Bogotá 07-09- 2016 (REDIM).- La mega minería no resuelve los problemas
económicos de nuestros países, al contrario tiene efectos nocivos para las
personas, las comunidades y la naturaleza. Esta es una de las conclusiones a las
que llegaron los participantes en el III Encuentro de la Red Iglesias y Minería,
realizado del 2 al 4 de setiembre en la capital colombiana y que reunió a 50 líderes
religiosos de diversos países del mundo.
La más reciente protesta ocurrió el pasado 18 de Agosto. Allí, organizaciones sindicales, sociales, cívicas, populares y políticas, la población ocupó las calles de Riohacha para minifestar su rechazo a las políticas económicas y sociales relacionadas a la “locomotora minero energética” del presidente Juan Manuel Santos; específicamente, la carbonífera en el Cerrejón.
El departamento de la Guajira históricamente ha reclamado para la soberanía de sus pueblos abandonados por el Gobierno y golpeados por el conflicto armado. En esta oportunidad de movilización estuvieron presentes organizaciones como Sintracarbón, Sintrabienestar, la Central Unica de Trabajadores -CUT-, la Unión Sindical Obrera -USO-, el Comité Cívico de la Guajira, el Comité Sindical Clasista del Corredor Minero del Cesar, Magdalena, Guajira; el Polo Democrático Alternativo PDA, el Congreso de los Pueblos, los mototaxistas, los pimpineros y la comunidad étnica Wuayuu.
El documental, que sirvió de prueba ante la CIDH para que ordenara la protección de los Wayúu, se empieza a ver en el país desde esta semana. Varios activistas lideran una petición ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia para que devuelvan el río Ranchería al pueblo Wayúu. El único río, el que hace unos años lo represaron y ahora solo sirve para fincas de grandes ganaderos y para las empresas que explotan carbón.
La imagen del desierto de La Guajira y sus habitantes, la población indígena Wayúu, es utilizada con frecuencia en comerciales turísticos de Colombia. Las mantas de colores con las que se visten y el idioma propio que mantienen, hace atractiva a esta zona para mostrar la riqueza ancestral del país.
Movilizadoras por la profundidad de los temas abordados y por la dura realidad que se atraviesa en los territorios. Se analizaron los mecanismos que utiliza la actividad minera necesariamente vinculados a un sistema que solo logra la concentración de la riqueza y cómo los medios de comunicación se constituyen en un arma de reproducción de la desigualdad y a través de ellos se instala un discurso que legitima la destrucción de la Casa Común. También se analizó el contexto regional y la historia de la mega minería en América Latina, lo determinantes que fueron los gobiernos de los años 90 para implementar políticas en favor de las multinacionales del extractivismo.
El grito de la madre tierra, clamando por por prácticas más armónicas en sintonía con el Buen Vivir, llegaron desde Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina y otros puntos del globo. La fraternidad que se genera entre quienes llegan desde puntos tan distantes es en sí misma una de las mayores satisfacciones con que volveremos a nuestras tierras. Con una intensa agenda que comenzó a las 8 de la mañana de Bogotá y finalizó a las 22 hs, completamos el primer día de intenso trabajo del equipo pleno de la Red de Igresias y Minería (I y M).
El Concejo Municipal de Cajamarca aprobó la convocatoria a una consulta popular minera para que los habitantes de esa población del suroccidente del Tolima decidan si están de acuerdo o no con que se realicen megaproyectos de explotación que afecten los recursos hídricos y el medio ambiente. Centenares de vecinos se concentraron a las afueras del Concejo esperando la aprobación de dicha iniciativa que busca frenar el proyecto minero de oro La Colosa, que ejecuta la compañía AngloGold Ashanti en zona rural de ese municipio.
La movilización cumplida el pasado fin de semana se realizó sin contratiempo alguno y dejando en claro la defensa del agua y del territorio.
“Rechazamos de plano todo el impacto tan tremendo que ha hecho lose estudios de sísmica sobre la explotación petrolera en este territorio”, dijo Armando Silva, habitante del municipio y miembro del Comité Por la Defensa del Territorio y del Agua.
Representación social
Para los organizadores de la manifestación social, fue importante ver como diferentes organizaciones se sumaron a la movilización que se desarrolló por las principales calles del municipio.
Con esta iniciativa buscan que, al igual que en Ibagué, sean lo habitantes los que definan si sus territorios deben ser expuestos a la minería. El representante a la Cámara Harry González, promueve esta iniciativa para que sean los caqueteños quienes decidan si quieren o no explotación minera en esta zona del país.
El anuncio lo hizo el congresista luego de que la semana pasada se celebrara un encuentro entre las autoridades locales del departamento con el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Orlando Velandia, donde se concluyó que es prioritario un encuentro con el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales en defensa del agua, esto para discutir las afectaciones que ha tenido para el orden público la llegada de petroleras al Caquetá.
Por primera vez, el 2 de octubre, una ciudad colombiana decidirá por medio de un referéndum si quiere o no explotación minera en su territorio. Para ello debe enfrentarse a enemigos poderosos. «La minera Anglo Gold invirtió más de 100 millones de dólares para ganarse la simpatía de la gente y de los políticos», dijo el alcalde de la ciudad colombiana de Ibagué. «Nosotros tenemos la soberanía sobre el suelo. La Nación la del subsuelo. Pero como para poder acceder al subsuelo es necesario pasar por la superficie, nosotros decidimos si el suelo se puede romper para proyectos de megaminería», explicó el Jaramillo.
Cansados de lo que ellos consideran atropellos, los habitantes del corregimiento La Victoria de San Isidro, zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, taponaron la entrada a la mina donde se adelanta el Proyecto La Jagua que explotan las firmas CMU, CDJ y CEP de la multinacional Glencore, y de manera pacífica protestaron por lo incumplimientos que ha tenido la empresa con la comunidad.
“Estamos muy afectados por la explotación minera, pues están llevando una minería no tan responsable y nosotros nos hemos perjudicado. El 99% de las viviendas de nuestro corregimiento sufren averías por las fuertes voladuras, además de la contaminación generada. Nosotros estamos a 1.300 metros de la explotación minera y a nosotros ni siquiera nos dan empleo sino que traen personas de otras regiones”, expresó Yeseiner Téllez, líder de la comunidad.
Los habitantes de La Victoria de San Isidro están inconformes porque, según ellos, las empresas mineras contratan mano de obra de otras partes del país y no tienen en cuenta a la gente de la región.