El gobierno canadiense no ha abordado cuestiones de responsabilidad empresarial que ameritan ser atendidas. Una serie de organizaciones de Naciones Unidas ya han expresado directamente a Canadá que debe adoptar “medidas legislativas o administrativas para evitar que actos de empresas transnacionales constituidas en Canadá” tengan un impacto negativo en los derechos de las personas fuera de Canadá. La Canadian Network on Corporate Accountability instó a la CIDH a emitir una declaración igualmente clara con respecto a Canadá.
Canadá es el principal centro de financiamiento de la industria minera a nivel mundial. Entre 2008-2009, por ejemplo, en las bolsas de valores de Canadá se negoció más del 70 por ciento del financiamiento con capital propio del sector (1). Si bien las empresas extractivas canadienses tienen una amplia presencia en América Latina, la industria ha sido objeto de numerosas acusaciones de abusos asociados a sus proyectos, que incluyen problemas relacionados con impacto ambiental, desplazamiento de las comunidades y conflictividad social. Estos problemas fueron planteados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2013 por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil de América Latina y por la Fundación para el Debido Proceso. El Grupo de Trabajo llevó a cabo una reseña de 22 estudios de casos relacionados con conflictos entre comunidades y empresas mineras canadienses (2).
La empresa ha anunciado la interrupción de sus actividades en las minas de oro del norte del país, que además cuenta con el total rechazo social de la población, tras la retirada de permisos para la construcción de sus instalaciones de procesamiento por parte de las autoridades helenas para ser sometidos a revisión y la imposición de multas por un total de 21 millones de euros por las infracciones medioambientales cometidas entre los años 2012 y 2014.
El pleno de la DPZ ha aprobado por unanimidad una moción de CHA que reitera la oposición al proyecto de explotación minera de magnesitas a cielo abierto en Borobia (Soria) y expresa su apoyo a los municipios aragoneses afectados por este proyecto ante el «grave» daño a sus recursos naturales y humanos, que «tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas» en esas zonas.
Su sed extractiva y de ganancias acentúa la sobreoferta de materias primas y los bajos precios. Las mineras estaban con los bolsillos llenos aprovechando el crecimiento aparentemente ilimitado de la demanda de metales y se dedicaron a construir las minas más grandes de la historia. Sin embargo, la desaceleración de China y otros mercados emergentes hace caer profundamente los precios de los metales. Estas minas gigantescas están prolongando el mal momento del sector. Su construcción es tan cara y son tan eficientes en la extracción del mineral que reducir la producción es inconcebible. El resultado es que al agravar el exceso de producción, las mineras contribuyen a que los precios sigan cayendo.
Los futuros proyectos de explotación de yacimientos mineros de tierras raras en la provincia de Ciudad Real están generando desconfianza en los municipios en los que se plantean, lo que ha llevado a colectivos sociales a movilizarse para saber más sobre cómo puede afectar al territorio y sus vidas.
Estados Unidos podría dar lugar a una nueva “fiebre del oro” con la aprobación de la ley para la exploración del espacio, centrada en permitir la minería en los cuerpos del cinturón de asteroides de nuestro sistema solar.
Un derrumbe de una mina de yeso ubicada en Pingyi (provincia de Shandong, China) dejó a 29 personas atrapadas, según reportes de las autoridades locales. Cuatro mineros fueron rescatados a primera hora y los equipos de salvamento consiguieron, tras horas de trabajo, sacar a otros seis. Mientras, se trabaja en la búsqueda de otras 19 personas que están desaparecidas y estarían atrapadas en otros sectores de la veta.
El presidente del Parlamento indonesio, Setya Novanto, dimitió del cargo después de que fuera acusado de intentar chantajear una de las principales compañías mineras que operan en el país.
El grupo SoilPlant del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha comprobado en un reciente estudio que en los márgenes del río Guadiamar, aún se encuentran suelos extremamente ácidos, con un alto contenido en arsénico potencialmente tóxico para la vida humana. En abril de 1998 la cuenca del río Guadiamar sufrió uno de los peores desastres ambientales de Europa, el derrame minero de Aznalcóllar (Sevilla). La rotura de la balsa de decantación de la mina provocó el vertido de seis hectómetros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados a los ríos Agrio y Guadiamar
Hasta el próximo día 11 de diciembre, la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático (COP 21) pretende asegurar en la capital francesa un compromiso internacional vinculante para limitar el aumento de la temperatura global en menos de dos grados a partir de 2020.