Chile

Solicitan anular Programa de Cumplimiento de Codelco Ventanas por supuestas omisiones

En 2016 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló 13 cargos contra la empresa Codelco División Ventanas por diversos incumplimientos ambientales, por lo que se inició un procedimiento sancionatorio que luego fue suspendido debido a la aprobación de un Programa de Cumplimiento elaborado por la refinería.
En dicho programa, Ventanas se compromete a cumplir las indicaciones administrativas detectadas por el organismo fiscalizador, en sus planes de actualización y mejoras de sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Sin perjuicio de lo anterior, la Organización Ambientalista Dunas de Ritoque, ha continuado con las instancias legales que le permiten quejarse contra el accionar de la división de Codelco. Por esto es que el pasado viernes se llevó a cabo en el Tribunal Ambiental la audiencia por la reclamación que hicieron, esta vez, contra la Superintendencia de Medio Ambiente.
Según el reclamante y representante de Dunas de Ritoque, Andrés León, se afirma que hubo omisión de información en el actuar de la SMA y que no se consideraron los afectos ambientales de las distintas infracciones.
El reclamante también solicitó anular la resolución aprobatoria del Programa de Cumplimiento, con el objetivo de remediar sus inconsistencias.
Codelco Ventanas no se referirá al respecto debido a que es un reclamo contra la Superintendencia de Medio Ambiente y no contra ellos. Por otra parte, desde la SMA se señaló que no opinarán mientras el caso esté en curso.
El tribunal no tiene fecha exacta para la resolución pero tendría un plazo de dos a tres meses.
FUENTE:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/01/30/solicitan-anular-programa-de-cumplimiento-que-permitio-perdonazo-a-codelco-ventanas.shtml

Chile

Precio del cobre sube por huelga en mina Escondida en Chile

Unos 2.500 trabajadores de la mina de cobre de BHP Billiton, en Chile, anuncian una huelga desde el 7 de febrero.

El principal sindicato de la mina de cobre Escondida de BHP Billiton Ltd., la más grande del mundo, manifestó que la última oferta de la empresa es “irresponsable” y que recomendará a sus 2.500 trabajadores que inicien una huelga.

BHP no ofreció ningún aumento de sueldo a los trabajadores, ninguna bonificación y una reducción de los beneficios, indicó el Sindicato N° 1 de Escondida el martes en un comunicado enviado por correo electrónico. Los representantes del sindicato pretenden explicar la oferta a los trabajadores el miércoles y el jueves.

“Hacemos un llamado a las bases a rechazar esta oferta e ir a huelga”, dijo Carlos Allendes, vocero del sindicato, el martes en una entrevista telefónica. “No podemos seguir negociando bajo estas condiciones. Está claro que ellos no quieren que vayamos a huelga”.

“Planeamos dejar de trabajar completamente cuando se inicie la huelga”, dijo Allendes, agregando que el paro podría iniciarse el 7 de febrero.

Escondida, mina que extrajo 1,2 millones de toneladas métricas del metal rojo en el 2015, servirá como precedente para otros 15 contratos próximos a renovarse en Chile, el país cuprífero más grande del mundo, informó BTG Pactual en una nota a sus clientes. Los sindicatos se vieron animados por un repunte de 28% en el precio del metal desde mediados de octubre.

El cobre se elevó 2,6% el martes para cerrar en US$5.943 la tonelada. El metal usado en alambres y cables cayó 0,2% el miércoles a US$5.934 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres al mediodía en Shanghái.

UN CATALIZADOR POSITIVO
El sindicato anunció el martes que la oferta de BHP contemplaba suprimir las compensaciones para los trabajadores que renuncian voluntariamente, eliminar la bonificación para los trabajadores experimentados contratados después del 1 de febrero y reducir algunos beneficios para gastos de vivienda para los nuevos empleados.

El sindicato, inicialmente, solicitó a la compañía un aumento salarial de 7% y una bonificación de 25 millones de pesos chilenos (US$38.400), superior al bono de 19,3 millones de pesos negociado en el 2013.

En su propio comunicado, BHP, la minera más grande del mundo con sede en Melbourne, dijo que ha mantenido la cobertura médica total para los trabajadores y que añadió nuevos beneficios.

“Reiteramos la voluntad de la compañía de llevar a cabo un proceso que privilegie el entendimiento y el consenso”, informó BHP el martes en un comunicado enviado por correo electrónico. “La misión de ambas partes es que el respeto, la tranquilidad y la buena fe se mantengan en todo momento”.

OTRAS HUELGAS
A principios de este mes, una huelga de 11 días en la mina de oro y plata El Peñón de Yamana Gold Inc. terminó después de que la empresa con sede en Toronto ofreciera el pago de una bonificación de 13 millones de pesos (US$19.900), un aumento de salario de 30.000 pesos para este año y aumentos de 10.000 pesos para el 2018 y el 2019, según la Federación Minera de Chile.

Los trabajadores en seis sindicatos de la mina Chuquicamata de Codelco firmaron un contrato de trabajo a 27 meses en diciembre que incluía una bonificación de suscripción de 4,35 millones de pesos, pero sin un incremento salarial real. El bono fue cerca de 40% menor al contrato anterior.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/mundo/precio-cobre-sube-huelga-mina-escondida-chile-noticia-1963457

Chile

SMA y sanción a Barrick: “La obra gruesa está hecha, faltan las terminaciones”

La larga espera por conocer de manera definitiva la sanción al proyecto Pascua-Lama, propiedad de la canadiense Barrick, está pronta a llegar a su fin. El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, cuenta que el organismo está trabajando en los detalles de la sanción, que esperan sea dada a conocer a mediados de año.

“En términos constructivos, hoy tenemos la obra gruesa terminada, están las paredes arriba, las ventanas puestas y las redes de agua y luz instaladas. Ahora, entramos en la fase final, las terminaciones”, ejemplifica la autoridad.

Proceso todavía en curso luego que la justicia ambiental -y posteriormente la Corte Suprema- ordenara rehacer la sanción aplicada al proyecto en 2013 debido a la falta de fundamentación del acto administrativo y la utilización de la figura del concurso infraccional.

Franz comenta que entre el fallo del tribunal ambiental y el pronunciamiento de la Corte Suprema pasó casi un año, periodo en el que se mantuvo el “status quo” del proceso, a la espera de lo que se determinara.

Ya resuelta la incertidumbre, comenzaron a trabajar acuciosamente en el análisis de los 33 cargos contra el proyecto, que cuenta con más de 1.000 documentos ingresados por las partes. “Pascua-Lama es el caso más importante que tiene la SMA hoy por hoy. Es un proyecto altamente complejo”, recalca Franz.

“Hay que poner extrema atención en la calidad del trabajo para llegar a una resolución que sea justa, proporcional a las infracciones cometidas y probadas en el proceso y que, al mismo tiempo, satisfaga el estándar ambiental impuesto por el tribunal”, añade.

Franz está consciente de que cualquiera sea la resolución final, puede ser revisada por la justicia, por lo que “tiene que ser una resolución ejemplar, a prueba de balas”.

“En este caso, como en todos, lo que buscamos es llegar a una resolución que como institución nos deje tranquilos y que podamos ir a defender a los tribunales. Prefiero demorarme un poco más, pero firmar resoluciones finales que cuando sea necesario, al discutirlas en tribunales, podamos ganarlas”, subraya.

Hoy, el 80% de las actuaciones de la SMA que son judicializadas, son ganadas por el organismo.

Promoción del cumplimiento

Pero no solo el proceso contra Pascua-Lama ocupará a la SMA. Franz cuenta que esperan profundizar la promoción del cumplimiento, estrategia que hará que lo invertido a través de los programas propuestos por los titulares superen a las multas impuestas por la autoridad.

En 2015, las multas aplicadas por el organismo ascendieron a US$ 40 millones, mientras que los programas tenían aparejadas inversiones por US$ 25 millones. En 2016, fueron aprobados 86 programas de cumplimiento y uno solo de ellos supera los US$ 20 millones en inversión, el de la mina Sierra Gorda.

“Hemos promocionado el uso de esta herramienta, pero somos muy celosos en su revisión y solo cuando cumplen todos los requisitos se aprueban, y si esto ocurre somos también muy celosos en su fiscalización”, explica.

Añade que “cuando un solo programa de cumplimiento involucra inversiones por US$ 25 millones significa que esos recursos serán usados para solucionar un problema ambiental. Si es impuesto como multa, esa plata va para arcas fiscales y termina subsidiando otro programa gubernamental, que está bien, pero el problema ambiental persiste”.

Fuente: https://www.df.cl/noticias/site/artic/20170120/pags/20170120205953.html

Chile

La silenciosa movida de SQM para amarrar la explotación del litio en el Salar de Atacama

Los contratos que la minera no metálica vinculada a Julio Ponce Lerou mantiene con Corfo y que le permiten explotar el lugar, tienen como fecha de término el 2030. Pero en la práctica, y a través de una serie de maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 13 años más, lo que se devela en la segunda demanda arbitral que la institución liderada por Eduardo Bitran presentó hace unos meses.

)Una posición privilegiada y sin sobresaltos a la hora de las decisiones políticas e institucionales que pudieran afectarla, habría logrado por años SQM financiando irregularmente a distintos parlamentarios, ministros, asesores, partidos y un sinfín de actores que, de una u otra forma, podían influir en el negocio de la minera no metálica liderada por Julio Ponce Lerou. Al menos así se desprende de las investigaciones del Ministerio Público que han ido develando una red de poder e influencia alimentada por la compañía que por años mantuvo un bajo perfil.

Todo cambió cuando se destaparon distintas hebras del escándalo de las platas políticas.

Poco antes de eso, y durante el Gobierno de Sebastián Piñera, SQM había empezado a ser cuestionada por el caso Cascadas y también por el propio Estado a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad dueña de 28.054 pertenencias mineras OMA en el Salar de Atacama, pieza fundamental de la compañía.

En 2013, Corfo inicio un proceso de arbitraje por incumplimientos en el contrato que le permiten a SQM explotar hasta 2030 los minerales contenidos en el salar –principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, ácido bórico y productos de litio–, conflicto que fue ahondado por la actual administración liderada por Eduardo Bitran, a través de una demanda arbitral interpuesta en mayo de 2014, tras la cual incluso se solicitó el término anticipado del contrato, rechazando la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Húmeres.

No es la única acción legal interpuesta por Corfo contra la firma. En agosto pasado, una segunda demanda arbitral tiñó la tensa disputa entre la estatal y SQM. Esta vez se cuestionaba el contrato que establece las condiciones en que debe operar la minera no metálica para poder explotar litio en dicho salar.

Las acusaciones impulsadas por la estatal revelaban la silenciosa jugada que, a vista y aprobación del propio fisco, logró que SQM dejara, en la práctica, la explotación del Salar de Atacama en sus manos mucho más allá del término del contrato con el Estado.

Jaque mate al fisco

La segunda demanda arbitral de Corfo devela cómo, a través de diversas maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030.

Según detalla la acción legal, “el Grupo SQM, especialmente SQM SALAR S.A. ha solicitado y obtenido para sí permisos y solicitudes de exploración y derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas situados en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos de aprovechamiento de aguas necesarios para el beneficio del Proyecto, y explotación de las Pertenencias OMA”.

La maniobra se realizó por la vía regular, es decir solicitando diversos derechos de agua a la Dirección General de Aguas (DGA), que en algunos casos puso trabas pero que a la larga terminó cediendo y entregando a la cuestionada minera no metálica una gran cantidad de derechos de agua en una zona donde ésta no abunda.

Así lo detalla la demanda de Corfo, que concluye que “a la fecha la arrendataria y mandataria de Corfo, SMQ Salar ha obtenido ‘para sí’ derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas situados en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, dentro de la comuna de San Pedro de Atacama, necesarios para la explotación y beneficio de las Pertenencias OMA y del Proyecto Minsal –Sociedad Minera Salar de Atacama S.A., con que se inició el Proyecto en 1986 y donde inicialmente Corfo tenía un porcentaje– señalados por más de 975 litros por segundo”.

SQM no solo se aseguró derechos de agua. Hizo lo mismo con servidumbres legales mineras, lo que en la práctica permite gravar o restringir a un dueño en beneficio de otro.

“SQM SALAR S.A. ha solicitado y obtenido para sí servidumbres legales mineras que benefician al Proyecto, y explotación de las pertenencias OMA ya señaladas y por plazos superiores a los del contrato de arrendamiento. SQM Salar solicitó a nombre propio la constitución de servidumbres mineras que gravan predios superficiales de propiedad de terceros, las que han sido constituidas en beneficio del proyecto que se desarrolla en el Salar de Atacama”.

La segunda demanda arbitral de Corfo devela cómo, a través de diversas maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030.

El texto señala que “llama poderosamente la atención a mi representada que SQM Salar, la sociedad instrumental creada precisamente por las partes del Contrato de Proyecto, y cuyos únicos socios o accionistas actuales son precisamente SQMK y SQM haya solicitado las servidumbres legales mineras referidas para sí en las condiciones que lo hizo, utilizando para ello el contrato de arrendamiento, y en el cual consta que el propietario de las pertenencias es la Corporación; que lo haya hecho por un plazo de 50 años (fueron solicitadas y concedidas el año 2009 y 2007, respectivamente), esto es hasta el año 2059 y 2057, respectivamente, en circunstancias que tanto el contrato para proyecto, como sus conexos de arrendamiento y sociedad terminan el 31 de diciembre de 2030. Pero lo que es más sorprendente, es que excede con creces incluso el plazo de duración de la sociedad solicitante SQM Salar. Pues bien todo lo actuado, a la luz de los contratos vigentes entre mi representada y las demandadas constituye un flagrante incumplimiento de los mismos”.

La compañía vinculada a Ponce Lerou también “ha solicitado y obtenido para sí pedimentos, concesiones mineras de explotación y mensuras, en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y dentro de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos mineros comprendidos dentro del proyecto a que se refiere el ‘Contrato de Proyecto’”.

Además, “Sociedad Química y Minera de Chile S.A., SQM, solicitó a nombre propio y para sí, y durante la vigencia del contrato de proyecto, innumerables concesiones mineras situadas dentro de la comuna de San Pedro de Atacama y dentro del Salar de Atacama. Es así como el territorio vecino al perímetro de las pertenencias mineras OMA de propiedad de Corfo, se encuentre en su mayor parte o bajo concesión de exploración o de explotación a favor de SQM”.

En términos simples, esto implica que la compañía se blindó con la ayuda del propio fisco por medio de la entrega de concesiones y derechos en desmedro de Corfo, para que esta última no pueda explotar el salar si se pone término anticipado a los contratos ni cuando se termine el contrato en 2030, tras lo cual nadie tendrá la capacidad de hacerlo, porque no tendrá ni los derechos de agua ni los permisos o concesiones mineras necesarios.

Según conocedores del caso, “lo que ha estado haciendo SQM es generar, con un cordón de pertenencias en el salar, una dificultad mayor y hacer inviable para cualquiera que el 2030 quiera explotar el Salar de Atacama”. Y agregan que esto es “un engaño, es un arrendatario actuando de mala fe, porque estos no son errores: han actuado de mala fe con Corfo, con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), con Aduanas, con el Servicio de Impuestos Internos y también con sus accionistas minoritarios”.

Otras fuentes consideran que “esto es una muestra clara de la descoordinación entre instituciones estatales, lo que se ha constatado repetidamente. La verdad es que la negligencia estatal es impresionante”. Situación que quedó expuesta recientemente por la comisión investigadora sobre daño ambiental en Salares, Glaciares y Cuencas Hidrográficas, que apuntó a la ineficiencia del Estado y las instituciones competentes a la hora del cuidado de los recursos naturales, especialmente los hídricos.

Las mismas fuentes agregan que “claramente la tesis de Corfo es que esto es ilegal. La lectura es que estos derechos de agua, concesiones y pertenencias mineras deberían haber sido puestos a nombre de Corfo, ya que el contrato SQM se obliga a proteger los recursos porque son del Estado de Chile. Le exige protección de pertenencias, derechos de agua, y no lo han hecho. Se las han apropiado”.

Por eso, lo que persigue esta segunda demanda arbitral –que es independiente de la primera, aunque se espera que se acumulen– es que se restituyan estos derechos mineros y de agua y queden a nombre de Corfo.

SQM también ha sido fuertemente criticada desde el Congreso. La Comisión investigadora del litio dio un firme espaldarazo en noviembre pasado a la decisión de Corfo de terminar los contratos que le han permitido a la minera explotar el Salar de Atacama, señalando –entre otros puntos– que el gobierno corporativo perdió toda calidad ética para ser socio del Estado en el Salar de Atacama.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/09/la-silenciosa-movida-de-sqm-para-amarrar-la-explotacion-del-litio-en-el-salar-de-atacama/?php%20bloginfo%28%27url%27%29;%20?%3E/cultura

Chile

Tribunal Ambiental rechaza reclamación de Pascua Lama en contra de la SMA

El Tribunal Ambiental de Santiago, por unanimidad de sus ministros, rechazó la reclamación interpuesta por Compañía Minera Nevada SpA (CMN) en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que no aprobó el Programa de Cumplimiento presentado por Pascua Lama.

“Que, por todo lo señalado en los considerandos precedentes, el Tribunal concluye que la SMA no incurrió en el vicio de desviación de poder y aplicó correctamente el criterio de integridad, razón por la cual las alegaciones de la reclamante se rechazarán”, dice la sentencia redactada por la ministra Ximena Insunza.

El fallo explica que el criterio de integridad exige que el programa de cumplimiento incorpore todas las infracciones contenidas en la formulación de cargos, y que la SMA rechazó dicho programa justamente por no cumplir con el mencionado criterio, ya que no incorporó todas las infracciones detalladas en los cargos.

En definitiva la sentencia destaca que los programas de cumplimientos tienen un objetivo esencial, esto es, la protección del medio ambiente, corrigiendo los incumplimientos normativos y los efectos de estos en forma previa al término del procedimiento sancionatorio.

La resolución reclamada, está asociada a un segundo proceso sancionatorio llevado a cabo por la SMA contra el proyecto minero, a través del cual se le formularon diez cargos asociados a flora y monitoreos sociales y de glaciares, entre otros. Una infracción fue calificada como gravísima, dos tienen carácter de graves, y siete son leves.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-atacama/2017/01/03/tribunal-ambiental-rechaza-reclamacion-de-pascua-lama-en-contra-de-la-sma.shtml

Chile, Noticias

Comunidades recurrirán a tribunales ambientales por Pascua Lama

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La decisión se tomó luego del rechazo por parte del comité de ministros de las reclamaciones presentadas en contra de la resolución que modificó la RCA del proyecto aurífero. A juicio de las comunidades los argumentos presentados por los secretarios de Estado no tienen fundamentos.

Luego que fuesen notificadas respecto de la resolución del comité de ministros que rechazó las reclamaciones presentadas en contra del proyecto Pascua Lama, las comunidades afectadas por el proyecto transnacional minero anunciaron que recurrirán a los tribunales ambientales para terminar con el proyecto aurífero.

Las reclamaciones fueron presentadas luego que se revisara y modificara la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Pascua Lama. A juicio de las comunidades este cambio es “arbitrario y criminal” ya que estaría hecho “a la medida de la empresa para no ser declarada culpable de la contaminación de las aguas del sector”.

De acuerdo a lo que denuncian las comunidades, se hicieron más permisivos los límites autorizados de metales pesados y químicos en el agua, además de otros cambios que ayudan a que la empresa pueda librarse como la responsable de dichas superaciones.

A juicio de la vocera de la Asamblea Guasco Alto, Constanza San Juan, las razones que entregó el comité de ministros para rechazar las reclamaciones no tienen fundamento “dicen que nosotros no somos afectados directos por este cambio y por lo tanto no tenemos legitimidad para reclamar”, señaló.

La dirigente social agregó que recurrirán a todas las vías disponibles para frenar la instalación de Pascua Lama en la zona “esta es una resolución mandada directamente desde la Presidenta. Nosotros no entendemos como ella permite un cambio que perjudica la salud de todos los habitantes de la zona. Nosotros vamos a luchar hasta el final”, recalcó.

Las quejas respecto de la modificación de la RCA de Pascua Lama fueron expresadas también en el Parlamento en una sesión que se llevó a cabo durante el mes de noviembre y en donde los diputados mostraron su preocupación al respecto citando al Superintendente del Medio Ambiente.

Las comunidades lamentaron que en aquella oportunidad el Superintendente no se pronunciara acerca de dicho cambio a la RCA y no diera respuesta a las preocupaciones de los diputados acerca de este tema en particular.

De esta forma las comunidades anunciaron que harán “todo lo humanamente posible para anular la resolución” reafirmando además que se encuentran en un permanente estado de movilización.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2016/12/11/comunidades-recurriran-a-tribunales-ambientales-por-pascua-lama/

Chile, Noticias

Declaran admisibilidad de proyecto carbonífero en Magallanes

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El mega proyecto de explotación de carbón ha generado rechazo en la ciudadanía y en los parlamentarios de la Región de Magallanes, quienes afirman que se trata de una actividad incompatible con el desarrollo económico y turístico de la zona.

Se trata del proyecto carbonífero “Tranquilo” que la minera Chabunco S.A pretende instalar a doce kilómetros de Puerto Natales, en la región de Magallanes.

A diferencia del también cuestionado proyecto de la minera Invierno S.A ubicado en Isla Riesco, este utilizaría el método de rajo móvil, es decir, la explotación de carbón se iniciaría en un máximo de 24 hectáreas de rajo hasta alcanzar la dimensión total de 120 hectáreas.

En noviembre pasado el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) notificó la admisibilidad de este proyecto, rechazado en primera instancia por no incorporar todas las zonas que impactaría considerando el traspaso de mineral a Argentina. Tampoco detallaba el uso de tronaduras que en esta oportunidad si considera.

Para la ciudadanía es alarmante que se siga avanzando en estas formalidades porque sería la puerta de entrada para la mega minería en una comuna donde habitan cerca de 20 mil personas, y que vive principalmente de la ganadería, la pesca artesanal y del turismo.

Otro de los factores  preocupantes es la cercanía del proyecto a la bocatoma de agua que abastece a la ciudad. Según explicó la coordinadora de la campaña “Mantengamos la pureza de la Patagonia” de la Asamblea Ciudadana Última Esperanza, Loreto Vásquez, no existe la certeza que este proyecto no contamine las aguas, más bien la experiencia en otros lugares evidencia que sí lo haría.

Asimismo, se refirió a uno de los impactos menos considerados por la empresa pero de gran relevancia para los vecinos: el flujo constante de camiones de gran envergadura por la ruta principal y por caminos rurales.

“Este proyecto va a implicar el trasporte del carbón a través de los pasos fronterizo de Casas Viejas o Dorotea. Hablan de un tránsito interno dentro de un camino que van a construir por un predio privado. Pero no sé cómo pueden considerar un impacto mínimo el paso de tres a cuatro camiones de alto tonelaje por estas rutas”, señaló.

Mientras, el ingeniero forestal y presidente de la Asamblea, Rafael Contreras, comentó que por el gran flujo turístico de Puerto Natales, ciudad de paso para el Parque Nacional Torres del Paine, los servicios de salud ya han colapsado en algunas temporadas del año.

Por lo mismo, frente a un proyecto contaminante que afectaría la salud de los vecinos tampoco estarían los servicios requeridos.

“Tenemos un Cesfam que no da abasto cuando hay epidemias o alguna situación compleja. Sabemos que estos proyectos van a generar distintas afecciones a la salud y tampoco tendríamos la capacidad para enfrentarlos”, subrayó.

El próximo 28 de noviembre concluye el plazo para que las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Punta Arenas entreguen sus observaciones sobre el proyecto.

El alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, cuestionó la poca incidencia del municipio en un tema que concierne a la comunidad local.

“Cualquier consulta que nos haga la empresa termina siendo un saludo a la bandera y nada más”, recalcó.

En esa línea, agregó que “no se entendería una postura de los seremis contraria al bienestar de la ciudadanía y que respondería también a decisiones tomadas desde un nivel central, es decir de los ministros en Santiago”.

Los parlamentarios por la zona también se han referido a este nuevo megaproyecto minero. La senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, dijo que esta era una actividad incompatible con las condiciones geográficas y de desarrollo provinciales. El diputado, también de ese partido, Juan Enrique Morano, coincidió con la opinión agregando que es necesario esperar la evaluación técnica del SEIA y que se completen los procesos de acuerdo a las formalidades.

El próximo 14 de diciembre el SEIA realizará una visita en terreno al sector donde se instalaría este proyecto para evaluar materias relacionadas con la hidrología y geología. Mientras, el proceso de información y consulta ciudadana se extenderá hasta febrero de 2017.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2016/12/10/declaran-admisibilidad-de-proyecto-carbonifero-en-magallanes/

Chile, Noticias

El extractivismo minero en Chile: Una crítica a la ideología del crecimiento económico

chuquicamata_67161781Por: Espinoza, M.; Ramírez, C.; Ferrando, R. ; Álvarez, J. *

El extractivismo minero es reconocido mundialmente como una actividad económica que presenta grandes impactos ambientales en los ecosistemas. Sin embargo, pese a la gravedad de los problemas socioambientales que ha generado en Chile, éstos se nos presentan como “costos necesarios para el crecimiento”. Ello implica la imposición de un concepto de desarrollo que precariza sistemáticamente el empleo, vulnera los territorios, los ecosistemas y la vida de quienes habitan las zonas donde se emplazan estas faenas. Se postula que el modelo extractivista minero es inviable en el mediano plazo ya que presenta un nivel de producción que no tiene sustento en la realidad material de la naturaleza. El fin último de esta producción no es otro que el beneficio económico de un grupo humano pequeño mientras que los graves conflictos socioambientales generados son externalizadas a las comunidades periféricas violando la Justicia Ambiental. Por otro lado, este modelo es incapaz de entregar un bienestar duradero a la sociedad en general, toda vez que tiende a reproducir la inequidad y relega a las generaciones futuras a enfrentar situaciones críticas a nivel ambiental.

Este trabajo intenta establecer un espacio de reflexión que permita preguntarnos acerca de las bases que fundamentan el modo extractivista minero.

I. Introducción

Desde hace más de una década, América Latina se ha convertido en uno de los epicentros de la expansión minera a nivel global a través de la inversión transnacional. Esta expansión se desarrolla a través de un modo de producción conocido como extractivismo (OCMAL, 2015). Se considera extractivismo en sentido amplio, a las actividades productivas que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, los cuales no son procesados (o lo son limitadamente), y pasan rápidamente a ser exportados (Acosta, 2011). En Chile, la exportación de materias primas corresponden a un 86,1% de las exportaciones totales (CEPAL, 2014). Un 40% corresponden al sector minero a través de la producción de concentrado de cobre sin refinar. (COCHILCO, 2013; Consejo Minero, 2014).

Si bien en América Latina este modelo de producción ha sido desarrollado desde la conquista del continente, una intensificación de este proceso se desarrolló después de las reformas neoliberales de la década de los 80’ y 90’ (Veltmeyer, 2012). El caso pionero tuvo lugar en Chile, donde durante la dictadura militar se desarrollarían, por ejemplo, reformas claves para la progresiva privatización de la gran minería del cobre en Chile, la cual continuó y se agudizó con los sucesivos gobiernos de la Concertación por la Democracia (Machado, 2009).

El extractivismo minero es reconocido mundialmente como una actividad económica que presenta grandes impactos ambientales en los ecosistemas (Acosta, 2011). Algunos de ellos corresponden a la pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo y aguas, intervención de cursos de agua y glaciares y contaminación de zonas habitadas con desechos tóxicos asociados a relaves mineros. En Chile, esta actividad ha generado graves efectos al bienestar, autonomía y sustentabilidad de comunidades aledañas a proyectos mineros (Escalona et al., 2011). Estos conflictos se asocian a la contaminación ambiental, escasez de elementos básicos para la vida y desterritorialización (Urkidi, 2010; Vergara, 2011; OCMAL, 2015). Además, se han externalizado conflictos socioambientales a territorios lejanos en nombre de los requerimientos energéticos del modo de producción minero (OCMAL, 2015). Asimismo, se produce un desequilibrio de los ecosistemas intervenidos sin una comprensión de los efectos en la ecología de las especies. Por otro lado, a nivel macroeconómico, se tiende a desestructurar la economía, generando una pobreza asociada a la redistribución regresiva del ingreso y la concentración de la riqueza (Acosta, 2011).

Sin embargo, pese a la gravedad de los problemas socioambientales que ha generado la industria minera, éstos se nos presentan como “costos necesarios para el crecimiento”, consecuencias ineludibles del tránsito hacia el “progreso”. Esta mistificación, intenta asociar de forma incuestionable el concepto de un crecimiento económico exponencial con el de desarrollo. De esta manera, se concibe que éste se logra aumentando las exportaciones y maximizando las inversiones (Gudynas, 2009). Ello implica la imposición de un concepto de desarrollo que precariza sistemáticamente el empleo, vulnera las prácticas culturales ancestrales, los territorios, los ecosistemas y la vida de quienes habitan en las regiones del país donde se concentran estas faenas (OCMAL, 2015).

Lo anterior crea un “paradigma del crecimiento” donde se invisibilizan preguntas básicas acerca del modo extractivista de la producción minera. En términos del objetivo de la producción: ¿Qué necesidades son resueltas a través de la producción minera?, ¿Es viable este modo de producción con respecto a las fronteras de la biosfera?, ¿Dónde se acumulan los “beneficios” de esta actividad y quiénes concentran las “externalidades negativas”? A la luz de estas preguntas, este trabajo intenta establecer un espacio de reflexión que permita preguntarnos acerca de las bases que fundamentan el modo extractivista minero. Se analizan además los límites de este modo de producción en Chile en relación a la conflictividad que presenta con las comunidades aledañas y el entorno ambiental.

II. El paradigma del crecimiento

La llamada “economía del desarrollo” obtuvo su sustento teórico, a finales de la década del 50` (Gudynas, 2011). Se distinguieron así los países desarrollados y subdesarrollados y se estableció la idea de que los países del sur “subdesarrollados” debían seguir los pasos de las naciones industrializadas (Esteva, 2009). La idea de desarrollo quedó atada al crecimiento económico en desmedro del bienestar humano y se la presentó como la solución a la pobreza y la distribución de la riqueza (Gudynas, 2011). La concepción moderna del desarrollo consiste en un proceso lineal, esencialmente económico, mediado por la apropiación de recursos naturales orientado a emular el estilo de vida occidental (Bustelo, 1998). De esta manera, en la economía capitalista en general y en el modo extractivista minero en particular, se establece una búsqueda vertiginosa hacia una producción exponencial. Esta visión presupone la errónea idea de que los “recursos naturales” del planeta son infinitos y se encuentran a plena disposición para el desarrollo.

Por otro lado, el paradigma del crecimiento necesita un nivel de consumo altísimo. De esta forma, las relaciones sociales son atravesadas por un incentivo al consumo vertiginoso. Esto se realiza de manera indirecta a través de un aparato publicitario que mistifica lo nuevo (obsolescencia percibida) y de manera directa a través del diseño efímero de las mercancías (obsolescencia programada).

II.1 Crecimiento en el extractivismo minero chileno

La industria minera en Chile se constituye por la extracción de metales (Cu, Mo, Ag, Au) y otros recursos minerales no convencionales (Re, nitratos, Li y I), siendo ampliamente encabezada por la producción de cobre. Esta industria ha registrado un aumento en la participación del mercado mundial del cobre desde un 18% en 1990 a un 32% en 2013, con una producción cercana a los 5,8 millones de toneladas métricas para 2013 y una tasa de crecimiento de 7,2% en este mismo año, la más alta en la última década (Consejo Minero, 2014). Estos cuantiosos niveles de producción constituyen a Chile como el principal exportador de cobre del planeta. Por otra parte, esta carrera ciega que emprende la industria minera en torno al crecimiento, es incapaz de observar una serie de problemas instalados al interior del modo de producción, los cuales determinan la inviabilidad de mantener este ritmo de producción irracional.

Límites propios del modelo: Las proyecciones de crecimiento de la industria del cobre esperan que se alcancen la cuantiosa cifra de 8.5 millones de toneladas métricas en 2025, constituyendo un crecimiento máximo de 47% en 11 años. Sin embargo, el pico de crecimiento para la producción de cobre se proyecta para el año 2030 (Kerr, 2014). En tal escenario, se proyecta que se intensificará la presión sobre el uso de energía y agua, junto con la emisión de gases de invernadero (Northey et al., 2014b). De esta manera, la percepción de que este modelo es capaz de generar un “desarrollo” sostenido, guarda poca relación con la abrupta caída de la producción en el futuro cercano y la intensificación del daño socioambiental.

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Carácter suntuario de las necesidades a satisfacer: La producción minera en Chile, se considera necesaria para suplir el dramático aumento de la demanda de minerales asociada al crecimiento de los países industrializados del hemisferio norte (Northey et al., 2013). Los principales destinos de la exportación son China y Estados Unidos, los que en 2013 representaron un 46,8% y 8,8% de la demanda mundial de cobre respectivamente (Consejo Minero, 2014). El principal destino de la exportación de cobre manufacturado de China son los mercados asiáticos, los cuales típicamente lo incorporan a componentes eléctricos que son ensamblados nuevamente en China como productos finales (Hammer and Jones, 2012). Estas mercancías electrónicas, constituyen cerca del 50% de la exportación china (Observatory of Economic Complexity, 2015). Sin embargo, este tipo de productos trae aparejada una obsolescencia programada que rápidamente los convierte en basura electrónica, la cual es difícilmente reciclable y produce una alta contaminación en el tercer mundo (Lebel, 2015). Por otro lado, aunque con una producción menor en Chile, la extracción de oro es altamente superflua, toda vez que el porcentaje destinado únicamente a joyería supera el 50% y otro porcentaje cercano al 25% se utiliza como respaldo a las inversiones de quienes presentan los más altos ingresos del mundo (World Gold Council, 2014).

Fronteras de la biosfera frente al crecimiento: La explotación minera es indispensable para el desarrollo industrial y el bienestar del Norte global (Acosta, 2011). Esto se desarrolla sin importar la sustentabilidad de los proyectos extractivistas, ni el agotamiento de los recursos locales como lo indica la Huella Ecológica que generan los distintos países (Figura 2B). Este índice da cuenta del terreno necesario para mantener la producción, satisfacer las necesidades de consumo y manejar los residuos de un individuo o grupo humano (Galli et al., 2014). En términos generales, los países del hemisferio norte presentan un alto nivel de vida, sin embargo los recursos naturales necesarios para sostener ese nivel de consumo superan con creces la capacidad de regeneración del terreno que disponen. Por otro lado, la tendencia de “desarrollo” de Chile muestra que los modelos de producción y consumo cada vez se alejan más de la capacidad que el territorio puede albergar.

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Indicadores específicos para la minería del cobre (huellas de agua, de emisiones de gases invernadero y energética) indican una enorme presión sobre el medio ambiente, la cual es particularmente alta en el uso y degradación del agua (Figura 2A) y el consumo energético (Northey et al., 2013). En Chile, para el período 2014-2025 se proyecta un aumento de un 66% en el consumo de agua total en la minería del cobre, pasando de 14,8 a 24,6 m3/seg. Para este mismo período se doblaría la energía eléctrica necesaria en esta industria. Si bien se argumenta, que se aumentará el consumo de agua de mar, esto no ataca la raíz del problema ni tampoco se consideran las eventuales repercusiones en la biodiversidad marina ni las consecuencias poco exploradas de producir tal desequilibrio hídrico. Por otro lado, la minería lidera el consumo eléctrico nacional con cerca de un tercio del consumo, más del doble del total del consumo residencial (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 2008). Por ende, cuando se establece la idea de una crisis energética, lo que se esconde es que lo que está en crisis es el modo de crecimiento del extractivismo minero.

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III. Justicia ambiental y conflictos socioambientales en el extractivismo minero.

Los efectos negativos directos generados por el intenso modo de extracción de la industria minera y la presión que desarrolla en elementos vitales para el ser humano y otras especies, genera conflictos concretos tanto con las comunidades aledañas como también con aquellas que se ubican en sectores de carácter estratégico para la generación de energía. Es importante destacar que esta relación es siempre asimétrica, generándose una opresión desde los centros acumuladores de la riqueza hacia las periferias pobres, hacia donde se “externalizan” los efectos negativos del desarrollo (contaminación, escasez de recursos vitales, pérdida del territorio, etc.). Además, se genera un empobrecimiento en la autonomía de las comunidades periféricas a las cuales se les impone la participación en un modelo de desarrollo que las vuelve en extremo dependientes y que les quita el control de territorios que históricamente manejaban.

En este contexto se acuña el término Justicia Ambiental, entendido como el aseguramiento de que ningún grupo social, étnico, racial, socioeconómico o de género, deba soportar una mayor carga de las consecuencias ambientales negativas que se generen en su territorio, derivadas de las operaciones económicas (privadas o estatales) y la ausencia u omisión de políticas relacionadas con estas temáticas (Escalona et al., 2011). De esta manera, se observa que el extractivismo minero chileno es altamente nocivo en su relación con la comunidad en general. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 97 conflictos socioambientales registrados en Chile, entre enero de 2011 y junio de 2012, un 34% guarda relación con minería y un 42% con energía (Escalona et al., 2011). Por otro lado, en el Mapa de Conflictos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, Chile encabeza la lista con 35 de 205 conflictos socioambientales (OCMAL, 2015).

III.1 Falsas soluciones y la manipulación del concepto de sustentabilidad.

El empresariado minero, lejos de entender las demandas de las comunidades, las observa como impedimentos o “desafíos” para el crecimiento de la industria. Así, se orientan las soluciones de los conflictos a compensaciones económicas de las comunidades afectadas (Gudynas, 2011). Además, la creación de los departamentos de responsabilidad social son insuficientes y corresponden a un mejoramiento superficial a la hora de comprender la justicia ambiental. Como indica el informe de OCMAL, (2015): “es falso que las empresas mineras desarrollen infraestructura para las comunidades, ya que hacen obras para que transiten los equipos y el personal de las empresas mineras; que atiendan el derecho a la salud o educación de las comunidades, cuando lo que hacen es mercadeo con la pobreza, deducible de impuestos, contaminando el ambiente y desmejorando a corto, mediano y largo plazo la salud y las condiciones de vida de la gente”.

Por otro lado, la industria minera ha acuñado para sí el término de minería sustentable. Sin embargo, aquí el concepto se ha vaciado del contenido original referente al ambiente y, en cambio, se asocia a la mantención en el tiempo de los beneficios económicos y el alargamiento de la vida de los proyectos (Kirsch, 2010), o más simplemente, un “crecimiento sostenido”. Por otro lado, un proceso es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. De esta manera es impensable sostener, a menos que se intente distorsionar la realidad, que la minería es un proceso sustentable (Acosta, 2011).

IV. Ideas finales y preguntas abiertas

Este trabajo intenta abordar las consecuencias que tiene en el bienestar social la producción extractivista de la minería, particularmente el caso chileno. El enfoque utilizado se centra en analizar las razones ideológicas que soportan este modelo de producción (ideología del crecimiento) y las consecuencias socioambientales que genera éste. Se postula que el modelo extractivista minero es inviable en el mediano plazo ya que presenta un nivel de producción que no tiene sustento en la realidad material de la naturaleza. El fin último de esta producción no es otro que el beneficio económico de un grupo humano pequeño mientras que los graves conflictos socioambientales generados son externalizados a los grupos periféricos violando la Justicia Ambiental. Por otro lado, este modelo es incapaz de entregar un bienestar duradero a la sociedad en general, toda vez que tiende a reproducir la inequidad y relega a las generaciones futuras a enfrentar situaciones críticas a nivel ambiental.

Se considera que una verdadera preocupación por el bienestar social comienza con rechazar la idea de un modelo de producción que se justifique a sí mismo y no atienda a problemas centrados en las necesidades básicas de la gente. La sustentabilidad no está asegurada a priori y es una tarea política el generar un modo de satisfacer nuestras necesidades de una forma radicalmente distinta, acorde a los límites de la biosfera, con equidad y justicia social.

VII. Referencias
Acosta, A., 2011. Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición, in Lang, M. and Mokrani, D. eds., Más allá del Desarrollo, 83–118.
Bustelo, P., 1998. Teorías contemporáneas del desarrollo económico. Editorial Síntesis, Madrid.
CEPAL, 2014. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2014. Santiago de Chile.
COCHILCO, 2013. Inversión en la minería chilena: Cartera de proyectos 2013-2021.
Consejo Minero, 2014. Reporte anual Consejo Minero 2013-2014.
Escalona, D., González, V., Grez, F., and Mardones, M., 2011. Justicia ambiental y gran minería: La discriminación de las comunidades. Editorial Quimantú, Santiago de Chile.
Esteva, G., 2009. 1. Development, in Wolfang Sachs ed., The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, 1–23.
Galli, A., Wackernagel, M., Iha, K., and Lazarus, E., 2014. Ecological footprint: Implications for biodiversity. Biological Conservation 173, 121–132
Gudynas, E., 2011. Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa, in Lang, M. and Mokrani, D. eds., Más allá del Desarrollo, 21–53.
Gudynas, E., 2009. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Extractivismo, política y sociedad, 187–225.
Hammer, A., and Jones, L., 2012. China’s dominance as a global consumer and producer of copper. United States International Trade Commission August 2012.
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 2008. Distribución y consumo energético en Chile.
Kerr, R. a., 2014. The coming copper peak. Science 343, 722–724.
Kirsch, S., 2010. Sustainable mining. Dialectical Anthropology 34, 1, 87–93.
Lebel, S., 2015. Fast Machines, Slow Violence: ICTs, Planned Obsolescence, and E-waste. Globalizations, July, 1–10.
Machado, H., 2009. Auge minero y dominción neocolonial en América Latina. Ecología política de las transformaciones socioterritoriales neoliberales. XXVII Congreso ALAS, 16.
Northey, S. a., Haque, N., Lovel, R., and Cooksey, M. a., 2014a. Evaluating the application of water footprint methods to primary metal production systems. Minerals Engineering 69, 65–80.
Northey, S., Haque, N., and Mudd, G., 2013. Using sustainability reporting to assess the environmental footprint of copper mining. Journal of Cleaner Production 40, 118–128.
Northey, S., Mohr, S., Mudd, G.M., Weng, Z., and Giurco, D., 2014b. Modelling future copper ore grade decline based on a detailed assessment of copper resources and mining. Resources, Conservation and Recycling 83, 190–201.
Observatory of Economic Complexity, 2015, What does China export?
OCMAL, 2015, Conflictos mineros en América Latina: Extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2014.
Veltmeyer, H., 2012, The Natural Resource Dynamics of Postneoliberalism in Latin America: New Developmentalism or Extractivist Imperialism?. Studies in Political Economy 90, 57–85.
World Gold Council, 2014, Gold Demand Trends: Second quarter 2014.

•    Espinoza, M. es estudiante del Doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción; Ramírez, C.; Ferrando R.; y Álvarez, J. son geólogos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). El presente trabajo fue presentado en el XIV Congreso Geológico Chileno desarrollado en octubre de 2015 en La Serena, Región de Coquimbo, Chile.

Fuente: http://resumen.cl/2016/12/el-extractivismo-minero-en-chile-una-critica-a-la-ideologia-del-crecimiento-economico/

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