Puebla.- Al tiempo de continuar con una guardia en terrenos de la comunidad de Loma Larga en Ixtacamaxtitlán para impedir el acceso a empleados de la empresa Almaden Minerals, opositores a la minería denunciaron que fueron citados por el agente subalterno del Ministerio Público de este municipio con lo que se pretende “criminalizar su lucha”.

Al menos seis personas fueron citadas por Evelyn Moreno Suárez, funcionaria de la Fiscalía General del Estado para comparecer ante ella a las 11:30 horas de este miércoles y “evitar un proceso jurisdiccional”, aunque en el documento, cuya copia obra en poder de este medio de comunicación, no se especifican los cargos.

Los citados son los propietarios de los terrenos a los que el geólogo Daniel Santamaría y Alfredo Martínez “Fredy” se introdujeron a la fuerza la tarde del lunes pasado, “destruyendo una cerca” y amenazando a los lugareños con “echarles a los federales. Y que si no se arregla por las buenas, ellos tienen otras maneras de arreglarlo”.

Los hechos provocaron la movilización de los pobladores de Ixtcamaxtitlán, quienes desde la mañana del martes 2 de Mayo, iniciaron una guardia en sus propiedades para evitar el paso de los empleados de la minera canadiense.

Sin embargo, en horas de la tarde, recibieron el citatorio de la autoridad para comparecer ante ella, aunque no se explica el motivo de la diligencia, aunque si se les advierte que es para “evitar un proceso jurisdiccional”

Los vecinos de Ixtacamaxtitlán se mantienen en vigilancia en sus propiedades y han colocado cartulinas con las leyendas: “Ya basta a la minería” y denunciando que la “Semarnat viola nuestros derechos. Da permiso a la exploración a pesar de las irregularidades de la empresa Almaden”.

A mediados de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a Minera Gavilán, filial de la canadiense Almaden Minerals, un informe preventivo para realizar trabajos de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán en un área total de 17.5 hectáreas para su proyecto Ixtaca IV.

A través de sus empresas filiales Gorrión, Gavilán y Zapata, la empresa canadiense tiene concesionadas 56 mil hectáreas de terreno en Ixtacamaxtitlán en los predios Caldera 3-A, Caldera 3B, ambas del 21 de noviembre de 2012 con vencimiento en el mismo día y mes, pero del año 2062.

Al mismo tiempo, pidió autorización para hacer barrenaciones en terrenos del municipio de Libres para el proyecto denominado “El Chato” con número de expediente 21PU2017MD025.

En esta misma demarcación, la Almaden desarrolla los proyectos La Fruta y de la Fruta Bis desde el año 2015.

En los trabajos que la minera desarrolla en la zona se han detectado violaciones a los derechos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como a la consulta previa, libre e informada sobre el destino de la región y de sus recursos, al que el Estado mexicano está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como se documentó en el informe “Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco”.

Fuente:http://regeneracion.mx/cita-la-fiscalia-a-opositores-a-minera-canadiense-en-ixtacamaxtitlan/

La tarde del pasado lunes empleados de la empresa minera Almaden Minerals y de su filial Minera Gorrión ingresaron a terrenos de la comunidad de Loma Larga en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde la compañía canadiense busca instalar mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata.

De acuerdo con denuncias de los vecinos, fueron el geólogo Daniel Santamaría y otra persona a la que se le ubica como Alfredo los que llegaron de forma prepotente al terreno cerca de las 5 de la tarde, abordo de una camioneta con logos de la minera los trabajadores rompieron una cerca para, sin permiso del dueño, meterse al terreno a tomar pruebas.

No les importó que en el lugar estuviera un letrero con la indicación de ‘propiedad privada’ así como un vehículo atravesado en el camino, que colocó uno de los propietarios para evitar el ingreso de los mineros; sin importar esto, los trabajadores pasaron en la camioneta por un costado del sendero y tiraron la cerca que delimita el predio.

“Con un carácter agresivo me amenazaron con pasar sobre mi carro y de echarme a los federales por impedirles el paso. Me dijeron que si tengo muchos huevos, ellos también los tienen. Y que si no se arregla por las buenas, ellos tienen otras maneras de arreglarlo”, dijo uno de los habitantes a esta casa editorial, que por temor a represalias solicitó omitir su nombre.

Es preciso mencionar que a finales del mes pasado la empresa Minera Gorrión obtuvo el permiso de la Semarnat para desarrollar el proyecto Ixtaca IV, que consiste en la búsqueda de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán por un periodo de 18 meses.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó actividades de exploración minera en un área de 17.5 hectáreas, en las cuales se pretende hacer 70 perforaciones a una profundidad lineal entre 100 y 200 metros para la búsqueda de los metales codiciados.

De igual forma, vale la pena destacar que el pasado 5 de abril, Almaden Minerals anunció que para 2019 iniciará actividades extractivas en Ixtacamaxtitlan, y se prolongarían durante los próximos 14 años.

Para 2019 la minera pretende sacar de este municipio de la Sierra Norte de Puebla más de 7 mil toneladas diarias de tierra para extraer por cada tonelada un promedio de 0.62 gramos de oro y 37.8 gramos de plata.

La compañía publicó sus proyecciones el mismo día en el que se presentó el informe ‘Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos’, en el que se destaca que el proyecto minero de Ixtaca es el más importante de la empresa canadiense en México.

Fuente:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/03/empleados-almaden-minerals-entraron-sin-permisos-tierras-ixtacamaxtitlan/

Puebla es el tercer estado del país con más conflictos mineros, al registrar ocho casos, y existe una potencial contaminación del agua subterránea y superficial provocada por las empresas ubicadas en la cuenca del río Apulco.

Así lo señala un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el que se advierte que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto. Los efectos de su operación son “devastadores”: elimina bosques, remueve y destruye suelos, agota y contamina el agua, despoja a ejidos y comunidades de sus tierras, según el documento.

Hasta el primer trimestre de 2016 estaban vigentes en la entidad 226 concesiones mineras que correspondían a 24 empresas. Los conflictos por la presencia de estas industrias se concentran en la Sierra Norte de Puebla.

Detectan 8 conflictos mineros en Puebla

De acuerdo con el documento presentado por el organismo de la Cámara de Diputados, están presentes en el país 103 distintos conflictos mineros. La mayoría se concentran en Chihuahua, Zacatecas y Puebla con 13, 12 y 8 casos, respectivamente.

También se ubican Oaxaca con 7 casos, así como Chiapas  y Michoacán en donde se identificaron 6 expedientes, respectivamente. Mientras que en Nayarit, Morelos y Aguascalientes la presencia de ese tipo de problemas es prácticamente nula, pues sólo hay un registro en cada entidad.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) identificó al menos cuatro conflictos mineros en Puebla, los cuales se ubican en los municipios de Tetela de Ocampo, Zautla, Tlatlauquitepec y Huehuetlán El Grande.

Los expedientes tienen que ver con la Minera Autlán que amenaza con destruir el Área Natural Protegida de la Sierra del Tenzto, así como la región de Tlatlauquitepec. Otro caso es el de la minera JDC Minerals –de origen chino-. El de la minera Frisco del empresario mexicano Carlos Slim en el cerro Espejeras de la región de La Cañada.

Destaca también el caso del municipio de Ixtacamaxtitlán en donde la empresa Almaden Minerals explora desde 2003 yacimientos de oro y plata, cuando obtuvo una concesión a través de su filial Minera Gorrión.

Almaden contamina el río Apulco

La presencia de las mineras en Puebla han provocado contaminación del agua superficial y subterránea, pues estudios técnicos, dice el documento, indican una “potencial contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por drenaje ácido y por el almacenamientos de lixiviados de una presa ubicada en la cuenca del Río Apulco propiedad de Almaden Minerals.

Cabe señalar que a nivel nacional, 268 proyectos mineros se encuentran ubicados en acuíferos que tienen déficit hídrico.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2017-04-30/sociedad/mineras-provocan-contaminacion-de-agua-y-conflictos-en-puebla

Regeneración, 21 de abril de 2017. Huauchinango, Puebla.- Una audiencia y su oración para poder enfrentar las agresiones que representan los megaproyectos para sus pueblos y defender la “Casa Común”, pidieron al Papa Francisco, indígenas totonakus y nahuas de 25 comunidades y municipios de la Sierra Norte de Puebla a través de una carta entregada al nuncio apostólico en nuestro país, Franco Coppala.

Los indígenas agrupados en la Organización Tutunakú-Nahua en Defensa del Territorio y sus Pueblos pidieron al jesuita Jorge Bergoglio su oración, su palabra y su solidaridad, para fortalecer la lucha que han decidido dar como pueblos en defensa de su vida, su identidad y su cultura ante la embestida de empresas poderosas como Walmart, Grupo México, Almaden Minerals, Deselec 1- Comexhidro, ICA, que quieren establecer hidroeléctricas, minas, petróleo, gas y saquear los bienes naturales de sus territorios.

“Necesitamos tu oración y tu palabra para seguir caminando con amor y esperanza, para que el corazón de estos empresarios y gente del gobierno que no nos respetan y que no aman a la Madre Tierra puedan abrirse al amor a los demás y comprendan que somos hermanos y que no se puede dañar a la Madre Tierra sin dañar a toda la humanidad”, indicaron.

Los habitantes de la cuenca del Río Ajajalpan señalaron que además de manifestar su rechazo a los denominados proyectos de muerte, han caminado los senderos que “las leyes nos dan para defender nuestro territorio, pero parece que las leyes están hechas para su favor, de los empresarios y no de los pueblos indígenas”.

Acusaron que, menospreciándolos, les quieren imponer un “desarrollo” que no es el que han decidido construir como pueblos, porque implica la destrucción de la naturaleza. “Hermano Francisco –le dijeron–, queremos compartir nuestra tristeza y dolor por la destrucción que de nuestra Madre Tierra están haciendo empresarios que pensamos no conocen nuestra historia, nuestra cultura, que no saben cómo escuchar a la Madre Naturaleza que cada día nos habla, nos cuida, nos da vida, tal vez porque nadie les enseñó como a nosotros, que todos somos hermanos y todos somos hijos y guardianes de la Tierra, que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra”.

Los indígenas serranos que al amparo de la encíclica Laudato Si, ha decidido continuar con el “desafío urgente de proteger nuestra casa común” y por eso piden una audiencia para “colaborar como instrumento de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades por que el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”, como lo establece el texto papal.

“Dicen los empresarios, junto con gentes del gobierno que sus proyectos de minería, petróleo, gas, hidroeléctricas, nos traen progreso y desarrollo. Y nosotros miramos diferente, miramos que lastiman la tierra, secan los ríos, se adueñan de manantiales y nos dejan sin agua; hacen acuerdos con unos cuantos sin respetar a los más humildes, a nuestros ancianos; distinguen a los que más tienen de los que tenemos poco y compran conciencias aprovechando que hay hermanos con mucha necesidad y que por algunos pesos entregan su parcela, les entregan una firma, traicionan al pueblo. Y pues ellos, los empresarios ricos y también algunas gentes del gobierno dicen que somos ignorantes porque no tenemos mucho estudio, porque seguimos hablando nuestra lengua, o haciendo nuestros rituales cuando sembramos, cuando falta la lluvia, cuando viene la enfermedad. Se desesperan cuando tomamos tiempo para hablar y decidir en asambleas, cuando tomamos tiempo para orar y pedir a nuestro Padre Dios que nos guié para que las asambleas vayan bien, para que los acuerdos sean los mejores para nuestros pueblos”, explicaron.

Fuente:http://regeneracion.mx/indigenas-piden-audiencia-al-papa-francisco-para-frenar-mineras-y-petroleras/

Chimalapa 27 abr (#Istmopress) .- Ceyla Cruz Gutiérrez, activista y comunera zoque y también representante del Comité Unidos por el Pueblo denunció que fue victima de una agresión verbal e intimidaciones de parte de trabajadores del ayuntamiento de San Miguel Chimalapa cuando realizaba capturas fotográficas de representantes mineros quienes ingresaban al palacio municipal.

La activista señaló que recibió las agresiones de trabajadores del palacio municipal quienes la llamaban “loca” o “ demente” cuando tomaba fotografías de los representantes de la empresa quienes venían acompañados de comuneros y en una camioneta de la marca “Silver” que le fue otorgada a la comunidad en el 2014 a cambio de ceder los permisos.

Ceyla fue ex candidata a la presidencia municipal por la planilla amarilla en la jornada electoral pasada y también ha sido opositora al proyecto minero que abarca 5 mil hectáreas en el predio “Las Jaquicas” en la comunidad de La Cristalina en San Miguel Chimalapa.

Esta concesión minera fue otorgada en el 2008 a la empresa Minera Minaurum Gold Inc-Minera Zalamera. En el 2014 realizó trabajos de exploración y al parecer ha comenzado a realizar trabajos de explotación a pesar de que diversos colectivos y comuneros se han opuesto a este proyecto minero.

Ceyla dijo que el año pasado, los representantes tanto municipales como comunales en este caso el ex alcalde Geú Guzmán Castillejos y José Medel Jiménez Cruz respectivamente no firmaron el acuerdo regional de autoridades para declarar a sus municipios libres de minería.

“Exigimos que mediante una asamblea de los comuneros, que sumamos más de 3 mil nos den cuenta de lo que esta pasando en la Cristalina o que acuerdos han llegado la actual autoridad que representa Fernando Miguel Contreras y el comisariado de bienes comunales, José Medel Jiménez Cruz, quienes sabemos han negociado con la empresa minera tanto recursos económicos como en especie”.

Dijo que la mayoría de la comunidad no está de acuerdo en que se exploten los recursos minerales de esta zona de la Cristalina debido a que existen ríos y también animales endémicos así como flora y fauna que serían seriamente afectados por esta exploración a cielo abierto.

Recordó que el año pasado se realizaron dos foros informativos en la cabecera municipal de San Miguel Chimalapa respecto a la minería en donde se acordó no avalarla, sin embargo en lo oscurito los comuneros de la cristalina que suman 10 han concedido los permisos.

Comunidades de al menos diez municipios entre los que señalan Zanatepec, Tapanatepec, San Miguel Chimalapas, Ciudad Ixtepec, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo, Ixhuatán y Reforma de Pineda se encuentran en riesgo de que sus recursos naturales sean devastados asimismo la economía campesina.

Descubrieron a través de consultas en paginas de la Secretaria de Economía, apartado Programa de Desarrollo Minero, que del total del territorio oaxaqueño (9 millones, 395 mil 978 hectáreas), 743 mil 018 hectáreas esta concesionada para la minería metálica a cielo abierto, es decir el 8 por ciento de todo Oaxaca.

Estos títulos mineros se encuentran repartidos entre empresas canadienses (Almadem Minerales LTD, Fortuna Silver Mines INC, Minaurum Gold Inc-Minera Zalamera, Radius Gold- Geonorte, Sundace Minerales LTD, Argentum Silver Copr y Newstrike Capital INC), estadounidenses (Gold Resources Corp/Don David Gold y Sunshine Silver Mines Corp- Plata Real) y la única mexicana Altos Hornos de México S.A de C.V.

En el estado de Oaxaca, la región de los valles centrales, en los distritos de Tlacolula y Ocotlán se encuentra el 80 por ciento de territorio afectado con la presencia de cinco mineras quienes extraen oro, plata y zinc.

En la región de la sierra sur-costa es el 45 por ciento del territorio de los distritos de sola de Vega y Juquila que pertenecen a tres empresas quienes extraen Hierro, Oro y Plata.

Para la zona del Istmo- Chimalapas abarca el 20 por ciento de territorio en los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa, Zanatepec, Tapanatepec, Ixtepec, Lachiguiri y Laollaga de donde se extraerá Cobre, Oro y Plata a través de cuatro proyectos de exploración (Aurena, Santa Martha, La Ventosa y Lachiguiri).

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/activista-zoque-denuncia-agresion-verbal-por-tomar-imagenes-de-representantes-mineros-en-palacio-municipal/

Ante la importancia y el impulso que el Estado le da inversiones en minería e hidrocarburos, con fin de reactivar la economía, el congresista Wilbert Rozas presentó un Proyecto de Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional, la prevención, mitigación y atención de la salud por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas.

Uno de los argumentos que expone el proyecto es que la afectación de la salud humana en las actuales -y futuras- zonas mineras e hidrocarburíferas van a generar un alto costo social al Estado, debido a que los proyectos extractivos también representan riesgo por la generación, liberación y difusión de metales pesados y otras sustancias químicas peligrosas a las cuales está expuesto el organismo en las zonas de impacto.

La iniciativa N° 1256-2016-CR propone la creación de una “Mesa de Trabajo Gubernamental Intersectorial”, con una secretaría técnica presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), e integrada por técnicos del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Dichos sectores serían los responsables de elaborar un diagnóstico, estrategias, así como propuestas de normas y medidas políticas para los fines de esta eventual ley.

Esta propuesta legislativa propone que los técnicos del MINSA provengan de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y del Instituto Nacional de Salud (INS).

En su exposición de motivos, el proyecto de ley de Rozas concuerda con la política de Estado 13 de acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. De igual modo, está acorde con la política de estado 19, sobre Desarrollo Sostenible y gestión ambiental. Ambas políticas del establecidas en el Acuerdo Nacional.

La necesidad de contar con política públicas para quienes están –o podrían estar- afectados por metales pesados u otras sustancias tóxicas en el organismo, responde a la presencia de casi 9 mil Pasivos ambientales mineros que están presentes en zonas antiguas, intermedias y recientes de explotación minera. Así como ante los numerosos derrames de petróleo en la Amazonía.

El proyecto recoge los reportes de metales pesados presentes en recursos hídricos que son de uso común en poblaciones. Las diferentes fuentes de agua, cuencas y ríos delimitan alrededor de 20 zonas en las que se desarrollan actividades extractivas, tal como refiere el doctor Fernando Osores, médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales.

De igual modo, recoge que la concentración de metales pesados en el agua de los ríos, exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), por lo que podrían afectar seriamente el ambiente y la salud humana ante la presencia de Arsénico (As), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb)

Asimismo, expone un informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS)* en el que se recomienda incluir estudios de salud poblacional, respecto a la contaminación por metales y otras sustancias químicas peligrosas, en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y en los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

“Los EIA y PAMA refieren de manera muy superficial el tema de la salud, o no lo incluyen. La información que contienen solo refleja la morbilidad de enfermedades comunes en la región donde se realizará la actividad extractiva”, menciona dicho informe del año 2010.

Además, CENSOPAS reconoce que, en el caso de la actividad minera, se liberan metales pesados al medio ambiente, y que por medio del suelo, aire y agua se puede afectar a salud de quienes viven alrededor.

«La contaminación ambiental no es el único problema, sin una adecuada política de salud pública es imposible prever el deterioro de la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades aledañas que es causado solo por la minería, interviniendo además otros componentes de cambios, principalmente el social que se encuentra relacionado al desarrollo de la comunidad», se cita parte de este informe en el proyecto.

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Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/572-proponen-que-estado-disene-politicas-para-personas-afectadas-por-metales-pesados

Organizaciones civiles, indígenas y activistas ambientales crearon este sábado 22 de abril un frente común contra proyectos de mineras, hidroeléctricas y de extracción hidráulica en el foro estatal Por la Defensa del Medio Ambiente y Contra el Capitalismo Ecocida, que se realizó en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Como ya es tradición, en estos foros, en los que se manifiesta el rechazo a “proyectos de muerte” que atentan contra el medio ambiente, inició en encuentro con un ritual prehispánico de purificación oficiado por el Guerrero águila, luego hubo una exposición por parte de miembros del Consejo Tiyat Tlalli sobre las amenazas a “nuestra madre tierra”, seguido por la participación del sacerdote Anastasio Hidalgo Miramón, más conocido como el Padre Tacho, quien abundó sobre la encíclica Laudato Si y la defensa de la madre tierra.

Aunque la afluencia de asistentes ha sido variada, en total han participado más de 300 personas, procedentes de diversos municipios y regiones del estado; sobre todo, de las sierras Negra y Norte, así como municipios cercanos a la capital poblana.

Una de las ponencias que más llamó la atención fue sobre la instalación en el municipio de Palmar de Bravo de una procesadora de residuos peligrosos, en donde tratan derivados de hidrocarburo, natas de pintura, solventes, hules impregnados de cloro, entre otros, la cual, aseguran, provoca alto impacto al medio ambiente y a la población.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua y otros recursos naturales de Ocotepec habló de la lucha de su pueblo contra la empresa Living Water, oposición que apenas el pasado 20 de febrero derivó en un zafarrancho entre civiles por elementos de la Policía Municipal, poco antes del Tercer Informe de Gobierno de la alcaldesa Macaria Hernández Rodríguez.

Destacó también la ponencia sobre los proyectos mineros y de fractura hidráulica (conocida como fracking) que se pretende hacer en varias partes de la entidad, entre ellas, la Sierra Norte.

Por la visión con la que emprenden esta oposición, las conferencias también incluyeron la defensa de los elementos simbólicos y espirituales que ha representado esta lucha, acompañado en un sincretismo católico en el que participarían representantes de la pastoral indígena del Episcopado Mexicano.

A partir de las propuestas expuestas ayer, este domingo 23 de abril se establecería el acuerdo para definir la intervención o no de los tres niveles de gobierno, la estrategia social y mediática a seguir, así como las estrategias jurídicas que han emprendido varias de estas organizaciones.

Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/04/23/municipios/crean-en-izucar-frente-comun-contra-mineria-y-ifrackingi-161731

El pleno de la XIV Legislatura al Congreso del Estado conoció en la sesión ordinaria de este jueves la primera lectura  del dictamen presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Ecología en el que se propone modificar la Constitución Política del Estado  y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de la entidad, con la finalidad de blindar a Baja California Sur contra proyectos de minería tóxica que pretendan  instalarse en la media península y que con su operación pondrían en riesgo tanto la calidad como la existencia del recurso agua para consumo humano.

Con esta propuesta presentada se busca impedir  legalmente en la Constitución y en leyes secundarias del estado que se otorgue la autorización para el uso de suelo “a proyectos mineros metalúrgicos a cielo y/o trajo abierto, ni a proyecto metalúrgico alguno, cualquiera que sea su denominación, que utilicen en su proceso de lixiviación cianuro, mercurio o cualquier otra sustancia que pueda contaminar los suelos y las aguas”. En la Carta Magna sudcaliforniana se busca establecer que la prohibición sea tanto por el Gobierno del Estado como por los ayuntamientos de la entidad.

El dictamen igualmente contempla que se eleven a rango constitucional  el cuidado que en Baja California Sur se debe de tener del agua, por lo que la propuesta de adición al Artículo Sexto de la Constitución estatal precisa que “el Estado, promoverá como política pública, la recarga de los mantos acuíferos y la prevención de su sobreexplotación”, y que de alguna manera la política pública relacionada con el recurso hidráulico sea política de Estado y no de gobierno.

Asimismo en la modificación del Artículo 79 de las Facultades del gobernador del Estado, se propone en el dictamen que el titular del Ejecutivo Estatal tenga como facultad “decretar mediante declaratoria el establecimiento por causa de utilidad pública de las Zonas de Salvaguarda de Agua subterránea para consumo humano. Aquellas zonas del territorio estatal, cuyos atributos ambientales y servicios ambientales derivados, permiten la recarga de los acuíferos y cuerpos de agua superficiales para proteger las aguas subterráneas”.

Para la elaboración del dictamen que fue presentado, diputados de diversas expresiones políticas en el Congreso del Estado fueron presentando iniciativas, como la que se entregó en octubre de 2015 por los legisladores Rodolfo Davis, Alejandro Blanco y Alfredo Zamora y la Diputada Rosa Delia Cota en el sentido de prohibir la minería tóxica en la entidad por los perjuicios que causa al medio ambiente.

Quienes presentaron la inciativa son claros: “no se autorizará el uso del suelo a proyectos mineros metalúrgicos a cielo y/o tajo abierno, tampoco se autorizará el uso del suelo a proyectos minero metalúrgico alguno, cualquiera que sea su denominador que utilice el proceso de lixiviación cianuro o mercurio”.

Otra fuente de alimentación del dictamen fue la propuesta presentada por la Diputada Guadalupe Rojas Moreno en julio de 2016 en donde la representante popular aporta información de un trabajo de investigación realizado por especialistas en el tema, sobre los efectos que tendría el medio ambiente sudcaliforniano con la presencia de la minería que depreda.

En el caso de la Diputada Eda Palacios Márquez presenta una iniciativa para elevar a rango constitucional el cuidado del agua, ante la compleja realidad que se vive en la entidad con respecto al recurso. La legisladora  pide que se incluya “como una política pública del Estado la recarga de los mantos acuíferos y la prevención de su sobreexplotación”, y que los planes hidráulicos en sudcalifornia trasciendan genraciones.

En el caso de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, se reforman y adicionan diversos artículos que tienen como finalidad hacer operativas las reformas que legisladoras y legisladores plantean a la Constitución Política del Estado.

Para la lectura del documento de 40 páginas hicieron uso de la vos la Diputada Eda Palacios, y los legisladores Alfredo Zamora, Marco Antonio Almendariz Puppo y Rodolfo Davis Osuna.

Fuente:https://colectivopericu.net/2017/04/20/de-una-vez-cerrar-el-paso-a-toda-la-mineria-toxica-en-baja-california-sur/

Ciudad de México, 4 de abril de 2017 – Un grupo de pobladores afectados por la   actividad   minera   de   la   empresa   Almaden   Minerals   en   el   municipio   de Ixtacamaxtitlán,   estado   de   Puebla,   denunció   que   esta   empresa   ha   dado información falsa a sus inversionistas, al gobierno mexicano, y a la población local con el fin de continuar la exploración en la región para extraer oro y plata.

En febrero de 2017, Almaden Minerals informó, a través de un comunicado de prensa, que continuará “agresivamente” la exploración en la zona, a pesar de que su   informe   preventivo   fue   rechazado   por   la   Secretaría   de   Medio   Ambiente   y Recursos Naturales (SEMARNAT) por no identificar plenamente “que las obras y actividades a realizar cumplan con los lineamientos que establece la NOM-120- SEMARNAT-2011”. SEMARNAT negó el permiso para realizar 69 nuevos barrenos; no obstante,   en   su   informe   anual   de   2016,   publicado   el   29   de   marzo   pasado,   la empresa no ha informado a sus inversionistas que SEMARNAT  le ha negado el permiso para seguir explorando.

A pesar de lo anterior, Almaden Minerals está cotizando acciones para financiar una nueva fase de exploración, y no ha informado a sus inversionistas que una comunidad   indígena   inició   un   recurso   legal   (amparo   445/2015   radicado   en   un Juzgado de Puebla). Revelar esta información es una exigencia de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) debido a que implica un riesgo para los inversionistas,  entre  los que se encuentra el Royal  Bank  of Canada.

La minera tampoco ha informado a sus inversionistas que la Procuraduría Federal de   Protección   al   Ambiente   (PROFEPA)   inició   una   investigación   a   partir   de   la denuncia  interpuesta   por   la  Unión   de   Ejidos   y   Comunidades   en   Defensa   de   la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua. La empresa está investigada por violar normas mexicanas al realizar 236 barrenos más de los autorizados, con una profundidad mayor, y con riesgo de haber perforado el acuífero, según información generada por la misma empresa, la cual no fue come partida con las autoridades mexicanas ni con los habitantes de la zona.

Desinformación y falta de claridad de Almaden

Acompañados de las organizaciones civiles  Centro de Estudios para el Desarrollo Rural   (CESDER),   Instituto   Mexicano   para   el   Desarrollo   Comunitario   (IMDEC), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), y la mencionada Unión de Ejidos, los pobladores de Ixtacamaxtitlán señalaron que la empresa   no   ha   comunicado   los   alcances   de   su   proyecto   a   las   comunidades afectadas ni les ha informado su intención de explotar un bien común, y se ha reservado   la  información   sobre   los   riesgos   que   conlleva   este   proyecto   para   el medio ambiente, el agua y la salud.

El   Comité   del   Agua   de   Ixtacamaxtitlán   denunció   que   la   empresa   ha   buscado desinformar a la población al decir que el cianuro usado en el proceso de lixiviación no   contamina   el   agua.   Además,   señaló   que   la   empresa   fomenta   relaciones clientelares con los pobladores mediante el otorgamiento de apoyos económicos para las fiestas patronales a cambio de que toda una comunidad firme en apoyo a su proyecto.

Los pobladores y las organizaciones civiles presentaron una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) que realizaron con apoyo de expertos en geoquímica, biología y salud. Esta evaluación concluye que la presencia de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán pone en riesgo los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud de la población, e incrementa la competencia por el agua y la tierra.

Los afectados instaron a SEMARNAT a que no otorgue más permisos a la empresa; y a PROFEPA a que sancione a la compañíapor las irregularidades documentadas.

El documento completo de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) puede consultarse en esta liga: http://ow.ly/BmiI30awZ5x

Fuente:http://www.imdec.net/minera-canadiense-afecta-comunidades/