Pobladores de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, entregaron este martes al relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, Léo Heller, el estudio de un laboratorio de Morelos que comprueba que el agua que consumen del río Balsas está contaminada 300 por ciento arriba de los límites permisibles, como consecuencia de los trabajos de la minera Media Luna en la zona.
El estudio desmiente los resultados del que hizo la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que dijo que el agua de ese caudal está contaminada, pero por debajo de los límites permisibles y no a consecuencia de los trabajos de la minera.
Los inconformes con la contaminación que produce Media Luna, encargaron el estudio paralelo al laboratorio privado Mercury Lab, de Cuernavaca, Morelos, en el que se establece que el límite de contaminación del agua permisible es de 0.07, pero que en sus resultados de las muestras que le llevaron los pobladores resultó con una contaminación del 1.97 que representa una contaminación del 300 por ciento del límite permisibles.
Los resultados del estudio del equipo de la UAG se dieron a conocer el 25 de abril, cuando se estableció que se tomaron muestres en cinco lugares de donde se abastece de agua la población de Nuevo Balsas, y determinó que el cianuro encontrado en el agua, “está por debajo de los niveles contaminantes, por lo que no daña la salud ni representa ningún peligro para la población”. También destaca que, “el cianuro encontrado no es introducido por el proceso metalúrgico de la minera”.
Los integrantes del grupo inconforme cuestionaron que el laboratorio Actlabs, al que el grupo de la UAG mandó las muestras recolectadas, es canadiense, el mismo origen de la minera Torex Gold Resources de la que es subsidiaria la minera Media Luna.
Los opositores a la minera informaron que solicitaron una copia de los resultados de los estudios de la UAG, pero que no se los proporcionaron, por lo que encargaron sus propios estudios al laboratorio Mercury Lab.
Los pobladores enviaron las muestras el 8 de febrero pasado y recibieron los resultados 10 días después.
En el documento se establece que los estudios se realizaron bajo la Norma 127, y que las muestras de agua que les presentaron fueron “identificadas” como de la presa El Caracol y tomadas en los sitios Manguito, Limón y Saibitas, en la localidad de Nuevo Balsas y que se les hicieron análisis físico y químico.
Los resultados de este estudio revelan que el agua de las muestras presentadas contiene cianuro y arsénico, en un 1.97 por ciento, es decir 300 por ciento veces más del límite permisible, que es de 0.007.
Los resultados están firmados por la directora general del laboratorio, María de Jesús Neyra, con fecha de muestreo y de recepción 8 de febrero del 2017, y con fecha de emisión del 17 de febrero del 2017.
La tarde de ayer, una comisión de pobladores de Nuevo Balsas se reunió en Ciudad de México con el relator especial de la ONU, a quien le entregaron los resultados del estudio que ellos encargaron y los que dio a conocer el grupo de la UAG; en el encuentro los pobladores cuestionaron que el estudio fr la Universidad “está cargado” a favor de la minera Media Luna, declaró vía telefónica uno de los integrantes de la comisión.
Desde que comenzaron los trabajos de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold Resources, que explota la mina El Limón-Guajes entre los poblados de Nuevo Balsas, La Fundición y Real de Limón, municipio de Cocula, pobladores han denunciado la contaminación que provocan los trabajos de la minera y demandan una indemnización de 500 mil pesos anuales.
Sin embargo su demanda no ha contado con el respaldo de las autoridades estatales ni federales.
A finales del año pasado, cuando los pobladores comenzaron a bloquear los accesos a la mina, acordaron en mesas de trabajo hacer estudios para determinar si efectivamente existe contaminación del agua. Los resultados encargados a la UAG apenas se dieron a conocer el 25 de abril.
El vocero del movimiento dijo ayer que presentaron los resultados de los dos estudios al relator de la ONU, a fin de que saque sus conclusiones y emita una opinión al respecto.

 Puebla.- Al tiempo de continuar con una guardia en terrenos de la comunidad de Loma Larga en Ixtacamaxtitlán para impedir el acceso a empleados de la empresa Almaden Minerals, opositores a la minería denunciaron que fueron citados por el agente subalterno del Ministerio Público de este municipio con lo que se pretende “criminalizar su lucha”.

Al menos seis personas fueron citadas por Evelyn Moreno Suárez, funcionaria de la Fiscalía General del Estado para comparecer ante ella a las 11:30 horas de este miércoles y “evitar un proceso jurisdiccional”, aunque en el documento, cuya copia obra en poder de este medio de comunicación, no se especifican los cargos.

Los citados son los propietarios de los terrenos a los que el geólogo Daniel Santamaría y Alfredo Martínez “Fredy” se introdujeron a la fuerza la tarde del lunes pasado, “destruyendo una cerca” y amenazando a los lugareños con “echarles a los federales. Y que si no se arregla por las buenas, ellos tienen otras maneras de arreglarlo”.

Los hechos provocaron la movilización de los pobladores de Ixtcamaxtitlán, quienes desde la mañana del martes 2 de Mayo, iniciaron una guardia en sus propiedades para evitar el paso de los empleados de la minera canadiense.

Sin embargo, en horas de la tarde, recibieron el citatorio de la autoridad para comparecer ante ella, aunque no se explica el motivo de la diligencia, aunque si se les advierte que es para “evitar un proceso jurisdiccional”

Los vecinos de Ixtacamaxtitlán se mantienen en vigilancia en sus propiedades y han colocado cartulinas con las leyendas: “Ya basta a la minería” y denunciando que la “Semarnat viola nuestros derechos. Da permiso a la exploración a pesar de las irregularidades de la empresa Almaden”.

A mediados de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a Minera Gavilán, filial de la canadiense Almaden Minerals, un informe preventivo para realizar trabajos de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán en un área total de 17.5 hectáreas para su proyecto Ixtaca IV.

A través de sus empresas filiales Gorrión, Gavilán y Zapata, la empresa canadiense tiene concesionadas 56 mil hectáreas de terreno en Ixtacamaxtitlán en los predios Caldera 3-A, Caldera 3B, ambas del 21 de noviembre de 2012 con vencimiento en el mismo día y mes, pero del año 2062.

Al mismo tiempo, pidió autorización para hacer barrenaciones en terrenos del municipio de Libres para el proyecto denominado “El Chato” con número de expediente 21PU2017MD025.

En esta misma demarcación, la Almaden desarrolla los proyectos La Fruta y de la Fruta Bis desde el año 2015.

En los trabajos que la minera desarrolla en la zona se han detectado violaciones a los derechos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como a la consulta previa, libre e informada sobre el destino de la región y de sus recursos, al que el Estado mexicano está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como se documentó en el informe “Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco”.

Fuente:http://regeneracion.mx/cita-la-fiscalia-a-opositores-a-minera-canadiense-en-ixtacamaxtitlan/

La tarde del pasado lunes empleados de la empresa minera Almaden Minerals y de su filial Minera Gorrión ingresaron a terrenos de la comunidad de Loma Larga en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde la compañía canadiense busca instalar mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata.

De acuerdo con denuncias de los vecinos, fueron el geólogo Daniel Santamaría y otra persona a la que se le ubica como Alfredo los que llegaron de forma prepotente al terreno cerca de las 5 de la tarde, abordo de una camioneta con logos de la minera los trabajadores rompieron una cerca para, sin permiso del dueño, meterse al terreno a tomar pruebas.

No les importó que en el lugar estuviera un letrero con la indicación de ‘propiedad privada’ así como un vehículo atravesado en el camino, que colocó uno de los propietarios para evitar el ingreso de los mineros; sin importar esto, los trabajadores pasaron en la camioneta por un costado del sendero y tiraron la cerca que delimita el predio.

“Con un carácter agresivo me amenazaron con pasar sobre mi carro y de echarme a los federales por impedirles el paso. Me dijeron que si tengo muchos huevos, ellos también los tienen. Y que si no se arregla por las buenas, ellos tienen otras maneras de arreglarlo”, dijo uno de los habitantes a esta casa editorial, que por temor a represalias solicitó omitir su nombre.

Es preciso mencionar que a finales del mes pasado la empresa Minera Gorrión obtuvo el permiso de la Semarnat para desarrollar el proyecto Ixtaca IV, que consiste en la búsqueda de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán por un periodo de 18 meses.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó actividades de exploración minera en un área de 17.5 hectáreas, en las cuales se pretende hacer 70 perforaciones a una profundidad lineal entre 100 y 200 metros para la búsqueda de los metales codiciados.

De igual forma, vale la pena destacar que el pasado 5 de abril, Almaden Minerals anunció que para 2019 iniciará actividades extractivas en Ixtacamaxtitlan, y se prolongarían durante los próximos 14 años.

Para 2019 la minera pretende sacar de este municipio de la Sierra Norte de Puebla más de 7 mil toneladas diarias de tierra para extraer por cada tonelada un promedio de 0.62 gramos de oro y 37.8 gramos de plata.

La compañía publicó sus proyecciones el mismo día en el que se presentó el informe ‘Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos’, en el que se destaca que el proyecto minero de Ixtaca es el más importante de la empresa canadiense en México.

Fuente:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/03/empleados-almaden-minerals-entraron-sin-permisos-tierras-ixtacamaxtitlan/

Puebla es el tercer estado del país con más conflictos mineros, al registrar ocho casos, y existe una potencial contaminación del agua subterránea y superficial provocada por las empresas ubicadas en la cuenca del río Apulco.

Así lo señala un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el que se advierte que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto. Los efectos de su operación son “devastadores”: elimina bosques, remueve y destruye suelos, agota y contamina el agua, despoja a ejidos y comunidades de sus tierras, según el documento.

Hasta el primer trimestre de 2016 estaban vigentes en la entidad 226 concesiones mineras que correspondían a 24 empresas. Los conflictos por la presencia de estas industrias se concentran en la Sierra Norte de Puebla.

Detectan 8 conflictos mineros en Puebla

De acuerdo con el documento presentado por el organismo de la Cámara de Diputados, están presentes en el país 103 distintos conflictos mineros. La mayoría se concentran en Chihuahua, Zacatecas y Puebla con 13, 12 y 8 casos, respectivamente.

También se ubican Oaxaca con 7 casos, así como Chiapas  y Michoacán en donde se identificaron 6 expedientes, respectivamente. Mientras que en Nayarit, Morelos y Aguascalientes la presencia de ese tipo de problemas es prácticamente nula, pues sólo hay un registro en cada entidad.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) identificó al menos cuatro conflictos mineros en Puebla, los cuales se ubican en los municipios de Tetela de Ocampo, Zautla, Tlatlauquitepec y Huehuetlán El Grande.

Los expedientes tienen que ver con la Minera Autlán que amenaza con destruir el Área Natural Protegida de la Sierra del Tenzto, así como la región de Tlatlauquitepec. Otro caso es el de la minera JDC Minerals –de origen chino-. El de la minera Frisco del empresario mexicano Carlos Slim en el cerro Espejeras de la región de La Cañada.

Destaca también el caso del municipio de Ixtacamaxtitlán en donde la empresa Almaden Minerals explora desde 2003 yacimientos de oro y plata, cuando obtuvo una concesión a través de su filial Minera Gorrión.

Almaden contamina el río Apulco

La presencia de las mineras en Puebla han provocado contaminación del agua superficial y subterránea, pues estudios técnicos, dice el documento, indican una “potencial contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por drenaje ácido y por el almacenamientos de lixiviados de una presa ubicada en la cuenca del Río Apulco propiedad de Almaden Minerals.

Cabe señalar que a nivel nacional, 268 proyectos mineros se encuentran ubicados en acuíferos que tienen déficit hídrico.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2017-04-30/sociedad/mineras-provocan-contaminacion-de-agua-y-conflictos-en-puebla

Regeneración, 21 de abril de 2017. Huauchinango, Puebla.- Una audiencia y su oración para poder enfrentar las agresiones que representan los megaproyectos para sus pueblos y defender la “Casa Común”, pidieron al Papa Francisco, indígenas totonakus y nahuas de 25 comunidades y municipios de la Sierra Norte de Puebla a través de una carta entregada al nuncio apostólico en nuestro país, Franco Coppala.

Los indígenas agrupados en la Organización Tutunakú-Nahua en Defensa del Territorio y sus Pueblos pidieron al jesuita Jorge Bergoglio su oración, su palabra y su solidaridad, para fortalecer la lucha que han decidido dar como pueblos en defensa de su vida, su identidad y su cultura ante la embestida de empresas poderosas como Walmart, Grupo México, Almaden Minerals, Deselec 1- Comexhidro, ICA, que quieren establecer hidroeléctricas, minas, petróleo, gas y saquear los bienes naturales de sus territorios.

“Necesitamos tu oración y tu palabra para seguir caminando con amor y esperanza, para que el corazón de estos empresarios y gente del gobierno que no nos respetan y que no aman a la Madre Tierra puedan abrirse al amor a los demás y comprendan que somos hermanos y que no se puede dañar a la Madre Tierra sin dañar a toda la humanidad”, indicaron.

Los habitantes de la cuenca del Río Ajajalpan señalaron que además de manifestar su rechazo a los denominados proyectos de muerte, han caminado los senderos que “las leyes nos dan para defender nuestro territorio, pero parece que las leyes están hechas para su favor, de los empresarios y no de los pueblos indígenas”.

Acusaron que, menospreciándolos, les quieren imponer un “desarrollo” que no es el que han decidido construir como pueblos, porque implica la destrucción de la naturaleza. “Hermano Francisco –le dijeron–, queremos compartir nuestra tristeza y dolor por la destrucción que de nuestra Madre Tierra están haciendo empresarios que pensamos no conocen nuestra historia, nuestra cultura, que no saben cómo escuchar a la Madre Naturaleza que cada día nos habla, nos cuida, nos da vida, tal vez porque nadie les enseñó como a nosotros, que todos somos hermanos y todos somos hijos y guardianes de la Tierra, que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra”.

Los indígenas serranos que al amparo de la encíclica Laudato Si, ha decidido continuar con el “desafío urgente de proteger nuestra casa común” y por eso piden una audiencia para “colaborar como instrumento de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades por que el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”, como lo establece el texto papal.

“Dicen los empresarios, junto con gentes del gobierno que sus proyectos de minería, petróleo, gas, hidroeléctricas, nos traen progreso y desarrollo. Y nosotros miramos diferente, miramos que lastiman la tierra, secan los ríos, se adueñan de manantiales y nos dejan sin agua; hacen acuerdos con unos cuantos sin respetar a los más humildes, a nuestros ancianos; distinguen a los que más tienen de los que tenemos poco y compran conciencias aprovechando que hay hermanos con mucha necesidad y que por algunos pesos entregan su parcela, les entregan una firma, traicionan al pueblo. Y pues ellos, los empresarios ricos y también algunas gentes del gobierno dicen que somos ignorantes porque no tenemos mucho estudio, porque seguimos hablando nuestra lengua, o haciendo nuestros rituales cuando sembramos, cuando falta la lluvia, cuando viene la enfermedad. Se desesperan cuando tomamos tiempo para hablar y decidir en asambleas, cuando tomamos tiempo para orar y pedir a nuestro Padre Dios que nos guié para que las asambleas vayan bien, para que los acuerdos sean los mejores para nuestros pueblos”, explicaron.

Fuente:http://regeneracion.mx/indigenas-piden-audiencia-al-papa-francisco-para-frenar-mineras-y-petroleras/

Chimalapa 27 abr (#Istmopress) .- Ceyla Cruz Gutiérrez, activista y comunera zoque y también representante del Comité Unidos por el Pueblo denunció que fue victima de una agresión verbal e intimidaciones de parte de trabajadores del ayuntamiento de San Miguel Chimalapa cuando realizaba capturas fotográficas de representantes mineros quienes ingresaban al palacio municipal.

La activista señaló que recibió las agresiones de trabajadores del palacio municipal quienes la llamaban “loca” o “ demente” cuando tomaba fotografías de los representantes de la empresa quienes venían acompañados de comuneros y en una camioneta de la marca “Silver” que le fue otorgada a la comunidad en el 2014 a cambio de ceder los permisos.

Ceyla fue ex candidata a la presidencia municipal por la planilla amarilla en la jornada electoral pasada y también ha sido opositora al proyecto minero que abarca 5 mil hectáreas en el predio “Las Jaquicas” en la comunidad de La Cristalina en San Miguel Chimalapa.

Esta concesión minera fue otorgada en el 2008 a la empresa Minera Minaurum Gold Inc-Minera Zalamera. En el 2014 realizó trabajos de exploración y al parecer ha comenzado a realizar trabajos de explotación a pesar de que diversos colectivos y comuneros se han opuesto a este proyecto minero.

Ceyla dijo que el año pasado, los representantes tanto municipales como comunales en este caso el ex alcalde Geú Guzmán Castillejos y José Medel Jiménez Cruz respectivamente no firmaron el acuerdo regional de autoridades para declarar a sus municipios libres de minería.

“Exigimos que mediante una asamblea de los comuneros, que sumamos más de 3 mil nos den cuenta de lo que esta pasando en la Cristalina o que acuerdos han llegado la actual autoridad que representa Fernando Miguel Contreras y el comisariado de bienes comunales, José Medel Jiménez Cruz, quienes sabemos han negociado con la empresa minera tanto recursos económicos como en especie”.

Dijo que la mayoría de la comunidad no está de acuerdo en que se exploten los recursos minerales de esta zona de la Cristalina debido a que existen ríos y también animales endémicos así como flora y fauna que serían seriamente afectados por esta exploración a cielo abierto.

Recordó que el año pasado se realizaron dos foros informativos en la cabecera municipal de San Miguel Chimalapa respecto a la minería en donde se acordó no avalarla, sin embargo en lo oscurito los comuneros de la cristalina que suman 10 han concedido los permisos.

Comunidades de al menos diez municipios entre los que señalan Zanatepec, Tapanatepec, San Miguel Chimalapas, Ciudad Ixtepec, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo, Ixhuatán y Reforma de Pineda se encuentran en riesgo de que sus recursos naturales sean devastados asimismo la economía campesina.

Descubrieron a través de consultas en paginas de la Secretaria de Economía, apartado Programa de Desarrollo Minero, que del total del territorio oaxaqueño (9 millones, 395 mil 978 hectáreas), 743 mil 018 hectáreas esta concesionada para la minería metálica a cielo abierto, es decir el 8 por ciento de todo Oaxaca.

Estos títulos mineros se encuentran repartidos entre empresas canadienses (Almadem Minerales LTD, Fortuna Silver Mines INC, Minaurum Gold Inc-Minera Zalamera, Radius Gold- Geonorte, Sundace Minerales LTD, Argentum Silver Copr y Newstrike Capital INC), estadounidenses (Gold Resources Corp/Don David Gold y Sunshine Silver Mines Corp- Plata Real) y la única mexicana Altos Hornos de México S.A de C.V.

En el estado de Oaxaca, la región de los valles centrales, en los distritos de Tlacolula y Ocotlán se encuentra el 80 por ciento de territorio afectado con la presencia de cinco mineras quienes extraen oro, plata y zinc.

En la región de la sierra sur-costa es el 45 por ciento del territorio de los distritos de sola de Vega y Juquila que pertenecen a tres empresas quienes extraen Hierro, Oro y Plata.

Para la zona del Istmo- Chimalapas abarca el 20 por ciento de territorio en los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa, Zanatepec, Tapanatepec, Ixtepec, Lachiguiri y Laollaga de donde se extraerá Cobre, Oro y Plata a través de cuatro proyectos de exploración (Aurena, Santa Martha, La Ventosa y Lachiguiri).

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/activista-zoque-denuncia-agresion-verbal-por-tomar-imagenes-de-representantes-mineros-en-palacio-municipal/

Ante la importancia y el impulso que el Estado le da inversiones en minería e hidrocarburos, con fin de reactivar la economía, el congresista Wilbert Rozas presentó un Proyecto de Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional, la prevención, mitigación y atención de la salud por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas.

Uno de los argumentos que expone el proyecto es que la afectación de la salud humana en las actuales -y futuras- zonas mineras e hidrocarburíferas van a generar un alto costo social al Estado, debido a que los proyectos extractivos también representan riesgo por la generación, liberación y difusión de metales pesados y otras sustancias químicas peligrosas a las cuales está expuesto el organismo en las zonas de impacto.

La iniciativa N° 1256-2016-CR propone la creación de una “Mesa de Trabajo Gubernamental Intersectorial”, con una secretaría técnica presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), e integrada por técnicos del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Dichos sectores serían los responsables de elaborar un diagnóstico, estrategias, así como propuestas de normas y medidas políticas para los fines de esta eventual ley.

Esta propuesta legislativa propone que los técnicos del MINSA provengan de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y del Instituto Nacional de Salud (INS).

En su exposición de motivos, el proyecto de ley de Rozas concuerda con la política de Estado 13 de acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. De igual modo, está acorde con la política de estado 19, sobre Desarrollo Sostenible y gestión ambiental. Ambas políticas del establecidas en el Acuerdo Nacional.

La necesidad de contar con política públicas para quienes están –o podrían estar- afectados por metales pesados u otras sustancias tóxicas en el organismo, responde a la presencia de casi 9 mil Pasivos ambientales mineros que están presentes en zonas antiguas, intermedias y recientes de explotación minera. Así como ante los numerosos derrames de petróleo en la Amazonía.

El proyecto recoge los reportes de metales pesados presentes en recursos hídricos que son de uso común en poblaciones. Las diferentes fuentes de agua, cuencas y ríos delimitan alrededor de 20 zonas en las que se desarrollan actividades extractivas, tal como refiere el doctor Fernando Osores, médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales.

De igual modo, recoge que la concentración de metales pesados en el agua de los ríos, exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), por lo que podrían afectar seriamente el ambiente y la salud humana ante la presencia de Arsénico (As), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb)

Asimismo, expone un informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS)* en el que se recomienda incluir estudios de salud poblacional, respecto a la contaminación por metales y otras sustancias químicas peligrosas, en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y en los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

“Los EIA y PAMA refieren de manera muy superficial el tema de la salud, o no lo incluyen. La información que contienen solo refleja la morbilidad de enfermedades comunes en la región donde se realizará la actividad extractiva”, menciona dicho informe del año 2010.

Además, CENSOPAS reconoce que, en el caso de la actividad minera, se liberan metales pesados al medio ambiente, y que por medio del suelo, aire y agua se puede afectar a salud de quienes viven alrededor.

«La contaminación ambiental no es el único problema, sin una adecuada política de salud pública es imposible prever el deterioro de la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades aledañas que es causado solo por la minería, interviniendo además otros componentes de cambios, principalmente el social que se encuentra relacionado al desarrollo de la comunidad», se cita parte de este informe en el proyecto.

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Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/572-proponen-que-estado-disene-politicas-para-personas-afectadas-por-metales-pesados