Las 753 concesiones mineras que operan en territorio poblano compiten con la población por la tierra y el agua, en un estado en el que el 73.5 por ciento del territorio se destina para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, indica el estudio del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), en el que se revela que 39 empresas matrices tienen títulos mineros en las que la canadiense Almaden Minerals ostenta concesiones por 234 mil 991.8 hectáreas.

En el resumen del documento de ese estudio titulado: “Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a diciembre de 2016”, Poder revela que, tan sólo en el sector agrícola se desarrolla en una extensión proporcionada de 45.7 por ciento del territorio poblano, donde el agua disponible es principalmente destinada a esta actividad.

Destaca que Puebla se ha convertido en un territorio estratégico que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, por lo que se despertó el interés para que la industria extractiva, hasta el año 2016, tenga registrada 753 concesiones mineras que compiten con la población por el agua y la tierra, lo que significa que la industria minera posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio poblano, a través de 39 empresas.

El segundo lugar en extensión concedida para exploración/explotación minera la tiene Industria Peñoles con 152 mil 253.1 hectáreas. Con más del 700 por ciento de distancia del segundo lugar, la tercera posición la ocupa Autlán Holding con 19 mil 13.9 hectáreas. Las otras 38 mil hectáreas se dividen entre Sunshine Silver & Refinig Corporation, Minera Frisco, Goldcorp, SCR-Sibelco NV, Corporativa la Cruz Azul e Ingersoll-Rand Plc.

Según Poder, Almaden Minerals cotiza en la Bolsa Canadiense de Valores, donde –en 2015– reportó ingresos por 303 mil 403 millones de dólares. Esa firma es la dueña de las subsidiarias Minera Gavilán y Minera Gorrión que operan en Ixtacamaxtitlán.

El documento destaca que hay nueve países con injerencia en el subsuelo poblano, donde la compañía canadiense tiene el 7.7 por ciento de las concesiones en nuestro país, lo que significa 263 mil 957 hectáreas, contrastado con el 5.7 por ciento de empresas mexicanas que tienen concesiones mineras, es decir, 194 mil 568 hectáreas y, Estados Unidos, apenas logró el 1.5 por ciento, lo que significa 51 mil 550 hectáreas.

En el estado de Puebla hay 189 títulos mineros, principalmente en la tierra, que tienen dominio sobre 372 mil 408.5 hectáreas. En la Sierra norte de Puebla se concentran el 38.13 por ciento de las hectáreas concesionadas en todo del Estado, donde Almaden Minerals ostenta el 53 por ciento, con 19 títulos. Seguido por empresas particulares que ostentan el 24 por ciento y la estadounidense Freeport-McMoran INC ostenta el 11 por ciento. Autlan Holding el 5 por ciento Industria Peñoles solamente el tres.

Estos proyectos operan en Tetela de Ocampo, Zapotitlán, Zautla, Xochiapulco, Ixtacamaxtitlán, Aquixtla, Libres, Chignahuapan, Tlaola, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacatlán, Cuyoaco, Ahuatlán, Huehuetlán el Grande, Tepeyahualco, Hueyapan, Tlacuilotepec, Chiconcuautla, Huauchinango, Huitzilan, Zongozotla, Cuautempan, Hahuazotepec, Tepango de Rodríguez, Zaragoza, Naupan, Chila, Honey y Pahuatlán.

Los 19 títulos de la canadiense Almaden Minerals se distribuyen así: 5 en Zautla, 4 en Ixtacamaxtitlán, 3 en Xicotepec, 5 en Libres, 2 en Ahuazotepec. Concesiones compartidas con Tepeyahualco, Chignaupan, Tetela, Aquixtlay Xochiapulco. Los cuatro títulos de Freeport-McMoran INC: 2 en Ixtacamaxtitlán, 1 en Chignauapan, 1 en Cuyoaco. Los cinco títulos de Industria Peñoles: 2 en Zautla, 3 en Tlatlauquitepec. La también minera mexicana Autlan ostenta 22 títulos, distribuidos así: Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Hueyapan, Zaragoza.

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/mineria-compite-por-tierra-y-agua-con-poblaciones-de-puebla

Para garantizar el respeto a los pueblos, resuelven “la destitución, el procesamiento penal y la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques” que saquean los recursos naturales. Informan que existe la intención de otorgar 60 títulos de concesión minera más en esta región. Exigen la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación. Informan que se han cancelado 22 concesiones, mediante amparos o por falta de condiciones para que entren las empresas.

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio acordaron ayer impedir el despojo de recursos naturales. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca) llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río  Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.

En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que conforman el Consejo señalaron también que el saqueo está ligado a dependencas federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto  en pozas por la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.
Ante la intención de entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio  Epifanio de la Cruz, con cerca de 400 asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero.
Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del  país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería.
También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente.Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía. Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una minera lo gasta en una hora.
Llamó también a la siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el 2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.

Una de las acciones es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie, lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se permita contar los árboles.
Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las empresas que las producen.
Llamó a no “caer en la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas  genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la población.
El integrante de los Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David Valtierra, hablço de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como ocurrió en ese municipio

Fuente:http://www.remamx.org/2017/04/nucleos-agrarios-se-oponen-a-las-minas-en-costa-chica-montana/

(México).- En una toma pacífica realizada el 28 de febrero del presente año a las afueras de las oficinas de SEMARNAT en Oaxaca, comunidades afectadas por el proyecto minero “San José” denunciaron que dicha institución ha promovido estudios para realizar exploraciones mineras directas en una superficie total de 167 m² por hectárea (zonas de uso agrícola), violando los acuerdos de asamblea que declara a sus comunidades como territorios  prohibidos para la minería.

os pobladores de Magdalena Ocotlán, San José del Progreso, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos acudieron a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la ciudad de Oaxaca, para exigir que las autoridades correspondientes atiendan las afectaciones causadas por el proyecto minero “San José”.

Los Comisariados de Bienes Ejidales denunciaron que la empresa minera promovió ante la SEMARNAT el 24 de noviembre de 2016 un estudio técnico con el objetivo de realizar exploraciones mineras directas con un total de superficie de 167 m² por hectárea en zonas de uso agrícola, planteadas dentro de la concesión minera Progreso II, para acondicionar planillas y perforar a diamante la Veta María. Estudio que se encuentra registrado ante la SEMARNAT con número 20OA2016MD086.

A pesar de haber hecho entrega de una denuncia popular ante la PROFEPA el pasado 26 de septiembre de 2016, en la cual pedieron al Delegado Tomás Víctor Gonzáles Ilescas, una audiencia para exponer sus argumentos;  hasta el momento sólo han recibido un oficio de aceptación de dicho documento.

Las comunidades  afectadas  también exigieron a la Procuraduría  Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de economía, constatar las afectaciones producidas al ambiente y la cancelación de concesiones que violentan el derecho al territorio y libre determinación, reconocidos por el gobierno mexicano y tratados internacionales de derechos humanos.

Las concesiones mineras con títulos: 229652, 231866, 231751, 231752, 231796, 231537, 231538, 191184, 235699, 235700, 235074, 230489, 230278, 238816, otorgadas a las empresas mineras: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V., Compañía Minera Plata Real S.A. de C.V.

Cubren una superficie de 49 376.3501 hectáreas que corresponde también, a un área de recarga de los mantos acuíferos en la micro-región, por ende la autorización de permisos para realizar dichas exploraciones, constituyen una grave amenaza en términos ambientales para estas comunidades.

A 5 meses de haber denunciado ante la PROFEPA la total impunidad en la que opera la empresa Fortuna Silver Mines (FSM) desde el 2014,  aún no existe ninguna respuesta favorable por parte de esta autoridad encargada de la protección al medio ambiente. Las comunidades ratificaron que no permitirán ningún trabajo de exploración o explotación minera en sus ejidos y comunidades, asimismo se pronunciaron a favor de la vida y en contra de la minería.

Acuerdan 16 autoridades agrarias de la Costa Chica-Montaña impedir la explotación minera

Para garantizar el respeto a los pueblos, resuelven “la destitución, el procesamiento penal y la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques” que saquean los recursos naturales. Informan que existe la intención de otorgar 60 títulos de concesión minera más en esta región. Exigen la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación. Informan que se han cancelado 22 concesiones, mediante amparos o por falta de condiciones para que entren las empresas

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio acordaron ayer impedir el despojo de recursos naturales. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca) llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río  Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.
En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que conforman el Consejo señalaron también que el saqueo está ligado a dependencas federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto  en pozas por la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.

Ante la intención de entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio  Epifanio de la Cruz, con cerca de 400 asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero.
Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del  país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería.
También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente.
Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía. Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una minera lo gasta en una hora.

Llamó también a la siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el 2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.
Una de las acciones es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie, lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se permita contar los árboles.

Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las empresas que las producen.
Llamó a no “caer en la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas  genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la población.
El integrante de los Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David Valtierra, hablço de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como ocurrió en ese municipio “ya lo secaron y ahora están viendo de dónde agarrar el agua donde se han cuidado y nos vienen a despojar en vez de establecer un acuerdo”. Expuso que otro factor es la contaminación por el nulo tratamiento de aguas negras que son vertidas directamente a los ríos.

El Consejo de autoridades está integrado por núcleos agrarios de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Copala, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia,  Xochistlahuaca y Metlatónoc. Se constituyó en octubre de 2012.
En Cochoapa no se han podido instalar asambleas por la fuerte división política, indicó el comisariado de los Bienes Comunales de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro.
En el acta de asamblea firmada por 16 autoridades ejidales y comunales, se acordaron ocho puntos, entre los cuales están hacer efectivas la declaraciones de territorio libre de minería en la Montaña y Costa Chica, exigiendo la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación.
Otro punto es la organización de las comunidades para alcanzar una procuración de justicia que garantice  “el respeto a nuestros pueblos a partir de la destitución, el procesamiento penal y/o la reeducación,  de todos aquellos políticos, empresarios y caciques”.
También, “ejercer nuestro derecho a la jurisdicción territorial como pueblos originarios para garantizar el cuidado y la defensa de nuestro territorio  frente a la devastación, despojo, saqueo, contaminación y violencia”.

Fuente:http://suracapulco.mx/principal/nucleos-agrarios-se-oponen-a-las-minas-en-costa-chica-monana/

Miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) exigieron a los alcaldes de Escuintla y Acacoyagua, Mauro Cruz Jabalois y Patricio Matías Salas, respectivamente, que cumplan con la promesa de hacer de la región un territorio limpio de minería, porque las empresas nacionales y extranjeras, subrayaron, continúan con la intención de extraer minerales de la zona.

Desde que se constituyó el FPDS, en 2015, hombres y mujeres de la organización se han dado a la tarea de frenar la expansión minera en la región del Soconusco y en la Costa de Chiapas, debido a que esa actividad sólo ha traído la contaminación de sus ríos y arroyos, así como enfermedades entre los habitantes que viven cerca de los lugares de donde se extraen los minerales.

Destacaron que uno de sus principales objetivos por ahora es que el proyecto Casas Viejas, de la empresa El Puntal SA de CV, deje de operar, por los daños ambientales y sanitarios que provoca en la región y en las comunidades.

En este sentido, exigieron a los alcaldes de Escuintla y Acacoyagua que respeten las declaratorias que firmaron de municipios libres de minería.

El pasado 26 de septiembre, el FPDS instaló dos campamentos para bloquear el paso a las maquinarias y vehículos de las empresas mineras. Con palos y piedras atravesados en el camino, los pobladores controlan desde entonces el acceso a la zona e impiden el ingreso de personal de las mineras.

Estos campamentos han provocado la solidaridad de organizaciones y activistas, que han hecho campañas para recolectar víveres.

Una de las organizaciones que asesora y apoya al FPDS es Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, fundada y coordinada por el activista Gustavo Castro Soto.

Otros Mundos calcula que en Chiapas se encuentran al menos 99 concesiones mineras, 21 de ellas en los municipios de Escuintla y Acacoyagua.

Con su lucha social, el FPDS logró la suspensión temporal de dos minas de titanio: El Bambú, a fines de 2015, y Cristina, a comienzos de 2016. El proyecto minero Casas Viejas también es de titanio y está en explotación desde 2003.

“Las afectaciones a la salud y al medio ambiente son visibles, pero el gobierno cierra los ojos, por lo que los habitantes, en su mayoría campesinos, llevan seis meses manteniendo dos campamentos que bloquean el paso de las máquinas hacia la mina”, dijo Marie-Pia Rieublanc, investigadora de Otros Mundos AC.

La activista explicó que ya no hay peces en los ríos y que cuando los pobladores van a bañarse les salen ronchas y granos, debido a la alta contaminación.

“Los terrenos quedan inservibles” y se han incrementado los casos de muertes por cáncer, sostuvo.

Añadió: “Como campesinos, nos hemos reunido y organizado para hacer un frente, el FPDS, en 2015, para tratar de parar esa industria minera, ya que el gobierno de México y nuestro gobernador no nos han hecho caso. Ha habido muchos muertos a causa de la minería, pero ellos dicen que la minería no contamina. Los mineros dicen que la minería es sustentable. Al contrario: en donde hay minería, hay problemas de salud, hay problemas ambientales, hay problemas sociales y hay mucha corrupción”.

Por otra parte, subrayó, el avance de las mineras representa un retroceso para la soberanía alimentaria de las comunidades.

“La región de Soconusco es muy rica en recursos naturales, aquí tenemos tierra, bosques, manglares, mar. Es zona cafetalera, ganadera y pesquera. Nuestra región es muy productiva. No necesitamos la minería para subsistir. Aquí tenemos todo”, concluyó Marie-Pia Rieublanc.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/480291/chiapas-exigen-a-alcaldes-escuintla-acacoyagua-frenar-expansion-minera-en-la-zona

Estos días, 13 y 14 de marzo nos hemos reunido organizaciones, comités y movimientos de Chiapas que somos parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER-Chiapas) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA-Chiapas) para analizar el modelo extractivo y los procesos de despojo en nuestros territorios.

El avance del modelo extractivo en Chiapas se expresa con proyectos como las hidroeléctricas, la minería, la privatización del agua, las áreas de salvaguarda, la siembra de transgénicos, la bio-prospección y ahora la nueva oleada de explotación de petróleo.

Todos estos proyectos mercantilizan, privatizan y dañan los bienes naturales. Son parte de las políticas que imponen las reformas estructurales impulsadas por el gobierno en turno, para favorecer a las grandes empresas nacionales y transnacionales que buscan apoderarse de nuestros bienes comunes, a costa de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, de nuestra cultura y de nuestras formas de vida.

Los y las integrantes del MAPDER y REMA Chiapas expresamos nuestra preocupación por la imposición de la ronda dos y las concesiones de los 12 pozos petroleros en la zona Zoque y nos solidarizamos con su resistencia a estos proyectos y a la privatización del petróleo en México.

Así mismo nos unimos al grito de indignación por la detención de la compañera Silvia Juárez Juárez, a quien se le imputan cargos poco claros y se le recluye en el CERESO, del Amate. De antemano sabemos que esta detención es parte de las estrategias que el estado aplica a los pueblos para reprimir y amedrentar a los movimientos y organizaciones que defendemos la tierra y el territorio, por lo que a través de la presente ofrecemos disposición para acercarnos y organizar en conjunto acciones que denuncien las amenazas a su territorio y a su pueblo.

Saludamos la lucha digna del pueblo Zoque. ¡No están solas/os compañeros!

¡Exigimos Inmediata Libertad para Silvia Juárez Juárez!

¡Respeto al derecho del Pueblo Zoque sobre su territorio!

REMA-Chiapas

Fuente: http://www.remamx.org/2017/03/pueblos-indigenas-se-unen-ante-avance-de-industria-extractiva-en-chiapas/#respond

Domingo 26 de marzo 2017.- Hoy es día de plaza en San Miguel Ixtahuacán, el Frente de Defensa Miguelense – FREDEMI,  realizó una concentración pacífica en el parque central, para denunciar el impacto negativo de la minería que la empresa canadiense Goldcorp provocó desde el año 2005, la empresa ya cerró sus operaciones en este lugar, tiene previsto retirarse en el mes de mayo 2017, pero los daños son irreparables. En el lugar, tambén organizaron una muestra fotográfica prueban los daños provocados por la minería.

“IMPACTOS NEGATIVOS Existen más de 10 Nacimientos de agua desaparecidos por acción de la mina a cielo abierto y subterránea Mas de 500 casas de habitación de familias, se han agrietado como resultado de la Mina Muchos niños y niñas sufren enfermedades de la piel, por bañarse en agua contaminada de los riachuelos alrededor de la Mina Se han detectado altos niveles de contaminación por metales pesados alrededor de la Mina (Aluminio, Cadmio, Arsénico, Plomo, Sulfatos y Nitratos), según el Estudio Comparativo y de Contraste Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Cierre Minero.

Todas estos metales encontrados sobrepasan los límites permitidos por las normas de COGUANOR Conflicto social en el municipio, que han ocasionado violencia y muerte de personas, desde el inicio de la Mina Incumplimiento de compromisos asumidos en convenio de cooperación inter-institucional en la comunidad de El Salitre, San Miguel Ixtahuacán Proyectos de Agua potable mal ejecutados en el Marco de las Medidas Cautelares de la CIDH.”

Los casos de criminalización de la lucha comunitaria son muchos, las mujeres principalmente fueron el blanco de las agresiones y ataques de los empresarios, miles de dólares fueron invertidos para perseguir, encarcelar y estigmatizar a  Gregoria Crisanta Pérez, una lideresa comunitaria que se opuso a la minería industrial en su territorio.

FREDEMI  y las autoridades comunitarias leyeron en el parque un comunicado realizado en el marco del cierre oficial de la empresa Montana Exploradora y el proyecto Mina Marlín en mayo del 2017, pero la organización comunitaria denunció que todos los daños que provocó la empresa canadiense no pueden quedar impunes.

Las comunidades demandan que los empresarios guatemaltecos y canadienses, paguen por todos los daños que provocaron, no pueden llegar a un lugar, contaminar, robar los bienes naturales, el oro, dividir a las comunidades, perseguir y amenazar a las personas, encarcelarlas o asesinarlas y luego irse impunemente.

El Estado guatemalteco, también es responsable que esta empresa canadiense funcionara de forma arbitraria e ilegal, fueron distintos los gobiernos que facilitaron y promovieron la extracción de oro en San Marcos.

Las comunidades de San Miguel Ixtahuacán lograron varas medidas cautelares dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, INFORME No.20/14 PETICIÓN 1566-07 INFORME DE ADMISIBILIDAD, una de estas medidas ordenó que el  agua potable llegara  entubada,  los ejecutores de entubarla fue la misma empresa Montana Exploradora,  lograron excluir a los líderes de FREDEMI de este proyecto. A su vez FREDEMI reivindica que esos proyectos son fruto de la resistencia y que fueron ellos quienes  impulsaron y lograron las medidas cautelares ante la CIDH desde el 2009, aunque Montana Exploradora se retira en mayo del 2017, las comunidades denunciaron los daños a las casas, a sus terrenos, enfermedades, los pozos de agua contaminados, sequia de los nacimientos de agua, demandan que la empresa pague los daños, exigen que se esclarezca la corrupción que hay detrás de la Mina Marlín, Goldcorp y los funcionarios públicos.

Denuncia ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG

En marzo del 2017, las comunidades denunciaron la estructura criminal y de corrupción que esta detrás de las empresas extractivas en San Marcos, espcialmente de la empresa canadiense Goldcorp Inc, Montana Exploradora y grupos locales.

Fuente:http://www.prensacomunitaria.org/en-san-miguel-ixtahuacan-denuncian-el-impacto-negativo-de-la-mineria/

La Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Bobos – Nautla y Tecolutla, colectivo de comunidades y organizaciones populares que defienden la espectacular biodiversidad de las cuencas veracruzanas nos enseñan que es posible defender, cuidar y proteger el agua, dadora de vida. Tras una década de encuentros, diálogos, festivales y movilizaciones han logrado que en Tlapacoyan, Veracruz el H. Ayuntamiento declare en sesión de cabildo al municipio libre de hidroeléctricas, mineras tóxicas y fractura hidráulica.

La Alianza de comunidades comprende que el agua, la tierra, el viento y el sol no nos pertenecen, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Debemos cuidarla, protegerla y cultivarla en beneficio de todas las formas de vida. Esta resistencia socioambiental indica con nitidez que todas y todos queremos leyes en función del cuidado de los bienes comunes.

La resistencia socioambiental de Veracruz felicita y celebra que se haya logrado este importante decreto, es una victoria a favor del agua y sus cuencas, muestra la posibilidad de derribar los muros de la explotación de la NATURALEZA.

¡Viva el agua y las organizaciones populares que la defienden y procuran!
¡Hombro con hombro, codo con codo, el Bobos-Nautla somos todos!
¡Ni un paso atrás!

Xalapa, Veracruz a 23 de marzo de 2017

Atentamente
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Alianza Internacional de Habitantes, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de la Huasteca y el  Totonacapan, Pobladores AC, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Unión Popular Valle Gómez, Coordinadora de Colonias Unidas de Oaxaca.

Fuente:tom4.org/2017/03/la-primavera-del-bobos-nautla-tlapacoyan-declara-su-territorio-libre-de-megaproyectos/

(México) .- Habitantes de la comunidad de Otongo de Guadalupe, en Tepehuacán, al norte del estado, exigen a la minera Autlán que repare el daño al ambiente que ocasionó con sus labores en la demarcación.
En entrevista José Luis Acosta, presidente del consejo municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la explotación a cielo abierto y los materiales utilizados para la producción de manganeso perjudica demasiado al medio ambiente de la región.
Expresó que la sociedad del municipio solicita que la empresa repare el daño que causó durante los años de trabajos en ese lugar.
Lo anterior, ya que la explotación y los materiales pueden causar enfermedades como cáncer y afectaciones a las vías respiratorias, casos que ya se presentan.
Por otra parte la destrucción que provocó el túnel realizado por la empresa minera afectó al medio ambiente, además que debajo de la mina y en parte de la carretera estatal que conduce a Tepehuacán desde Tlanchinol ya existen hundimientos.
Acosta Covarrubias expresó que en próximos días la minera busca abrir un nuevo orificio en otra comunidad de la demarcación.

Reparación

José Luis Acosta aseguró que en el caso de la reparación del daño del que la minera es responsable “se necesita un estudio profundo por especialistas que conozcan del caso, que valoren el daño y digan las medidas que se puedan implementar”.
Aclaró que en el caso de la comunidad de Otongo ya no hay mucho que hacer, pues el material “se lo terminaron” y probablemente la explotación cierre en pocos días, lo importante, afirmó, es analizar la apertura de un nuevo centro por parte de la minera.
Reiteró que es la sociedad de Tepehuacán la que debe aceptar o no la apertura de un nuevo centro.

Aportación al municipio

El presidente del consejo municipal del PRD expuso que información de trabajadores de la mina refiere que la empresa aporta cierta cantidad al municipio con el objetivo de resarcir el daño, sin embargo al investigar en qué se utiliza ese recurso, tienen respuesta nula.
“La minera sigue haciendo de las suyas y mientras el gobierno municipal no haga algo ellos siguen actuando como les dé la gana.”
En 2014, el entonces diputado federal por Hidalgo Víctor Velasco promovió un punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) regulara la extracción del mineral en la región de Molango (entre ellos Tepehuacán).

Indicó que desde el 2000, autoridades estatales monitorearon efectos en la salud y el ecosistema, y los estudios arrojaron que 50 por ciento de la población presentaba concentraciones de manganeso en sangre por encima de los niveles recomendados a nivel internacional.
Se registró además en aquel año alta presencia de alteraciones en pruebas de miden la actividad motora en población infantil y juvenil, específicamente en las que requieren coordinación de movimientos, cambios de posición de manos y realización de dibujos secuenciales.
Las concentraciones en cabello disminuyeron significativamente el coeficiente intelectual de los niños.
Finalmente los estudios publicados hace tres años demostraron que en promedio 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la explotación de manganeso tiene problemas neurológicos y temblores similares a los producidos por la enfermedad de Parkinson.
La empresa minera, según su portal web, se dedica la producción y comercialización de diversas clases de minerales de manganeso y ferroaleaciones.

En 1953 fundó la compañía para la explotación de la mina de manganeso en San Francisco, municipio de Autlán, en Jalisco, con lo que se posicionó como la primera compañía minera en el país administrada por mexicanos.
En 1960 inició la exploración y explotación del distrito manganesífero de Molango, trasladando todas las operaciones de la compañía a ese lugar.

Fuente:http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/exigen-a-minera-reparar-danos-al-ambiente/

Una docena de comunidades de Valle de Bravo y Temascaltepec, presentaron una denuncia conjunta ante la Procuraduría Federal  de Protección al Ambiente (Profepa),  demandando el cierre inmediato de las minas “La Guitarra” y “El Coloso”, por la contaminación de manantiales y del río  Temascaltepec en el sur del territorio, donde la empresa Canadiense First Majestic, operadora de ambos cimientos, vierte químicos, entierra residuos tóxicos en el subsuelo y realiza explosiones y otras operaciones que están generando impactos irreversibles.

Indalecio Benitez, portavoz de las comunidades afectadas, informó que las actividades mineras en ambos yacimientos, está generando un auténtico “ecocidio”, debido no solo a la contaminación del río más grande de Temascaltepec, sino también por la deforestación de más de dos mil hectáreas de bosques de pino, lo que a su vez está provocando un desequilibrio en los ecosistemas.

En la zona afectada se encuentra el pueblo mágico de Valle de Bravo, el bosque donde cada año se realizan competencias internacionales de veleros y parapentes, así como el Santuario de la Mariposa Monarca.

Las comunidades campesinas afectadas por el ecocidio, adjuntaron a su denuncia ante la PROFEPA, fotografías y videos que documentan la destrucción de un bosque de más de dos mil hectáreas; talas masivas; ríos y manantiales donde se vierten desechos químicos y una total destrucción de ecosistemas completos.

El documento presentado directamente al titular de PROFEPA, Guillermo Haro Belchez, está firmado por representantes de las siguientes comunidades: San Pedro Tenayac, Cerro Pelón, El Chilar, El Salitre, Potrero de Tenayac, Finca Temascaltepec, El Manzano, Salitre, El Peñon y Los Timbres, además de vecinos de otras pequeñas rancherías afectadas.

La denuncia señala que desde el 2013 las comunidades ya habían denunciado daños en el ambiente, sin embargo la PROFEPA actuó a favor de la firma canadiense, sin embargo ahora, a cuatro años, el impacto a los ecosistemas de la zona de Valle de Bravo y Temascaltepec ya es visible y comienza a generar afectaciones entre la población.

Otras actividades como la pesca comienzan a verse afectadas, además de que ya se reportan casos de vecinos que han comenzado a perder la vista por sumergirse en los manantiales y ríos contaminados por las dos minas, además de afectaciones a la piel.

Fuente:https://www.evernote.com/shard/s291/sh/3f6a61b8-bc7c-48e5-938d-2d402b7263b4/e08ca17713f07951