Una serie de nuevos proyectos de desalinizadoras para la minería impulsarán con fuerza el consumo de agua de mar en los próximos años, según datos entregados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). De acuerdo al informe “Proyección de Consumo de Agua en la Minería hacia 2028”, el uso de este recurso crecería 187% al 2028 en relación al cierre de 2017, llegando a los 11,2 m3 por segundo.

Al contrario, el uso de agua continental bajaría 4,9% al 2028, alcanzando los 11,5 m3 por segundo. De este modo, el consumo total de agua subiría 41,87% entre fines del año pasado y 2028, totalizando para esa fecha 22,7 m3 por segundo, según estimaciones de Cochilco. “Lo que esperamos es que de una relación actual, de un 85% de agua territorial y 15% de agua del mar, al 2028 prácticamente tengamos una relación de uno es a uno”, dijo la ministra de Minería, Aurora Williams, durante la presentación del informe.

El aumento del consumo de agua de mar se explicaría por la inauguración de una serie de nuevas plantas desaladoras que se planea construir. Dentro de ellas destacan las plantas de BHP, Escondida Water Supply y Spence Growth Project para el 2017 y 2019 respectivamente; la de Codelco Norte, Distrito Norte, para el 2021; y la de Teck, Quebrada Blanca fase 2 para el 2021.

“Si bien el uso de agua de mar soluciona en parte la escasez de agua en el Norte Grande de Chile, no resuelve el problema de la calidad del agua por los residuos mineros, por lo que es necesaria una buena gestión y eficiencia en el uso de agua, independiente de su origen”, comentó el director de estudios y politcas públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts.

En relación al consumo eléctrico esperado, desde Cochilco comentaron que la demanda crecería desde 21,1 TWh hasta 29,2 TWh al año 2028, principalmente por una mayor cantidad de material tratado, mayor producción de concentrados de cobre, y mayor demanda de energía de las plantas desaladoras.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/uso-agua-mar-la-mineria-chilena-se-triplicaria-al-2028/

La inversión tendrá un costo de 250 millones de dólares, y tiene como objetivo alejar las operaciones mineras de las zonas con presencia de glaciares.

Este martes, la División Andina de Codelco presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) «Adecuación de Obras Mineras DAND para Continuidad Operacional Actual», proyecto que asegura su funcionamiento, manteniendo los niveles autorizados de producción, de uso de agua y vida útil, pero alejando las operaciones mineras de las zonas con presencia de glaciares.

El proyecto sometido a estudio trata sólo de adecuaciones a la mina rajo ubicada a solo 80 kilómetros de la capital, y a su depósito de lastre, manteniendo sin variación el resto de las operaciones y procesos productivos de División Andina. En efecto, no implica aumentos de producción ni de consumo de agua, ni tampoco modifica la vida útil actual de la división.

El EIA contempla dos elementos centrales. Por una parte, modifica la forma del actual rajo de Andina, manteniendo su tamaño aprobado, pero redireccionando la explotación minera hacia zonas sin presencia de glaciares. Por otro lado, habilita la capacidad aprobada del depósito de lastre (Lastre Norte), adecuando su forma para no afectar glaciares de roca y reforzando sus sistemas de captación, conducción y acondicionamiento de las aguas que entran en contacto con zonas mineralizadas.

Según la cuprífera, la inversión de estas obras será de 250 millones de dólares y durante los 36 meses que tomará su construcción, se crearán 450 puestos de trabajo en promedio.

La empresa destacó que la aprobación de este EIA «permitirá mantener el actual aporte de División Andina al Valle de Aconcagua y al Estado de Chile, teniendo como eje central de su gestión la sustentabilidad de sus procesos, de forma de compatibilizar la actividad minera con el cuidado del medio ambiente».

Fuente:http://www.24horas.cl/economia/codelco-modificara-mina-andina-por-amenaza-a-glaciares-2609469#

La Comisión de Evaluación Medioambiental de la Región de Magallanes rechazó el uso de tronaduras por parte de la Mina Invierno con el fin de utilizarlas como método de extracción en la Isla Riesco. Esto, pese a que existía un Informe de Consolidación que era favorable para las pretensiones de la mina ligada a las familias Angelini y Von Appen.

La votación había arrojado un empate entre los seremis que aprobaban el uso de explosivos y quienes la rechazaban. Finalmente, fue el intendente Jorge Flies quien tuvo la decisión final y rechazó el proyecto.

Esta decisión fue celebrada por la senadora por la zona y ex candidata presidencial, Carolina Goic, quien señaló que el “rechazo a tronaduras en Mina Invierno para la extracción de carbón por parte de la comisión de evaluación ambiental de Magallanes, es una buena noticia porque resguarda un ecosistema y porque apunta en la dirección correcta. Apostemos por energías limpias!”.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/comision-ambiental-magallanes-rechaza-uso-tronaduras-parte-mina-invierno/

La estatal ingresará a tramitación ambiental un proyecto por US$250 millones que si bien mantiene en 358 hectáreas el rajo autorizado de la minera, redirecciona su explotación hacia zonas sin presencia de glaciares.

Codelco decidió adelantarse a la Ley de Glaciares. Es que para hoy a las 12 horas está previsto que la estatal presente los estudios pertinentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para alejar las operaciones de División Andina de las zonas con presencia de glaciares, según información a la que accedió PULSO.

El proyecto denominado “Adecuación de Obras Mineras DAND para Continuidad Operacional Actual” se ingresará a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y trata de adecuaciones a la mina rajo y a su depósito de lastre, manteniendo sin variación el resto de las operaciones y procesos productivos de División Andina.

En concreto, la iniciativa mantiene en 358 hectáreas el rajo autorizado de Andina, pero redireccionando la explotación minera hacia zonas sin presencia de glaciares. Por otro lado, habilita la capacidad aprobada del depósito de lastre, adecuando su forma para no afectar glaciares de roca y reforzando sus sistemas de captación, conducción y acondicionamiento de las aguas que entran en contacto con zonas mineralizadas. Para ello se contará con una nueva planta de pasada de 600 litros por segundo a 2.350l/s.

La iniciativa no implica aumentos de producción ni de consumo de agua, ni tampoco modifica la vida útil actual de la división.

“El diseño de este estudio de Evaluación Ambiental ha considerado las variables ambientales a través de medidas efectivas para resguardar la calidad del río y los glaciares adyacentes al rajo y depósito. La aprobación de este EIA permitirá asegurar la continuidad operacional de División Andina, la mantención del empleo y su aporte actual al valle del Aconcagua y al Estado, para que los chilenos y chilenas puedan beneficiarse con los recursos naturales del país”, explican desde Codelco.

La inversión que requerirán estas obras es de unos US$250 millones y su construcción tomará 36 meses. Durante ese período se crearán 450 puestos de trabajo en promedio, se indica.

¿Por qué hacer esto?. Según señalan en la estatal, esta iniciativa busca anticiparse a una eventual regulación sobre la actividad minera en glaciares, al tiempo de hacerse cargo de las inquietudes de los ambientalistas. Esto considerando que hoy hay varias iniciativas en el Congreso que abordan este tema.

El primer paso en esta dirección fue tomado por el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, a poco andar al interior de la organización, cuando en 2015 anunció la reformulación del proyecto de más de US$6.000 millones Andina 244, que incluía la afectación sobre seis glaciares.

“Diría que hay dos o tres hechos que han restringido la forma de hacer minería, un montón de políticas públicas que emergen con mucha fuerza, sobre todo la ley de glaciares, el cambio climático, la sequía del Norte, el tema de las comunidades, el tema ambiental, son situaciones relativamente nuevas, que le ponen un marco bastante más estrecho para desarrollar minería, y eso se superpone al natural envejecimiento o deterioro de los minerales”, comentó Pizarro en una entrevista con PULSO en noviembre pasado.

Si bien este proyecto que se ingresará hoy no está relacionado con la expansión que se deberá llevar adelante en Andina para asegurar su sustentabilidad a futuro, denominado Desarrollo Futuro Andina -hoy en prefactibidad- desde la estatal anuncian en su página web que para llevar adelante dicha iniciativa están apostando por “una nueva alternativa de desarrollo que equilibre la necesidad de aprovechar el mayor recurso mineral que poseemos, con un caso de negocio de menor inversión, menor tiempo de construcción y que se ajuste a la realidad del escenario medioambiental actual y de la industria”.

La división Andina, ubicada en la V región, tiene el 38% de los recursos mineros de Codelco.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/codelco-se-anticipa-ley-glaciares-e-ingresa-hoy-modificaciones-division-andina/

El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato. Aprobar las tronaduras de la Mina Invierno, de propiedad del grupo Angelini y Von Appen, en Isla Riesco, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Este miércoles 10 de enero del 2018, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes votará si aprueba o no el uso de tronaduras en la mayor mina de carbón de la historia de Chile, Mina Invierno, en Isla Riesco. Ante ello, declaramos que es imperativo rechazar el uso de explosivos para la explotación del carbón.

El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato; aprobar las tronaduras, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Durante el mandato de la Presidenta Bachelet, el Gobierno ha firmado acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Alianza contra el Carbón en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-COP23, que buscan la eliminación de los combustibles fósiles de nuestras sociedades y economías, y que destaca el impacto que este ha generado en la pérdida de la biodiversidad y en la salud de la población.

En este sentido, el Gobierno ha impulsado la Agenda de Energía, con su hoja de Ruta 2050, que pretende asegurar una matriz energética que contenga un 60% de energías renovables para el año 2035, eliminando así gradualmente el carbón de la matriz eléctrica. Según cifras oficiales del 2016, el parque termoeléctrico a carbón en Chile está compuesto por 29 centrales, produciendo el 44% de la generación bruta total del país, las cuales están concentradas en cinco comunas, llamadas zonas de sacrificio, generando graves daños en la salud de la población, ecosistemas y en las economías locales.

Asimismo, con el objetivo de valorar y conservar nuestro patrimonio ambiental, este año se materializará el protocolo de acuerdo para la creación de la Red de Parques de la Patagonia, que abarcará 4,5 millones de hectáreas de áreas protegidas, en donde el futuro Parque Nacional Kawésqar aportará con 2.800 millones de hectáreas, parte de la cuales están en Isla Riesco.

Sin embargo, en la misma Isla Riesco se vive una enorme contradicción: mientras se protege gran parte de su territorio, otro es destinado como polo extractivo de carbón. Mina Invierno es la primera mina a cielo abierto de cuatro minas más proyectadas en Isla Riesco, por los grupos económicos Angelini y Von Appen.

Durante sus ocho años de operación ha incumplido sistemáticamente diversos compromisos adquiridos con el Estado de Chile y ha sido multada y sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente en dos oportunidades, por contaminar Isla Riesco desde el comienzo de sus operaciones. Hoy, a pesar de que Mina Invierno fue aprobada bajo una explotación eminentemente mecánica, ya que el titular negó en reiteradas ocasiones que usaría tronaduras, la empresa pretende incorporarlas por 15 años más, con el único objetivo de abaratar sus costos de operación, a costa de incrementar los impactos socioambientales.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/01/09/tronaduras-en-isla-riesco-la-mayor-contradiccion-medioambiental-de-chile/

Una de las denuncias fue interpuesta por una de las comunidades vecinas a las faenas de extracción de cobre, quienes acusaron que no se hicieron los procedimientos necesarios para hacerse cargo de un eventual derramamiento de material tóxico.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos este martes en contra de la Minera Doña Inés de Collahuasi, faena de extracción de cobre ubicada en el Desierto de Atacama. Según el texto de la entidad gubernamental, la empresa habría cometido infracciones a lo establecido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que podría acarrear una multa que superaría los 60 millones de dólares.

El alcalde de Pozo Almonte –comuna cercana a las labores mineras–, Richard Godoy, comentó a Radio y Diario Universidad de Chile que, al igual que el superintendente Cristián Franz, prefiere no opinar previo a la investigación de este supuesto incumplimiento.

“Estamos recabando antecedentes para ver qué es lo que realmente sucedió respecto del incumplimiento y la sanción que está emitiendo la Superintendencia”, expresó.

Consultado respecto de los convenios que tiene la minera con el municipio, Richard Godoy indicó que este antecedente, que abarca la colaboración en materia educativa, no se presta para establecer una condicionante a la hora de sancionar públicamente el comportamiento de la empresa.

“Si acá una minera no cumple con su RCA vamos a ser tajantes nosotros y nos vamos a poner del lado que corresponde, que es cuidar el medio ambiente y también todo lo que viene a futuro para nuestra gente”, añadió.

Una de las denuncias realizadas ante la SMA fue presentada por la Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo. Sus miembros se quejaron que el 27 de julio de 2016, Collahuasi “habría tenido un incidente menor de rotura en su mineroducto, a la altura del Camino a Quebrada Blanca y que el día 4 de agosto habría tenido un incidente mayor, cerca del poblado de Ujina y de un área de pastoreo ancestral, en la cual, según estimación del Servicio Nacional de Geología y Minería, se habría derramado un volumen de 4.500 metros cúbicos de material tóxico. Preocupa que no se haya aplicado el procedimiento debido”.

Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama –representante de la comunidad–, explicó a este medio qué es lo que debería hacer la empresa ahora que se aceptó la reclamación.

“La idea es que la empresa ofrezca un plan de cumplimiento que se haga cargo de los daños o que mitigue los daños producidos a la flora y fauna, a la biodiversidad, lo que el derrame pueda haber provocado aunque sea dentro de sus instalaciones. Anduvo corriendo esta agua contaminada a pampa abierta y no sabemos hasta qué punto”, dijo.

La mitigación incluye estudiar y hacerse cargo de los problemas producidos. Acorde a las palabras de Alonso Barros, Collahuasi debería lograr con la comunidad un convenio de co-monitoreo respecto de los recursos hídricos compartidos en la cuenca de Huatacondo.

Por el momento, como afirmó el abogado, la empresa deberá presentar el programa de cumplimiento, y si eso no está a la altura de las expectativas de la entidad fiscalizadora, se podría dar paso a cursar multas y otro tipo de sanciones.

Fuente:adio.uchile.cl/2017/12/27/collahuasi-enfrenta-cargos-por-infracciones-ambientales/

Sergio Campusano, Presidente de la Comunidad Diaguita y Agrícola de los Huascoaltinos, escribió esta columna en El Desconcierto, donde relata la lucha constante que deben mantener frente a grandes proyectos mineros, que amenazan de manera constante la biodiversidad de territorio indígena ancestral del Valle de Huasco.

Lo que está ocurriendo en el territorio diaguita de los Huascoaltinos es de gran preocupación. Tras largas luchas en defensa del Valle del Huasco y nuestras tierras de uso ancestral y legal, habíamos logrado detener la amenaza de los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro. Pero hoy están de vuelta, amenazando la sobrevivencia de los ecosistemas cordilleranos y del agua.

El proyecto El Morro se ha fusionado con la mina El Relincho, formando un solo mega proyecto llamado Nueva Unión. Aunque el proyecto ni siquiera ha sido ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya han comenzado con sus actividades de sondaje y están ampliamente desplegados en la zona; utilizan a diario y sin autorización una ruta que atraviesa nuestro Territorio de Conservación Indígena (la quebrada de La Totora), con todo tipo de vehículos, camiones y maquinaria pesada; y han intervenido el camino, generando impactos sobre los recursos naturales, flora y fauna que la comunidad protege.

Frente a estos hechos en febrero pasado hicimos una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), entregando antecedentes y evidencias para que se investiguen todas estas situaciones altamente gravosas, ya que Nueva Unión es un proyecto distinto a El Morro y, por ende, no puede comenzar a operar sin haberse sometido a evaluación ambiental, ni tener aprobada una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con la que tampoco contaba, se debe precisar, el proyecto minero El Morro. Por eso nos resulta inexplicable e inexcusable, tanta actividad e intervención en los cerros Huasco Altinos.

Lo insólito es que la SMA no entregó ninguna respuesta formal respecto a nuestra denuncia. Únicamente se nos dijo, por teléfono, que minera Nueva Unión solo estaría llevando a cabo actividades propias de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y que la denuncia había sido enviada a Santiago, lo que quiere decir, en otras palabras, que fue archivada y la investigación no fue llevada a cabo.

Pero nosotros somos testigos y tenemos evidencias de que minera Nueva Unión está operando, realizan sondajes y perforaciones a diario, además construyen nuevos caminos e intervienen los existentes, todo aquello generando impactos que no han sido evaluados ambientalmente. Más aún cuando se está interviniendo y afectando un Territorio Indígena de Conservación, declarado Sitio de Conservación en la Estrategia de Biodiversidad de la región de Atacama, donde existen ecosistemas únicos, flora y fauna en categoría de conservación y numerosos vestigios arqueológicos que hoy están siendo impactados por estas obras y actividades.

Todos estos hechos, nos comprueban una vez más que la institucionalidad ambiental en Chile no está funcionando. No es posible que las mineras entren a un territorio indígena con tanta desfachatez y se crean libres de hacer lo que se les antoje sin ni siquiera haber evaluado ambientalmente su proyecto. Con ello se pasa a llevar a comunidades enteras que hemos habitado ancestralmente este territorio, que no contemplamos a la minería como desarrollo.

Nosotros protegemos y conservamos los recursos naturales y el agua. Queremos dejarles a nuestros hijos un ambiente limpio, sin contaminación. No somos dueños de la tierra, solo administradores de ella por el tiempo que esté a nuestro cargo, para entregársela en buenas condiciones a las generaciones venideras, esa es nuestra cosmovisión.

La minería saquea, destruye y contamina todo. Llena los bolsillos de algunos, generando pobreza y muerte para la biodiversidad y los humanos, en un futuro no muy lejano. De todos depende hacer algo para evitarlo.

Fuente:http://www.relaves.org/2018/01/02/la-mineria-no-da-tregua-al-territorio-diaguita/

“Los salares tienen una microfauna que depende de las concentraciones de sales que están en estos. Si se alteran por aumentar las tasas de producción de litio, la preocupación es cómo se va a mantener dicha microfauna”, sostiene el académico Usach Domingo Ruiz.

Una de las denuncias fue interpuesta por una de las comunidades vecinas a las faenas de extracción de cobre, quienes acusaron que no se hicieron los procedimientos necesarios para hacerse cargo de un eventual derramamiento de material tóxico.