Impulsado por el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda se llevó a cabo el debate de control político sobre convenios entre empresas del sector minero-energético y fuerza pública, encaminado a responder la pregunta, ¿Cuál es el papel de la fuerza pública en el posconflicto armado?
“Estamos ante una privatización de las fuerzas militares al servicio de las multinacionales”, asegura el senador Cepeda, quien añade “las fuerzas militares terminan siendo una especie de servicio de seguridad de las empresas para resolver conflictos socio-ambientales o para reprimir a los sindicalistas (…) si va a haber un acuerdo de paz esos convenios no tienen razón de existir, a no ser de que sea solo para reprimir a las comunidades”, dice.
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Aunque la sequía que sufre Cundinamarca ha sido atribuida al fenómeno de El Niño, para los habitantes de la vereda El Peñón, en el municipio de Sibaté, la actividad minera es la razón por la que no tienen agua y sus cultivos de fresa mueren.
Tres personas murieron este jueves en una mina aurífera ilegal situada en el municipio de Neira, departamento de Caldas, por un accidente que todavía es objeto de investigación por parte de las autoridades, informaron fuentes del cuerpo de bomberos.
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En Gachantiva (Boyacá), realizarán consulta popular para decidir sobre el futuro de la minería en el municipio. La medida se anunció este jueves, en una audiencia pública en el Congreso sobre las afectaciones de la minería en Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense.
Los habitantes están alarmados con 78 títulos mineros otorgados. Casi como un segundo castigo, así ven los habitantes del municipio de Calarcá, Quindío, que sus tierras sean licenciadas para la minería.
El Ministerio del Interior de Colombia deberá realizar una consulta previa con el Concejo Comunitario de la parcialidad indígena Cartama y los miembros de las comunidades indígenas antes de cualquier exploración.
La mitad del departamento del Quindío podría convertirse en una desértica mina. John James Fernández, director de la Corporación Regional del Quindío, CRQ, lanzó la advertencia. Aunque la naturaleza hoy predomina en el llamado ‘Corazón Verde de Colombia’, en las oficinas de la Agencia Nacional Minera, ANM, cuya sede central está en Bogotá, se cuece lo que podría convertirse en un ‘apocalipsis’ ambiental para la región.
Los páramos son uno de los territorios esenciales para el ciclo hídrológico en Colombia. Además de captar, almacenar y regular el líquido vital, los 36 sistemas de páramos del país, con una extensión de 2.906.137 hectáreas, ofrecen el 70% de las aguas que hoy consumimos los colombianos. Luego de las importantes movilizaciones que se realizaron durante los últimos años en contra de la actividad minera y la destrucción territorial y contaminación de aguas que conlleva, la delimitación de los páramos fue la estrategia política y respuesta del gobierno Santos. Hoy deberíamos preguntarnos ¿A quién beneficia esa delimitación?