Por: Lucio Cuenca Berger
Director
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Leyendo una entrevista en la revista Qué Pasa a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, entidad que reúne a la minería Transnacional y Codelco, me sorprendí tanto con los excesos en los que incurría, que me sentí interpelado a escribir estas reflexiones.
Entre otras cosas, se refirió a la conducta de ciertos ministros de la Corte Suprema como de activismo judicial, dando a entender que los argumentos de las comunidades que luchan en marcos de brutal asimetría, para defender su derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación, no tienen validez, por eso requieren de ministros militantes que hagan el favor de validarlos. Soberbia impresentable que desdeña al poder judicial y a las comunidades, es decir a todo lo que se oponga a las brutales tasas de ganancia que les ha permitido acuñar la megaminería química en un país que socializa los costos y privatiza las utilidades. “Hoy nos encontramos con algunas resoluciones que obedecen a una especie de activismo judicial, donde los jueces están resolviendo más en base a convicciones personales que a aquello que señala expresamente la ley”, acusó el dirigente minero.
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