Esta decisión queda en firme tras ser aprobada por el Concejo municipal durante el fin de semana pasado.

Luego de realizados los debates necesarios sobre la prohibición de la minería de metales en el municipio del suroeste antioqueño, hoy es una realidad esta iniciativa que estaba siendo analizada desde el año 2012.

Junto a Urrao, Támesis y Jericó también hacen parte al día de hoy de las poblaciones que le dicen no a la práctica de la minería.

Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales se pronunciaron ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), con respecto al “Proyecto de Ley Estatutaria de Participación Ciudadana” presentado por el Gobierno Nacional.
Mediante una carta, alrededor de 100 organizaciones rechazaron las modificaciones que pretende realizar el Gobierno a los procesos de revocatoria de mandato y las consultas populares.
Aseguran que los condicionamientos que presenta el Gobierno Nacional para poder adelantar la revocatoria de mandato y las consultas populares son regresivos y desconocen lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016, en términos de autonomía territorial y participación democrática.
Para el abogado Rodrigo Negrete, en el proyecto de ley se pretende establecer un un obstáculo para llevar a cabo las consultas populares. Además, el jurista calificó las reformas planteadas como “una prohibición disfrazada bajo la formalidad de surtir un paso que no está previsto en la Constitución, porqué los mecanismos de participación son independientes y tienen finalidades diferentes". Los ambientalistas critican que en el título III, denominado Garantías para el ejercicio de los mecanismos de participación directa, “se imponen requisitos
previos a la revocatoria de mandato y las consultas populares que obstaculizan el derecho fundamental a la participación y el ejercicio de la democracia”.
Se oponen a la exigencia que pretenden imponer a las comunidades que promueven las consultas populares y las revocatorias del mandato de presentar de manera integral, completa, veraz y verificable las razones que sustentan su solicitud para la inclusión de los Cabildos Abiertos Especiales de Deliberación en procesos de revocatoria.

Renzo Alexander García, vocero del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, manifestó: “El Gobierno plantea exigir a las comunidades información veraz, verificable y las razones que sustentan su solicitud, tratando de desconocer la cosmovisión y los conocimientos tradicionales, que tienen un valor similar al conocimiento científico occidental”. “Condicionando de esta forma la actuación del movimiento social al discurso academicista y de expertos, que en la mayoría de veces se encuentra cooptado por las empresas mineras y desconectado de las problemáticas sociales”, agregó.

Vale recordar que la CSIVI es la instancia que recibe y avala todos los proyectos de ley que se derivan de la implementación del acuerdo con la FARC, es así como, todos los proyectos del fast track pasan por allí antes de llegar al congreso.
“Es lamentable e incoherente que el gobierno nacional pretenda aprovecharse de los acuerdos de paz para tratar de generar condicionamientos y limitaciones a los mecanismos de participación ciudadana”, puntualizó Renzo García.

CARTA ENVIADA Y FIRMADA POR LA ORGANIZACIONES.

Agosto 25 de 2017

Señores
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo
Final (CSIVI)
Gobierno Nacional
FARC-EP

Las organizaciones sociales y ambientales, abajo firmantes, rechazamos las modificaciones que pretende realizar el Gobierno Nacional a los procesos de revocatoria de mandato y las consultas populares, a través del “Proyecto de Ley Estatutaria de Participación Ciudadana” que acaba de ser presentado para su discusión en la CSIVI.
En el título III, “Garantías para el ejercicio de los mecanismos de participación directa” se imponen requisitos previos a la revocatoria de mandato y las consultas populares que obstaculizan el derecho fundamental a la participación y el ejercicio de la democracia. La propuesta de inclusión de los Cabildos Abiertos Especiales de Deliberación en procesos de revocatoria (artículo 32) y consultas populares (artículo 37), genera condicionamientos que obstaculizan el desarrollo de los procesos de movilización y organización social, limitan la voluntad popular a los ritmos burocráticos de la institucionalidad en cuestión y retrotraen la capacidad de acción de las comunidades en el ejercicio de su derecho fundamental a la participación en los términos establecidos en los artículo 40, 103 y 104 de la Carta Política de 1991 y las Leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.
Los condicionamientos que presenta el gobierno nacional para poder adelantar la revocatoria de mandato y las consultas populares son regresivos, atentan contra la soberanía popular, van en contravía de la profundización de la democracia que tanta falta le hace al país y se promueve desde los acuerdos del proceso de paz y desconoce lo expresamente dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016 en términos de autonomía territorial y participación democrática.
Es inaceptable que se le exija a las comunidades que promueven las consultas populares y las revocatorias del mandato “presentar de manera integral, completa, veraz y verificable las razones que sustentan su solicitud”, en la medida que se desconoce la legitimidad y legalidad por medio del cual se han implementado estos mecanismos de participación ciudadana, iniciativas claramente ajustadas a las disposiciones que exigen las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. Por otra parte, es inadmisible que se pretendan desconocer la cosmovisión y los saberes culturalmente diversos de las comunidades (de un valor similar al conocimiento científico occidental) para tratar de limitarlos al discurso academicista que la mayoría de veces se encuentra desconectado de las problemáticas sociales y ambientales de los territorios. La propuesta del gobierno nacional desconoce un derecho fundamental (la participación ciudadana, al extremo de hacerla inviable), violenta los principios de progresividad y no regresividad de los derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional.

La propuesta del Gobierno Nacional implica en la práctica una reforma constitucional (para lo cual no está facultado) regresiva en la medida que limita el derecho a la participación ciudadana y va en contravía de la ampliación democrática que persigue el Acuerdo Final.
Recordemos que la Constitución Política, en sus Artículos 40 y 103, establece que la revocatoria del mandato y las consultas populares son mecanismos de participación ciudadana que no se encuentran condicionados a las disposiciones que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos.
Es importante que la ley estatutaria que se propone se construya en relación al Acuerdo Final, brinde mayores garantías a la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones sociales y no lo contrario. El documento debe recoger los aportes y propuestas de los diversos foros regionales y nacionales que se han realizado para este fin.
Exigimos al gobierno nacional respetar los principios constitucionales de soberanía popular, autonomía territorial, derecho fundamental a la participación ciudadana y los requisitos dispuestos en las Leyes 1757 de 2015, 741 de 2012 y 134 de 1994.
Demandamos al gobierno nacional eliminar las barreras y obstáculos (materiales, operativos y jurídicos) que impiden la profundización de la democracia y el ejercicio de la participación ciudadana y que garantice la implementación de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución Política en lugar de restringirlos.
Esperamos que la CSIVI tome en consideración lo expuesto anteriormente.

Cordialmente,
Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Red de Comités Ambientales del Tolima
Comité Ambiental y Campesino de Anaime y Cajamarca
Comité Ambiental del Líbano
Comité Ambiental de Saldaña
Comité Ambiental de Planadas
Comité Ambiental de Santa Isabel
Comité Ambiental de Espinal
Comité Ambiental de Ataco
COSAJUCA
Conciencia Campesina (Cajamarca)
Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima
Asociación de Usuarios Campesinos de Piedras
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego a Gran Escala del Triángulo del Tolima
Asociación para el Futuro con Manos de Mujer
ASOPESCARNAT
COOSAVIUNIDOS
FOSCOST

Emisora Comunitaria de Natagaima Haca Ya Macu
Comité Pro-Defensa del Agua del Municipio de Tauramena
Comité Pro-Consulta Popular Cumaral-Meta.
Veeduría Ecológica de Arbeláez-Cundinamarca
Comité Ecológico de Pijao-Quindío
Corporación Grupo Semillas
Colectivo de Trabajo Jencerá
Corporación SOS Ambiental
Corporación Podion
Asociación Campesina del Valle de Cimitarra
MAIS Bogotá
Sembrando Vida Digna
Proceso Comunidades Negras PCN
Coordinador Nacional Agrario CNA
FEDEAGROMISBOL
CORDECAR
Movimiento Ambientalista Colombiano
CISCA
Comité de Integración Social y Ambiental
Mesa Pro Defensa del Recurso Hídrico del Departamento del Guaviare
Fundación Alma
SINTRAINAL
Comité Pro Ordenamiento Quebrada Buturama (Aguachica-Cesar)
SEMBRAR
Asociación Campesina “José Antonio Galán Zorro” ASONALCA
Corporación Social para Asesoría y Capacitación Comunitaria COS-PACC
Corporación Choapo
Fundación Pasos
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia ANJECO
Coordinadora Minero-energética del Centro Oriente de Colombia
Organizaciones Sociales del Centro Oriente de Colombia
Marcha Carnaval Quindío
Escuela de Pensamiento Círculo de Fuego y Unidad
Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia
Morro de Agua
Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia
CORDATEC
Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero
Mesa Ambiental Franciscana.
Red Nacional del Agua
SINEDIAN Sub-Directiva Ibagué.
Aterciopelados
ANUC Cundinamarca
Ambiente y Sociedad
CIDER-Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uniandes
Fundación Evaristo García

Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
Fundación Gusta Gúchipas ONG
Tierra Digna
Systema Solar, artistas colombianos
Fundación Intermundos
Red por la Justicia Ambiental en Colombia
Rodrigo E. Negrete Montes, experto en derecho ambiental.
Catalina Toro, Profesora Universidad Nacional
Mariana Gómez, Coordinadora Regional para América Latina de la Red de Solidaridad
Global Si a la Vida, No a la Minería YLNM
Cony Camelo, artista colombiana.
Red Internacional de Derechos Humanos (Ginebra- Suiza).
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, M4.
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
Otros Mundos AC/Chiapas, México
Acción Colectiva (México)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
Comité Internacionalista de Zaragosa.
Solifonds (Suiza).
Asociation Arc-en-Ciel de Ginebra-Suiza
CATAPA (Bélgica)
CEDASALA de Valencia (España)
Asociación Acción Solidaria Proderechos ONGD
Mujeres Pa’lante Barcelona
Colectivo Bachue de País Vasco,
Colectivo de colombianos y colombianas refugiados en Asturias
Consejo de pueblos Wuxhtaj (Guatemala).
Colectivo Voces Ecológicas (Panamá).
OFRANEH (Honduras).
Common Frontieres (Canadá).
Colombia Solidarity Campaign (Reino Unido).
Coordinadora Ni Una Sola Mina (Costa Rica).
Correspondencia: Avenida Ferrocarril #40-61 Barrio Macarena Parte Alta
E-mail: comiteambientaldefensavida@gmail.com
Teléfonos: 3014031850-3188236369

En dos meses, aproximadamente, los habitantes de El Peñón, en Santander, podrán acercarse a las urnas que se habilitarán en esa población en el marco de una consulta popular que se adelantará para poner en consideración el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera en ese territorio.

Recientemente, el Tribunal Administrativo de ese departamento declaró constitucional el texto de la pregunta que se pretende elevar a los 2.000 residentes de esa población habilitados para votar.

El alcalde, Francisco Cruz, señaló que la consulta se hará de manera preventiva y antes de que la explotación de minerales –en su caso de carbón– se tome el municipio.

El mandatario añadió que la población, por el contrario, debe ser objeto de protección, pues en ese territorio se han efectuado varios hallazgos arqueológicos, además de la identificación de diferentes especies de animales nativos de esa localidad.

“El municipio hay que conservarlo más como un destino ecoturístico de talla mundial. Aquí se han encontrado cementerios indígenas. El último hallazgo, según los científicos, son restos de mamuts que están siendo sometidos a pruebas de carbono para saber de qué años datan”, dijo Cruz.

Entre tanto, en esa misma vía de hacer uso de ese mecanismo de participación ciudadana para rechazar la minería en sus territorios se encuentran los municipios santandereanos de Jesús María y Sucre, donde la consulta ya tiene fecha fija. En el primero, según el calendario de la Registraduría, la votación se llevará a cabo el 17 de septiembre, mientras que en Sucre, está prevista para el primero de octubre.

Los habitantes de esas poblaciones han expresado su preocupación por la licencia ambiental que fue aprobada en el año 2013 por la Corporación Autónoma Regional para la explotación de piedra caliza en 699 hectáreas del lugar conocido como Peña de Órganos, la cual se habría dado sin haber revisado el área y sin tener en cuenta el inventario ambiental, compuesto por el nacimiento de 27 fuentes hídricas que abastecen a estas localidades.

“Esperamos que así como lo dice la Constitución, sea cual sea el resultado, sea acatado y respetado por las instituciones departamentales y nacionales”, precisó Javier Rojas, alcalde de Sucre.

Por otra parte, en los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Pinchote y San Gil, también se adelanta el trámite para la realización de consultas populares con el fin de decidir sobre la minería en esas zonas.

Según los promotores en San Vicente, esa población tiene el 50 por ciento de su área dada en concesión a empresas mineras y otra porción solicitada para el mismo fin.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-minera-en-municipios-de-santander-122848

Se llevó a cabo en Cartagena el foro: “El sur de Bolívar un yacimiento de oro para el desarrollo”con el fin de plantear la aplicación de políticas públicas ambientales para una minería sostenible en el tiempo que propicie mejor calidad de vida y mayores oportunidades de progreso social en esa región.

Versó sobre el aprovechamiento de la minería tuvo énfasis en los paneles, ‘Estrategias para regularizar la explotación ilícita de minerales’, ‘Minería bien hecha’ y ‘Encadenamientos productivos sostenibles’. La apertura de la programación fue realizada por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz y con una conferencia de contexto del sector minero por parte de Germán Arce, ministro de Minas y Energía.

Para el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay promover la minería bien hecha es un deber social ambiental y económico. “El reforzamiento de la seguridad, la inversión social, el trabajo articulado entre entidades, la legalidad, el respeto por los ecosistemas, la erradicación del trabajo infantil y la formalización, son en líneas gruesas las apuestas que desde la administración lideramos para que en definitiva la minería  avance”.

Turbay dijo que hay una negativa rotunda acerca de que Parques Nacionales declare a la Serranía de San Lucas, como parque natural nacional. “Esto último atentaría contra miles de familias que habitan en la zona, toda vez, que la medida no permite ninguna clase de actividad económica en la región y la minería de manera ancestral se ha convertido en el principal sostén del núcleo familiar de municipios

“El objetivo de este evento es que en Bolívar la minería sea auto sostenible, productiva, legal en lo jurídico, respetuosa del medio ambiente, formalizada, tecnificada, sin la presencia de población infantil inmersa en actividades, con seguridad brindada por parte de la Fuerza Pública y que genere desde luego rentabilidad a los municipios a través de la declaración del metal precioso en jurisdicción bolivarense”, añadió el mandatario.

Por su parte el ministro de Minas, Germán Arce, manifestó que la minería para que sea productiva debe ser formalizada a todos los niveles. Así las cosas, se deben tener las diferencias del minero de subsistencia, el de pequeña escala, mediana y minería ya tecnificada, para que así, se establezcan responsabilidades. “Desde el Estado estamos dispuestos a la formalización y caracterización de las asociaciones mineras del sur. Muy pertinente la realización de este foro y vale la ocasión recalcar por parte de la Gobernación de Bolívar la convocatoria a este evento programático que lo único que busca es el resurgir productivo de la actividad minera en el departamento de Bolívar”, aseveró el alto funcionario nacional.

Entre los asistentes destacados al foro estuvieron Mónica María Grand Marín, jefe de la dirección de formalización minera del Ministerio de Minas; coronel, Carlos Alberto Montenegro, comandante de la Brigada contra la minería ilegal del Ejercito Nacional; Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería; Libardo Díaz Martínez, secretario departamental de Minas y Energía y Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería.

El gobierno departamental del “Bolívar sí Avanza” y publicaciones Semana, organizaron con éxito este foro como un espacio de reflexión que busca entre propósitos generar mayor sostenibilidad y productividad, para así desmitificar la actividad minera en la región.

Fuente:http://www.eluniversal.com.co/politica/serrania-de-san-lucas-no-debe-ser-considerada-parque-natural-turbay-260572

BUCARAMANGA, 17 de Agosto.- El pueblo santandereano puede derrotar a Minesa y sus millones, mediante la unión de todos los sectores de la sociedad, bajo la única consigna de defender el agua de la región. Esa unidad empezó ayer, con el acto de lanzamiento de laGran Alianza por el Agua, un multitudinario evento al que asistieron cerca de trecientos líderes de la ciudad, instituciones públicas y privadas, líderes sociales, políticos, estudiantiles, religiosos, de opinión, artistas, trabajadores, entre otros.

Dentro de las tareas más importantes aprobadas en el evento se encuentra la realización de una nueva Gran Marcha por el Agua de la Región y en contra de la megaminería en el complejo Santurbán, en la que se espera contar con una masiva participación de todos los sectores de la sociedad y santandereana así como varias replicas en otros lugares del país.

La solicitud fue hecha por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Luis Guillermo Vélez, quien pidió a la Gobernación del Tolima objetar por inconstitucional e ilegal el acuerdo 012 de 2017 donde el Concejo de Ibagué prohibió la minería en esta ciudad.

La solicitud se sustenta en que la decisión del cabildo constituyó una violación al “status quo” del ordenamiento jurídico colombiano y un desconocimiento claro de las competencias que le han sido entregadas desde la Constitución.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica pidió a la Gobernación que objete este acuerdo con el fin de que sea el Tribunal Administrativo del Tolima quien determine la validez y legalidad de este acto administrativo.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/08/23/ibague/1503488554_047888.html

Hace unos días el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, acusó a los manifestantes indígenas de recibir $35.000 al día por mantenerse en la movilización minera, y a su líder mayor de ser un «borracho y chirrinchero».

La Organización Indígena de Antioquia y su Consejo de Gobierno Mayor en pleno, quienes representan a las comunidades y autoridades tradicionales indígenas de Segovia, rechazaron este domingo las declaraciones que hace unos días dio el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en las que acusó a los manifestantes indígenas de recibir dinero a cambio de seguir en protesta. De acuerdo con el mandatario antioqueño, esto lo estarían recibiendo de presuntos grupos armados al margen de la ley, que tendrían intereses en que el paro minero se mantenga.

La organización también contestó a las palabras del gobernador,  a quien calificaron de “irrespetuoso” luego de asegurar que su líder mayor era un “borracho”: “Les dan $35.000 libres del sancocho. Al gobernador indígena lo mantienen muy bien surtido de chirrinche, entonces él se mantiene copetón, ebrio o enguayabo”, comentó el gobernador en la F.M. el pasado 16 de agosto.

“Rechazamos de manera categórica la información que fue entregada en las últimas horas a los medios de comunicación, en las que de manera irrespetuosa el gobernador de Antioquia trata de ‘borracho y chirrinchero’ al gobernador mayor del municipio, y además acusa de recibir a los manifestantes indígenas la suma de $35.000 pesos diarios para mantenerse en movilización”, asegura el comunicado.

Los indígenas también le dijeron a Pérez Gutiérrez que, como consecuencia a sus señalamientos, debe entregar a las autoridades las pruebas pertinentes. “Exigimos al primer mandatario de los antioqueños  que, de manera formal , le sea comunicado a la OIA las investigaciones que como autoridades gubernamentales han realizado para poder asegurar que se estarían efectuando dichos pagos, y además de que son los indígenas son quienes vienen cometiendo hechos vandálicos para alterar el orden público de Segovia”, agregaron.

El comunicado recordó que, como los cientos de habitantes de Segovia y Remedios que hoy se ven afectados por el desabastecimiento, enfrentamientos con la Fuerza Pública y cierres viales, los pueblos indígenas también dependen de la economía derivada de la minería en la zona.

“Nos hemos movilizado históricamente para hacer exigencia de nuestros derechos y también nos hemos sumado a un sin número de movilizaciones por parte de otros sectores sociales y gremiales. Hacemos un llamado al respeto por las autoridades tradicionales y por los pueblos indígenas de Antioquia, pues los discursos discriminatorios y despectivos lo que generan es ahondar la brecha de rechazo y de discriminación del que hemos sido víctimas durante siglos”, añadieron los indígenas.

Piden que el ESMAD se retire

Concejales deSegovia y Remedios también informaron este domingo que solicitan «de manera inmediata» que el ESMAD se reitre de la zona por su «desmedido» uso de fuerza en las manifestaciones mineras, las cuales iniciaron siendo pacíficas y ya dejan un saldo de tres personas fallecidas. También pidieron intevención del Gobierno Nacional y el acompañamiento de una comisión de paz en el proceso de negociación.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/indigenas-rechazan-senalamientos-sobre-dinero-cambio-de-mantener-protesta-en-segovia-articulo-709112

En su visita a la ciudad de Bucaramanga, mientras se realizaba el lanzamiento de la gran alianza por el agua, el senador manifestó que la minería no es un trabajo que económicamente deje grandes ganancias para el país.

Con frases como “Hay que proteger la naturaleza. De la minería no queda sino el hueco. La minería debe irse para el diablo”, Wolff rechazó la ejecución de proyectos de minería que afecten el medio ambiente, entre ellos, el liderado por Minesa en Soto Norte, en el departamento de Santander.

“La minería durante 2016 no dio nada, hablando de minería de oro, y carbón, sólo pagó $1.9 billones de pesos en impuestos, no pagó nada, estamos en contra de la minería, estamos en defensa del agua, y mucho más si afecta aguas sensibles (….) la minería de Colombia no sirve sino para hacerle daño, hay que proteger la naturaleza, al pequeño minero, en caso de Santurbán hay que buscarle una solución, pero la gran minería que se vaya para su África, allá está bien, para Canadá, para el diablo“.

Por último, el congresista señaló que la minería no está siendo rentable para el país, pues el valor que paga de impuestos es mínima y el impacto ambiental negativo que genera es muy alto.

Fuente:http://www.lafm.com.co/nacional/navarro-wolff-mineria-colombia-no-sirve-sino-dano-se-vayan-diablo/

“Los abajo firmantes —ciudadanos, integrantes de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y universidades públicas y privadas— acudimos a ustedes a fin de expresar la preocupación que nos asiste por la manera como el Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desconoce el alcance de lo ordenado por ese Honorable Tribunal en la Sentencia T-445 de 2016”.(Colombia)

Así comienza la carta firmada por más de 100 personas que fue radicada ante la Corte Constitucional luego de que el Ministerio de Ambiente fijara los criterios para definir quiénes serán los encargados de estudiar los impactos de la minería en los ecosistemas del territorio colombiano. La idea de llevar a cabo una gran evaluación de los efectos que la minería ha tenido en las últimas dos décadas en el país fue una de las exigencias de los magistrados al Gobierno en 2016.

“A nuestro juicio los criterios para la convocatoria y escogencia del grupo de expertos son confusos y muestran un sesgo centralista y academicista que excluye a actores con idoneidad y experticia en el tema que se pretende investigar”, anotaron los autores de la carta. Se refieren a la exigencia de títulos de posgrado y mínimo dos publicaciones en revistas nacionales o internacionales, cuando existen personas que han trabajado en estos temas por décadas aunque no cumplen esos criterios.

Algo similar ocurre con los criterios para los expertos tradicionales y locales. “Se restringe la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos que habitan el territorio, y que no necesariamente tienen contacto con el ámbito académico”, señalaron.

Pero uno de los puntos que más preocupan a los firmantes de la carta, encabezados por el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y el exministro de Minas y Energía Jorge Eduardo Cock, es que estos y otros criterios podrían dejar por fuera a grupos de interés marginados “que no tienen cómo asumir el pago de expertos que defiendan el interés general, y por el contrario propiciarían la inclusión de muchas personas con el respaldo de empresas extractivas”.

De acuerdo con el cronograma de Minambiente para llevar a cabo esta gran evaluación de la minería, el 1º de septiembre se conocerían los nombres de los grupos de expertos elegidos para la tarea.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/polemica-por-definir-quien-va-estudiar-la-mineria-articulo-708617

Un colectivo de ambientalistas, liderado por Francisco Cipagauta, vienen adelantado el proceso de la consulta popular para la prohibición las actividades mineras en la región.

“Estamos en la etapa de recolección de firmas, el fin de semana realizamos un foro con la participación de varios expertos en el tema de geología, con el fin de analizar los alcances ambientales de la minería en Paipa”, indicó Magda Orjuela, vocera de la consulta.

Los avances 

Según la activista, el proceso avanza con la recolección de firmas que deben superar las 2.500 hasta el próximo 15 de diciembre del presente año.

“Para poder avalar el proceso sin que tenga ningún tropiezo tenemos como meta reunir 5.200  firmas. Con el fin de lograr este objetivo estamos haciendo socializaciones en las veredas del municipio, para que haya una inclusión de toda la población en la firmatón”, dijo Orjuela.

La consulta va encaminada a frenar la construcción de termoeléctricas en dicha municipalidad y prohibir la minería a cielo abierto en Paipa, la cual ha dejado afectaciones en la calidad de aire y el agua.

Hasta el momento, los promotores de la iniciativa no han recibido apoyo de la administración municipal ni de las corporaciones ambientales, por lo que la iniciativa se viene realizando de formar independiente.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/local/con-consulta-lucharan-contra-la-mineria-en-paipa-336479