El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la votación que se iba a realizar este 30 de octubre. Desde inicios de este año, son varias las luchas que ha dado la comunidad de Ibagué para lograr una consulta popular que les preguntaría a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio. Pero a pesar de que la iniciativa fue celebrada por muchos, pues se suponía que sería la primera vez que una ciudad capital realizaría este tipo de proceso, en el camino se han ido destapando todos los “vacíos” que existen para que se logre cumplir con lo que la Corte Constitucional ya ha advertido: los municipios son propietarios del subsuelo y por tanto pueden prohibir la minería.
Agencia Nacional de Minería dice que el alto tribunal está definiendo funciones y cambia de postura.
El informe ‘La maldita tierra’ evidencia el saqueo de estos recursos gracias a la minería de carbón.
Los alcaldes del suroeste de Antioquia aplaudieron la tutela de la Corte Constitucional que le permite a los municipios y sus comunidades oponerse a los nuevos proyectos mineros porque consideran que son los mandatarios locales quienes conocen las implicaciones de estos proyectos, en su mayoría, desarrollados por grandes multinacionales.
Corte Constitucional autoriza a los municipios para prohibir la minería Para la Corte, los municipios son propietarios del subsuelo. En un fallo de tutela, el alto tribunal dio otro golpe a la locomotora minera del país. Para la Corte, los municipios son propietarios del subsuelo y por tanto pueden prohibir la minería.
Los habitantes de Ibagué, capital del departamento Tolima, habían sido convocados para decir sí o no a la minería en su municipio de más de quinientos mil habitantes el próximo 30 de octubre. El auto del magistrado Hugo Bastidas asegura que hasta tanto no se dicte una decisión de fondo sobre la tutela en estudio no podrá realizarse la consulta, toda vez que dentro de los argumentos del demandante Alberto Enrique Cruz Tello está la improcedencia de la pregunta que se formulará a los habitantes del municipio.
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La entidad aseguró que estas podrían suponer una “extralimitación de las funciones” de alcaldes y gobernadores. También criticó el gasto público que se requiere para realizarlas. A pesar de que la consulta popular que se realizará en Ibagué, Tolima, para que los ciudadanos decidan si quieren, o no, que haya minería en el territorio fue recibida con buenos ojos, la Procuraduría aseguró este jueves que “las entidades territoriales no son competentes para realizar consultas populares sobre actividades de la industria extractiva”. 
El conflicto minero en el área cabalga sobre ocho mil hectáreas tituladas o en solicitud. El más complejo frente de esa disputa lo protagonizan las comunidades indígenas Embera Karambá y Embera Chami en la vereda Miraflores, donde se ha solicitado una consulta previa a fin de impedir la exploración minera. Según las autoridades indígenas, Seafield tiene nexos con AGA.
Entrevista a Renzo Alexander García Parra, Biólogo, ambientalista, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Coordinador general de la Campaña por el No a la minería contaminante en la Consulta Popular de Ibagué.