El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, intentó este miércoles bajarle el tono a la creciente indignación nacional sobre la posibilidad de que se desarrolle un proyecto minero en el páramo de Santurbán, entre Santander y N. de Santander.
“No hay ninguna actividad, ni proceso de licenciamiento de ningún proyecto en área de páramo” fue su declaración, a decir verdad, ciertas en el estricto sentido de la palabra.
El proyecto Minesa no se encuentra en área de páramo, sino en zona de bosque alto andino, sobre los 2.640 metros sobre el nivel del mar, y por fuera de la línea de protección trazada por el Gobierno en colaboración con el instituto Von Humboldt, que dice que inicia a los 3.100 metros.
Sin embargo, este factor no es el tema de fondo de la protesta que se viene elevando hace dos semanas en el país, cuando el ministro de Minas, Germán Arce, confirmó las intenciones de Minesa en la región, tras una visita a los jefes del fondo Mubadala, árabes dueños del proyecto minero.
“Es que una cosa es lo que ellos (Gobierno y Minesa) dicen que está por debajo de la línea de páramo, pero el agua hace parte de un sistema. Porque el páramo, como tal, no es nada sino que hace parte de un ecosistema”, aseguró a EL COLOMBIANO Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga que se ha convertido en la cabeza visible de la oposición a la minería en la zona de Santurbán.
El mandatario decidió arremeter contra el presidente, Juan Manuel Santos, a quién le envío cinco preguntas sobre el futuro de este proyecto.
“Debajo de la línea, si usted derrumba la composición del terreno, va a derrumbar toda el agua que llega. Entonces es como decir que en un cuerpo, la cabeza es páramo y de ahí para abajo no”, explicó Hernández.
Voces contrarias
Al tiempo que el Minambiente intentó echar agua al fuego de la indignación, aprovechó para criticar al alcalde. “Las afirmaciones del señor alcalde no tienen ningún asidero en la realidad. Realmente son afirmaciones irresponsables y desinformadas”, ya que el Gobierno “ha garantizado la protección del agua de los colombianos”, dijo.
Murillo echó mano de los 23 páramos que han sido delimitados en el Gobierno para resaltar que “el país puede tener la tranquilidad que no se va a hacer ni se está haciendo minería en páramos, porque está prohibida, porque tenemos un compromiso con la protección del agua”.
Sin embargo, no se refirió a la preocupación de fondo, que es la interconectividad del agua en todo este ecosistema.
“El páramo no puede reducirse a una simple cota en metros sobre el nivel del mar; es una unidad biogeográfica”, explicó Erwing Rodríguez-Salah, miembro del Comité Cívico del Páramo de Santurbán, que recalcó que “existe el superpáramo, el páramo, el subpáramo, el bosque alto andino, bosque bajo andino y las zonas de amortiguación, elementos que son interdependientes por lo cual no se puede pretender intervenir uno de ellos sin considerar la afectación de los demás”.
Entre las declaraciones cruzadas existe una realidad y es que en el momento, la delimitación de Santurban, que demoró años en hacerse y se conoció en 2014, no se encuentra vigente.
Un fallo de la Corte Constitucional, en respuesta a una tutela que argumenta que no se tomaron en cuenta a todas las voces involucradas en el momento de trazar la línea, exige que dentro de un año se surta nuevamente el proceso de concertación y se expida una nueva delimitación.
Lo que sigue
¿Qué va a pasar con el proceso de licencia ambiental que para Minesa no está aún muy claro? Los tiempos indican que en los primeros meses de 2018 la Anla debería tomar una decisión, aunque el Ministro dice que habrá primero acatar la revisión pedida por la Corte.
“Esta es una decisión eminentemente técnica. Sin embargo, no se tomará ninguna decisión de licenciamiento de este proyecto hasta tanto se surta el proceso de revisión del páramo de Santurbán-Berlín”, subrayó, y agregó que se contará con el acompañamiento de la Procuraduría para garantizar la transparencia y participación ciudadana.
Asimismo, aseveró que la Anla creará un Comité de Expertos nacionales e internacionales para realizar el acompañamiento y seguimiento al proceso licenciatorio.
No obstante, el fallo del alto tribunal podría virar la forma como se había estado tomando las decisiones en Santurbán, pues podría abarcar dentro de los involucrados a los habitantes de Bucaramanga, que se surten del agua que produce el páramo.
Así lo explicó Rodríguez-Salah, uno de los accionantes, al aclarar que la delimitación original vulneró los derechos de los bumangueses. Sobra decir que este argumento dictaría un precedente importante para las delimitaciones hechas, pues abriría el espectro para que otras comunidades distintas a las que viven en territorio de páramo tengan voz y voto en estos territorios.
Más aún porque el alcalde Hernández enfiló energías en busca de un asiento para su ciudad en la mesa de la Anla, que ya anunció que estudia la posibilidad.
De conseguirla, conseguiría cambiar el discurso de la política de páramos y de paso, podría un gran asterisco sobre los logros en la materia hasta la fecha.
Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/aumenta-el-tono-de-la-discusion-por-santurban-MC7747385
A propósito del Día Universal de los Derechos de las niñas y los niños, este lunes en el Congreso de la República se desarrolló una audiencia pública sobre la situación de las y los menores de edad integrantes de las comunidades de La Guajira, afectados por la actividad minera de la empresa El Cerrejón.
Los indígenas del pueblo Arhuaco continúan con la movilización pacífica exigiendo que se respeten sus derechos territoriales sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. En una rueda de prensa realizada en Valledupar, la Confederación Indigena Tayrona argumentó que hay una amenaza sobre el pueblo Arhuaco debido a la existencia de más de mil solicitudes de títulos mineros que buscan activar la extracción de minerales en la Sierra Nevada.
Hace más de una semana, el presidente Juan Manuel Santos visitó Abu Dabi. Tras reunirse con el príncipe heredero, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, un popular jeque de los Emiratos Árabes Unidos, anunció su principal objetivo: había conseguido que le donaran US$45 millones para impulsar el posconflicto. Al poco tiempo se supo que los árabes también habían logrado darles un empujón a sus intereses: invertirían US$1.000 millones en el proyecto con el que la empresa Minesa busca explotar oro en cercanías del páramo de Santurbán.
Luego de que el Concejo de Urrao, suroeste de Antioquia, expidiera el Acuerdo 008 del 26 de agosto de 2017, que dictó medidas para la defensa del patrimonio arqueológico y cultural del territorio, el Secretario General del Departamento de Antioquia solicitó al Tribunal Administrativo pronunciarse sobre la validez del mismo.
Concejales de ese municipio rechazaron la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de invalidar el acuerdo y no descartan hacer manifestaciones ante las autoridades ambientales
Nuestras exigencias son tierra adecuada y suficiente para la reubicación de nuestra Comunidad afrodescendiente; de proyectos productivos para restablecer nuestras economías propias; de reconocimiento y reparación integral de los daños que se nos han ocasionado y que se acumulan por cada día que pasa sin que nuestra situación sea resuelta.
El alcalde de Girón, Santander, se sumó a las voces en desacuerdo al proyecto de explotación de oro que pretende desarrollar la multinacional árabe Minesa en cercanías a la zona protegia del páramo de Santurbán.
La semana anterior, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció la inversión de US$1.000 millones para el desarrollo del proyecto minero de Soto Norte que opera la Sociedad Minera de Santander (Minesa), y cuyo producción de oro comenzaría en el 2021.
Más de 1.000 indígenas protestaron en Valledupar para hacer un llamado al Gobierno sobre la afectación de los recursos naturales.