Las comunidades en el departamento de la Guajira definirán el 20 de septiembre la fecha para comenzar un paro cívico en el cual pondrán en evidencia la crisis en la que está el departamento. Le exigirán al Gobierno Nacional la creación de políticas públicas para mitigar los impactos de la minería que derrumbó la vocación agrícola y […]

Las comunidades en el departamento de la Guajira definirán el 20 de septiembre la fecha para comenzar un paro cívico en el cual pondrán en evidencia la crisis en la que está el departamento. Le exigirán al Gobierno Nacional la creación de políticas públicas para mitigar los impactos de la minería que derrumbó la vocación agrícola y comercial de un territorio que ha perdido, entre muchas cosas, la soberanía alimentaria.

De acuerdo con Felipe Rodríguez, presidente del Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira, en 1980 la Guajira le aportaba al país, en materia agrícola y comercial el 80% del PIB a la nación. Cuando a finales del siglo pasado se impuso la vocación minera, se quebró el sector agrícola y hoy no llega a aportar el 7%. Dijo además que el 60% de la minería que se realiza en el país ocurre en los territorios guajiros.

Ante esto, anunció que “el departamento ha perdido la capacidad de producir sus propios alimentos y las personas se están muriendo de hambre”. Adicionalmente, los procesos extractivos “han aumentado la desigualdad social en los ingresos, el 60% de las personas que viven en la Guajira ganan menos de un salario mínimo porque la minería acabó con los empleos. Solo el 2.9% de los empleos los genera la minería y el 87% son trabajos informales”.

A nivel ambiental la Guajira está destruida

Rodríguez manifestó que ese departamento es 87% semidesértico y la minería ha destruido cerca de 12 mil hectáreas de bosque seco. También dijo que hay 10 arroyos y 2 lagunas arruinadas dejando al territorio en un “estrés hídrico”.

La situación se agrava en la medida en que la Guajira tiene 172 mil hectáreas de tierra con títulos mineros, esto equivale al 40% del territorio. De estos títulos el 70% se encuentran en zonas aledañas a la cuenca del río Ranchería que “es el que impide que el desierto se trague la Sierra Nevada de Santa Martha y la vida de una sociedad de más de un millón de personas”.

La riqueza que hay en este lugar, según Rodríguez, “se ha convertido en la cereza de la geopolítica de los hidrocarburos”. Esto pues allí se encuentra el 56% de las reservas probadas de carbón, el 35% de las reservas de gas del país y la capacidad de producir 11,200 barriles de petróleo.

Guajiros están organizando procesos de unidad

Ellos y ellas están enfocados en construir una unidad que les permita exigirle al gobierno la creación de políticas públicas que respeten su territorio. Han dicho que no están en contra de la minería pero creen que es necesario que estos procesos dejen una mayor renta, que no se destruyan los arroyos y los ríos y que existan procesos de diversificación de la producción minera.

Igualmente han dicho que es necesario que se recupere la soberanía alimentaria por medio de la recuperación del sector agrícola y que el Gobierno Nacional debe invertir en obras de acueducto para solucionar el problema del agua potable.

Finalmente, Rodríguez indicó que el 20 de septiembre realizarán un foro sobre la biodiversidad, el agua y el extractivismo. Allí decidirán las fechas del paro cívico indefinido que contará con las experiencias que recojan del intercambio con manifestantes del paro de Buenaventura y Chocó.

Fuente:http://kaosenlared.net/colombia-la-guajira-alista-paro-civico-indefinido/

Ahora, las autoridades se tomarán varios meses antes de definir si otorgan los permisos para el proyecto de extracción de 9 millones de onzas, de una región del municipio de California, Santander.

El director de Sostenibilidad de Minesa, Minera de Santander, Juan Camilo Montoya Bozzi informó que ya se radicó el estudio de impacto ambiental del proyecto para sacar oro de la región de California, en el páramo de Santurbán.

De resultar positiva la respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se abriría el camino para la explotación aurífera en la cordillera oriental, cerca de Bucaramanga, aseguró el vocero de la compañía.

Este proyecto suscita críticas por cuanto los ambientalistas han dicho que resultará igual de nocivo al planteado, hace unos años por Greystar.
El temor es que la explotación termine contaminando las fuentes hídricas que abastecen a más de un millón de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.

De hecho, hasta el alcalde de esta capital, Rodolfo Hernández Suárez ha puesto a la comunidad a escoger entre el agua y el oro.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/09/06/bucaramanga/1504696264_594176.html

Cerca de 1.500 personas participaron en lo que denominaron ‘Carnaval por el agua y por la vida’.

Por un bosque húmedo con uno de los paisajes más hermosos de Bocayá, transcurrió la marcha con la que los habitantes de la provincia de Ricaurte les dijeron no a la minería y sí al agua y a la vida.
Fueron alrededor de cinco kilómetros de caminata en medio de árboles de roble, tuno, guayacán, arrayán, sauce, laurel y aliso y de arbustos como morón, helechos, artemisas y uva camaronera.
Cerca de 1.500 personas participaron en lo que denominaron ‘Carnaval por el agua y por la vida’, con el que justamente buscan proteger esos recursos naturales y esa vegetación nativa.

Los habitantes de Ricaurte, Tinjacá, Sutamarchán, Villa de Leyva y Gachantivá marcharon entre el sitio El Cometa y Arcabuco para rechazar la actividad de explotación de recursos mineros que desde hace años realizan varias compañías, que hoy están en plan de expansión de sus actividades.
El ‘Carnaval por el agua y por la vida’ fue organizado por colectivos de medioambiente de Ricaurte y de Iguaque y contó con el apoyo de las alcaldías de Gachantivá y Sutamarchán.
El alcalde de Gachantivá, Jorge Edicson Saavedra, dijo que hay mucha preocupación en la comunidad por el rumbo que ha tomado la actividad extractiva, con empresas como Cementos Tequendama y Sumicol, que realizan explotación de recursos en diferentes veredas de varias poblaciones de Ricaurte, lo cual afecta el medioambiente.
“En el 2008 solicitaron una licencia, pero Corpoboyacá les solicitó un estudio hidrogeológico que permita medir el impacto que esas exploraciones y explotaciones tienen en las fuentes de agua. No lo presentaron, pero ahora han dicho que ya lo tienen y están pidiendo de nuevo esa licencia ante Corpoboyacá”, manifestó el mandatario.
Agregó que si se aprueba esa exploración en la vereda Santa Bárbara, podría causar daño en la laguna La Colorada, que surte de agua a más de diez veredas de Gachantivá y a otras de Sutamarchán.
Además de Cementos Tequendama, hay otras compañías, como Sumicol, que extraen arcillas y caolines, lo cual afecta las rondas de ríos y quebradas de la zona.

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/boyacenses-marcharon-en-contra-de-la-mineria-126718

La gran mayoría de los acueductos de este país beben del Macizo Colombiano, cuna del Río Cauca y Magdalena, donde quieren montar dos minas del tamaño de Bogotá.

Alfredo Molano denunció las dos grandes minas que se planean inaugurar en La Vega, Cauca por parte de las dos mineras de oro más grandes en Colombia: Anglo Gold Ashanti y Continental. Este pueblo, azotado desde los años 80 por la guerra, está viendo revivir los grafitis de las AUC, y como dice Molano, coincide con el interés que ha generado sus tierras llenas de oro. Las dos minas proyectadas son: Este es el Macizo Colombiano, donde quieren montar varias minas, entre ellas las dos de AngloGold y Continental Gold. En La Vega puntualmente hay dos proyectos: La custodia (3,635 hectáreas) y El Dominical (26,000 hectáreas).

Esta región del sur occidente de Colombia cuenta con 6 resguardos indígenas y 87 municipios que hacen parte de 5 departamentos: Huila, Tolima, Nariño, Putumayo y Caquetá.

En el Macizo viven 45 mil indígenas Yanacona, de los cuales 15 mil han sido desplazados por la violencia. Representan casi la totalidad de la población del Macizo medio y alto.

La región ha sufrido el conflicto entre grupos guerrilleros, que tenían dos propósitos en la región: esconderse de las Fuerzas Militares y lucrarse del cultivo de amapola y la explotación minera. Fueron ellos los que torpedearon y retrasaron el ingreso de las grandes mineras a la región.

Pueblo La Vega, donde hoy tienen los títulos AngloGold Ashanti y Continental.

En la columna, Alfredo Molano denuncia que las paredes del pueblo se han visto pintadas en las últimas semanas con siglas de los paramilitares.

El conflicto empeoró en los años 90 con la entrada de los paramilitares, que venían a defender a los hacendados de la parte baja del Macizo. El conflicto aumentó, pues las protestas indígenas contra la minería comenzaron a organizarse. En 1990 se planeó una gran movilización para bloquear la vía Panamericana. El 7 de abril de 1991, para desmotivar los movimientos que se gestaban, se asesinaron 17 campesinos en la Vereda de Los Uvos, Municipio de la Vega. Esta cruz conmemora a los muertos de ese día.

En 1993 el Tribunal Administrativo del Cauca determinó que el Estado tenía que pagar 28 millones de pesos a cada familia de las víctimas, debido a que la masacre fue llevada a cabo por el Pelotón Aguila 2, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército de Colombia.

La importancia ambiental del Macizo es de proporciones masivas. El 70% de los acueductos del país se abastecen del agua que nace en este punto, también llamado La Estrella Fluvial de Colombia. Este nombre se debe a que del Páramo de las Papas salen 5 ríos: El Magdalena, el Cauca, el Patía y el Río Caquetá.

La gran mayoría de estos nacimientos de agua, incluida la Laguna de la Magdalena, están dentro del Parque Nacional Natural Puracé. Los indígenas Yanacona, especialmente que están en el Resguardo Papallaqta, en Valencia, Cauca, controlan la entrada al parque. Para subir hay que estar acompañados de algún miembro de la comunidad indígena.

Bajar a la Laguna de la Magdalena está prohibido. Cuando los indígenas recibieron el permiso para controlar la subida, vieron que el borde del cuerpo de agua, sagrado para ellos, estaba destrozado por los turistas que se acercaban y contaminaban la laguna.

En varios puntos del camino desde el pueblo Valencia hasta la laguna se hacen paradas donde los indígenas hacen rituales y ofrecen pagamentos.

En el pueblo de La Vega, y los 6 resguardos indígenas, se están adelantando campañas para luchar contra la llegada de las empresas mineras.

Según el movimiento social Proceso Campesino y Popular, que está luchando en La Vega contra las grandes mineras, solo en el Cauca hay casi 400 mil hectáreas tituladas para minería y más de 1 millón están siendo solicitadas, lo que representa el 50% total del departamento.

Fuente:https://www.las2orillas.co/la-mina-quiere-anglo-gold-gran-colombia-donde-nace-agua-del-70-colombia/

En una reciente reunión con la Corte Constitucional y el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, las etnias indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta expusieron los problemas culturales y ambientales que están deteriorando el macizo montañoso de forma acelerada, principalmente por acción de la actividad minera, y lo dicho alarmó tanto al Ministerio Público al punto que definió una agenda de atención y seguimiento prioritaria sobre esta zona del país.

La preocupación de los indígenas kogui, arhuacos, wiwas y kankuamos principalmente se mostró orientada a la desaparición de la Línea Negra, que es para ellos un territorio sagrado que está siendo atacado por minería legal e ilegal, sobre la cual existen 132 títulos mineros vigentes y 244 solicitudes más para ejecución de proyectos según la Agencia Nacional Minera.

Según el Consejo Territorial Indígena, la minería está contaminando 30 ríos del Magdalena que nacen en las zonas altas de la Sierra Nevada y han bajado dramáticamente su caudal hasta en un 70%, como por ejemplo los ríos Manzanares, Piedras o Gaira que bañan la ciudad de Santa Marta; además está afectando ríos que bañan el Cesar como el Gutapurí que de los 11.200 litros por segundo que recorrían su cauce hace dos décadas hoy solo alcanza los 5.000.

En un documento que los indígenas entregaron a la Procuraduría y la Corte Constitucional, advirtieron que la situación de los ríos podría agravarse con la puesta en marcha de un nuevo proyecto de hidroeléctrica sobre el Río Don Diego, en jurisdicción de Santa Marta, que utilizará el 80% de su caudal.

Las etnias también denunciaron que los proyectos mineros están impidiendo su derecho al tránsito por los caminos que conducen a lugares sagrados, impidiéndoles hacer pagamentos y fortalecer la enseñanza de su cultura ancestral a los más jóvenes.

El Consejo Territorial Indígena le habló a la Procuraduría y la Corte sobre el estado de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que también hace parte de la Línea Negra, indicando que en ese ecosistema especial los bosques se están muriendo por quemas indiscriminadas que en 2014 arrasaron con 3 mil hectáreas, los espejos de agua se redujeron de 3.109 a 739 entre 2002 y 2012, animales han desaparecido como el jaguar, el paujil pico azul, la danta y algunos tipos de guacamaya; y las tierras degradadas aumentaron de 67 hectáreas en 2002 a 12.567 en 2012.

Según el informe de los indígenas, la pérdida del glacial de la Sierra Nevada retrocedió en un 85% entre los años 1850 y 2012 pero en 2017 se incrementó al 92%.

Por último, el Consejo Territorial Indígena aseguró ante el procurador Carrillo y la Corte Constitucional que sus pueblos están dispuestos a negociar los proyectos energéticos y mineros en la Sierra Nevada pero continuarán en su posición de no participar en ninguna consulta previa hasta que haya una solución estructural a los problemas que esos procesos le están causando al macizo montañoso.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/09/04/santa_marta/1504528828_994034.html

No a la minería. Esa parece ser la consigna de los municipios del Suroeste antioqueño, que han ido manifestándose mediante sus concejos municipales para que esa práctica no se realice en sus territorios.

Después de Támesis, Jericó y Urrao. Ahora fue el turno de Caicedo, que mediante el Acuerdo Municipal número 11 del 15 de agosto de 2017, “prohíbe la minería en Caicedo, mediante la implementación de medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Sin embargo, el alcalde municipal, Germán Darío Zapata, objetó dicho acuerdo argumentando que lo considera inconveniente por lo que se abstendrá de sancionarlo.

“La materia que regula este Acuerdo no puede ser presentada a iniciativa del Concejo, porque afecta situaciones relacionadas usos del suelo en el territorio. Además, no es competencia del Alcalde regular temas concernientes a la actividad minera, toda vez que esto es competencia exclusiva del Congreso de la República”, argumentó el mandatario mediante una carta.

Añadió Zapata, que las autoridades territoriales (Concejo y Alcalde), no tienen competencia para decidir de forma autónoma y exclusiva sobre el aprovechamiento de los recursos del subsuelo, “desconociendo una competencia que está en cabeza de la Nación”.

Dairo León Arroyave, concejal del municipio y autor de la iniciativa, indicó que la objeción del Alcalde abre las puertas “para que la minería se tome el territorio caicedeño, región con una fuerte vocación cafetera, agrícola y pecuaria”.

“Las razones que expresa el Alcalde para objetar el Acuerdo Municipal carecen de sustento jurídico. La primera alude a que como Concejo no podemos presentar la iniciativa porque afecta situaciones relacionadas con el uso del suelo, argumento que se cae al revisar el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución, que precisamente nos asigna esas funciones”, argumentó el corporado.

Dicho acuerdo fue aprobado por los nueve concejales del municipio el pasado 15 de agosto y radicado dos días después en la secretaría de Gobierno, por lo que el Alcalde dispondría de cinco días para objetar o sancionar dicho artículo, cosa que no pasó.

“Por eso dimos traslado de un oficio a la Personería de Caicedo donde pedimos investigar la presunta omisión por parte del alcalde Zapata y tomar las medidas disciplinarias correspondientes frente a tal actuación”, contó el concejal Arroyave.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/polemica-por-acuerdo-que-prohibe-mineria-en-caicedo-125434

El Cinturón Occidental Ambiental COA, como proceso de articulación y coordinación de organizaciones indígenas, campesinas, sociales y ambientales, de mujeres, hombres y jóvenes, emitimos Carta Abierta a Universidades Públicas, Estudiantes y Profesores para invitarlos a  reflexionar sobre su papel en la construcción de lo público, en el pensamiento crítico, en los procesos de democratización del país, en el reconocimiento y defensa del patrimonio común.

Han sido varios los momentos en que la alianza entre la empresa Anglo Gold Ashanti y universidades públicas, como la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, vienen interfiriendo  en la agudización de los conflictos socioambientales del Suroeste de Antioquia mediante una fuerte estigmatización al movimiento social y nos han definido como agentes externos a nuestros territorios,  al señalar que interferimos, manipulamos y desinformamos al pueblo Jericoano y a otros municipios del Suroeste, y el país, donde estos actores tienen alianzas directa para la promoción de la dictadura minera en el territorio colombiano.

Sorprende y genera gran preocupación este tipo de señalamientos de una empresa ¡extranjera!, al igual que algunos funcionarios y estudiantes de la Facultad de Minas de la Unal de Medellín, quienes continúan desconociendo nuestra territorialidad, al estigmatizarnos y declararnos extraños y ajenos al Territorio que históricamente hemos habitado, Nos preocupa el papel que vienen desarrollando algunas Universidades Públicas, estudiantes y profesores en la agudización de estos conflictos.

Aún no entendemos por qué una Universidad Pública está al servicio de intereses corporativos y privados que imponen proyectos mineros y consolidan la dictadura extractiva en el país, desconociendo tan claramente nuestros sentidos de lugar y proyectos de vida, interfiriendo en la construcción de nuestros planes de vida y en los ejercicios reales de autonomía y democratización territorial.

Si bien la configuración del Suroeste de Antioquia, como muchas otras regiones del país, cuenta con una división política y administrativa en la que quedan definidas entidades territoriales que gozan de autonomías particulares en su jurisdicción, es importante clarificar que la historias que han configurado el territorio y algunas prácticas económicas, políticas y culturales, nos lleva a plantear que más allá de esta división, nosotros como habitantes históricos,  hemos tenidos muchas décadas de relacionamiento con estas tierras y ríos, hemos construido territorialidades que unifican nuestros proyectos de vida, reconociendo las diferencias culturales y geográficas como elementos articuladores en la construcción de Territorios Sagrados para la Vida en las montañas del Cinturón Occidental Ambiental.

Como hijos e hijas de estas sagradas montañas, nuestro ejercicio de movilización y articulación social se construye a partir de pensamientos y prácticas compartidas entre organizaciones diversas, con historias, presentes y futuros comunes donde reconocemos a la Naturaleza como nuestra Madre Tierra.

Nuestra construcción política y cultural no concibe la fragmentación del territorio, las conflictividades socioambientales que emerge en cualquier lugar del Suroeste de Antioquia y el País, se constituye en una preocupación regional y nacional, pues los ciclos del agua, las montañas, la biodiversidad, la cultura indígena y campesina, el patrimonio arqueológico, histórico, cultural y ambiental, como Patrimonio Común, hace parte de todo un ecosistema que nos integra con la naturaleza.

Desde hace algunos años hemos estado construyendo procesos de participación y autonomía territorial como la travesías por el suroeste, vigilias, encuentros regionales de participación, de jóvenes, de mujeres, de economías indígenas y campesinas, mercados campesinos, procesos agroecológicos, circuitos económicos y solidarios, cabildos abiertos, foros, consejo de concejales, movilizaciones, CinErrantes, mandatos populares, acuerdos municipales, consultas autónomas y planes de vida comunitarios.

Estos ejercicios de participación social y autodeterminación territorial son los que definen al Suroeste de Antioquia como un Territorio Sagrado para la Vida, aportando proceso de democratización real y directa, construidos por experiencias históricas y  actuales que nos pensamos el presente y futuro de nuestras vidas, para transmitirlas a la generaciones futuras bajo una concepción de vida armónica y protectora de la Madre Tierra, en el que emerge el principio de la sustentabilidad.

Desde nuestra propia experiencia, lo público lo construimos con la gente y para la gente, desde la pluralidad cultural, los sentidos del territorio, sus historias y horizontes de futuro en que se defina y prioricen proyectos de vida comunitarios. Para nosotros es público el reconocimiento de que la Vida, el Agua y el Territorio son Derechos Sagrados.

Debe alimentar lo “público” la construcción de procesos reales y efectivos de democratización en los territorios para que la gente defina y defienda sus propios ejercicios de participación social y autonomía.

Desde esta perspectiva, al hablar de “Universidad Pública”, es importante retomar la reflexión de ¿qué es una Universidad, dónde aplica y para qué sirve? ¿cómo se construye y define lo público?

De esta manera ¿cuál es el papel de la “Universidad Pública” en los procesos de democratización real y efectiva que aporte al país la construcción de paz y no, por el contrario,  la perpetuación de conflictos socioambientales?

Nuestros ríos, montañas, animales, plantas, tradición campesina, cultura indígena, nuestra participación y autonomía, no son exclusivos del suroeste de Antioquia, son un Patrimonio Universal Sagrado para la Vida. Todos y todas estamos obligados a construirlo y defenderlo.

Cinturón Occidental Ambiental COA

Suroeste de Antioquia: Territorio Sagrado para la Vida!

Fuente:http://coaterritoriosagrado.org/carta-abierta-a-universidades-publicas-estudiantes-y-profesores/