El informe determina que las zonas mineras deberían ser consideradas como sitios potencialmente peligrosos para la salud humana.

Los impactos de las actividades extractivas sobre el medio ambiente, en particular sobre el agua y sobre la salud humana, tienen múltiples implicaciones que van desde la competencia por los recursos hídricos, la contaminación de fuentes de agua superficiales o subterráneas, hasta las enfermedades que padecen aquellas personas que viven en zonas cercanas a donde se desarrollan estos proyectos. Así lo documenta el Anuario de Actividades Extractivistas en México realizado por Fundar, que también informa de los altos riesgos para la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en la industria.

El informe determina diferentes afectaciones en la salud según la modalidad extractiva. Así, los residentes de zonas cercanas a operaciones de perforación y fractura hidráulica, conocida como fracking, existen afectaciones comprobadas a la salud tales como el aumento en las tasas de hospitalización, problemas respiratorios autoreportados y erupciones cutáneas, así como muertes por accidentes de vehículos motorizados, traumas, abuso de drogas y niños con bajo peso al nacer. Añaden que muchos de los productos químicos utilizados en los procesos de fractura hidráulica representan un riesgo para los seres humanos y el medio ambiente, tanto si se liberan en ciertas concentraciones, como si algunas de estas concentraciones peligrosas persisten en el medio ambiente y alcanzan y afectan a un ser humano, animal o planta.

Asimismo, actividad minera tiene impactos serios en la salud humana de residentes cercanos, así como a los mismos trabajadores y trabajadoras que laboran en las minas. Ponen como ejemplo Molango, en el estado de Hidalgo, uno de los diez yacimientos de manganeso más grandes del mundo, donde se han encontrado las concentraciones más altas de ésta sustancia y estas tienen efectos demostrados sobre la capacidad intelectual de los niños. Además, reportaron estudios que relacionan la inhalación de polvo contaminado con manganeso con los deterioros motores y de la atención en adultos de esta población

La minería también es considerada como de alto riesgo para la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores. Según recoge el informe, la CAMIMEX (Cámara Minera de México) reporta que la tasa de incidencia de accidentes, definida como el número de accidentes incapacitantes entre el número de trabajadores expuestos, fue de 2.7 para el caso de minería subterránea y de 1.1 para el caso de la actividad minera a cielo abierto; estas cifras incluyen únicamente a las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México y a sus contratistas. Un dato alarmante que aporta la CAMIMEX (2015) es que para el año 2015 se registraron 35 accidentes fatales entre sus trabajadores. Entre las causas de los mismo se encontraron golpes por caídas de piedras, atropellamientos, electrocución, accidentes en maquinarias, caídas y aplastamientos.

El informe señala así que las zonas mineras deberían ser consideradas como sitios potencialmente peligrosos para la salud humana debido a los impactos diversos y difíciles de cuantificar de la intensa actividad de la extracción de hidrocarburos.

El informe también alarma sobre la sobreexplotación de los acuíferos en aguas subterráneas, ya que el agua es un recurso ampliamente usado en las actividades extractivas, tanto en la minería como en la extracción de hidrocarburos, particularmente en el proceso de fractura hidráulica (fracking) empleado para la extracción de hidrocarburos no convencionales, como los de yacimientos de lutitatra, generando graves conflictos sociales e impactos ecológicos.

Fuente:http://kaosenlared.net/mexico-actividades-extractivas-afectan-gravemente-la-salud-ponen-riesgo-la-vida-trabajadores-fundar/

La Diputada del Partido de la Revolución Democrática, Rosa Delia Cota Montaño presentó a la opinión pública del estado 10 puntos con los que a su juicio se puede avanza de mejor manera en Baja California Sur en los aspectos social, económico y político y con ello darle un rumbo diferente a la implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos estatal y municipales.

En pronunciamiento presentado en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la legisladora expuso que si bien las reformas estructurales han dañado severamente al país y beneficiado a unos cuantos, “las reformas implementadas a nivel estatal siguen la misma filosofía y armonización.

La representante popular señaló entre los diez puntos la tarea pendiente por parte de los poderes locales “de mandar mensajes a la ciudadanía sudcaliforniana de recuperación de la confianza perdida. El acabar con la simulación y el doble discurso sobre la minería tóxica en la entidad, “o estamos a favor o estamos en contra..no hay puntos medios. Estamos del lado de la inmensa mayoría de la sociedad o apoyamos proyectos depredadores”.

Rosa Delia Cota Montaño señaló que los tres poderes públicos deben de aprobar un plan de austeridad “para bajar el gasto corriente significativamente que permita disponer de recursos para infraestructura, educación, salud y convivencia social”. Igualmente, propuso un Programa Estatal de Reactivación Económica con visión regional de género, emprendedora y sustentable genere los empleos que la población necesita.

Dijo que en materia de seguridad, “más allá de llenar las calles con policías y militares” se requiere de un verdadero programa de prevención del delito y de atención a las víctimas de la violencia y la inseguridad.

Destacó que el estado necesita de verdaderos planes de desarrollo urbano “donde se garanticen los derechos de lkos ciudadanos a la movilidad, a la convivencia, a la cultura, a la recreación y al trabajo… más allá de pavimentar algunos pedazos de calles y de empastar estadios”.

La Diputada Cota Montaño indicó que se requiere un programa en el que se amplíen los derechos de los grupos específicos como discapacitados, la diversidad, los adultos mayores, los jóvenes y las mujeres. “Es urgente legislar y tipificar el delito de feminicidio e e instalar la alerta de género en el estado”.

Enfatizó que se debe de contar con programas de gobierno en los que se aproveche en todas sus capacidades el potencial agropecuario y turístico de la entidad. En el caso del primero, indicó es urgente un Programa Integral de Desarrollo Rural, que no solamente contemple el aspecto productivo, “sino fundamentalmente la organización, la capacitación, las tecnologías modernas y la comercialización de los productos del campo”. En tano que en lo relacionado con el turismo aseveró que Baja California Sur debe de aprovechar las enormes capacidades para el turismo alternativo, creando el Fondo de Financiamiento de pequeños y medianos proyectos en este renglón de la economía, que sean sustentables, y para ello se requiere revisar la Ley de Turismo del Estado.

Por último comentó que es necesario que el Congreso del Estado impulse una reforma municipal, para convertir al municipio en una escuela de la democraica, la participación social y el desarrollo, ampliando los mecanismos de consulta y participación de la sociedad, y al mismo tiempo transparentando el gobierno y rindiendo cuentas.

Fuente:https://colectivopericu.net/2017/06/07/que-se-hable-con-la-verdad-al-pueblo-sobre-la-mineria-toxica-solicita-rosa-delia/

Integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec, estudiantes de todos los niveles educativos así como autoridades municipales realizaron la reforestación en el parque ecológico El Encuentro, con la finalidad de preservar la vida y rechazar el proyecto minero que se intenta ubicar en esta zona del Istmo de Tehuantepec.

Con herramientas de jardinería y también con la mano, los jóvenes y niños sembraron decenas de plantas de ceiba, huanacaztle, roble, framboyán y jacaranda sobre el corredor ecológico, el cual fue creado por el Grupo Ecologista Zanatepec para privilegiar la defensa de la tierra y el territorio hace más de cinco años.

En esta localidad ubicada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec en el 2008, la Secretaría de Economía entregó tres concesiones mineras Aurena, Santa Martha y la Ventosa que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro.

Asimismo, el alcalde de Zanatepec, Ramiro Nolasco declaró en el mes de marzo en una sesión pública de cabildo a este municipio como municipio libre de minería.

La sesión solemne se efectuó públicamente en la Casa del Pueblo de Zanatepec en donde el alcalde manifestó que no permitirá el ingreso y tampoco la realización de exploraciones de parte de ninguna empresa minera que intente instalarse en la comunidad.

Alejandro García y Daniel Cirilo, dos integrantes del grupo ecologista Zanatepec, organización ecologista y social que se fundó hace seis años informaron que sembrar árboles es muestra de vida y también es para declarar que el municipio no quiere la extracción minera porque lo consideran mortal para la vida y el territorio.

“Desde hace dos años estamos luchando con la concientización social, hemos sembrado árboles y hemos difundido el daño a la vida humana y a la naturaleza que trae la minería, vemos casos como Zacatecas, Guerrero y también en otros países donde nuestros afluentes naturales están contaminados sin contar con las enfermedades mortales que viven, por eso nos oponemos a esa forma de extracción de minerales, nosotros pedimos que nos dejen vivir como pueblos originarios que somos”, expresaron.

Esta agrupación junto con la autoridad municipal camina a la par al igual que comuneros y ejidatarios, en esta comunidad la resistencia a la minería es fuerte y se ha vuelto fortalecida con el respaldo de la autoridad.

“A nosotros nadie nos consultó, nadie nos dijo que si queríamos que nuestras tierras fueran excavadas, por eso exigimos respeto a la tierra y territorio”, expresaron.

En las carreteras de la zona sur del estado se transportan grandes cantidades de cianuro, lo que representa un riesgo porque ante el incremento de la minería en varios puntos del país, la afluencia en el transporte de este material tóxico es mayor. Ante esto, han llevado a cabo simulacros de empresas mineras, como Coanzamex en conjunto con los servicios de emergencia de los tres niveles de Gobierno, para poder actuar ante la presencia de accidentes.

En las carreteras de la zona se transportan grandes cantidades de cianuro todos los días, debido al incremento de las empresas mineras que requieren el tóxico para los procedimientos de trabajo en el metal extraído. Por lo cual, incrementa el riesgo de accidente con este material.

Parral está en una zona donde circulan diariamente cantidades importantes de cianuro que van dirigidas a las entidades del país; el veneno proveniente de diferentes países -como Estados Unidos y China-, es necesario para los trabajos.

Es por esto que la Dirección de Minería del Estado de Chihuahua, reconoce el riesgo que posee nuestra entidad en tal aspecto, por el alto grado de toxicidad del cianuro, el cual puede provocar afectaciones en la salud, como dermatitis de contacto, alopecia y urticaria, gastritis y diarreas, cefaleas, conjuntivitis y enfermedades reumatológicas si al derramarse no proceden a un estricto trabajo de descontaminación en el ambiente, sobre todo en el subsuelo.

Ante esto, los simulacros como el que realizaron hace días por parte de la empresa minera Coanzamex en coordinación con autoridades civiles, militares, para la reacción de los cuerpos de emergencia, en estos casos donde son capacitados mediante aprendizaje de una contingencia que pudiera poner en peligro la vida de las personas.

El ingeniero José Javalera, director de Minería del Gobierno del Estado, hizo un llamado a las personas, sobre todo a los viajantes, para que se informen sobre la simbología que notifica cuándo se está transportando o utilizando este tipo de sustancias, porque es de vital importancia prevenir un accidente de esta magnitud.

Asimismo, los cuerpos de emergencia del municipio de Allende y Parral se encuentran plenamente capacitados para la reacción ante algún acontecimiento de tipo ambiental, como el cianuro.

Cabe destacar que, de momento, no se ha presentado fuera de las diferentes empresas algún derrame del tóxico; sin embargo, a causa del aumento de la circulación del material por las carreteras, la concientización por parte de las Minerías en conjunto con los sistemas de protección, es notable.

Fuente:https://www.elsoldeparral.com.mx/local/riesgoso-traslado-de-cianuro-en-las-carreteras-de-la-region

Proyectos de empresas extractivas en el país entre el 2010 y el 2016 están relacionados con al menos 303 casos de ataques a defensores y defensoras del territorio y medio ambiente del país; tan sólo el año pasado se registraron 37 casos relacionados con la minería y 11 con la extracción de hidrocarburos, señaló el centro de análisis e investigación Fundar.

El procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales mediante el cual la empresa química The Chemours Company pretendía obtener un permiso para llevar a cabo su “Proyecto San Luis” consistente en instalar, en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, una planta para producir 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio (NaCN) al año ha sido cancelado.

Pese a contar con el respaldo del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, The Chemours Company ha desistido en su intento de llevar a cabo su “Proyecto San Luis” debido a la presión ejercida por la sociedad ludovicense que, abierta y contundentemente, se opuso al alto riesgo que para su salud y el medio ambiente local representaba el proyecto.

Chemours desistió después de que su solicitud de autorización en materia de impacto ambiental presentada en agosto del 2016 ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT fuera fuertemente cuestionada por la sociedad ludovicense. Dinamizados por la “Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano” los ciudadanos de San Luis de la Paz desplegaron un amplio repertorio de acciones colectivas contra la instalación de la planta de cianuro por considerarla de alto riesgo para su comunidad.

El proceso de oposición social frente a la planta de cianuro de The Chemours Company confirma que -centrada en los propios ciudadanos- la defensa de comunidades receptoras o potenciales receptoras de los daños y perjuicios provocados por el modelo de desarrollo no depende tanto de la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos como de la existencia de una sociedad alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus pretensiones en, fuera e incluso en contra de los órganos estatales en su conjunto al impedir obras o proyectos contrarios a sus intereses.

El Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y The Chemours Company lo fabrica para proveer a la violenta industria minera mexicana que lo utiliza en los procesos de lixiviación de metales “preciosos” extraídos con la técnica “a cielo abierto”. Por ello, el triunfo de la sociedad ludovicense contra el ‘Proyecto San Luis’ debe dimensionarse adecuadamente: no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio, es contra el conjunto de la industria minera.

¡EL CIANURO MATA!

¡VIVA SAN LUIS DE LA PAZ!

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

El derecho internacional de los pueblos indígenas a ser consultados no se cumple en México. El ejemplo más claro es que se ha concesionado la tercera parte del territorio nacional y no se ha consultado nunca a las comunidades indígenas afectadas.

La Coperacha

Representantes de comunidades indígenas y de organizaciones sociales denunciaron ante senadores que en México no se aplica la consulta previa a los pueblos. Ya se ha concesionado una tercera parte del territorio para minería y en ningún caso se ha consultado a las comunidades.

Durante un conversatorio sobre el derecho a la consulta indígena en el Senado de la República, las organizaciones señalaron que existen reglas mínimas establecidas en tratados internacionales así como en el Artículo 2 Constitucional que “deberíamos empezar a cumplir antes de hablar de una sola ley”, afirmaron.

Representantes mayas y zapotecos que tienen procesos de consulta indígena sobre siembra de soya transgénica y de un parque eólico, respectivamente, denunciaron que el proceso ha generado división entre las comunidades y actitudes de racismo institucional.

Discriminación en las consultas

Laydy Pech, integrante del Colectivo Apícola los Chenes, señaló que la consulta no resuelve los problemas de la comunidad. Se vuelve un mero trámite cuando han pedido a las autoridades que sea vinculante y lo rechazan, se quejó. “¿De qué nos sirve sentarnos y dialogar si al final la opinión no va a ser tomada en cuenta?”, cuestionó.

La indígena maya denunció la discriminación de las autoridades responsables del proceso de consulta, en particular a funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) “que sólo llegan a atropellarnos, que nos dan un trato grosero porque hablo maya, porque no hablo español”.

“La consulta debe garantizar a las comunidades indígenas resolver su problema. Nosotros no ocasionamos el problema, el problema lo ocasionan los proyectos mega industriales de soya transgénica”, sentenció Laydy Pech.

División en las comunidades

Por su parte Isabel Jiménez, representante de la asamblea popular del pueblo juchiteco, narró la experiencia de consulta sobre los proyectos eólicos en el Istmo. “Exigimos una consulta previa libre e informada y nos dan una a modo de la empresa”, afirmó.

Algunos de los problemas generados por los parques eólicos, de los cuales ya existen 12 en Juchitán, Oaxaca, son afectaciones a los pozos de agua, contaminación al subsuelo por el aceite que se filtra, riesgos en la siembra del maíz e incrementos en las tarifas de luz, enlistó la representante zapoteca.

Describió que el proceso de consulta ha dividido y generado más problemas a la comunidad. “Las empresas son las culpables de la división de las comunidades, ya no nos vemos como hermanos sino como enemigos”, apuntó.

Narró que con la consulta se han incrementado los asesinatos, hostigamientos, incluso a mujeres y niños. Denunció que a través de medios de comunicación pagados se difama a los defensores derechos humanos. Expuso que las comunidades no están en contra de la generación de energía “sino en la manera en como nos expulsan”.

Reglas mínimas de la consulta

Por su parte Sara Méndez, de la organización Gobixha, afirmó que antes de hablar de una sola ley de consulta indígena habría que aplicar las “reglas mínimas que establecen los tratados internacionales” y el Artículo 2 Constitucional.

En el mismo sentido, el director técnico del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Xavier Martínez, advirtió que “tenemos un estándar interamericano importante”, pero por las condiciones que se viven en México, sería mejor empezar a cumplir con lo que se tiene. Señaló que el problema es el operador de la ley.

Xavier Martínez describió que a pesar del inmenso patrimonio biocultural que depende de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos, el Estado mexicano es embrionario para garantizar sus derechos humanos.

El representante del Cemda afirmó que el 35% del territorio está concesionado a la industria minera y en ninguna concesión se ha llevado una consulta indígena, por lo que el estado pluricultural es inexistente, sostuvo.

Finalmente señaló que hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos y una incapacidad de autoridades de hacer la consulta y de garantizar la integridad de los participantes de las comunidades.

Estado intrusivo

Otro de los participantes del conversatorio, moderado por la senadora perredista Angélica de la Peña, fue Alberto Solís, de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), quien describió los procesos que su organización ha acompañado como el de la tribu yaqui y el de la comunidad otomí de Xochicuautla.

La consulta al pueblo yaqui marcó un precedente, señaló Solís, pues fue la primera ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo quedó parada pues no se cumplieron las cuatro etapas que fueron planificadas, nunca se frenó la operación del acueducto y ocurrieron cosas más graves, pues se criminalizó y encarceló a los representantes indígenas.

Marcó su preocupación por una ley de consulta que se vuelva un trámite administrativos: “Nos preocupa generar una ley, que pretenda homologar, cuando los pueblos indígenas son diferentes, va a ser gravísimo, si el Estado entra en la lógica de hacerlo un trámite administrativo para decisiones que ya tiene tomadas, vamos a entrar a situaciones mucho peores”, sentenció.

Fuente:http://regeneracion.mx/mexico-concesionado-a-mineria-y-no-se-consulta/

 Huauchinango, Puebla.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el informe preventivo presentado por la empresa Minera Gavilán –filial de la canadiense Almaden Minerals- para buscar vetas de oro, plata, cobre, plomo y zinc en terrenos de la concesión denominada “El Chato”, en el municipio de Libres.

De acuerdo con la resolución del expediente 21PU2017MD025, publicada este jueves en la Gaceta Ecológica número 30 de la dependencia federal, el trámite del permiso negado a la minera tardó mes y medio, y no podrá realizar barrenaciones en el terreno de 16 mil hectáreas concesionado bajo la licencia 238640 del 11 octubre de 2011.

Sin embargo, en la publicación no se da a conocer el informe preventivo ni las razones para negar las licencias ambientales.

Almaden Minerals a través de Minera Gavilán cuenta con otras cinco concesiones en el municipio de Libres, mediante las que le fueron entregadas 31 mil 666 hectáreas para la explotación de metales preciosos como oro y plata, además de plomo, cobre, zinc y toda sustancia permitible.

Las licencias son la 236562 Segunda Reducción Caldera, con 6 mil 705.6278 hectáreas otorgada el 9 de Julio de 2010; 232870 Nefi que comprende 510 hectáreas y está vigente desde el 30 de Octubre de 2008; la 238770 El Chatito 2 que comprende 2 mil 796 otorgada el 25 de octubre de 2011.

Además la 238810 Caldera A-1 2 mil 65 hectáreas del 25 de octubre de 2011; y la Fruta Bis con el número de concesión 232023 otorgada el 3 de junio de 2008.

Fuente:http://regeneracion.mx/semarnat-niega-permiso-a-minera-canadiense-para-explotar-oro-en-libres/

La Paz, Baja California Sur.- Luego de la crisis social causada durante el último año de la administración de la priista Estela Ponce Beltrán en La paz por la inminente operación de una minera en la zona rural de la Paz, 4 proyectos continúan a la fecha en exploración , uno de ellos propiedad de la misma empresa canadiense que intentó operar la mina Los Cardones, pero ahora con su nombre de origen.

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