La Diputada del Partido de la Revolución Democrática, Rosa Delia Cota Montaño presentó a la opinión pública del estado 10 puntos con los que a su juicio se puede avanza de mejor manera en Baja California Sur en los aspectos social, económico y político y con ello darle un rumbo diferente a la implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos estatal y municipales.

En pronunciamiento presentado en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la legisladora expuso que si bien las reformas estructurales han dañado severamente al país y beneficiado a unos cuantos, “las reformas implementadas a nivel estatal siguen la misma filosofía y armonización.

La representante popular señaló entre los diez puntos la tarea pendiente por parte de los poderes locales “de mandar mensajes a la ciudadanía sudcaliforniana de recuperación de la confianza perdida. El acabar con la simulación y el doble discurso sobre la minería tóxica en la entidad, “o estamos a favor o estamos en contra..no hay puntos medios. Estamos del lado de la inmensa mayoría de la sociedad o apoyamos proyectos depredadores”.

Rosa Delia Cota Montaño señaló que los tres poderes públicos deben de aprobar un plan de austeridad “para bajar el gasto corriente significativamente que permita disponer de recursos para infraestructura, educación, salud y convivencia social”. Igualmente, propuso un Programa Estatal de Reactivación Económica con visión regional de género, emprendedora y sustentable genere los empleos que la población necesita.

Dijo que en materia de seguridad, “más allá de llenar las calles con policías y militares” se requiere de un verdadero programa de prevención del delito y de atención a las víctimas de la violencia y la inseguridad.

Destacó que el estado necesita de verdaderos planes de desarrollo urbano “donde se garanticen los derechos de lkos ciudadanos a la movilidad, a la convivencia, a la cultura, a la recreación y al trabajo… más allá de pavimentar algunos pedazos de calles y de empastar estadios”.

La Diputada Cota Montaño indicó que se requiere un programa en el que se amplíen los derechos de los grupos específicos como discapacitados, la diversidad, los adultos mayores, los jóvenes y las mujeres. “Es urgente legislar y tipificar el delito de feminicidio e e instalar la alerta de género en el estado”.

Enfatizó que se debe de contar con programas de gobierno en los que se aproveche en todas sus capacidades el potencial agropecuario y turístico de la entidad. En el caso del primero, indicó es urgente un Programa Integral de Desarrollo Rural, que no solamente contemple el aspecto productivo, “sino fundamentalmente la organización, la capacitación, las tecnologías modernas y la comercialización de los productos del campo”. En tano que en lo relacionado con el turismo aseveró que Baja California Sur debe de aprovechar las enormes capacidades para el turismo alternativo, creando el Fondo de Financiamiento de pequeños y medianos proyectos en este renglón de la economía, que sean sustentables, y para ello se requiere revisar la Ley de Turismo del Estado.

Por último comentó que es necesario que el Congreso del Estado impulse una reforma municipal, para convertir al municipio en una escuela de la democraica, la participación social y el desarrollo, ampliando los mecanismos de consulta y participación de la sociedad, y al mismo tiempo transparentando el gobierno y rindiendo cuentas.

Fuente:https://colectivopericu.net/2017/06/07/que-se-hable-con-la-verdad-al-pueblo-sobre-la-mineria-toxica-solicita-rosa-delia/

Integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec, estudiantes de todos los niveles educativos así como autoridades municipales realizaron la reforestación en el parque ecológico El Encuentro, con la finalidad de preservar la vida y rechazar el proyecto minero que se intenta ubicar en esta zona del Istmo de Tehuantepec.

Con herramientas de jardinería y también con la mano, los jóvenes y niños sembraron decenas de plantas de ceiba, huanacaztle, roble, framboyán y jacaranda sobre el corredor ecológico, el cual fue creado por el Grupo Ecologista Zanatepec para privilegiar la defensa de la tierra y el territorio hace más de cinco años.

En esta localidad ubicada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec en el 2008, la Secretaría de Economía entregó tres concesiones mineras Aurena, Santa Martha y la Ventosa que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro.

Asimismo, el alcalde de Zanatepec, Ramiro Nolasco declaró en el mes de marzo en una sesión pública de cabildo a este municipio como municipio libre de minería.

La sesión solemne se efectuó públicamente en la Casa del Pueblo de Zanatepec en donde el alcalde manifestó que no permitirá el ingreso y tampoco la realización de exploraciones de parte de ninguna empresa minera que intente instalarse en la comunidad.

Alejandro García y Daniel Cirilo, dos integrantes del grupo ecologista Zanatepec, organización ecologista y social que se fundó hace seis años informaron que sembrar árboles es muestra de vida y también es para declarar que el municipio no quiere la extracción minera porque lo consideran mortal para la vida y el territorio.

“Desde hace dos años estamos luchando con la concientización social, hemos sembrado árboles y hemos difundido el daño a la vida humana y a la naturaleza que trae la minería, vemos casos como Zacatecas, Guerrero y también en otros países donde nuestros afluentes naturales están contaminados sin contar con las enfermedades mortales que viven, por eso nos oponemos a esa forma de extracción de minerales, nosotros pedimos que nos dejen vivir como pueblos originarios que somos”, expresaron.

Esta agrupación junto con la autoridad municipal camina a la par al igual que comuneros y ejidatarios, en esta comunidad la resistencia a la minería es fuerte y se ha vuelto fortalecida con el respaldo de la autoridad.

“A nosotros nadie nos consultó, nadie nos dijo que si queríamos que nuestras tierras fueran excavadas, por eso exigimos respeto a la tierra y territorio”, expresaron.

En las carreteras de la zona sur del estado se transportan grandes cantidades de cianuro, lo que representa un riesgo porque ante el incremento de la minería en varios puntos del país, la afluencia en el transporte de este material tóxico es mayor. Ante esto, han llevado a cabo simulacros de empresas mineras, como Coanzamex en conjunto con los servicios de emergencia de los tres niveles de Gobierno, para poder actuar ante la presencia de accidentes.

En las carreteras de la zona se transportan grandes cantidades de cianuro todos los días, debido al incremento de las empresas mineras que requieren el tóxico para los procedimientos de trabajo en el metal extraído. Por lo cual, incrementa el riesgo de accidente con este material.

Parral está en una zona donde circulan diariamente cantidades importantes de cianuro que van dirigidas a las entidades del país; el veneno proveniente de diferentes países -como Estados Unidos y China-, es necesario para los trabajos.

Es por esto que la Dirección de Minería del Estado de Chihuahua, reconoce el riesgo que posee nuestra entidad en tal aspecto, por el alto grado de toxicidad del cianuro, el cual puede provocar afectaciones en la salud, como dermatitis de contacto, alopecia y urticaria, gastritis y diarreas, cefaleas, conjuntivitis y enfermedades reumatológicas si al derramarse no proceden a un estricto trabajo de descontaminación en el ambiente, sobre todo en el subsuelo.

Ante esto, los simulacros como el que realizaron hace días por parte de la empresa minera Coanzamex en coordinación con autoridades civiles, militares, para la reacción de los cuerpos de emergencia, en estos casos donde son capacitados mediante aprendizaje de una contingencia que pudiera poner en peligro la vida de las personas.

El ingeniero José Javalera, director de Minería del Gobierno del Estado, hizo un llamado a las personas, sobre todo a los viajantes, para que se informen sobre la simbología que notifica cuándo se está transportando o utilizando este tipo de sustancias, porque es de vital importancia prevenir un accidente de esta magnitud.

Asimismo, los cuerpos de emergencia del municipio de Allende y Parral se encuentran plenamente capacitados para la reacción ante algún acontecimiento de tipo ambiental, como el cianuro.

Cabe destacar que, de momento, no se ha presentado fuera de las diferentes empresas algún derrame del tóxico; sin embargo, a causa del aumento de la circulación del material por las carreteras, la concientización por parte de las Minerías en conjunto con los sistemas de protección, es notable.

Fuente:https://www.elsoldeparral.com.mx/local/riesgoso-traslado-de-cianuro-en-las-carreteras-de-la-region

Proyectos de empresas extractivas en el país entre el 2010 y el 2016 están relacionados con al menos 303 casos de ataques a defensores y defensoras del territorio y medio ambiente del país; tan sólo el año pasado se registraron 37 casos relacionados con la minería y 11 con la extracción de hidrocarburos, señaló el centro de análisis e investigación Fundar.

El procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales mediante el cual la empresa química The Chemours Company pretendía obtener un permiso para llevar a cabo su “Proyecto San Luis” consistente en instalar, en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, una planta para producir 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio (NaCN) al año ha sido cancelado.

Pese a contar con el respaldo del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, The Chemours Company ha desistido en su intento de llevar a cabo su “Proyecto San Luis” debido a la presión ejercida por la sociedad ludovicense que, abierta y contundentemente, se opuso al alto riesgo que para su salud y el medio ambiente local representaba el proyecto.

Chemours desistió después de que su solicitud de autorización en materia de impacto ambiental presentada en agosto del 2016 ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT fuera fuertemente cuestionada por la sociedad ludovicense. Dinamizados por la “Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano” los ciudadanos de San Luis de la Paz desplegaron un amplio repertorio de acciones colectivas contra la instalación de la planta de cianuro por considerarla de alto riesgo para su comunidad.

El proceso de oposición social frente a la planta de cianuro de The Chemours Company confirma que -centrada en los propios ciudadanos- la defensa de comunidades receptoras o potenciales receptoras de los daños y perjuicios provocados por el modelo de desarrollo no depende tanto de la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos como de la existencia de una sociedad alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus pretensiones en, fuera e incluso en contra de los órganos estatales en su conjunto al impedir obras o proyectos contrarios a sus intereses.

El Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y The Chemours Company lo fabrica para proveer a la violenta industria minera mexicana que lo utiliza en los procesos de lixiviación de metales “preciosos” extraídos con la técnica “a cielo abierto”. Por ello, el triunfo de la sociedad ludovicense contra el ‘Proyecto San Luis’ debe dimensionarse adecuadamente: no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio, es contra el conjunto de la industria minera.

¡EL CIANURO MATA!

¡VIVA SAN LUIS DE LA PAZ!

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

El derecho internacional de los pueblos indígenas a ser consultados no se cumple en México. El ejemplo más claro es que se ha concesionado la tercera parte del territorio nacional y no se ha consultado nunca a las comunidades indígenas afectadas.

La Coperacha

Representantes de comunidades indígenas y de organizaciones sociales denunciaron ante senadores que en México no se aplica la consulta previa a los pueblos. Ya se ha concesionado una tercera parte del territorio para minería y en ningún caso se ha consultado a las comunidades.

Durante un conversatorio sobre el derecho a la consulta indígena en el Senado de la República, las organizaciones señalaron que existen reglas mínimas establecidas en tratados internacionales así como en el Artículo 2 Constitucional que “deberíamos empezar a cumplir antes de hablar de una sola ley”, afirmaron.

Representantes mayas y zapotecos que tienen procesos de consulta indígena sobre siembra de soya transgénica y de un parque eólico, respectivamente, denunciaron que el proceso ha generado división entre las comunidades y actitudes de racismo institucional.

Discriminación en las consultas

Laydy Pech, integrante del Colectivo Apícola los Chenes, señaló que la consulta no resuelve los problemas de la comunidad. Se vuelve un mero trámite cuando han pedido a las autoridades que sea vinculante y lo rechazan, se quejó. “¿De qué nos sirve sentarnos y dialogar si al final la opinión no va a ser tomada en cuenta?”, cuestionó.

La indígena maya denunció la discriminación de las autoridades responsables del proceso de consulta, en particular a funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) “que sólo llegan a atropellarnos, que nos dan un trato grosero porque hablo maya, porque no hablo español”.

“La consulta debe garantizar a las comunidades indígenas resolver su problema. Nosotros no ocasionamos el problema, el problema lo ocasionan los proyectos mega industriales de soya transgénica”, sentenció Laydy Pech.

División en las comunidades

Por su parte Isabel Jiménez, representante de la asamblea popular del pueblo juchiteco, narró la experiencia de consulta sobre los proyectos eólicos en el Istmo. “Exigimos una consulta previa libre e informada y nos dan una a modo de la empresa”, afirmó.

Algunos de los problemas generados por los parques eólicos, de los cuales ya existen 12 en Juchitán, Oaxaca, son afectaciones a los pozos de agua, contaminación al subsuelo por el aceite que se filtra, riesgos en la siembra del maíz e incrementos en las tarifas de luz, enlistó la representante zapoteca.

Describió que el proceso de consulta ha dividido y generado más problemas a la comunidad. “Las empresas son las culpables de la división de las comunidades, ya no nos vemos como hermanos sino como enemigos”, apuntó.

Narró que con la consulta se han incrementado los asesinatos, hostigamientos, incluso a mujeres y niños. Denunció que a través de medios de comunicación pagados se difama a los defensores derechos humanos. Expuso que las comunidades no están en contra de la generación de energía “sino en la manera en como nos expulsan”.

Reglas mínimas de la consulta

Por su parte Sara Méndez, de la organización Gobixha, afirmó que antes de hablar de una sola ley de consulta indígena habría que aplicar las “reglas mínimas que establecen los tratados internacionales” y el Artículo 2 Constitucional.

En el mismo sentido, el director técnico del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Xavier Martínez, advirtió que “tenemos un estándar interamericano importante”, pero por las condiciones que se viven en México, sería mejor empezar a cumplir con lo que se tiene. Señaló que el problema es el operador de la ley.

Xavier Martínez describió que a pesar del inmenso patrimonio biocultural que depende de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos, el Estado mexicano es embrionario para garantizar sus derechos humanos.

El representante del Cemda afirmó que el 35% del territorio está concesionado a la industria minera y en ninguna concesión se ha llevado una consulta indígena, por lo que el estado pluricultural es inexistente, sostuvo.

Finalmente señaló que hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos y una incapacidad de autoridades de hacer la consulta y de garantizar la integridad de los participantes de las comunidades.

Estado intrusivo

Otro de los participantes del conversatorio, moderado por la senadora perredista Angélica de la Peña, fue Alberto Solís, de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), quien describió los procesos que su organización ha acompañado como el de la tribu yaqui y el de la comunidad otomí de Xochicuautla.

La consulta al pueblo yaqui marcó un precedente, señaló Solís, pues fue la primera ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo quedó parada pues no se cumplieron las cuatro etapas que fueron planificadas, nunca se frenó la operación del acueducto y ocurrieron cosas más graves, pues se criminalizó y encarceló a los representantes indígenas.

Marcó su preocupación por una ley de consulta que se vuelva un trámite administrativos: “Nos preocupa generar una ley, que pretenda homologar, cuando los pueblos indígenas son diferentes, va a ser gravísimo, si el Estado entra en la lógica de hacerlo un trámite administrativo para decisiones que ya tiene tomadas, vamos a entrar a situaciones mucho peores”, sentenció.

Fuente:http://regeneracion.mx/mexico-concesionado-a-mineria-y-no-se-consulta/

 Huauchinango, Puebla.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el informe preventivo presentado por la empresa Minera Gavilán –filial de la canadiense Almaden Minerals- para buscar vetas de oro, plata, cobre, plomo y zinc en terrenos de la concesión denominada “El Chato”, en el municipio de Libres.

De acuerdo con la resolución del expediente 21PU2017MD025, publicada este jueves en la Gaceta Ecológica número 30 de la dependencia federal, el trámite del permiso negado a la minera tardó mes y medio, y no podrá realizar barrenaciones en el terreno de 16 mil hectáreas concesionado bajo la licencia 238640 del 11 octubre de 2011.

Sin embargo, en la publicación no se da a conocer el informe preventivo ni las razones para negar las licencias ambientales.

Almaden Minerals a través de Minera Gavilán cuenta con otras cinco concesiones en el municipio de Libres, mediante las que le fueron entregadas 31 mil 666 hectáreas para la explotación de metales preciosos como oro y plata, además de plomo, cobre, zinc y toda sustancia permitible.

Las licencias son la 236562 Segunda Reducción Caldera, con 6 mil 705.6278 hectáreas otorgada el 9 de Julio de 2010; 232870 Nefi que comprende 510 hectáreas y está vigente desde el 30 de Octubre de 2008; la 238770 El Chatito 2 que comprende 2 mil 796 otorgada el 25 de octubre de 2011.

Además la 238810 Caldera A-1 2 mil 65 hectáreas del 25 de octubre de 2011; y la Fruta Bis con el número de concesión 232023 otorgada el 3 de junio de 2008.

Fuente:http://regeneracion.mx/semarnat-niega-permiso-a-minera-canadiense-para-explotar-oro-en-libres/

La Paz, Baja California Sur.- Luego de la crisis social causada durante el último año de la administración de la priista Estela Ponce Beltrán en La paz por la inminente operación de una minera en la zona rural de la Paz, 4 proyectos continúan a la fecha en exploración , uno de ellos propiedad de la misma empresa canadiense que intentó operar la mina Los Cardones, pero ahora con su nombre de origen.

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Hasta el Telpizáhuatl, el cerro más alto de Juba Wajíin (o San Miguel del Progreso, en español) llegó la amenaza de la minería. Enclavada en La Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, la comunidad indígena me’phaa se enfrenta a la primera etapa de un megaproyecto extractivo: la declaratoria que libera las tierras a favor del capital minero.

El de Juba Wajíin es uno de los 17 movimientos de resistencia contra la minería que se han intensificado en lo que va de este año; además, desde 2011 (cuando estalló) forma parte de la lista de 103 conflictos sociales detonados por megaproyectos mineros a lo largo del país.

De ese centenar, en Guerrero hay cuatro movimientos de resistencia contra esa industria extractiva, refiere el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico, de la maestra Sol Pérez. Y el de Juba Wajíin se intensificó en marzo pasado, porque el sistema judicial ha omitido proteger los derechos de los afectados.

Por ello, la comunidad me’phaa se enfrenta a la segunda liberación de su territorio para concesiones mineras, decretada en 2016 por la Secretaría de Economía. “La libertad de los terrenos es para que cualquier empresa interesada los tome”, explica en entrevista con Contralínea la abogada de la comunidad, Maribel González Pedro.

La declaratoria de libertad es el acto por medio del cual la autoridad permite a las empresas mineras (nacionales o extranjeras) presentar solicitudes de concesiones para exploración y explotación de minerales, refiere información de la Secretaría de Economía.

“La comunidad de San Miguel del Progreso ha manifestado que la declaratoria emitida por la Secretaría de Economía vulnera sus derechos como pueblo indígena, incluido el de la propiedad territorial, porque ese acto de la autoridad derivará en la concesión y [posteriormente] en un proyecto minero, sin que se les haya consultado al respecto”, dice la abogada González Pedro, integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Al igual que en otros conflictos –como el de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla (Contralínea 535)–, en el de Juba Wajíin se omitió consultar previamente al pueblo originario, pese a que el Estado mexicano está obligado a hacerlo por diversos tratados internacionales, en especial por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la propia ley local.

“Sobre la [falta de] consulta, la Secretaría de Economía ha dicho que no se viola ningún derecho porque la liberación no es un proyecto minero. Además, argumenta que [en el caso de Juba Wajíin] no se trata de una comunidad indígena y que no va a ser afectado su territorio”, señala la abogada de Tlachinollan.

González Pedro aclara que la afectada sí es una comunidad indígena: los me’phaa o tlapanecos. Además, la abogada subraya que la ausencia de consulta sí viola el derecho de los indígenas a decidir sobre el destino de su tierra.

En Juba Wajíin habitan unas 3 mil 800 personas que, en su mayoría, son productores agrícolas de subsistencia, indica el Centro de Derechos Humanos de La Montaña. Agrega que la comunidad obtuvo, desde 1994, el reconocimiento y titulación de bienes comunales de una superficie de 6 mil 801-34-13.4 hectáreas, para beneficio de 420 comuneros, “acreditando así la posesión de su territorio con un carácter comunitario e indígena”.

La lucha

A Juba Wajíin le cayó el Corazón de Tinieblas –como se le denominó a la doble concesión minera– en 2011 y, desde entonces, la amenaza de la destrucción se ha incrementado. Por eso los me’phaa han emprendido dos rutas de defensa: “la vía legal y la movilización pacífica, en una lucha regional por el territorio de La Montaña de Guerrero”.

Por la vía jurídica, en el juicio de amparo 429/2016 la comunidad pide que el decreto de Economía se declare nulo, porque no fue consultada y porque las tierras indígenas están protegidas, explica la abogada González Pedro.

“Éste es el segundo amparo que promueve la comunidad en contra de la amenaza sobre su territorio por la actividad minera. La primera acción legal inició en julio de 2013 y la revisión del amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la discusión en torno al tema no se dio, porque la Secretaría de Economía canceló las concesiones que afectaban el territorio indígena y la Primera Sala de la Suprema Corte sobreseyó el caso [en 2016].”

La abogada detalla que habían pedido a la Primera Sala no sobreseerlo porque la Secretaría tiene la facultad, porque así lo marca la Ley Minera, de liberar los terrenos 30 días después de que las empresas desistan o cancelen sus concesiones. “Pero la Corte no fue al fondo del asunto y lo sobreseyó. Y eso es lo que pasó: Economía emitió nuevamente la libertad de los terrenos”.

Maribel González recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la sola amenaza a tierras indígenas es razón suficiente para que las comunidades puedan ampararse.

“Ahora la juez Estela Platero Salado, titular del Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, tiene en sus manos una decisión muy importante: la protección del territorio indígena en La Montaña de Guerrero”, indica la abogada.

En caso de que se les niegue el amparo, los indígenas se irán al recurso de revisión, además del proceso de organización comunitaria que llevan, dice González Pedro.

Los 16 conflictos reactivados

Guerrero no es la única entidad federativa azotada por la conflictividad minera. En el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico –de la investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sol Pérez–, se advierte que son 103 conflictos vigentes a lo largo del país.

Según el análisis, es Chihuahua la entidad con más problemas de este tipo, al registrar 13 conflictos; le sigue Zacatecas, con 12; Puebla, con ocho; Oaxaca, con siete; Chiapas, Michoacán, Baja California Sur y Sonora, con cinco cada una; San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima, con cuatro; Veracruz, Querétaro e Hidalgo, con tres; Jalisco, Coahuila y Estado de México, con dos; y Baja California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente.

Además del conflicto de Juba Wajíin, otros 16 movimientos sociales se han intensificado en lo que va del año, revelan datos recabados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre ellos, el de Cocula, Guerrero.

Ahí, a inicios de mayo­, vecinos de la comunidad Nuevo Balsas pidieron la intervención del relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Leo Heller. Y es que poseen un estudio que comprueba que el agua del río Balsas que consumen está contaminada 300 por ciento más de los límites permisibles por los trabajos de la minera Media Luna.

Otro es el de Miacatlán, Morelos, profundizado por los supuestos sobornos y apoyos que estaría entregando la trasnacional de origen canadiense Alamos Gold a afectados, y con ello desactivar el conflicto, según denunció el pasado 8 de mayo el Movimiento de Ciudadanos Morelenses contra la Minería. El megaproyecto busca explotar siete concesiones sobre 16 mil hectáreas en Miacatlán, Xochitepec y Temixco.

En los 17 conflictos también se encuentra el de Santiago Laollaga, Oaxaca, en resistencia contra las concesiones mineras a favor de Cementos Apasco, SA de CV; Minera Plata Real, S de RL de CV, y Cooperativa la Cruz Azul, SC. Ahí, comunidades zapotecas buscan reunir más de 7 mil firmas, interponer un amparo colectivo y crear la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño.

También el de Ixtacamaxtitlán, Puebla, ahondado porque empleados de la trasnacional canadiense Almaden Minerals amenazaron e insultaron a habitantes de la comunidad Loma Larga que se oponen al megaproyecto minero Ixtaca, el 1 de mayo pasado. Tres días después, los agraviados fueron citados por la Fiscalía General del Estado para “evitar un proceso jurisdiccional” por impedir los trabajos de explotación en la zona.

En Huauchinango, Puebla, la desesperación de los indígenas totonacos y nahuas de 25 comunidades y municipios de la Sierra Norte –agrupados en la Organización Tutunakú-Nahua en Defensa del Territorio y sus Pueblos– llegó al punto de pedir audiencia con el papa Francisco. El hecho ocurrió el pasado 21 de abril, e incluyó la solicitud al líder espiritual de realizar una oración para que esos pueblos enfrenten las agresiones de los megaproyectos de Walmart, Grupo México, Almaden Minerals, Deselec 1-Comexhidro e ICA.

También en Puebla, un día después, organizaciones civiles, indígenas y activistas ambientales crearon un frente común contra proyectos mineros, hidroeléctricas y de extracción hidráulica, en el marco del foro estatal Por la Defensa del Medio Ambiente y contra el Capitalismo Ecocida, que se llevó a cabo en Izúcar de Matamoros.

Chiapas, una de las entidades con más conflictividad social, también presentó un caso: el 12 de abril, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio denunció contubernio entre el gobierno estatal y la minera Puntal, SA de CV. Pues las autoridades no han atendido las denuncias de hostigamiento, amenazas y bloqueos contra los ejidos que se oponen a la actividad minera.

En Oaxaca se reactivaron tres conflictividades este año. En San Mateo Macuilxóchitl, la asamblea comunitaria denunció a inicios de abril la militarización del estado ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos mineros. Por ello, acordó impedir la instalación de una base militar en territorio zapoteco.

En el Istmo de Tehuantepec, el representante común de la resistencia a la minería y las altas tarifas de la energía eléctrica de San Pedro Tapanatepec, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el 9 de abril, lo que originó más descontento.

En Guerrero también se registraron más estallidos de descontento social: en la Costa Chica-Montaña, integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña y la Costa Chica por la Defensa del Territorio –que aglutina a los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, na’ savi, nahuas y afromexicanos– reactivaron las acciones de oposición a las concesiones mineras en Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán y Marquelia.

Mientras que en Cocula y en Chalchihuites, Zacatecas, ocurrieron dos actos de amedrentamiento armado. En febrero, la Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que las canadienses Torex Gold Resources y Panamerican Silver recurrieron a la violencia armada para despojar tierras.

Según la organización, el 31 de enero grupos de “civiles” armados instalaron retenes en Atzcala y Mezcala (Cocula), para impedir un bloqueo de opositores a la minería. Ese mismo día, fueron desalojadas 47 familias de la comunidad Colorada (Chalchihuites) por guardias privados –armados– de Panamerican Silver. La empresa destruyó las casas y se apropió del terreno.

En Tepehuacán, Hidalgo, a fines de marzo, habitantes de la comunidad de Otongo de Guadalupe exigieron a la minera Autlán que repare el daño al ambiente que ocasionó con sus labores en la demarcación.

En Valle de Bravo y Temascaltepec, Estado de México, comunidades denunciaron en marzo pasado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las minas La Guitarra y El Coloso, de la canadiense First Majestic, por la contaminación de manantiales y del río Temascaltepec. Demandaron el cierre inmediato de ambos proyectos pues, señalaron, empresa vierte químicos, entierra residuos tóxicos en el subsuelo y realiza explosiones que generan impactos irreversibles.

Otro conflicto reactivado es el de la Sierra Norte de Puebla, donde habitantes de Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac tomaron pacíficamente las instalaciones de la Minera Autlán, a mediados de enero, para exigirle frenar su proyecto minero en la Sierra Norte de Puebla. La compañía fue autorizada por la Semarnat para realizar estudios para extracción de oro el 28 de diciembre de 2016.

Pero los megaproyectos mineros son mucho más. Tan sólo en 2015, se contabilizaban más de 300 proyectos extractivos en el país, que se concentraban principalmente en Durango, Chihuahua, Guanajuato, Saltillo, San Luis Potosí, Zacatecas, Taxco, la Cuenca del río Balsas, la sierra de Querétaro, Oaxaca y Chiapas (Ecoosfera, 24 de agosto de 2015).

En el caso de Juba Wajíin la resistencia es total. Para los me’phaa, el terreno liberado para la minería no estará nunca a la venta, pues se trata de un territorio sagrado: en el cerro Telpizahuatl habita Ajkhunn, el señor San Marcos que representa el rayo y que, desde ahí, los protege. Aunque ahora son ellos quienes tienen que socorrer a la deidad: la destrucción de esas tierras podría ocurrir en cualquier momento.

Nancy Flores/Tercera de cuatro partes

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOC IEDAD]

Contralínea 539 / del 15 al 21 de Mayo 2017

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/17/mas-de-100-conflictos-sociales-por-mineria-en-mexico/