Para abastecerse, la comunidad recurre a un pozo establecido a unos 5 kilómetros de la mina.

Tras varios años de juicio por pisotear el contrato que disponía que a cambio del arrendamiento de los terrenos la empresa tenía que pagar y dar diversos apoyos económicos a la comunidad, en noviembre el Tribunal Unitario Agrario determinó cancelarlo.

La autoridad ordenó a la minera la devolución de las mil 100 hectáreas a los ejidatarios. Sin embargo, detalló el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización ProDESC, Juan Antonio López, esto sólo puede llevarse a cabo si la comunidad paga a la empresa 5 millones 612 mil pesos por haberle causado pérdidas de 90 millones de dólares al establecer el campamento durante tres meses. El abogado lo interpreta como una condicionante y un embargo a las tierras.

A su vez, ordenó el Tribunal, Excellon debe pagar a la Sierrita 5 millones 500 mil pesos por no haber cumplido con la construcción de una planta tratadora de agua como indicaba el contrato. Pero de acuerdo con López fueron también otras cláusulas las que la empresa violó. Esa cantidad de dinero no representa una compensación total si se toman en cuenta los daños a la comunidad y la falta del pago de becas, fondo social y renta por las tierras que han seguido utilizando durante tres años más sin pagar, dijo. Por cada año, la canadiense les debe 7 millones de pesos.

No es un caso aislado. De acuerdo con el informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Mientras, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, algunas de ellas con usos y costumbres propias.

Además de afectar su medio ambiente, se han documentado tres asesinatos, y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios.

En México, el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 casos, de los cuales la hoja de maple destaca en varios.

Estas son las mineras “amigas” señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer otros actos de agresión en su contra: Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas; Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca; Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.

De acuerdo con Juan Antonio López, para que una empresa minera pierda la concesión –otorgada por la Secretaría de Economía– debe haber incumplimientos a la Ley Minera: no haber cumplido con las labores de exploración o extracción; no pagar impuestos con base en sus ganancias; o emprender acciones contra la soberanía nacional, por ejemplo.

El Presidente Enrique Peña Nieto, con playera verde fosforescente y short negro, corrió “casi 5 kilómetros” en Canadá durante una mañana a finales de junio del año pasado junto al Primer Ministro de ese país, Justin Tradeau. Siete meses después, ya con Donald Trump como Presidente de Estados Unidos y la inminente desaparición del TLC, un miembro del gobierno canadiense declaró que sus intereses nacionales están primero y la amistad con México es secundaria.

“Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”, dijo desde el anonimato.

Canadá le ha dado la espalda a México durante el tenso debate sobre el TLC iniciado por el republicano Donald Trump.

Desde la cancelación de la visa que había sido impuesta a los mexicanos para ingresar a ese país, ambas naciones no habían tenido roces.

Con un intercambio comercial bilateral que en 2015 alcanzó los 34 mil millones de dólares, Canadá y México se mantienen como el tercer socio comercial uno del otro. El país de la hoja de maple es el cuarto mayor inversionista de aquí. Entre el 200 y el 2014 inyectó más de 22 mil 780 millones de dólares, según cifras oficiales.

Pero no toda la inversión canadiense ha dejado a México un buen sabor de boca: el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 disputas en territorio nacional, de las cuales, 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos.

Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver fueron desalojados de sus viviendas el pasado 13 de enero por guardias privados armados. Según los afectados, la compañía explorará yacimientos en la zonaFoto Alfredo Valadez

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2017, p. 25

Zacatecas, Zac.

Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver denunciaron que esa compañía los desalojó ilegalmente de sus casas, después de acosarlos y amenazarlos durante dos años.

Con apoyo de guardias privados que portaban armas largas, Panamerican Silver obligó a 47 familias a dejar sus hogares –los cuales destruyó con maquinaria pesada– y los forzó a mudarse a una colonia construida por la empresa, también nombrada La Colorada, donde las viviendas son de lámina, y se les extendió un contrato de comodato que vence el 13 de febrero.

Los habitantes de la comunidad rural dijeron que la minera los expulsó para explotar yacimientos de oro, plata y cobre.

Panamerican Silver llegó en 1998 para explotar una mina en La Colorada, 235 kilómetros al poniente de la ciudad de Zacatecas, en los límites con Durango.

La compañía operó sin conflictos con los habitantes (unas 200 familias) y muchos lugareños trabajaron para la minera hasta mediados de 2014, cuando hubo cambios en la administración del complejo extractivo.

En su portal, Panamerican Silver (que explota minas en Estados Unidos, México, Perú, Bolivia y Argentina) presume de ser «la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible».

El 13 de enero, con guardias armados, el corporativo canadiense desalojó a las 47 familias que permanecían en La Colorada, amparándose en un título de propiedad que, según los lugareños, es ilegal.

El jueves anterior los habitantes recibieron a una comitiva compuesta por los diputados locales María Elena Ortega y Santiago Domínguez; el dirigente campesino Cuauhtémoc Espinosa y Ricardo Bermeo, integrante del consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHZ), para escuchar sus testimonios.

El próximo miércoles habrá audiencia en tribunal agrario

Según ex trabajadores del corporativo canadiense y vecinos, hace dos años los nuevos administradores de Panamerican Silver comenzaron a despedir selectivamente a empleados que viven en la región.

La Colorada comenzó a vaciarse y la minera empezó a demoler las viviendas desocupadas (construidas, como en el poblado de Salaverna, municipio de Mazapil, en terrenos nacionales) y se apropió de los predios.

Las 47 familias desalojadas promovieron en mayo de 2016 un juicio ante el juzgado de distrito del Tribunal Agrario de Zacatecas (TAZ) para exigir que se les reconociera como legítimos posesionarios de las tierras.

El litigio sigue y el primero de febrero se realizará una audiencia en el TAZ. Los habitantes de La Colorada han demostrado que han vivido durante casi 100 años en esa zona y que en 1982 promovieron un juicio para que se les reconociera como ejido, pero las autoridades federales nunca lo resolvieron.

Moisés Guerrero, Alfonso Guerrero, José Francisco Ceballos y Salvador Rentería, representantes legales de La Colorada, así como Asdrúbal Sandoval, miembro de una familia ganadera que denunció haber sido despojada por Panamerican Silver de un predio de 20 hectáreas, denunciaron los abusos ante los diputados locales y la CDHZ.

Recordaron que el pasado 16 de diciembre se reunieron con el alcalde de Chalchihuites, Manuel Rosales, y con el gobernador Alejandro Tello, a quienes “se les pidió una reunión de alto nivel para que no se violen los derechos humanos.

«Nos dijeron que sería una prioridad gubernamental, pero no vimos respuesta. Lo que sí vimos fue el desalojo (el 23 de diciembre) en la comunidad de Salaverna. Entonces comprendimos que no se iba a atender el tema de La Colorada», comentó Guerrero.

«Aquí vivían más de 200 familias. En nuestro poblado había un campo de futbol y uno de beisbol. Contábamos con una escuela primaria y ya se estaba pensando en abrir una secundaria, cuando empezó el conflicto con la mina», subrayó.

Advirtió que la minera canadiense no los expulsará. «No somos sicarios ni guerrilleros; somos mexicanos que estamos defendiendo nuestro derecho. Hacemos responsable a la empresa de cualquier cosa que nos pase. Aquí nacimos, aquí hemos vivido y aquí vamos a morir».

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/31/estados/025n1est

Someten al líder de mineros de Taxco en Huelga que había ido en apoyo a pobladores y pescadores. Instalan retenes en la carretera. Cumplen dos días bloqueadas las instalaciones por los vecinos que demandan una indemnización de la empresa asentada en Nuevo Balsas

Zacarías CervantesChilpancingo

Enero 31, 2017

Por segundo día vecinos de cuatro pueblos cercanos a la minera Media Luna en Nuevo Balsas, Cocula, bloquearon el acceso a esa minera, en demanda de indemnización ante los daños ambientales que provoca.
Mientras tanto la minera movilizó a trabajadores y a civiles armados, para impedir que los inconformes recibieran la solidaridad de grupos sociales externos, y sometieron al dirigente de los trabajadores del sindicato de mineros en huelga de Taxco, Roberto Hernández Mojica.
Los inconformes en contra de la minera son de Nuevo Balsas, Real del Limón, La Fundición y Atzcala, quienes se quejaron de que no han recibido beneficios desde que la empresa minera se instaló en la zona, pero sí han sufrido las consecuencias de la contaminación.
Mientras tanto los afines a la minera instalaron retenes en la carretera que lleva a sus instalaciones, y unos 10 kilómetros antes impidieron el acceso incluso a reporteros que iban a cubrir la toma de las instalaciones.
Desde las 4 de la tarde del domingo un grupo de ciudadanos de las comunidades bloquearon el acceso a la entrada principal de la minera, en protesta porque no ha resuelto su demanda del pago de 500 mil pesos de indemnización por los daños ambientales ocasionados a las cuatro comunidades.
La mañana de ayer trabajadores de la empresa que se hicieron acompañar con hombres armados, impidieron el acceso a integrantes de organizaciones sociales, así como a reporteros que iban a cubrir el movimiento.
El bloqueo de los hombres armados se instaló desde la entrada a la población de Atzcala, que se encuentra a unos 10 kilómetros de la entrada principal de la minera.
Allí los hombres armados pagados por la minera y uno que otro vestidos de civil impidieron el acceso a los reporteros, a quienes exigieron sin explicaciones que se fueran.
Más adelante en el entronque con la carretera federal otro grupo mantenía sometido al dirigente de los trabajadores del sindicado de mineros en huelga de Taxco, Roberto Hernández Mojica, a quien le pidieron igual que a sus seguidores su credencial y les tomaron fotografías de sus rostros.
También se dirigieron al vehículo de los reporteros y tomaron fotografías y a ellos les pidieron sus credenciales de elector y de sus medios.
Los armados nunca se identificaron y fueron apoyados por otros civiles armados, además de habitantes de la comunidad de Nuevo Balsas que apoyan a la minera.
Mientras tanto, los armados y los trabajadores de la minera Media Luna se desenvolvían en la zona sin restricción alguna. No hubo ninguna autoridad estatal o federal que se hiciera cargo del problema. Tampoco hubo funcionarios que atendieran el conflicto.
Vía telefónica después de las 2 de la tarde, el sub secretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno Fernando Jaimes Ferrel advirtió al reportero que “definitivamente no los van a dejar pasar”, en referencia a los integrantes del grupo civil armado que apoya a la minera.
Los reporteros tuvieron que salir por su cuenta sin que interviniera ninguna autoridad en esa zona controlada por la empresa minera.

http://suracapulco.mx/2/impiden-civiles-armados-de-media-luna-el-paso-a-la-mina-en-cocula-a-grupos-solidarios/

27 de enero del 2017

Las comunidades, luchas y organizaciones que somos parte de la RED MEXICANA DE

AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) celebramos la aceptación definitiva en el sistema de

justicia canadiense de la demanda sobre daños y perjuicios presentada por ciudadanos

guatemaltecos en contra de Tahoe Resources Inc.

El día de ayer, en un fallo histório, la Corte de Apelaciones de British Columbia rechazó el

recurso interpuesto por la minera canadiense Tahoe Resources quien pretendía evitar que la jurisdicción de ese país conociera y juzgara hechos ocurridos en Guatemala.

Con esta decisión, el sistema de justicia canadiense abre sus puertas para conocer el caso de

los siete guatemaltecos gravemente heridos en el año 2013, durante la represión violenta a

una manifestación pacífica contra del proyecto minero “El Escobal” en el municipio de San

Rafael las Flores, Guatemala, a manos de miembros del equipo de seguridad privada de la

empresa minera San Rafael, filial de Tahoe Resources.

Frente a las dificultades de las víctimas de la minera canadiense para acceder a la justicia en el

Estado de Guatemala, así como por la debilidad institucional y los altos niveles de corrupción

e impunidad en dicho país, la decisión de la Corte sienta un precedente importante pues

implica la aceptación de su jurisdicción como el foro más adecuado para conocer y juzgar el

caso.

En el proceso de busqueda de justicia extraterritorial, la noción del Forum Non Conviniens

-que supone el establecimiento de la jurisdicción más competente para conocer y entonces

juzgar un caso- representa el principal obstaculo para quienes, como los ciudadanos

guatemaltecos, esperan que sus pretensiones sean atendidas por el sistema de justicia del

país de origen de la entidad que se señala como responsable de abusos y violaciones a

derechos humanos ocurridos en otro país.

El caso en contra de la minera Tahoe Resources llegó a los tribunales canadienses gracias al trabajo del “Centro de Acción Legal, Ambiental y Social” de Guatemala (CALAS), del

“Centro Canadiense para la Justicia Internacional” (CCIJ) y de la firma de abogados de

Vancouver “Camp Fiorante Matthews Mogerman” (CFM).

¡NO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

¡DE CANADA A PANAMA LA MINERÍA NO VA!

¡FUERA LAS MINERAS CANADIENSES DE NUESTROS TERRITORIOS!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Piden que se suspendan las obras hidroeléctricas en el país. Abanderados por el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), los inconformes tomaron pacíficamente las instalaciones de la Minera Autlán. A estas protestas también se sumaron activistas de la Sierra Negra.

Un grupo de campesinos clausuró simbólicamente las instalaciones de la Compañía Minera Autlán y exigió que los proyectos mineros e hidroeléctricos que tiene contemplados en el país, sean consultados con los pueblos indígenas donde se realizarán y si no son aceptados, se detengan.

Abanderados por el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup) tomaron pacífica e indefinidamente las instalaciones de la Minera Autlán y no las liberarán hasta que un directivo de esta empresa dialogue con el líder nacional del Miocup, Francisco Jiménez Pablo.

Los manifestantes provenientes de Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, mantienen el plantón en la entrada principal de la compañía minera, luego que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizara el pasado 28 de diciembre la realización de estudios para extracción de oro en la comunidad de Calatepec del municipio de Tlatlauquitepec.

El líder regional de este movimiento, Manuel Gaspar Rodríguez, dirigente Regional de esta organización, señaló que este proyecto minero afectaría la producción agrícola de cerca de 20 comunidades abarcando más de 20 mil hectáreas donde se produce café y maíz, entre otros productos que son la única fuente de trabajo que existe en dichas zonas.

Habitantes de Tlacotepec de la Sierra Negra estuvieron presentes en esta manifestación y exigen también ser consultados, ya que desde hace más de medio año se realizan trabajos para el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan que abarca principalmente los municipios de Tlacotepec, Zoquitlán y Coyomeapan.

Juan Alta Aranda, activista de la comunidad La Cumbre de Tlacotepec, denunció que la empresa ha comprado varias propiedades para realizar los trabajos y que incluso le han ofrecido a los pobladores diversos apoyos entre ellos de obra pública, para que les permitan continuar con la hidroeléctrica que abarcaría 40 hectáreas, misma que afectaría más de 400 hectáreas de producción de toda la zona.

Cabe destacar que también hicieron una denuncia pública contra la presidenta municipal de Coyomeapan Araceli Celestino Rosas, que desde hace varios meses entrega despensas y diferentes tipos de apoyos para que los pobladores de las comunidades afectadas no se opongan al proyecto hidroeléctrico.

Pero le recordaron su indiferencia ante este tema; Mandó mensaje a EPN pidiendo castigo a funcionarios de la pasada administración.

La Paz, Baja California Sur.- Posteriormente a su informe de gobierno, el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, hizo un pronunciamiento en contra de la llamada “minería tóxica”; no obstante, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) se hizo presente con pancartas para recordarle su “falta de interés” en la conformación del Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) que evite la entrada de este tipo de actividades al municipio.

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