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Otorgan amparo a comunidad Me’Phaa contra la explotación minera en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso (“Juba Wajiín”) obtuvo un amparo de la juez primero de Distrito, Estela Platero Salado, que protege su territorio de la explotación minera.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan precisó que el pasado 28 de junio, dentro del juicio de amparo 429/2016, la juez otorgó la protección de la justicia a los pobladores de esa comunidad contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos para la actividad minera, debido a que resultaron “esencialmente fundados” los conceptos de violación.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/494474/otorgan-amparo-a-comunidad-mephaa-contra-la-explotacion-minera-en-guerrero

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Indígenas ganan a trasnacionales mineras

La Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, otorgó el amparo a la comunidad indígena de San Miguel del Progreso -“Juba Wajín”- frente a la “amenaza minera” que pretendía explorar y explotar su territorio. La sentencia se dictó dentro del juicio de amparo 429/2016.

“No permitiremos la entrada de empresas trasnacionales y nacionales que pretendan explotar nuestro territorio”, sentenció en conferencia de prensa Miguel Santiago, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.

Y es que desde 2010, la comunidad de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero inició un litigio en contra de ña Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera.

Derivado de este proceso judicial, la primera sentencia de amparo contra concesiones mineras fue notificada el 12 de febrero de 2014; lo que llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Después de ello, “en una maniobra estratégica las empresas desistieron de sus títulos de concesión, “lo que obligó a la SCJN a sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la constitucionalidad en inconvencionalidad de la Ley Minera”, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Talchinollan.

Es en la Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015, publicada por la Secretaría de Economía el 24 de noviembre de 2015, en la que se declaraba a los terrenos Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de tinieblas, libres “con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras”.

La abogada Claudia Gómez Godoy dijo que desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) “no creemos que haya minería buena,verde, sustentable o responsable, sino que toda la minería significa despojo, enfrentamiento, significa conflictos intercomunitarios, significa muerte y significa contaminación, por lo cual; el amparo que hoy se gana es sin duda una noticia que hay que celebrar porque abre surco, camino, para un montón de pueblos que a lo largo del país se están oponiendo a estos proyectos de muerte”.

Contra las disposiciones del gobierno federal, indicó Tlachinollan, el 30 de junio pasado las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y Tlachinollan fueron notificados de la sentencia “inédita” dictada por la juez Platero Salado, “en la que ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de Terrenos y que en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad, deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos la consulta”.

 

Maribel González Pedro, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, comenta en que “la lucha de San Miguel del Progreso que ha emprendido desde 2010 es frente a la amenaza minera, ya con esta sentencia es la segunda que gana frente a tribunales judiciales  y frente a la política extractivista del gobierno mexicano. Los pueblos de la Montaña tienen concesiones vigentes; sin embargo, también tienen una lucha que al día de hoy se encuentra más fortalecida gracias a este amparo que no sólo es un logro de la comunidad sino del consejo de autoridades agrarias en defensa del territorio y ellos están siguiendo otras vías de fortalecer la comunidad y su organización comunitaria…”.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/07/11/indigenas-ganan-a-trasnacionales-mineras/

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México: Indígenas reciben amparo jurídico histórico para frenar la minería en su territorio

En el territorio de esta comunidad mexicana, compuesta por 3.800 personas, han existido 44 concesiones mineras, la mayoría de Canadá y Perú.

La comunidad mexicana de San Miguel del Progreso, en el municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, ha obtenido un amparo histórico que protege sus territorios de la actividad minera, informa el periódico ‘Sin Embargo’.

El patrocinio de la comunidad, compuesta por 4.500 hectáreas y 3.800 personas, fue otorgado a finales del pasado mes de junio por la Jueza Primera de Distrito, Estela Platero Solano. Según los indígenas, en su territorio han existido 44 concesiones mineras, la mayoría de la cuales provienen de Canadá y de Perú. La mitad de ellas han sido canceladas.

En una conferencia de prensa celebrada en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, se justificó la decisión de otorgar patrocinio y protección a la comunidad y a sus territorios por «resultar esencialmente fundados los conceptos de violación y, por ende, quedar demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena agraria».

Por su parte, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad, Valerio Amado Solano, subrayó que el amparo a favor de los indígenas se debe a la lucha que emprendieron los pobladores hace unos siete años. «Rechazamos a las empresas mineras en nuestra comunidad», recalcó Valerio Amado.

Este es el segundo amparo que obtienen los indígenas frente a la amenaza de la esfera de minería en su territorio. La primera victoria de esta comunidad tuvo lugar el 12 de febrero de 2014.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/244126-mexico–historico-amparo-indigenas-mineria

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Autoridades agrarias de Ocotlán y Ejutla repudian proyecto minero en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades agrarias y municipales de los distritos de Ocotlán y Ejutla exigieron que se cancele el proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines, así como se respeten las tierras de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para actividades extractivas.

De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero San José de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/493892/autoridades-agrarias-ocotlan-ejutla-repudian-proyecto-minero-en-oaxaca

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LA SUPREMA CORTE ATRAE DEMANDA CONTRA GRUPO MÉXICO POR DERRAME DE 2014

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer la denuncia de la asociación civil Defensa Colectiva contra la compañía y su minera por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi hace 3 años.

CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo una demanda colectiva contra Grupo México y su mina, Buena Vista del Cobre, por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, luego de que se derramaran miles de metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre.

La demanda fue interpuesta por la asociación civil Defensa Colectiva porque, según ella, el derrame ocasionó un severo daño al medio ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras en Sonora; sin embargo, el Juez de Distrito desechó dicha denuncia y el Tribunal Unitario confirmó esta acción, por lo que la organización interpuso un amparo.

Aunque Grupo México también promovió otro amparo por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte decidió atraer ambos amparos para resolverlos.

«El caso tiene enorme importancia y trascendencia ya que permitirá establecer la interpretación adecuada de las acciones colectivas en materia ambiental y la capacidad de apreciación de los mismos de parte del Juez de Distrito en la etapa de certificación», indicó la Corte en un comunciado publicado este miércoles.

El derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014 por una falla en las tinajas de la mina Buenavista del Cobre, fue calificado por las autoridades federales como «el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos».

La empresa indicó en ese entonces que el derrame fue provocado por lluvias atípicas en la zona, argumento que fue rebatido por las autoridades.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a Grupo México con casi 23 millones de pesos y en noviembre de 2015, el gobierno federal dio por concluida la fase de reparación de daños del Río Sonora a cargo de la empresa Grupo México.

Agricultores y ganaderos se vieron afectados puesto que sus animales y los sembradíos. Algunos ganaderos recibieron una indemnización de 14,500 pesos si tenían de una a 50 cabezas de ganado; los que tenían 300 cabezas recibieron 100,000 pesos. Algunos aseguraron que la cantidad recibida no compensaban las pérdidas.

Sin embargo, la asociación civil indica que la contaminación del agua con sustancias tóxicas como sulfato de cobre acidulado ha causado severos daños no solo a las localidades sonorenses, también a todos los mexicanos.

La Corte determinará si es apegado a derecho que se deseche una demanda de acción colectiva cuando una o varias de las pretensiones de la parte actora pudieran ser incompatibles con la vía procesal.

Fuente:http://expansion.mx/empresas/2017/07/05/la-suprema-corte-atrae-demanda-contra-grupo-mexico-por-derrame-de-2014

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Suman casi 400 casos de personas intoxicadas por derrame de minera en Sonora

Regeneración, 2 de julio de 2017.- Lázaro Eduardo Ávila, responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), informó que 381 habitantes de las inmediaciones del río Sonora presentan desechos tóxicos en sangre y orina.

Esto ocurre a casi tres años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la compañía minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, al río Sonora.

Las personas afectadas son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mediante la realización de análisis de sangre y orina cada cuatro meses.

Ávila dijo que, además, se les brinda atención en una vivienda habilitada como clínica, en tanto se concluya la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, sin embargo, los trabajos permanecen detenidos.

El responsable de la Unidad de Vigilancia rechazó que los resultados de los análisis más recientes realizados por la Cofepris, que detectó residuos de plomo superior a la Norma Oficial Mexicana, se deba a la contaminación provocada por la mina de Grupo México ubicada en Cananea.

Hace unos días se dio a conocer que, según un estudio a cargo del Grupo Microanálisis, los pobladores de los municipios aledaños al río Sonora continúan consumiendo agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro,
Cabe mencionar que Grupo México prometió la instalación de 27 plantas potabilizadoras, pero en abril pasado ordenó reducir a nueve las que se edificarían para abastecer a 25 mil habitantes de los ocho municipios ribereños afectados, pero a la fecha ninguna se ha entregado.

Según los planes m

esos y le restan 750 millones para instalar las purificadoras con tecnología de ósmosis inversa.

La mayor parte de los recursos ya fueron utilizados y todavía no se construyen ni el hospital para atender a las víctimas del derrame ni las plantas potabilizadoras.

Los principales problemas de salud que padecen los afectados por los tóxicos derramados por Buenavista del Cobre son dermatológicos, gastrointestinales, oftalmológicos y neurológicos.

Fuente:http://regeneracion.mx/suman-casi-400-casos-de-personas-intoxicadas-por-derrame-de-minera-en-sonora/

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Señalan como evasoras fiscales a 12 mineras canadienses

Doce mineras canadienses fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales; de éstas, cuatro aparecen en la lista de seis mineras que exigen al Sistema de Administración Tributaria el reembolso de 360 millones de dólares

El gobierno canadiense presiona para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Osvaldo Santín, reembolse más de 360 millones de dólares en impuestos a mineras de aquel país que operan en México. Por el contrario, de acuerdo con la lista de 59 registros federales de contribuyentes (RFC) que corresponden a presuntas evasoras fiscales, hay 12 filiales de compañías canadienses, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los RFC revelados en el  Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015, corresponden a: Agnico Eagle México, Agnico Sonora, Minas de Oro Nacional, Minera Real del Oro, Mina Bolañitos, Refinadora Plata Guanacevi, Obras Mineras y Tiros del Centro, Minera La Encantada, Minera El Pilón, First Majestic Plata, Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Peñasquito, Plata Panamericana, Primero Empresa Minera, Minera Plata Adelante y Minera Meridian Minerales.

Estas son filiales de las canadienses: Agnico-Eagle Mines Limited, Alamos Gold, Argonaut Gold Inc., Endeavor, Engineering, Desing & Construction (EDC), First Majestic Silver Corporación, Fortuna Silver Mines, Goldcorp México, Pan American Silver Corp México, Primero, Southern Silver’s, Yamana Gold Inc.

Del listado de registros, el documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 indica que corresponden a los “contribuyentes que cuentan con títulos de concesiones mineras que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

 

Los deberes incumplidos

El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.

El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.

En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.

Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que el gobierno canadiense lleva varios años presionando a los gobiernos latinoamericanos en el tema minero. “Lo han hecho para modificar leyes que eviten la que dicen es una ‘doble’ tributación y ésta principalmente se realice en Canadá, dónde están inscritas la mayoría de las mineras del mundo, porque obtienen mejores condiciones económicas.

 

“La fuerte apertura del gobierno mexicano a la inversión extrajera, bajo la equivocada creencia que la inversión trae crecimiento económico nacional, es una de las causas para tener un marco legal laxo (y cuando digo marco legal me refiero a todas las leyes que involucran al sector), incluyendo por supuesto la tributaria”, dice.

Al cruce de la información divulgada por el SAT a un medio de comunicación y lo evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación, se observa que de las 12 supuestas evasoras, cuatro de ellas se encuentran en la lista que exige el reembolso de impuestos a través de funcionarios de su país de origen.

Aquellas que se encuentran en ambas listas son Goldcorp, Alamos Gold, Agnico Eagle Mines y Endeavour Silver Corp. Las otras dos compañías apoyadas por las autoridades canadienses: McEwen y Torex Gold Resources.

Goldcorp, que reclama al gobierno mexicano 230 millones de dólares, aparece en el sitio 1461 de lista de Forbes como Las empresas públicas más grandes del mundo 2017, que analiza 2 mil firmas trasnacionales. La publicación también la sitúa en el espacio 285 de los mejores empleadores de Canadá.

BNaméricas, la comunidad de negocios en línea más grande en América Latina, indica que esta empresa tiene sus principales activos en Canadá con cuatro minas, y el mismo número en México, en Centroamérica y Sudamérica. Actualmente opera los proyectos Peñasquito, Los Filos, El Sauzal y Camino Rojo en México; Marlin en Guatemala; las minas Alumbrera y Cerro Negro en Argentina, y Pueblo Viejo en República Dominicana.

Alamos Gold, que tiene retenidos 26 millones de dólares, dice su información institucional, es productor intermedio de oro canadiense con producción en la mina Young-Davidson, en el norte de Ontario, Canadá, y las minas Mulatos y El Chanate en Sonora, México. “La Compañía tiene un perfil de crecimiento líder con proyectos de exploración y desarrollo en México, Turquía, Canadá y los Estados Unidos…”, dice su página oficial.

Agnico Eagle Mines, que requiere al SAT 18 millones de dólares, es una empresa canadiense de minería de oro que produce metales preciosos desde 1957, según su portal corporativo. Sus ocho minas están ubicadas en Canadá, Finlandia y México, con actividades de exploración y desarrollo en cada uno de estos países, así como en Estados Unidos y Suecia.

Endeavour Silver Corp, que pide la devolución de 15.6 millones de dólares, anunció que en 2016 El Cubo (la tercera mina más grande de la compañía) produjo 2 millones de onzas de plata y 21 mil 327 onzas de oro. “La producción de plata y oro superó las previsiones debido a un mayor rendimiento, parcialmente compensado por menores recuperaciones de oro”, indicó en su plataforma de internet.

McEwen tiene sus plantas productoras en el norte del país, denominadas El Gallo Gold y El Gallo Silver, ubicadas en Sinaloa, México. Además, explota minas en Argentina y Canadá. A esta empresa, el SAT le tiene pendientes de entregar 6.2 millones de pesos.

Torex es un productor de oro, con sede en Canadá, dedicado a la exploración, desarrollo y explotación de un área de 29 mil hectáreas en el “Cinturón de oro de Guerrero”, indica. Dentro de esta propiedad, Torex cuenta con la mina El Limón-Guajes, que comenzó la producción de oro en diciembre de 2015, y el Proyecto Media Luna, en una etapa avanzada de exploración. Se define como un “productor creciente de oro y plata en las Américas”, en su página de internet. El gobierno mexicano le tiene retenidos 66.5 millones de dólares.

“Como el gobierno mexicano ha enviado a la opinión pública el discurso de las bonanzas de la inversión como crecimiento, y el cual está amarrado a tratados comerciales que obliga a pagos de compensación si hay incumplimiento, ahora las empresas condicionan su inversión a cambio de obtener más preferencias que las que de  por si obtienen en Canadá. Por ello, tratan por cualquier vía de abaratar, lo más que puedan, el costo de producción y el pago de impuestos y aranceles; prefieren menos sindicalizados y más empleados vía outsourcing, y así transfieren, evitan impuestos y ganan en renta. Por eso, les dan preferencias de cuotas en el pago de concesiones entre más superficie de tierra soliciten o, como sucede con el reciente impuesto (del 7.5 por ciento). Éste no tiene un mecanismo de supervisión transparente y permite la creación de lagunas legales que simplemente le evitan al fisco tener idea de cuánto sacó y vendió una empresa, para poder entonces tasar el impuesto real.

“En síntesis, es un juego entre las empresas y los gobiernos, y en este juego no hay negocio, ni nacionalidad ni ganancias… hay despojo y enriquecimiento de particulares y de políticos”, dice Mijangos Leal.

 

Goldcorp en la mira de Naciones Unidas

El respeto a los derechos humanos y ambientales también ha sido motivo de que funcionarios de organismos internacionales pongan su mirada en México, ya que el país es uno de los que más conflictos registra en América Latina.

En México, la principal productora de oro aparece entre los casos de violación a los derechos humanos que documentaron organizaciones defensoras, así como el Grupo de Trabajo de la ONU. También se le ha relacionado a dicha empresa con problemas fiscales en el país.

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) documentaron la “destrucción de la vida comunitaria y generación de daños a la salud y al ambiente en la comunidad de Carrizalillo”, en Guerrero.

 

En el informe México: Empresas y Derechos Humanos —compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU—se documenta:

“La empresa, actuando con dolo, compró de forma ilegal tierras del ejido en propiedad comunal.

“Durante las acciones de protesta de la comunidad ha utilizado a todo el aparato de gobierno para amedrentar, amenazar e incluso desalojar a la población, cuando ésta ha establecido plantones o cierres de las operaciones mineras.

“Durante la construcción del proyecto, dinamitó un área con resquicios arqueológicos (pirámide y otros sitios de rezo), pertenecientes a la cultura balsas-mezcala. No respetó las leyes ambientales mexicanas, al destruir una porción de la región terrestre prioritaria denominada RTP#118 [Cañón del Zopilote, denominado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)]. También destruyó una área protegida para aves migratorias IACA # 18 (Conabio).

“En su pileta de lixiviados se han reportado y detectado miles de muertes de aves que han sido ocultadas por la empresa. El proyecto minero ocupa el 90 por ciento de la microcuenca hidrológica, alterando y dañando toda la dinámica hídrica de la zona”.

México, atractivo para las mineras canadienses

El portafolios de Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero —de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía— indica que en el país hay 803 con capital canadiense. También las hay de Argentina, Italia, India, Australia, Bélgica, Japón, Estados Unidos, China, Corea, Perú y España.

La Cámara  Minera de México (Camimex) indica: “Antes de la aprobación de los nuevos derechos mineros, el sector estimó para los próximos seis años una inversión de 30 mil millones de dólares, y la generación de 100 mil nuevos empleos, lamentablemente la entrada en vigor de los nuevos derechos y los bajos precios de los metales, propiciaron que las inversiones se contrajeran y el empleo redujera su ritmo de crecimiento”.

“En el periodo 2013-2015 se han invertido 16 mil millones de dólares y se han creado 16 mil 357 nuevos empleos, lo que dista mucho de las proyecciones originales, ante la pérdida de competitividad”, dice la Camimex.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/07/senalan-como-evasoras-fiscales-a-12-mineras-canadienses/

 

 

 

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El derrame tóxico de la minera de Grupo México en el río Sonora continúa afectando a la población tres años después

La cifra de afectados por uno de los desastres ambientales más grandes registrados México, el vertido hace ya tres años de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora por parte de la empresa minera Buenavista –del Grupo México– no deja de ascender.

Actualmente, tal y como indica el diario mexicano ‘La Jornada’, el número de personas a las que se les ha detectado residuos tóxicos en sangre y orina ha ascendido de 360 a 381.

Según indica el citado medio, el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), Lázaro Euardo Ávila, ha informado de que todas las personas son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través de análisis de sangre y orina cada cuatro meses.

Y es que, según publica ‘La Jornada’, un estudio a cargo del Grupo Microanálisis –un laboratorio que realiza trabajos específicos para Eveas– los habitantes de lugares cercanos al río Sonora continúan consumiendo agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro.

Dicha situación llevó a que Grupo México, una vez ocurridos los hechos, se comprometiera a instalar un total de 27 plantas potabilizadoras, número que posteriormente reduciría a 9 y que, a día de hoy, no ha entregado ni instalado ninguna, rechazando asimismo que los niveles de residuos en los análisis se deban a la contaminación de la empresa.

“Esos niveles son muy bajos para atribuírselos a la mina, podría ser que en ese municipio (Banámichi) la causa sea la toma de red municipal, tanto por un daño en la tubería o por que están muy antiguas”, indicó a una entrevista al citado medio.

Fuente:http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-derrame-toxico-minera-grupo-mexico-rio-sonora-continua-afectado-poblacion-tres-anos-despues-20170703151147.html

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Mineras y petroleras extranjeras generan más daños que beneficios en el país

Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen.

Regeneración, 3 de julio de 2017.- De acuerdo con el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental.

Uno de los aspectos más destacados en el estudio es que tanto la minería como la extracción de hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades de utilidad pública, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza o los derechos humanos.

De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica” o fracking.

Este esquema de privilegios ha hecho que en la actualidad haya un total de 25 mil 178 concesiones otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, así como 885 proyectos mineros, la mayoría de los cuales son de firmas canadienses (65.3 por ciento) y estadunidenses (13.2 por ciento).

Acerca de la aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, el estudio de Fundar revela que la minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En tanto, la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del año pasado.

El informe señala también que la extracción de minerales e hidrocarburos genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables, al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos del cambio climático.

Fundar destacó que la imposición de ese tipo de megaproyectos suele generar altos niveles conflictividad social en las comunidades donde se asientan, como lo demuestra el hecho de que en 2016 se documentaron 37 conflictos generados por la minería y al menos 11 más por la explotación de hidrocarburos.

Fuente:http://regeneracion.mx/mineras-y-petroleras-extranjeras-generan-mas-danos-que-beneficios-en-el-pais/

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Mineras ponen en riesgo el medio ambiente y la vida en Veracruz, denuncian

Ejidatarios y activistas ambientales en Veracruz exigen que se detengan los proyectos mineros que amenazan a seres humanos, flora y fauna.

La biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre 2 y Caballo Blanco, este último autorizado recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ejecute trabajos de exploración.

Pese a la oposición de ejidatarios y activistas ambientales, y a las múltiples suspensiones en los últimos 5 años, las compañías canadienses Almaden Minerals y Candelaria Mining Corp han insistido en explotar oro, plata y otros minerales en esta región localizada a unos 40 kilómetros al norte del puerto de Veracruz y a 5 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Para La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), la actividad minera en la región es inviable en los aspectos ambiental, social y de seguridad para los cerca de 10 mil habitantes de las comunidades aledañas.

En dos proyectos diferentes, las compañías extranjeras prevén recuperar en el mediano plazo una inversión no cuantificada, pero sí estimada en millones de dólares; en contraste, los pobladores de las congregaciones situadas en las faldas de los cerros subsisten de la ganadería, la siembra de caña y otros cultivos, actividades que inevitablemente se verán impactadas.

Caballo Blanco
El pasado 7 de abril, el delegado en Veracruz de la Semarnat, José Antonio González Azuara, firmó el documento resolutivo que autorizó a la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V. iniciar con los trabajos de exploración en el cerro La Paila, en el municipio de Alto Lucero.

El Informe Preventivo presentado por la empresa, la cual es filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, contempla la barrenación en 7 puntos diferentes en un terreno de 88 hectáreas. Sin embargo, para el proyecto con clave 30VE2016MD097, sólo se estima el trabajo en 175 metros cuadrados.

Estos albergarán las plantillas de barrenación, los patios de maniobras, las fosas de sedimentos y otras actividades propias de la minería.

De acuerdo con el oficio SGPARN.02.RA.0395/17 de la dependencia federal, la minera está obligada a cumplir única y exclusivamente con el proceso de exploración con una perforación que oscilará entre los 150 a 500 metros de profundidad.

La apuesta de Caballo Blanco S.A. de C.V. es obtener información precisa e identificar minerales como el oro y la plata en medio de una zona donde según los censos del INEGI prevalecen amplios sectores en situación de pobreza.

El acceso a los puntos de barrenación está prohibido al tratarse de propiedad privada. Sin embargo, en las comunidades existe hermetismo y recelo en cuanto al desarrollo de trabajos en el cerro La Paila, el cual está ubicado frente a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Para poder realizar las exploraciones, diariamente se utilizarán 70 mil litros de agua que serán acarreados mediante pipas compradas en la región.

En la comunidad de Arroyo Agrio, por ejemplo, la encargada de una de las tres tiendas de abarrotes explica que los últimos movimientos de camiones y otras unidades ocurrieron en la cara norte de la montaña, muy cerca del Rancho del Niño.

“Aquí entraban, pero ahorita están de aquel lado. Tengo entendido que van a utilizar este mismo camino en los próximos meses o al menos eso es lo que se ha escuchado”, afirma.

Según lo expuesto en el resolutivo de la Semarnat, la empresa no tiene permitido abrir nuevas brechas para llegar hasta los puntos de barrenación y sólo tiene autorizado adecuarlos para que sean transitables durante los 2 años de trabajos.

El Cobre 2
A unos 20 kilómetros al sur de donde se reactivará el proyecto Caballo Blanco se localizan ocho puntos del proyecto denominado El Cobre 2, promovido por Minera Gavilán S.A. de C.V., subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals en 2016.

Un año antes de que Caballo Blanco S.A. de C.V. promoviera la autorización para los nuevos proyectos, Minera Galván S.A. de C.V. hizo exploraciones en las comunidades de San Juan Villa Rica, Los Baños, Ojital, Tinajias y El Porvenir.

Sobre este proyecto, los ciudadanos Miguel Leal Ortiz, Emilio Montiel Noguera, Ascensión Sánchez Vázquez, Ascensión Leal Cervantes y Fidel Leal Báez, habitantes del municipio de Actopan, rechazaron el Informe Preventivo de la empresa y exigieron una consulta pública porque consideraron una que había posibilidad de una afectación. Aunque enviaron un oficio el 20 de abril de 2016, la Semarnat avaló el proyecto minero y dio luz verde para los trabajos de exploración.

Explotación inviable

Según el dictamen elaborado por la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V., el programa propuesto es de muy bajo impacto ambiental, pues argumentan que no hay conflicto con el medio ni con el entorno. No obstante, Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA, señala que los proyectos mineros son altamente peligrosos para sitios donde hay tal biodiversidad como en los cerros La Paila y La Cruz.

“La legislación mexicana permisible para que cualquier empresa extranjera pueda despojar a cualquier comunidad, territorio, área natural o bienes sin problemas. La minería prima sobre cualquier otra y es absurdo. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha sido una institución cómplice porque hay claras violaciones a la NOM-120-SEMARNAT-2011 (…) su papel ha sido vergonzoso”, precisa.

Rodríguez Almazán considera que la minería no debería ser admisible en un ecosistema único y diverso como el que existe en la zona serrana que se difumina hacia el Golfo de México, en los municipios de Alto Lucero y Actopan. “El que aprueben proyectos de exploración es el primer paso para la explotación. Están en juego millones de dólares y es un hecho que apuestan a que en algún momento puedan extraer minerales ahí”, indica.

En los informes preventivos de las empresas canadienses se detalla que en dicha región existen desde robles, sauces, comezuelo, higueras, guácimas, guanacastes, encinos, cocuites, helechos, palmas y otras especies. En cuanto a fauna, en esa demarcación es posible observar tlacuaches, armadillos, coyotes, tejones, venados cola blanca, tuzas, zorras y al menos 432 especies de aves, desde garzas, halcones, gavilanes, choros, patos, colibríes y loros.

Considerado este inventario de especies y dentro del contexto de la amenaza al medio ambiente, Emilio Rodríguez insiste en que la sociedad civil debe exigir que se detengan proyectos que ponen en riesgo la vida de seres humanos, flora y fauna.

“El hecho de que esté a escasos kilómetros de Laguna Verde representa un riesgo latente debido a los procesos para extraer los minerales. No sólo estamos frente a un elemento de riesgo para el medio ambiente y para la vida cotidiana de los que allí habitan, sino de seguridad de toda una región”, sostiene.

Fuente:http://aristeguinoticias.com/0107/mexico/mineras-ponen-en-riesgo-el-medio-ambiente-y-la-vida-en-veracruz-denuncian/