Luego del retiro del Banco Mundial del proyecto minero Eco Oro, vuelve el debate sobre el páramo de Santurbán. Minesa, una empresa del Grupo Mubadala, fondo de inversiones del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, presentó formalmente una solicitud de licencia ambiental para hacer minería de oro cerca a ese ecosistema.

El proyecto minero, conocido como Soto Norte, estará ubicado a cinco kilómetros del casco urbano de California, Santander. Según la propia empresa, la mina tendrá un área de influencia de más de 2.000 hectáreas y espera extraer 9 millones de onzas de oro. La operación iniciaría en el año 2021 y la vida útil del proyecto es de 25 años, aunque hay debate sobre cuánto tiempo durarán los efectos de la explotación una vez la empresa se retire, y quién se hará cargo de los mismos, pues Colombia no tiene reglas claras sobre los pasivos mineros de largo plazo.

Minesa afirma que no usará mercurio ni cianuro. Sin embargo, en Santurbán existen altas concentraciones de arsénico, un elemento altamente tóxico para la salud humana que puede producir enfermedades neurológicas y cardiovasculares, y en algunos casos la muerte.

La pelea por Santurbán lleva años. En 2011, el Ministerio de Ambiente –en ese entonces no existía la Anla- negó la licencia ambiental a la empresa Eco Oro para hacer una mina a cielo abierto en Santurbán, principalmente porque el proyecto se encontraba en área de páramo. Posteriormente, el Banco Mundial retiró su inversión de la mina. Desde entonces, Bucaramanga ha presenciado multitudinarias marchas en contra de la minería en ese ecosistema, la próxima de ellas, el 6 de octubre. Se trata de un conflicto ambiental que es seguido con atención dentro y fuera de Colombia.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene el desafío de demostrar que cuenta con el músculo técnico necesario para tomar una decisión libre de interferencias políticas. De entrada, el hecho de que el estudio lo realice la empresa y no la propia autoridad ambiental, como ocurre en otros países, implica que la Anla tendrá que emplearse a fondo para decidir con independencia y rigor en un proyecto muy sensible para Santander y para el país

Aunque Soto Norte no se encuentra dentro del área delimitada de ese páramo, el debate se centrará en el impacto que puede tener una mina subterránea debajo de esa línea, pues de alguna manera, ese ecosistema no es una superficie sino un sistema, lo que significa que incluye el subsuelo. La pregunta que deberá resolver la Anla es si la propuesta de Minesa tendrá efectos inaceptables en la hidrogeología del páramo, vital para que ese entorno natural siga cumpliendo con su función como fábrica de agua de Santander.

La pelea por Santurbán lleva años. En 2011, el Ministerio de Ambiente –en ese entonces no existía la Anla- negó la licencia ambiental a la empresa Eco Oro para hacer una mina a cielo abierto en Santurbán, principalmente porque el proyecto se encontraba en área de páramo. Posteriormente, el Banco Mundial retiró su inversión de la mina. Desde entonces, Bucaramanga ha presenciado multitudinarias marchas en contra de la minería en ese ecosistema, la próxima de ellas, el 6 de octubre. Se trata de un conflicto ambiental que es seguido con atención dentro y fuera de Colombia.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene el desafío de demostrar que cuenta con el músculo técnico necesario para tomar una decisión libre de interferencias políticas. De entrada, el hecho de que el estudio lo realice la empresa y no la propia autoridad ambiental, como ocurre en otros países, implica que la Anla tendrá que emplearse a fondo para decidir con independencia y rigor en un proyecto muy sensible para Santander y para el país.

La empresa tuvo años para preparar sus estudios, mientras las comunidades solo tendrán algunos meses para pronunciarse –algunos dirán que solo un día, el de la audiencia pública ambiental– antes de que la autoridad decida. Esa desigualdad en el campo de juego, injusta e inconveniente, es fruto de una mala reglamentación del licenciamiento y puede ser la mecha para que estalle un conflicto ambiental. El país no puede salir de un conflicto armado para entrar en tensiones por el agua.

La Corte Constitucional ha dicho que los páramos deben ser protegidos, ya que son fuentes de agua, sumideros de carbono y reservas de biodiversidad. Por ese motivo, la minería en páramos está prohibida en Colombia. Luego de un intenso debate público, ese tribunal ratificó tal prohibición en 2016. En tiempos de cambio climático, el país debe honrar sus compromisos internacionales y conservar los ecosistemas que ayudan a mitigarlo.

Fuente: http://www.semana.com/opinion/articulo/minesa-solicito-licencia-ambiental-para-hacer-mineria-cerca-al-paramo-de-santurban/540046

Solo cinco de las 57 unidades mineras ilegales plenamente identificadas en el departamento del Cesar han sido recuperadas, en casi un año, y aún los Alcaldes del departamento no lideran acciones para frenar los daños ambientales a ríos, ciénagas, bosques y playones en 24 de los 25 municipios.

Es una preocupación porque desde el año pasado, la Secretaría de Minas hizo un diagnóstico en el que identificamos y detectamos cuáles eran estas minerías ilegales e informales y hasta el día de hoy estamos haciendo ese balance de cómo vamos y la verdad es que es preocupante, porque tenemos alcaldes que no están haciendo la tarea como debemos hacerla”, dijo la secretaria del ramo, Carmen Cecilia Galvis.

La funcionaria lideró una mesa de trabajo con los Secretarios de Gobierno de todos los municipios este lunes en la Gobernación del Cesar, pero fueron muchos los invitados y pocos los que asistieron a este encuentro en que también se convocó a las autoridades ambientales y de Policía.

“Los secretarios de gobierno son los responsables de hablarles a los alcaldes en cuestiones de normatividad, porque esto es de normatividad y necesitamos veedores en cada municipio de esta minería ilícita en la que hoy vive el departamento”, explicó Galvis.

Señaló además que del 26 al 29 de septiembre se realizará una nueva socialización con todos los alcaldes para que tengan información de los alcances que pueden tener a través de las normas y las acciones de reconversión laboral para las 700 familias que viven de esta actividad ilícita.

De acuerdo con la caracterización de la explotación de recursos naturales sin títulos, ni licencias, realizada por la Secretaría de Minas Departamental, el único municipio que se salva de los efectos devastadores de la minería ilegal es González, al sur del departamento.

El mapa permitió detectar que los ríos Ariguaní, en la Sierra Nevada; Maracas, en Becerril; La Mula, en Chiriguaná; Simaña, en Pelaya y La Gloria; el Magdalena, en Gamarra,  son sometidos a  lesivas acciones para mantener vigente a la minería irregular.

A este cuadro desolador se suman el caño Tagoto y la ciénaga Montecristo, en Tamalameque; la quebrada El Carmen, en Pelaya; y los playones El Sordo, en Puerto Viejo y del río San Alberto.

Los efectos de esta explotación ilegal son el bajo caudal de los cuerpos de agua, muerte de peces y otras especies,  la erosión, tala de árboles, deterioro del suelo y subsuelo, para solo mencionar algunos daños al ecosistema.

También existen otras que operan sin licencias o títulos en Valledupar, Manaure, San Diego, Codazzi, Río de Oro, El Paso, Astrea, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Pailitas y Curumaní. El mapa indica que existen más de 15 ladrilleras, que extraen arcilla de manera ilegal; de las fuentes hídricas el mayor saqueo es el de material de arrastre, mientras que entre las montañas y bosques se abre paso la minería de recebo que no es más que la extracción en canteras a cielo abierto o subterráneas de materiales para la construcción.

Fuente: http://www.elpaisvallenato.com/2017/09/12/alcaldes-del-cesar-lentos-en-frenar-la-mineria-ilegal/

El domingo 12 de noviembre se realizará la consulta popular contra la minería en el municipio de Córdoba, Quindío, el segundo del departamento y del Eje Cafetero que iría a las urnas para rechazar las actividades de exploración y explotación de metales.

El Tribunal Administrativo del Quindío declaró constitucional la pregunta ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Córdoba, Quindío, se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?.
Orlando Osman Méndez, integrante del Centro de Formación Campesina Kakataima y uno de los promotores de la consulta en Córdoba, explicó que, según la ley, el alcalde Guillermo Andrés Valencia tenía ocho días hábiles para definir la fecha de la consulta que debía ser en un término menor a tres meses.
Y relató que en este proceso se logró la unificación entre la Administración municipal y la comunidad que participó en cabildos, asambleas, marchas, entre otras actividades pedagógicas sobre la minería. “Es mucho más rápida y efectiva la consulta si es convocada por el alcalde que si se hace por firmas”.
Hace menos de un mes el texto llegó al Tribunal del Quindío que finalmente lo aprobó, después de ser avalado por los nueve concejales de Córdoba a través de un concepto de favorabilidad.
Según Osman, el censo electoral es de unos 5.400 votantes por lo que el umbral sería de unas 1.800 personas. Y aseguró que actualmente hay un título minero vigente y otros en solicitud como uno cercano a la estrella hídrica del municipio, que es el río Verde, que suministra agua a varias localidades del departamento.

El alcalde señaló que el objetivo es que las personas participen y expresen su voluntad, “Córdoba viene haciendo este trabajo desde 2015 y ese es un motivo por el cual el Tribunal también avaló esto”, dijo Valencia.
Y agregó que en los últimos tres años “venimos haciendo un trabajo con la comunidad explicándoles qué es la minería, qué impacto tiene, la riqueza que tenemos en agua, fauna y flora, la gente ya conoce las ventajas y desventajas de la minería”.
Cabe recordar que el pasado 9 de julio, se llevó a cabo la consulta popular en Pijao, Quindío, donde 2.613 habitantes de este poblado le dijeron no a la minería. En el departamento hay otros municipios como Calarcá y Salento, que también buscan frenar las actividades mineras a través de consultas populares

Alarmante. No de otro modo puede calificarse el hecho de que los ribereños de la estrella fluvial del Inírida, en el departamento del Guainía, presenten en el cuerpo concentraciones de mercurio hasta 109 veces mayores que las recomendadas por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tal evidencia, si bien la ha cuantificado por primera vez la Secretaría de Salud de este departamento, permite fácilmente inferir que el problema afecta a la mayoría de la población que convive en zonas cercanas a donde se ejerce la minería ilegal.

Y aunque los resultados son fruto de una investigación del 2015 y no se conocían hasta hoy, reflejan un panorama desalentador y preocupante desde la óptica sanitaria si se tiene en cuenta que las personas examinadas, 202, de 15 comunidades, al parecer han adquirido este metal en forma crónica, a tal punto que se ha acumulado en su cuerpo de manera progresiva, sin presentar síntomas que potencialmente exijan la consulta médica. En otras palabras, son poblaciones que, si bien están realmente enfermas, desconocen su situación.

El agravante es que muchos de estos pobladores pertenecen a comunidades indígenas aisladas del sistema de salud. Así lo evidencia otra investigación, hecha en el 2014 por estudiosos de la Universidad de Cartagena y Parques Naturales Nacionales, que recorrió el río Caquetá para medir los niveles de mercurio y encontró que el 94 por ciento de los individuos analizados excedían en su cuerpo la dosis de referencia para este elemento, de una parte por millón, definida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Como se observa, no basta con ratificar que este es un problema asociado a la minería ilegal, realizada por delincuentes, para ligarlo esencialmente a una situación de tipo judicial que, no obstante su importancia, oculta la verdadera dimensión de una tragedia humana: no solo es la afectación de la salud individual, sino que la supervivencia de comunidades enteras está en riesgo, empezando por el deterioro cerebral de los embriones, y se proyecta a un daño genético para las próximas generaciones.

Es, entonces, un asunto crítico. Y deja ver la fragilidad del sistema de salud en estas poblaciones, pues, si bien se jacta de tener una cobertura casi universal, en este caso se observan unas grietas inquietantes. ¿No debería la institucionalidad volcarse, con un carácter promocional y preventivo, a esos lugares apartados, en vez de esperar a que las personas consulten sin síntomas, sin ilustración sobre sus potenciales males o cuando ya no hay remedio?

Aquí no cabe disculpa. Hay que actuar con todas las herramientas de la ley contra la minería ilegal, que toma visos de crimen humano y ecológico. Los daños causados por el mercurio en el organismo son conocidos desde hace largo tiempo, y muchos ríos de Colombia están cargados de este metal. Y la cuestión se complica más cuando la gente, al carecer de acueductos, debe disponer de esas aguas peligrosas para suplir sus necesidades cotidianas. Urge actuar en salud. Solo queda la respuesta de las autoridades del ramo ante el interrogante, al tenor de la Ley Estatutaria.

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/aguas-peligrosas-danos-causados-por-la-mineria-ilegal-130112

Ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Sociedad Minera de Santander (Minesa), empresa de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, del emirato de Abu Dhabi, radicó el estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación de oro ‘Soto Norte’, que se desarrollaría en áreas ubicadas en inmediaciones del Páramo de Santurbán.

Con esto, la multinacional entró en el proceso para darle trámite a la solicitud del licenciamiento que le daría vía libre al plan minero con el que se pretende extraer, durante 23 años, nueve millones de onzas en concentrados de pirita y cobre, cerca de los municipios de California y Suratá, en el departamento de Santander.

Se espera que en el primer semestre del próximo año se conozcan las determinaciones de la Anla que definirían el futuro del proyecto, el cual ha generado el rechazo de diferentes sectores de la sociedad, pese a que la compañía extranjera ha insistido en que no utilizará ni mercurio ni cianuro, y que la explotación estaría por fuera de la línea de páramo, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar.

Organizaciones sociales y defensores del medio ambiente en Bucaramanga, quienes insisten en que el daño sería irreparable y pondría en riesgo el recurso hídrico que se produce en esa zona y que abastece a cerca de 2,5 millones de personas en los Santanderes, alistan una marcha en esa ciudad para el próximo 6 de octubre en contra de esta multinacional.

“El estudio de impacto ambiental presentado por Minesa debe ser público, ya estamos en las gestiones para obtenerlo ante la Anla. De ninguna manera se puede otorgar la licencia ambiental, condición para la explotación. Nosotros tenemos todos los argumentos para demostrar que no puede haber mega minería bien hecha por encima de las bocatomas de nuestro acueducto”, explicó Erwin Rodríguez Salah, líder del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana.
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El acalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en un abierto desafío al proyecto  en esa región, ha manifestado su respaldo a las manifestaciones públicas que se preparan para rechazar la pretensiones de Minesa.

Por su parte, en un lado contrario a la postura del mandatario de la capital santandereana, los alcaldes de los municipios ubicados en el páramo de Santurbán, han reiterado su aprobación al adelanto de plan minero.

Los dirigentes locales de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, insisten en la necesidad de desarrollar la minería sin riesgo en su entorno, como parte fundamental de la actividad económica de sus comunidades, la cual, señalan, se vio truncada tras la delimitación del páramo por parte del Gobierno nacional.

Entre tanto, la multinacional minera ha señalado que el país debe avanzar en entender y apoyar los proyectos de minería “bien hecha”, y dejar la polarización y estigmatización de los proyectos y las empresas que buscan desarrollarla.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/minesa-radico-solicitud-de-licencia-ambiental-ante-la-anla-para-explotacion-en-santurban-127712

Ambientalistas y Minesa hablarán del proyecto minero en Soto Norte.

Este jueves, a las 10:00 a.m., siga en directo el debate sobre ‘Minería en Santurbán’, convocado por la alianza: Debates Unab y Vanguardia Liberal.

A la cita asistirán Juan Camilo Montoya Bozzi, director de sostenibilidad de Minesa y Alfonso Palacio, geólogo de Minesa. Por los ambientalistas estará el ingeniero Gonzalo Peña y un asesor ambiental.

Minesa estima que el país recibirá 450 millones de dólares en regalías y 1.7 mil millones de dólares en impuestos con el Proyecto Minero Soto Norte. Por su parte, los ambientalistas aseguran que esta clase de proyectos mineros sí terminará afectado completamente este sector de Santander y el agua que surte a Bucaramanga y su área metropolitana.

Si usted desea participar en el debate puede seguir la transmisión por Vanguardia.com y sus redes sociales utilizando la etiqueta #Santurbán.  Además, puede enviar sus peguntas al correo: cgutierrez@vanguardia.com

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/video-408800-este-jueves-siga-el-debate-sobre-mineria-en-santurban

Las comunidades en el departamento de la Guajira definirán el 20 de septiembre la fecha para comenzar un paro cívico en el cual pondrán en evidencia la crisis en la que está el departamento. Le exigirán al Gobierno Nacional la creación de políticas públicas para mitigar los impactos de la minería que derrumbó la vocación agrícola y […]

Las comunidades en el departamento de la Guajira definirán el 20 de septiembre la fecha para comenzar un paro cívico en el cual pondrán en evidencia la crisis en la que está el departamento. Le exigirán al Gobierno Nacional la creación de políticas públicas para mitigar los impactos de la minería que derrumbó la vocación agrícola y comercial de un territorio que ha perdido, entre muchas cosas, la soberanía alimentaria.

De acuerdo con Felipe Rodríguez, presidente del Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira, en 1980 la Guajira le aportaba al país, en materia agrícola y comercial el 80% del PIB a la nación. Cuando a finales del siglo pasado se impuso la vocación minera, se quebró el sector agrícola y hoy no llega a aportar el 7%. Dijo además que el 60% de la minería que se realiza en el país ocurre en los territorios guajiros.

Ante esto, anunció que “el departamento ha perdido la capacidad de producir sus propios alimentos y las personas se están muriendo de hambre”. Adicionalmente, los procesos extractivos “han aumentado la desigualdad social en los ingresos, el 60% de las personas que viven en la Guajira ganan menos de un salario mínimo porque la minería acabó con los empleos. Solo el 2.9% de los empleos los genera la minería y el 87% son trabajos informales”.

A nivel ambiental la Guajira está destruida

Rodríguez manifestó que ese departamento es 87% semidesértico y la minería ha destruido cerca de 12 mil hectáreas de bosque seco. También dijo que hay 10 arroyos y 2 lagunas arruinadas dejando al territorio en un “estrés hídrico”.

La situación se agrava en la medida en que la Guajira tiene 172 mil hectáreas de tierra con títulos mineros, esto equivale al 40% del territorio. De estos títulos el 70% se encuentran en zonas aledañas a la cuenca del río Ranchería que “es el que impide que el desierto se trague la Sierra Nevada de Santa Martha y la vida de una sociedad de más de un millón de personas”.

La riqueza que hay en este lugar, según Rodríguez, “se ha convertido en la cereza de la geopolítica de los hidrocarburos”. Esto pues allí se encuentra el 56% de las reservas probadas de carbón, el 35% de las reservas de gas del país y la capacidad de producir 11,200 barriles de petróleo.

Guajiros están organizando procesos de unidad

Ellos y ellas están enfocados en construir una unidad que les permita exigirle al gobierno la creación de políticas públicas que respeten su territorio. Han dicho que no están en contra de la minería pero creen que es necesario que estos procesos dejen una mayor renta, que no se destruyan los arroyos y los ríos y que existan procesos de diversificación de la producción minera.

Igualmente han dicho que es necesario que se recupere la soberanía alimentaria por medio de la recuperación del sector agrícola y que el Gobierno Nacional debe invertir en obras de acueducto para solucionar el problema del agua potable.

Finalmente, Rodríguez indicó que el 20 de septiembre realizarán un foro sobre la biodiversidad, el agua y el extractivismo. Allí decidirán las fechas del paro cívico indefinido que contará con las experiencias que recojan del intercambio con manifestantes del paro de Buenaventura y Chocó.

Fuente:http://kaosenlared.net/colombia-la-guajira-alista-paro-civico-indefinido/

Ahora, las autoridades se tomarán varios meses antes de definir si otorgan los permisos para el proyecto de extracción de 9 millones de onzas, de una región del municipio de California, Santander.

El director de Sostenibilidad de Minesa, Minera de Santander, Juan Camilo Montoya Bozzi informó que ya se radicó el estudio de impacto ambiental del proyecto para sacar oro de la región de California, en el páramo de Santurbán.

De resultar positiva la respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se abriría el camino para la explotación aurífera en la cordillera oriental, cerca de Bucaramanga, aseguró el vocero de la compañía.

Este proyecto suscita críticas por cuanto los ambientalistas han dicho que resultará igual de nocivo al planteado, hace unos años por Greystar.
El temor es que la explotación termine contaminando las fuentes hídricas que abastecen a más de un millón de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.

De hecho, hasta el alcalde de esta capital, Rodolfo Hernández Suárez ha puesto a la comunidad a escoger entre el agua y el oro.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/09/06/bucaramanga/1504696264_594176.html