Andalucía es la Comunidad Autónoma donde más minas y canteras en explotación existen, un total de 488 de 2.853, según datos de la Estadística minera de España 2015. Además, es la que tiene más proyectos en tramitación para abrir nuevas minas o reabrir explotaciones inactivas.

Existen tres grandes proyectos de megaminería metálica en la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla, Cobre Las Cruces, la mina de Riotinto reiniciada en 2015 y la mina de Los Frailes en Aznalcóllar, Sevilla, que se pretende reabrir.

Ecologistas en Acción consiguió, en septiembre de 2016, un fallo judicial histórico contra la compañía Cobre Las Cruces, filial de la multinacional canadiense First Quantum, que explota una de las minas a cielo abierto más grandes de Europa, situada en Gerena, Sevilla. Tras ocho años de denuncias, se ha conde

nado en firme a tres exdirectivos de la empresa por delitos contra el medioambiente y daños al dominio público, por contaminar con arsénico un acuífero para consumo humano.

La denuncia inicial, de 2008, consiguió la paralización de la actividad minera durante un año y obligó a la empresa a invertir más de 30 millones de euros en sistemas de depuración que iba a eludir.

Esta victoria debe eliminar la sensación de impunidad que dejó en Andalucía la falta de responsabilidades de la multinacional sueca Boliden, tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en la madrugada del 25 de abril de 1998, hace ahora veinte años.

La mina de Riotinto, explotada por Atalaya Mining, lleva tres años incumpliendo la autorización ambiental. Ha eludido la construcción de la planta de espesado de lodos y vierte en presas con una densidad inferior a la permitida, poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad de las mismas. Las balsas están colmatadas con 80 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que pueden provocar graves consecuencias en las marismas del Odiel y en la costa de Huelva y Doñana.

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De nuevo Aznalcóllar

Ahora se está tramitando la reapertura de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, cerrada en septiembre de 2001, después de la catástrofe. El desastre de la minera sueca Boliden supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, con arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y cinc, que afectaron a 4.634 hectáreas de la cuenca del río Guadiamar, que desemboca muy cerca del Parque Nacional de Doñana.

En 2002 se archivó la única causa penal abierta y desde entonces la empresa no ha pagado ni un euro de los 250 millones en los que se valoraron los costes de recuperación ambiental. Tampoco pagó la multa de 45 millones impuesta por el Gobierno en 2002, ni los gastos de limpieza, 90 millones, que la Junta de Andalucía le requirió en 2004. Las administraciones fueron cómplices de la catástrofe de Aznalcóllar, por acción y por omisión.

En junio de 1995, Jesús Nieto, responsable medioambiental de la Junta de Andalucía otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de explotación de la nueva corta (explotación) de Los Frailes, desoyendo las advertencias de la Coordinadora Ecologista Pacifista de Andalucía. Se permitió el recrecimiento de los muros de una balsa, que ya estaba colmatada por la anterior explotación de la corta de Aznalcóllar, y que albergaba además residuos tóxicos procedentes del polo químico de Huelva, depositados de manera ilegal.

En enero de 1996, tanto la Junta como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desoyeron la solicitud de paralizar la acumulación de residuos en la balsa, tras la denuncia del ingeniero de minas de Boliden, Manuel Aguilar, que alertó de los peligros, grietas que ya existían en los muros, con riesgo de rotura. Ya entonces había filtraciones que contaminaban el río Agrio, tributario del Guadiamar. Estas denuncias fueron corroboradas por técnicos de la Junta, febrero de 1996, en un detallado informe. Nada hicieron para evitar una catástrofe.

Boliden no pagó, pero cobró más de 37,72 millones euros (6.277 millones de pesetas) en subvenciones públicas a fondo perdido entre 1994 y 1999. Todo esto, bajo el compromiso de mantener el empleo de 430 personas. Es decir, alrededor del 60 % de los costes laborales se sufragaron con dinero público. Incluso, llegó a cobrar 1,82 millones de euros, pocos días después de despedir a la plantilla, noviembre de 2001, en un ERE amparado y financiado por el fondo de reptiles del consejero de Empleo, Antonio Rivas, que está siendo juzgado por corrupción. Este dinero fue a parar a un entramado de empresas: Boliden Apirsa, Boliden Limited, Boliden AB y Boliden BV, con sede en España, Canadá y Suecia. Lo ocurrido hace 20 años no ha servido para que las administraciones cambien su actitud.

Desde 2013, cada vez que se acercan elecciones, la Junta anuncia la creación de cientos de empleos en la deprimida comarca de Aznalcóllar, mediante la reapertura de la mina. En febrero de 2015, justo pocas semanas antes de las elecciones andaluzas, de manera precipitada y sin garantías, la directora general de Minas, María José Asencio, resuelve en concurso, otorgar a Minorbis-Grupo México los derechos para realizar labores de investigación y la preferencia sobre futuros derechos de explotación.

En realidad la empresa que participó en el concurso fue Minorbis, empresa creada tres meses antes con un capital social de 3.000 euros. Es una filial de la empresa cordobesa Magtel, pero ni Minorbis ni Magtel han desarrollado nunca ningún proyecto minero, aunque cuentan con buenas relaciones con la Junta.

Multinacional mexicana

A mitad del concurso Minorbis presentó un ‘memorándum de entendimiento’ con el Grupo México en el que la multinacional presta su solvencia a Minorbis. La mesa de contratación del concurso se negó a valorar los desastres ambientales que el Grupo México ha provocado. Desde febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, en la región Nueva Rosita de Coahuila, México, donde siguen sepultados sesenta y tres mineros muertos en accidente, con sospechas de negligencia; en 2014, un vertido de 40.000 metros cúbicos de lixiviados a lo largo de 271,6 kilómetros en la cuenca del río Sonora y la contaminación de 322 pozos de agua potable. Todo apunta que Magtel, a través de Minorbis, actuaron como intermediarios del Grupo México, que así ha eludido ser evaluada.

El concurso minero está investigado por supuesta prevaricación tras la querella presentada contra once cargos de la Junta por la empresa perdedora, Emerita Resources. Pero la Junta ha dado los derechos de investigación y explotación a una nueva empresa creada al efecto, Minera Los Frailes, participada, al mínimo, por Minorbis y mayoritariamente por ACM Mining Iberia, filial española del Grupo México. Un conglomerado de empresas interpuestas para eludir responsabilidades, con conocimiento de la Administración, hasta el punto de que han otorgado a la compañía Minera Los Frailes la concesión 7976 Zona Aznalcóllar, sin evaluación ambiental, a pesar de las afecciones en Zona de Especial Conservación (ZEC), corredor ecológico del Guadiamar.

El proyecto prevé dos graves impactos ambientales: vaciar, durante tres años, las aguas contaminadas acumuladas desde 2001 en la corta minera de Los Frailes, y verterlas en una zona ZEC, vertido que va a modificar y, seguro, contaminará las aguas del corredor ecológico que alimenta Doñana. Y, en fase de explotación, prevén usar la vieja corta de Aznalcóllar como depósito de lodos, como ya se hizo en la catástrofe de 1998. Esto contaminaría el acuífero que aflora a media altura en esa corta minera. El mismo acuífero cuya contaminación provocó la condena por delito ambiental de la empresa Cobre Las Cruces. La Minera Los Frailes ya está efectuando tareas de investigación y el Seprona y la confederación hidrográfica ya han detectado vertidos al corredor ecológico del Guadiamar.

Fuente:https://www.salyroca.es/articulo/lyfestyle/20-anos-castastrofe-ambiental-aznalcollar-donana-medio-ambiente/20180424161336004739.html

La Plataforma ‘Si a la Tierra Viva’ ha rechazado la intención de la empresa Quantum Minería de acceder a las aguas subterráneas del Campo de Montiel, en Ciudad Real, y destinarlas al proyecto de extracción de tierras raras que ya fue denegado por el Gobierno regional. En un comunicado, la plataforma ha explicado que, según el anuncio hecho público por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la documentación aportada por la empresa, se pretende realizar un sondeo de investigación de aguas subterráneas a una profundidad de 200 metros, en la localidad de Torrenueva.

El sondeo quiere determinar la existencia de un caudal aprovechable continuo inicial de 2,78 litros por segundo que se destinaría a un proceso industrial de lavado de mineral de tierras raras que necesitaría, en principio, y que supondría 88 millones de litros de agua anuales. En cuanto a la posible afección del sondeo, la empresa toma en consideración una extensión de 340 kilómetros cuadrados (34.000 hectáreas), en los que Quantum ha inventariado 121 puntos de agua, en su gran mayoría con una profundidad menor de 20 metros.

A finales de octubre de 2017, el proyecto de explotación de tierras raras de Quantum en el Campo de Montiel obtuvo una declaración de impacto ambiental negativa de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por ser incompatible con la conservación de los valores naturales protegidos y con la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos hídricos necesarios.

Para Sí a la Tierra Viva’, el sondeo propuesto y el uso al que se pretende destinar el agua es incompatible con la Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo es garantizar la protección de este elemento y promover un uso racional y sostenible que garantice la disponibilidad de este recurso a largo plazo. Asimismo considera que tampoco se puede obviar «la dificultad que encuentran las actividades agrícolas tradicionales para acceder a unos recursos hídricos escasos, máxime cuando tenemos recurrentes periodos de sequía agravados por el cambio climático, lo que puede acabar afectando al abastecimiento de poblaciones en el futuro».

Por ello, la plataforma opina que no se entendería que la Confederación Hidrográfica del Guadiana autorizase este sondeo en beneficio de una actividad minera declarada medioambientalmente inviable.

Aprovechamiento futuro

Los técnicos de ‘Sí a la Tierra Viva’ están analizando la documentación presentada por Quantum Minería y han puesto a disposición de los ciudadanos un primer documento de alegaciones, y además de charlas informativas en diversos municipios mantendrán contactos con las organizaciones agrarias, cooperativas, ayuntamientos y otros colectivos para «evitar que este ingente volumen hídrico sea desaprovechado», ha indicado la plataforma.

Fuente:https://www.eldigitalcastillalamancha.es/empresas/8525881/El-inviable-proyecto-de-Quantum-Mineria-tampoco-puede-acceder-al-agua-subterranea.html

La Asociación Salvemos la Montaña ha conseguido reunir hoy en Cáceres a unas 3.000 personas -2.200 según la Policía Nacional- que han pedido enterrar el proyecto de mina a cielo abierto para la extracción de litio en el paraje Valdeflores.

En esta ocasión, la asociación ha reunido a varios colectivos contra diversos proyectos mineros que salpican actualmente la geografía española: mina de feldespato en Valle del Corneja, en Ávila; el colectivo de La Raya Sin Minas, de Valencia de Alcántara; y Stop Uranio, entre otros.

Salvemos la Montaña está dispuesta a «batallar hasta el final», dado que la promotora minera Tecnología Extremeña del Litio (TEL) no ha arrojado la toalla, pese a que la comisión de Urbanismo ha denegado su petición de modificar el Plan General Municipal (PGM) para permitir el uso extractivo en el paraje, una acción que tendrá que refrendar el pleno del Ayuntamiento de Cáceres el próximo 19 de abril.

Ahora el colectivo quiere arrancar un «compromiso» al Gobierno regional «de que paralizará este proyecto, ya que sigue adelante con el expediente minero», a pesar de que éste ya ha hecho público que no habrá permiso ambiental con el bloqueo del Ayuntamiento al denegar la modificación del PGM, por lo que la vía judicial (que TEL no ha descartado) se plantea como la única salida.

Pancartas con consignas como «la mina me elimina», «la mina contamina» y «viva la vida en la Sierra de la Mosca» se han desplegado hoy en la manifestación, que ha reunido a políticos municipales (PP, PSOE y Podemos se han posicionado en contra y han criticado la «ambigüedad» de Ciudadanos), colectivos de Ávila, Salamanca y Extremadura.

De hecho, Salvemos la Montaña trabaja en una unión de plataformas para «conseguir cambiar la Ley de Minas; una ley franquista y depredadora», así como en sacar adelante una figura de protección de la Montaña, «para asegurarnos de que ningún proyecto minero puede arrebatarnos este pulmón verde a la ciudad».

La actriz extremeña Maruchi León ha sido la encargada de dar la bienvenida a los manifestantes a la Plaza Mayor, donde ha dado lectura a un comunicado.

Previamente, se había realizado una performance a la salida de la manifestación, en la Plaza de América, donde se ha plantado simbólicamente olivos, brezo y romero y se ha escenificado la ‘muerte’ de la Montaña cacereña si el proyecto minero llega a materializarse.

«Se trata de un proyecto promovido por una empresa extranjera» (conformada por Valoriza Minería y la australiana Infinity Lithium), «que solo busca la especulación; son esbirros del desarrollo salvaje e intolerable con la vida y la salud», han defendido desde la asociación, ya que la mina a cielo abierto se situaría a dos kilómetros del casco urbano y muy cerca del nuevo hospital cacereño. EFE.

Fuente:http://www.cope.es/noticias/economia/unas-3000-personas-piden-caceres-enterrar-proyecto-mina-litio_195736

El programa de Telemiño Propiedad Creativa habla esta semana con el doctor en Astrofísica por la Universidad de Arizona Víctor Manuel Pérez Vázquez, que ofrece un ciclo de conferencias en el Ateneo de Ourense. La especialidad de este astrofísico ourensano son los asteroides, de los que destaca su importancia al asegurar que «la minería que estamos encontrando en los asteroides pueden ayudarnos a conseguir recursos energéticos cuando empiecen a escasear aquí». Insiste en que «este planeta es finito y sus recursos también, así que tenemos que empezar a buscar alternativas fuera de aquí. También se está analizando la minería en la luna».

Víctor Manuel Pérez, para quien no hay duda sobre la llegada del hombre a la luna, de momento la Tierra no corre todavía riesgo de un choque inminente con ningún asteroide. «Hay una escala que mide el riesgo y todavía no conocemos ninguno que esté en lo más alto, pero es algo que no se puede descartar. Esperamos saberlo con tiempo suficiente para poder evitarlo».

Sobre el universo tiene claro que apenas conocemos nada. «Estamos empezando a rascar un poco por encima. No podemos olvidar que hace sólo cien años lo desconocíamos todo». Sin embargo, también incide en que en España no se pasa por un buen momento para la investigación en este campo y destaca la importancia de ser creativo para tener ideas que ayuden a avanzar en estos terrenos.

Una ciencia más allá de las estrella en busca de futuro

La definición de astrofísica es «parte de la astronomía que estudia las propiedades de los astros así como su origen y evolución, utilizando los métodos y las leyes de la física». Víctor Manuel Pérez , que a los doce años pidió a sus padres un telescopio y quedó enganchada, recalca que hoy día, con el avance de la tecnología, ya no es necesario tener el ojo pegado al telescopio para investigar. ( España).

Fuente:http://www.laregion.es/articulo/ourense/futuro-mineria-tiene-forma-asteroide/20180413092944785208.html

España.- La solicitud de un permiso de investigación de recursos mineros de litio, wolframio, estaño y tántalo, en los términos de Fermoselle y Villar del Buey, ha dado lugar a la creación de la Plataforma «No en mi tierra», ligada a la Asociación Terra SOStenible.

En su primer comunicado pone de manifiesto «el mundo rural en Zamora está siendo claramente amenazado por la acción de políticos, administraciones públicas y especuladores», «Si la única propuesta política a la despoblación de Zamora es la de generar más despoblación despojando de sus tierras a sus legítimos dueños para dar carta blanca a los especuladores mineros que últimamente pululan por Castilla y León, es para hacérselo mirar», afirma la  Plataforma cívica «No en mi tierra», cuya porrtavoz es Maria José Corral Martín, natural de Fornillos de Fermoselle, y la Asociación Terra Sostenible.

Ambos colectivos denuncian «la mala gestión pública del territorio, entregándole las llaves del futuro a empresas depredadoras y corruptas, juzgadas por estafa, como es el caso de la empresa Grabat Energy S.L., a la que se le ha concedido el permiso de investigación. Para colmo de mala gestión del territorio, la administración no tiene el mínimo control oficial sobre lo que hacen las empresas mineras, que mantienen su actividad en secreto, ni tienen inspectores de minas que vigilen las explotaciones. Si ningún buen padre de familia gestionaría tan mal su patrimonio ¿por qué se le permite a una administración pública semejante aberración sin que tenga que asumir responsabilidades legales por ello? «.

Tanto la Asociación Terra SOStenible, como la Plataforma No en mi tierra, se han personado como parte interesada y han presentado alegaciones  a la autorización del proyecto de investigación que, al igual que otros en lista de espera, amenaza la supervivencia del mundo rural Zamorano.

Odyssey Marine Exploration, empresa dedicada al rescate de tesoros en barcos hundidos, logró aparentemente un triunfo legal en México, para seguir empujando su proyecto de minería submarina “Don Diego”, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.

De acuerdo con un reporte dirigido a accionistas, la firma estadounidense, dio a conocer que el pasado 21 de marzo, su filial Exploraciones Oceánicas, obtuvo un fallo unámime del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reponga el proceso de evaluación de impacto ambiental para el dragado de arena fosfática del fondo marino, útil en la fabricación de fertilizantes para la agricultura.

El supuesto veredicto, que no ha sido notificado a la Semarnat, de acuerdo con fuentes oficiales, y no se encuentra disponible en la página de TFJFA, es resultado de un juicio contencioso administrativo promovido ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación por parte de los afectados, que recayó en la ponencia del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.

De esta forma, Odyssey Marine Exploration asociada con Altos Hornos de México (AHMSA), busca dejar sin efecto el resolutivo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, que el 7 de abril de 2016, negó la autorización para la extracción de esta sustancia negra y pegajosa, parecida al chapapote, al considerar que entre otras especies, dañaría gravemente a las tortugas marinas en peligro de extinción, en especial a la caguama (Caretta careta), que vive su etapa juvenil en esta región, decretada como área de refugio, hasta alcanzar la madurez sexual.

La afectación de una especie marina migratoria como la Caretta caretta sí implicaría daños que se extenderían más allá de las fronteras del Estado Mexicano, pues se impediría que dicha especie regresara a sus áreas de anidación y reproducción en el Archipiélago Japonés (disminuyendo a la postre sus poblaciones), factor que esta DGIRA debe analizar para cumplir con la obligación de debido cuidado del Estado Mexicano al analizar la Manifestación de Impacto Ambiental-Regional, presentada por el promovente”, estableció el dictamen.

En entrevista, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica señaló que el fallo del tribunal, -si es que existe-, no sería la última instancia, ya que las autoridades mexicanas podrían combatirlo a través del Poder Judicial de la Federación.

Recordó que en octubre de 2014, existió un caso similiar con el proyecto turístico Cabo Cortés en el Parque Nacional Cabo Pulmo, luego de que un tribunal obligó a Semarnat a emitir un nuevo resolutivo en materia de impacto ambiental.

El tribunal nunca se pronunció en qué sentido debía ser el nuevo resolutivo, y por ello la Semarnat volvió a negarlo”, señaló.

Desde 2015, Excélsior publicó una serie de reportajes sobre la intención del proyecto “Don Diego” de extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en un periodo de 50 años, como materia prima para fabricar fertilizantes agrícolas.

A decir de Janette Murillo Jiménez, doctora en Geología Marina, uno de los principales problemas que generaría «Don Diego», es la contaminación por metales pesados como aluminio, arsénico, cadmio, cromo, cobre, selenio, uranio y zinc, que serían liberados al remover los sedimentos que llevan millones de años enterrados en el lecho marino y que impactarían a alrededor de 15 mil personas de la zona que tienen como principal sustento la captura de langosta y abulón, así como la prestación de servicios turísticos para el avistamiento de ballenas.

La científica explicó que el uranio es el elemento más dañino que soltaría el dragado de arenas fosfáticas, porque es radioactivo y según los propios estudios presentados por los inversionistas tendría una presencia de 154 microgramos por litro de agua de mar, en concentraciones cinco veces por encima del nivel máximo permitido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Rocío Marcín Medina, profesora de Contaminación Marina y Didáctica General en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), agregó que la suspensión de partículas por los trabajos de extracción provocarían turbidez en el agua, lo que rompería la cadena primaria por la falta de oxígeno, dañaría a los moluscos porque son filtradores y a las langostas que se alimentan de materia orgánica en descomposición.

Fuente:http://www.excelsior.com.mx/nacional/supuesto-fallo-de-tribunal-daria-vida-a-proyecto-de-mineria-submarina-en-bcs/1230329

Un nuevo informe de investigadores canadienses sugiere que la disminución dramática de las manadas de caribús en tierra árida se debe a la minería de acceso abierto en el norte de Canadá, y no, como lo han asumido las autoridades, a la caza tradicional de indígenas en el norte.

El caribú ha sido un elemento básico del Norte durante milenios, proporcionando comida, ropa y muchos otros materiales útiles a los pueblos indígenas en todo el vasto territorio ártico. Pero en los últimos 30 años, manadas que una vez llegaron a contarse por millones han disminuido en más del 70 por ciento.

La mayor pérdida ha sido en la manada de Bathurst, al norte de Great Slave Lake, provincia de Nuevo Brunswick, que una vez contaba con casi 500,000 animales, y que ahora se ha reducido a 20,000, una disminución de más del 95 por ciento. Esta gran pérdida ha provocado drásticas restricciones a la caza indígena en la región. Pero este nuevo informe proporciona una fuerte evidencia de que la caza indígena no es la razón del declive.

Los autores del informe dicen que cuando se suman los números, la caza tradicional de subsistencia ha tenido un efecto insignificante en la población de caribúes.

De hecho, sostienen que hay buena evidencia de que las comunidades indígenas históricamente son muy responsables en su caza, disminuyendo voluntariamente su captura en respuesta a las fluctuaciones naturales en el número de caribúes a fin de preservar la salud de la población.

Actividades mineras y  degradación del hábitat

Pero las recientes caídas catastróficas en la población de caribús no son naturales. Y la evidencia sugiere que el verdadero culpable es la alteración y degradación del hábitat debido a la construcción de carreteras y la exploración y operaciones mineras. Este tipo de desarrollo se ha expandido dramáticamente en el Norte, exactamente al mismo tiempo que las poblaciones de caribú se han venido desplomando. A pesar de esto, la respuesta principal de los gobiernos ha sido imponer restricciones a la caza indígena, al tiempo que permite acelerar la explotación de los recursos.

El Norte es rico en recursos: petróleo, gas, diamantes y minerales. El área es extensa, y la población es escasa: todas las personas que viven en el Ártico canadiense podrían caber en dos estadios de las grandes ligas de fútbol.

Con tanta riqueza en juego, a las compañías mineras se les ha facilitado el acceso a la tierra, sin una consideración adecuada del impacto sobre el ecosistema y sobre los pueblos indígenas que dependen de él.

Toda esta actividad ha alterado la autonomía del caribú. Estos animales son particularmente sensibles al tipo de trastorno que causa la exploración minera. El polvo que cubre la vegetación de la que los animales se alimentan y el ruido provocado por las operaciones de minería y perforación comprometen su alimentación, su reproducción y crianza de terneros, provocando finalmente que su número disminuya.

La presión para un mayor desarrollo y más actividad perturbadora y degradante del hábitat continuará creciendo en el futuro. El Norte se hará más accesible gracias a la pérdida de hielo en el Océano Ártico debido al cambio climático. Y el cambio climático en sí mismo es una gran perturbación humana para los ecosistemas del norte. Todo esto parece ser aún más malas noticias para el caribú y para los pueblos indígenas cuyo estilo de vida tradicional ha dependido de ellos.

Fuente:http://www.rcinet.ca/es/2018/04/03/las-mineras-no-la-caza-responsables-de-la-disminucion-del-caribu-canadiense/

La ONU, a través de la comisión de cumplimiento del Convenio de Aarhus sobre participación pública en materia de medio ambiente, admitió a trámite el pasado 15 de marzo una queja de entidades ecologistas sobre la «constante obstaculización» de la Xunta al acceso a la información en proyectos mineros. Por ello, Galicia, a través del Ministerio de Agricultura deberá justificar su actuación ante Naciones Unidas. El Gobierno gallego ya fue condenado por la justicia por no entregar toda la documentación sobre la mina de oro a cielo abierto en Corcoesto, en el ayuntamiento coruñés de Corcoesto, proyecto que finalmente tumbó.

La queja fue planteada por las asociaciones Petón do Lobo y O Ouriel dos Anllóns y enviada el 24 de julio del pasado acerca de los expedientes relacionados con las minas de San Finx, en Lousame, y de Varilongo, en Santa Comba, ambas en la provincia de A Coruña. Según explican las asociaciones, la denuncia también hace referencia «a diversos inventarios sobre los riesgos de balsas y escombreras y de labores mineras abandonadas» por toda Galicia.

La reclamación admitida parte de estas asociaciones, que se incluyen en la red ContraMINAcción, la cual alerta de que los «impedimentos» en el acceso a la información «continúa siendo uno de los principales obstáculos» para los movimientos por la defensa del territorio. En este sentido, alude a conflictos como el de la mina de cobre del concello coruñés de Touro.

La queja emitida al órgano de la ONU, tal y como relatan los ecologistas, se produjo «después de agotar las vías domésticas y de que la Xunta siguiese ignorando las solicitudes». Además, aseguran que fue admitida a pesar de la oposición de la delegación española en la comisión, que afirmó -dicen- que no se habían utilizado tales vías y que sí hubo proceso de participación pública en San Finx y Viralongo. Según las asociaciones, «totalmente falso».

Las entidades gallegas aseguraron que la Xunta ignoró las resoluciones de 2008 y 2009 de ambos proyectos que obligaban a someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental.

Fuente:http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2018/04/01/xunta-debera-rebatir-onu-quejas/1277305.html