Luego de que la sala plena de la Corte Constitucional decidiera dejar en firme la suspensión de las obras de la multinacional El Cerrejón sobre el arroyo Bruno, las comunidades de la Guajira aseguraron que harán respetar ese fallo teniendo en cuenta que el desvío del río, atenta contra el derecho al agua.

En repetidas ocasiones, las comunidades de la Guajira han manifestado que no fueron consultadas antes de que se empezará a hacer la desviación del arroyo Bruno, una proyecto que busca realizar la multinacional para expandir la producción de carbón en ese territorio. Para lograr esto, se ha venido denunciando la deforestación de varias zonas para permitir la construcción del canal que desvía el agua.

Corte Constitucional ya había ordenado suspender las actividades del Cerrejón

La Corte Constitucional ya había ordenado cesar las actividades de la multinacional en agosto del 2017. Allí, había decidido ponerle freno a las actividades de la empresa, hasta tanto no se verificara la situación de derechos humanos de la población indígena y afro que hacen parte de las diferentes comunidades de La Guajira.

En ese momento, la compañía se había comprometido a cumplir con todos los requerimientos legales, ya que había logrado obtener el permiso para intervenir el Arroyo Bruno, gracias a que, en noviembre de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, permitió al Cerrejón la modificación del plan de manejo ambiental.

Un procedimiento para el cual CORPOGUAJIRA se había declarado sin posibilidad de emitir permisos por incapacidad técnica, por lo que la ANLA, que ya había avalado el desvío, fue quien terminó realizando “estudios amañados”, que dieron paso a la ampliación de la mina en el Tajo La Puente, como se ha asegurado desde la organización Censat Agua Viva que acompaña a las comunidades.

Cerrejón se ha caracterizado por incumplir los fallos de la Corte

De acuerdo con Samuel Arregoces, líder de una de las comunidades afrocolombianas y el pueblo Wayuú en la Guajira, el Cerrejón se ha caracterizado por no acatar las decisiones legales y ha violado los derechos humanos de manera sistemáticas. “Hoy le estamos demostrando al Estado colombiano y al mundo que Cerrejón no cumple con los estándares que le piden para hacer su minería que no es responsable con el medio ambiente y menos con las comunidades”.

Afirmó que esta nueva sentencia la harán valer y utilizarán los mecanismos necesarios para que la empresa cumpla con lo que estipula la Corte, “están jugando con la vida, acá el agua es algo vital, las personas están muriendo por falta de agua potable”. Además, dijo que ha habido un trabajo valioso con diferentes organizaciones para evitar que el arroyo Bruno sea desviado.

Arregoces indicó que ya ha sido construido el primer tramo del canal que será utilizado para desviar el agua del arroyo. Allí, varias comunidades ya se han visto afectadas, así como se verán otras poblaciones ubicadas cerca de la fuente de agua.

Para las comunidades, es difícil comprender que la producción de carbón se mantenga en Colombia teniendo en cuenta que los países de Europa, a los cuales se les vende el mineral, han decidido dejar atrás su uso. Ante esto, “el Gobierno tiene que pensar en crear nuevas alternativas económicas que no dañen el ecosistema a costillas de nada”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/cerrejon-debera-suspender-actividades-mineras-sobre-arroyo-bruno-articulo-49554/

El Tribunal Administrativo del Quindío decidió, en un fallo de primera instancia, amparar el derecho fundamental a la participación ciudadana del Alcalde del municipio de Córdoba, Quindío, y de los habitantes del municipio que tenían programada para este domingo 3 de diciembre la consulta popular minera.

El Tribunal le ordenó a la Registraduría, a través del registrador o su delegado, que en un término de 48 horas siguientes a la notificación, adelante todas las actuaciones necesarias en conjunto con el Ministerio de Hacienda, Crédito Público y con el municipio de Córdoba, “para coordinar todas las gestiones a lugar con miras a garantizar la realización de la consulta popular del municipio de Córdoba”, dice el fallo.

El fallo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes.

Cabe recordar que la Registraduría le pidió al alcalde que suspenda la consulta, pues el Ministerio de Hacienda no le giró los recursos, unos 25 millones de pesos. Y pese a que el mandatario local dijo que pagaría la consulta, la Registraduría respondió que no podía celebrar un convenio con el ente territorial.

Además, el Ministerio de Minas interpuso ante el Consejo de Estado una acción de tutela contra el Tribunal del Quindío por avalar la consulta.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-popular-minera-en-cordoba-quindio-156584

Gobierno responde

“Cuando visitamos  Zaruma, una población minera en Ecuador, lo que más me impactó fue ver a una mujer con un bebé que  tenía la mirada perdida. Caminaban sin ninguna protección entre un campo de mercurio”, cuenta.
David Kennedy, odontólogo retirado y ahora director de la compañía EmeraMed, que ha desarrollado un antídoto para que las víctimas de envenenamiento con este metal, puedan frenar su avance en el cerebro.

Imagínese que le indican que uno de los materiales con los que trabaja es un alto contaminante y que cuando lo inhala, en su cuerpo se producen reacciones que desencadenan graves enfermedades como alzhéimer, o parkinson, ¿usted seguiría trabajando con el material, o pediría reemplazarlo?

Esta es la situación de millones de personas en el mundo que se han topado con el mercurio como un material que se se ha vuelto imprescindible en proyectos de minería, en especial de minería ilegal, pues es un metal que logra dividir el oro de otros metales para que sea más sencillo encontrarlo y agruparlo en pequeñas bolitas que se venden al mundo.

“Lo que la gente, muchas veces por ignorancia, no entiende, es que el mercurio mata. Venimos desarrollando una investigación por toda América y aterrizamos en Colombia por cosas de  la vida y nos encontramos con que la situación es muy complicada en el país”, asegura Mónica Esteban, investigadora y relacionista pública de EmeraMed.

Kennedy y Esteban llegaron a Colombia y se encontraron con la grave problemática que toca a los pobladores y mineros de la costa caribe colombiana.

Y es que a finales de octubre se conoció el caso de 60 menores que resultaron intoxicados con el metal pesado en Puerto Colombia,
Atlántico, cuando compañeros lo encontraron en las tejas de su colegio y empezaron a jugar con él.

La situación es crítica para los estudiantes que ya han sido diagnosticados con intoxicación y ya presentan problemas de salud, que podrían catalogarse como serios a largo plazo.

“Como vimos lo que sucedió y fue fortuita nuestra visita, queremos donar 60 tomas del antídoto que se desarrolló y que no está reglamentado en el país, pero necesitamos que nos ayuden desde MinSalud y desde Invima para la reglamentación y donar las tomas, en un programa que hemos llamado ‘Uso compasivo’”, asegura Esteban, quien está al frente  de los trámites.

“Lo que hemos encontrado en Latinoamérica es que con mercurio se está contaminando el agua de poblaciones de escasos recursos, que se siguen usando las amalgamas para las muelas y el personal aún las pone sin protección y Colombia no es la excepción. La importancia de la regulación de la minería ilegal es importante y el trabajo para prohibir el uso del mercurio”, asegura Esteban.

Y es que Kennedy, en su paso por el país, busca sensibilizar a las autoridades ya la población en general, para que entiendan  que el mercurio es un enemigo público y en muchas ocasiones el el causante de enfermedades que, creemos, son de origen hereditario”.

“Lo que mucha gente cree es que tiene parkinson porque esa es su genética, o que tiene alzheimer porque así le tocó y no asocian que vivieron toda su vida cerca a una mina de oro. El mercurio es como un asesino silencioso, porque no se puede establecer, rápidamente, que es el causante de males”,  señala Kennedy.

Por ahora, el Puerto Colombia esperan que se pueda realizar la donación y que esto sirva para que Colombia inicie con su cumplimiento del Acuerdo de Minamata, que se creó luego de que una ciudad japonesa sufriera los estragos de la evaporación del mercurio y la muerte de cientos de personas que manipularon o estuvieron en contacto con uno de los metales pesados más peligrosos con los que tenemos que convivir y que explotamos inconscientemente.

Fuente:https://www.publimetro.co/co/noticias/2017/11/27/mercurio-esta-enfermando-los-colombianos.html

Los ocho concejales de Tarso aprobaron ayer un acuerdo mediante el cual se prohíbe la minería de metales en ese territorio del Suroeste antioqueño, como lo han hecho en otras localidades.

El concejal liberal Húber Cartagena explicó que el proyecto le llegó a la Corporación el 1 de junio y lo dejaron en estudio para documentarse y analizar con abogados expertos la legalidad del mismo.

El corporado dijo que la decisión la tomaron, por unanimidad, porque el municipio tiene una vocación agrícola y en los últimos años ha cogido impulso el agroturismo, lo que es contrario a la minería de metales.

Otro aspecto que tuvieron en cuenta fue la topografía tan empinada del territorio, que es susceptible a la erosión y la minería le puede causar daños irreversibles, dijo.

Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, manifestó que este acuerdo deberá ir a la revisión de la Sección Jurídica de la Gobernación, y si esta considera que viola alguna norma lo enviará al Tribunal Administrativo de Antioquia que verificará la legalidad.

Recordó que por violar normas constitucionales el Tribunal Administrativo consideró inválido el acuerdo en contra de la minería aprobado por el concejo de Urrao.

En Támesis, Jericó, Titiribí, Caicedo y Tarso, también aprobaron acuerdos en contra de la minería.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/concejo-de-tarso-le-dijo-no-a-la-mineria-DE7776137

“La amenaza de los títulos mineros en la Sierra es nuestra mayor preocupación, y ese es el punto central en esta movilización pacífica, esperamos que todos los gremios se unan a nuestro clamor, el agua es una necesidad de todos y no podemos permitir que la acaben y contaminen de esta manera”, expresó la líder arhuaca Leonor Zalabata.

Dijo que “tenemos una ley arhuaca de protección territorial que emana de la Ley de origen que hace parte del derecho consuetudinario; nosotros tenemos que hacerle ver al sistema político-administrativo de este país que la diversidad cultural no es una retórica, es un derecho que Colombia tiene que proteger”.

Hermes Torres Solís, secretario General de la Confederación Indígena Tayrona, señaló que el único motivo de esta concentración es proteger y manifestar el desacuerdo que tienen por los riesgos a los que está expuesta la Sierra Nevada de Santa Marta.

Saúl Mindiola, vocero de esta etnia, señaló que “en materia territorial ha sido la lucha incansable de nuestros mayores, y es la agenda de la Confederación Indígena Tayrona, en varios puntos, uno darle fin y prosperar el proceso con el Gobierno Nacional de elevar a Decreto-Ley la resolución de la línea negra, la ampliación y saneamiento de los resguardos, la adopción de ley de protección territorial arhuaca con reconocimiento nacional, el cumplimiento del plan de salva guarda donde encontramos salud, educación y el ejercicio de autoridad en el territorio, además están temas relacionados con los acuerdos de paz en la Sierra”.

Para este sábado, 25 de noviembre, se espera la llegada a Valledupar de una comisión de alto nivel encabezada por el ministro de Interior, Guillermo Rivera, para instalar una mesa nacional con los indígenas, a fin de ser escucharlos y plantear posibles soluciones a sus requerimientos.

Más de 1.700 arhuacos que se encuentran concentrados desde el pasado 15 de noviembre en esta capital esperando ser atendidos por el Gobierno nacional.

Fuente:https://www.elheraldo.co/magdalena/arhuacos-se-toman-la-plaza-alfonso-lopez-para-exigir-freno-la-mineria-en-la-sierra-427016

Corporación ambiental verifica afectación tras apertura de túnel durante proceso exploratorio.

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) abrió un proceso de investigación contra Minesa, compañía árabe que está detrás de una licencia ambiental para explotar oro en zonas vecinas al páramo de Santurbán, por el presunto incumplimiento a la normatividad ambiental y afectación de recursos naturales en la etapa de exploración en su momento en el túnel El Gigante, en jurisdicción del municipio de California, en Santander.

Juan Manuel Pinzón, asesor técnico de la dirección de la CDMB, indicó que la investigación busca precisar el daño ambiental que se pudo dar por la apertura del túnel, el cual fue construido por AUX Colombia, empresa que vendió el derecho minero a Minesa, multinacional de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, del emirato de Abu Dhabi.

“En el momento en que se abre el túnel hay una interceptación de algunos flujos y finalmente esos flujos están siendo canalizados y en estos momentos están siendo entregados a la quebrada La Baja, tras un proceso de tratamiento que hace la empresa. Pero lo que busca la investigación es definir si hubo un incumplimiento de la normatividad ambiental o una afectación al recurso natural”, dijo el funcionario.

Pinzón explicó que pese a que fue AUX Colombia la que estuvo al frente de la apertura El Gigante, en este momento la titularidad es de Minesa, razón por la cual esa compañía tiene que responder.

La corporación informó que el proceso se encuentra en etapa de notificación a la compañía árabe, y aunque existe una solicitud de reconocer un tercer interviniente, solo hasta el momento en el cual se dé la notificación, se procederá al reconocimiento de esta petición, en el marco garantizar el debido proceso.

Entre tanto, Minesa indicó que desde que asumió la titularidad de la concesión minera ha trabajado activamente en la gestión y cierre de todos los pasivos ambientales heredados desde la adquisición del título en el año 2015.

«Minesa sigue avanzando en un permanente trabajo para recuperar el ecosistema de los títulos mineros de su propiedad, cumpliendo con el marco de la ley, avanzando en la identificación y gestión de estos pasivos ambientales ante la CDMB, generando planes de acción para su adecuado manejo», dijo en un comunicado la empresa.

Según reportó Minesa, desde el año 2015, las principales acciones ejecutadas a la fecha para la recuperación de pasivos ambientales generados por la minería en el área son:  la evacuación 360 toneladas de arenas mercuriadas, producto de la minería artesanal;  la siembra de más de 88 mil árboles;  el control de drenajes ácidos de bocaminas de minería artesanal;  el desmonte de plantas de minería artesanal ubicadas sobre la ronda hídrica de la quebrada La Baja y  por último, la recuperación del suelo y el paisaje.

La apertura de la investigación contra la multinacional árabe se produce en medio de la polémica que se mantiene por cuenta de unos acuerdos firmados por el presidente Juan Manuel Santos con los Emiratos Árabes para incentivar la inversión en planes mineros en Colombia, como el Soto Norte de Minesa, con el que se pretende extraer durante 23 años nueve millones de onzas de oro.

Actualmente cursa su tramite ante la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud de permiso para la ejecución del proyecto Soto Norte, que se planteó por fuera de la delimitación del páramo de Santurbán fijada en el 2014 por el Ministerio de Ambiente, la fue derogada recientemente por la Corte Constitucional.

Ante la incertidumbre que planteó el órgano constitucional sobre la viabilidad del plan minero, la Anla ha señalado que continuará con la evaluación del estudio de impacto ambiental presentado por Minesa. Sin embargo, la decisión sobre la licencia solo la tomaría después de que se vuelva a trazar una nueva línea de páramo, tal como lo ordenó la Corte.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/investigan-a-compania-arabe-minesa-por-dano-ambiental-153770