Salió de la embajada de Estados Unidos a los cuarteles locales de la minera no metálica en el país. Desde ese puesto, su misión número uno es seguir haciendo diplomacia y conversar con empresarios, gremios y autoridades para despejar cualquier duda que pueda haber sobre la permanencia y compromiso de la empresa con las inversiones en el país.

Un nuevo trato con las autoridades. Esa es la misión con la que Ellen Lenny-Pessagno llegó para hacerse cargo -como su nueva country manager, desde el 1 de octubre- de la operación de Albemarle en el país, la firma estadounidense que es una de las tres mayores productoras de litio en el mundo.

Claro que este aterrizaje viene precedido de una trayectoria en el terreno diplomático también en Chile, pues hasta septiembre Lenny-Pessagno fue consejera de asuntos comerciales de la embajada de Estados Unidos en el país.

Su debut en Albemarle no ha sido fácil. La primera semana de octubre se supo que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) rechazó aumentar la cuota de producción de Albemarle (ex Rockwood) en el salar de Atacama por faltar información sobre el proceso de eficiencia que prometieron para aumentar su producción sin estresar más el salar.

Luego, el 18 de octubre, Corfo anunció que recurrirá a un arbitraje internacional por estimar que se está incumpliendo por parte de Albemarle el contrato que tiene con la estatal en orden a vender a precio preferente a la industria local el 25% de la producción (ver recuadro).

Y la semana pasada, el CEO mundial de la firma, Luke Kissam, informó en la entrega de resultados que suspendían las expansiones de carbonato de litio en Chile para enfocarse, por ahora, en la extracción de hidróxido de litio en Australia. La guinda de la torta ocurrió este martes, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó la Declaración de Impacto Ambiental de su Planta Mejillones, con la que pretendían producir 42.500 toneladas de carbonato de litio al año, a través de una inversión de US$ 583 millones. Estos últimos dos hechos -que el CEO global anunciara frenar la inversión en Chile y que la autoridad rechazara la expansión-, aunque pareciera que estuvieran sincronizados, no lo están.

Canales abiertos con la Casa Blanca

La carrera de Lenny-Pessagno, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Wake Forest, con una maestría en Comercio Internacional y Políticas de la Universidad George Mason y un programa de dirección ejecutiva en la Universidad de los Andes, siempre ha estado ligada al relacionamiento entre las empresas y el gobierno de Estados Unidos. Hasta septiembre fue consejera de Asuntos Comerciales de la embajada en Chile, pero anteriormente trabajó en posiciones similares en Argentina, México, España y Colombia, por lo que su español es perfecto y se ha preocupado de entender la idiosincrasia de los empresarios chilenos para poder relacionarse con ellos de tú a tú. Asimismo, Ellen tiene el apoyo directo de la casa matriz de Albemarle, tiene excelentes relaciones con la embajada de Estados Unidos en Santiago y mantiene los canales abiertos con la Casa Blanca

“Es dialogante, es muy cálida como persona, es de aquellas que se nota que te está escuchando”, dice alguien que se ha relacionado con ella en estas semanas. Lenny-Pessagno (53 años) está casada con Alejandro Pessagno, comisionado de Comercio e Inversión para América Latina del estado de Queensland, Australia, con quien tiene dos hijos que estudiaron en colegios chilenos y ahora siguen sus estudios en Estados Unidos. Es profesora de kundalini yoga, practica la meditación y está en pleno proceso de instalación en Chile.

Al interior de la empresa quiso dar una señal de continuidad y hasta el momento no ha movido ningún cargo clave de la administración. Asimismo, su foco hoy es Chile y no la región y sus exploraciones de nuevos negocios.

Mayor protagonismo en la industria y con el Gobierno

Una de las misiones que personalmente se impuso en su estadía en el país es tener, como representante empresarial, un mayor protagonismo dentro de la industria. Para ello se juntó con la Asociación de Industriales de Antofagasta y se comprometió a trabajar en conjunto, incluso evalúa sumarse a su directorio. Su experiencia gremial partió siendo directora honoraria de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) cuando estaba en la embajada de Estados Unidos.

Cuando arribó en octubre a la empresa de capitales estadounidenses, lo primero que hizo fue ir a Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde están los cuarteles centrales de Albemarle. Allí tuvo un intenso proceso de inducción a la compañía, para alinearse con el mensaje y los objetivos de la firma a nivel global.

Luego se dedicó a conocer a las personas que trabajan en Santiago, así como en la planta La Negra en Antofagasta y en las operaciones en el salar de Atacama. En ese mismo viaje se reunió con autoridades regionales, tales como los seremis de Minería, Energía, Economía y Medio Ambiente.

Pero su cruzada política comenzará además por estos días cuando se reúna con los ministros de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; de Minería, Baldo Prokurica, y con Juan José Obach, jefe de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía.

Sobre todo con este último encuentro, quiere dejarle en claro al Gobierno que Albemarle está y seguirá invirtiendo en el país, más allá de cualquier contingencia que tengan con otro organismo del Estado, como Corfo. Además, quiere explicar que el anuncio de suspender las expansiones de carbonato de litio en Chile tiene que ver únicamente con el momento del mercado y la demanda por el hidróxido de litio de Australia, y no con una revancha por el arbitraje anunciado por la Corfo.

Y es que si hay algo que Ellen y todos los directivos de Albemarle entienden es que el litio para Chile, como para prácticamente todos los países productores, es un tema de Estado, y como tal, quiere abrir todas las redes políticas posibles.

Pero al mismo tiempo, uno de los cometidos que tiene la exdiplomática es dar un toque de realidad al gobierno: el bautizado como “oro blanco” no va a reemplazar al cobre en importancia en la economía chilena, ni tampoco va a ser el motor principal del sistema productivo del país. Asimismo, aunque sí se puede industrializar una parte de la producción nacional del litio -y ella está convencida de que es una buena idea-, en ningún caso eso, por sí solo, va a hacer que Chile supere a otros países líderes en el desarrollo de baterías, como Corea, Estados Unidos o China. “El litio no va a ser para Chile como el petróleo de Arabia Saudita”, dice un analista que sigue la acción de Albemarle en Nueva York.

Ellen quiere ampliar el diálogo, sacarlo del foco del contrato con Corfo y hacer ver las cosas en perspectiva, mostrar los aportes en investigación y desarrollo que realizan en el país y la colaboración histórica que entregan a las comunidades locales en sus operaciones, así como las buenas relaciones que mantienen. “Quiere posicionar la marca Albemarle en Chile y contar toda la historia que ha tenido la empresa con el país”, agrega un colaborador.

Lo que Ellen Lenny-Pessagno quiere es que cuando se hable de litio en Chile, se piense en Albemarle. Y lo hará con pura diplomacia.

Fuente:http://www.latinomineria.com/2018/11/19/ellen-lenny-pessagno-la-ceo-enfrenta-las-complejas-semanas-albemarle-chile/

En su resolución, el Tribunal Ambiental de Valdivia señaló que “se considera que la medida solicitada resulta idónea para impedir que exista el riesgo de destrucción de hallazgos paleontológicos”.

(Pulso) Nuevo revés tuvo Mina Invierno -ligada a grupos Angelini y Von Appen- este sábado, luego que el Tribunal Ambiental de Valdivia decretó la medida cautelar de suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación de Impacto Ambiental (RCA) del proyecto “Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”, en la Región de Magallanes, según se detalla en un comunicado.

La medida fue solicitada por Gabriela Simonetti Grez y otros en la reclamación presentada contra la resolución del
Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que revocó la calificación desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de dicho proyecto, por lo que estaba en condiciones de iniciar su ejecución.

De acuerdo a los reclamantes, el método autorizado para la explotación de Mina Invierno podría afectar al componente paleontológico, tal como lo habrían advertido en el proceso de participación ciudadana de la DIA.

Según la reclamación, la Tronadura se ejecutaría en el yacimiento ubicado en la Formación Loreto, que constituye un
sitio de alto valor paleontológico y la DIA no lograría descartar el riesgo de alteración de dicho sitio.

En su resolución, el Tribunal Ambiental de Valdivia señaló que “se considera que la medida solicitada resulta idónea para impedir que exista el riesgo de destrucción de hallazgos paleontológicos que podrían tener un valor de singularidad.”

Respecto de la proporcionalidad de la medida, el Tribunal agregó que “la resolución reclamada que se pretende suspender cautelarmente, es un acto administrativo que permite un modo especial y adicional —tronaduras para facilitar el proceso de extracción del mineral— del proceso productivo de la faena minera. Quedando a salvo la autorización ambiental que tiene el titular sobre la totalidad del proyecto minero, en ningún caso se paralizará por completo la actividad extractiva allí desarrollada. Por tanto, no parece desproporcionada la medida solicitada”.

La resolución tuvo los votos a favor de los Ministros Michael Hantke Domas y Sibel Villalobos Volpi y el voto en contra del Ministro Iván Hunter Ampuero, quien estuvo por rechazar la solicitud, por estimarla desproporcionada.

Este es un nuevo revés para la minera Invierno, ya que en enero de este año la Comisión de Evaluación Ambiental había rechazado las tronaduras en Isla Riesco.

Cabe destacar además que el pasado 25 de septiembre, la aprobación de las tronaduras provocó un amplio rechazo en diversos sectores. Una de las principales críticas que se realizaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue la incongruencia respecto al compromiso en disminuir el uso del carbón, y por otra parte aprobar estas tronaduras en la mayor mina de este mineral en el país.

Fuente:http://www.latinomineria.com/2018/11/19/tribunal-revierte-permiso-tronadura-isla-riesco-pone-jaque-mina-invierno/

Una serie de encuentros sostendrá el próximo fin de semana en la región de Aysén el Dr. Andrei Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, invitado por organizaciones socio ambientales de Coyhaique, Puerto Ingeniero Ibáñez y Chile Chico.

Esto, con el fin de exponer los resultados de sus investigaciones relacionadas con los efectos en la salud de comunidades expuestas a actividades industriales de alto impacto como la minería y las termoeléctricas.

Tchernitchin es un destacado toxicólogo ambiental y como integrante del Colegio Médico ha participado en estudios y denuncias en casos de salud pública como la intoxicación masiva en Quintero-Puchuncaví.

En Aysén, investigó la contaminación por metales pesados de las aguas y suelos del sector de Alto Mañihuales, lo que causó la muerte de animales e intoxicación de pobladores.  De esa investigación se dedujo que la responsable fue la mina El Toqui, hoy controlada por la compañía australiana Laguna Gold.

La jornada principal, será el sábado 24 de noviembre en Puerto Ingeniero Ibáñez, ocasión en que será el orador principal del seminario “Minería vs. Calidad de Vida: Experiencia nacional y regional de sus impactos en salud”.

En forma especial se referirá al caso de Alto Mañihuales, considerando que Laguna Gold el 30 de octubre obtuvo el visto bueno por parte del gobierno para realizar sondajes mineros (101 plataformas) a unos 3 kilómetros del pueblo.

La actividad se iniciará a las 14:30 en el auditorio de la escuela Aonikenk.

Para Marlina Orellana, presidenta de “Puro Ibáñez”, “es una gran oportunidad para nuestro pueblo, informarse con este nivel de especialistas sobre lo que no informan las compañías mineras cuando se acercan a las comunidades”.

“Tenemos una gran expectativa con este seminario, ya que la gente no tiene grandes conocimientos con respecto a los efectos de las mineras en los pueblos aledaños. Aunque son las prospecciones solamente, creemos que estamos a tiempo para informar a la comunidad” indicó Orellana.

El día previo, el viernes 23 el doctor Tchernitchin estará en Coyhaique exponiendo sobre los impactos de la minería, particularmente de oro y plata, en las aguas, el suelo y la salud de las personas.

La actividad, organizada por Codesa y la Agrupación Aisén Reserva de Vida, con la colaboración de la Comisión Justicia y Paz del Vicariato, se desarrollará desde las 18:30 horas en Horn 48, en el segundo piso del restorán Chelenko.

Al respecto, Guido Jaramillo de la Comisión Justicia y Paz señaló que “es importante informarse, muchas veces se nos dice que la minería trae progreso, bienestar para los territorios y que es sustentable.  Pero no se dice nada del daño a la salud, al medio ambiente, que ocasiona o el daño a la tierra, con sustancias tóxicas que son muy perjudiciales para la vida y eso ya lo hemos vivido ya en nuestra región.

“Es importante participar en esta charla que dará el doctor, quien tiene una dilatada trayectoria en el país donde ha hecho muchos estudios que demuestran el daño que ocasionan la minería y estas empresas contaminantes, el daño a la salud, especialmente de los niños” puntualizó Guido Jaramillo.

Y el lunes, en Chile Chico, el médico conversará con la comunidad en el centro comunitario de Freire 24.

La integrante de la organización Antukulef, Corina Ainol, expresó que “pocas veces tenemos esta posibilidad de personas que han estudiado y conocen el tema y tienen datos duros.  Es la oportunidad de asistir y consultas, y también de exigir a las autoridades”.

Agregó Ainol que “esperamos que también haya concejales y concejalas pendientes en la actividad, porque tenemos muchas demandas y tenemos muchas dudas. Y ese día va a ser el puntapié de poder exigir estudios, para saber cómo estamos los chilechiquenses”.

Todas estas actividades se enmarcan en el trabajo de la “Red Regional No + Mineras”, que integran diversos ciudadanas y ciudadanos de distintas localidades de Aysén y que ha organizado ya múltiples acciones de visibilización del problema.

La visita del presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico se da en un momento sensible para Aysén porque durante, los últimos meses se ha hecho visible una fuerte ofensiva minera de cuatro empresas australianas y canadienses en la cuenca del lago General Carrera.

Además de Laguna Gold (que tiene declaraciones de impacto ambiental aprobadas cerca de Ñirehuao y Villa Amengual, para cientos de plataformas de prospección), la también australiana Equus Mining en el área de “Los Domos”, y las canadienses Mandalay Resources (que controla ya Cerro Bayo y quiere rehabilitar la abandonada “Mina Javiera”) y GoldCorp con concesiones de exploración a pocos kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez.

En el caso del lago General Carrera, esta es la principal reserva de agua dulce de Chile (y segunda de Sudamérica), dependiente del Campo de Hielo Norte, que, junto al Campo de Hielo Sur, es la tercera más importante del mundo.

Y en un momento en que se ha informado la ocurrencia de dos casos del poco frecuente cáncer pediátrico de tiroides en Chile Chico, que el experto informado que en algunos casos se ha asociado a la actividad minera del oro.

El desastre ambiental ocurrido en Quintero y Puchuncaví ha derivado en una jornada solidaria de movilización nacional para este jueves. Miles de personas, en diferentes localidades del país, protestarán por la contaminación y proyectos mineros extractivistas que afectan a sus territorios.

Originado a partir de la catástrofe socio – ambiental que ocurre en Quintero y Puchuncaví, diferentes organizaciones ciudadanas y medioambientales del país se han coordinado para concretar una jornada de movilización nacional programada para este jueves 15 de noviembre.

La idea, según los dirigentes, no es solo solidarizar con los habitantes de las localidades de la región de Valparaíso, sino que también, denunciar los problemas que han originado las termoeléctricas a carbón en el norte y los diferentes proyectos que ponen en peligro latente a los territorios y su hábitat.

La dirigenta del cabildo de Quintero, Priscila Pacheco, precisó que en el caso de su localidad, el Estado ha privilegiado al empresariado, castigando a la comunidad, a niños y adultos mayores, afectado drásticamente el turismo y la economía de la zona.

“Hacemos el llamado con toda la voz de la fuerza y con todo el ímpetu de la gente que está luchando acá en Quintero y Puchuncaví, para que se levanten este 15 de noviembre, que tomen de la mano a este territorio en sacrificio, que luchen, que ejerzan soberanía y que nunca más, en ninguna parte del país, se tengan que repetir los episodios ocurridos acá. Acuérdese que la vida se defiende, la vida no se vende”, afirmó.

A la convocatoria se espera que distintos habitantes de las llamadas “Zonas de sacrificio” como Coronel, Huasco, Mejillones, entre otras, adhieran a la jornada de movilización.

También, en la zona austral del país se están organizando para protestar. Esta vez, por los más de siete proyectos mineros que en la región de Aysén están avanzando sin que la comunidad local se entere de lo que la actividad extractivista podría generar en las aguas y en el hábitat que rodea al territorio.

El integrante de “Patagonia sin + mineras”, Fernando Castañeda, precisó que, recientemente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobó tres planes de prospección cercanos a zonas pobladas, y donde se ubicarían yacimientos de oro y plata.

“Para el proceso de extracción de oro se ocupa un químico altamente contaminante como es el cianuro. Acá las compañías trasnacionales están tratando de apoderarse del agua y de los territorios. Recordemos que la minera belga El Toqui fue responsabilizada por la presencia de metales pesados en la comunidad de Alto Mañihuales, una localidad rural de la Región de Aysén donde han fallecido gente y animales, debido a enfermedades propias de la contaminación por metales altamente tóxicos presentes en el agua de caudales que se ocupaban para consumo y regadío”, subrayó.
En Santiago la marcha está convocada por la Coordinadora Metropolitana por Quintero y Puchuncaví y la cita es en Plaza Italia a las 18:30 horas.

La integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios Zona Centro, Francisca Fernández, indicó que la idea es solidarizar con las localidades que cargan con problemas de contaminación, y con un llamado a cambiar de una vez la matriz energética del país.

“Estamos ante un modelo extractivista que hace que claro, ojalá, en algún momento se cierre el parque industrial de la zona costera de la provincia de Valparaíso, pero bajo la lógica de la matriz productiva energética que tiene este país, porque sin eso, hace que en otro momento se levante otro proyecto similar en otro sector de Chile. Entonces nuestra lucha también es por la desprivatización de los bienes comunes, por el cambio de la matriz energética productiva, que es imperiosa, porque o sino vamos a seguir sacrificando territorios a costa de ganancias, a costa de la acumulación”, subrayó.

En Quintero la jornada de protesta se realizará a las 11 de la mañana en el sector de “El Buzo”. A la misma hora se manifestará Puchuncaví en el cruce con La Greda.

Además, Valparaíso, en Plaza Sotomayor, buscará repletar las calles a las 18:30 horas. Al sur, en Temuco y Concepción se reunirán en la “Plaza Hospital” y la “Plaza de Tribunales”, respectivamente.

Fuente:https://radio.uchile.cl/2018/11/11/no-mas-zonas-de-sacrificio-la-ciudadania-se-levanta-y-protesta-este-15-de-noviembre/?fbclid=IwAR3GWXmctXxQVjdzs1C9scj78yewk_KrvOYNnc6Gs4VvOOVwr-Dute-wiKc

EL déficit hídrico detectado hace pocos meses en la cuenca del salar de Atacama y la conservación del balance del lugar, mantienen con preocupación a las cuatro mineras que extraen agua subterránea y salmuera en dicha zona, justo en momentos en que dos de ellas gestionan en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), extender sus permisos para la extracción del recurso vital.

Lo anterior, dado los efectos que las extracciones podrían implicar, tanto para el medio ambiente como para los procesos productivos de las cuatro firmas: las mineras no metálicas SQM y Albemarle; y las iniciativas de cobre: Escondida, de BHP -que podría estar menos complicada por poseer una planta desaladora- y Minera Zaldívar, de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic.

Precisamente, son estas dos últimas las que se han presentado ante el SEA. Escondida solicitó la extensión de la operación de extracción de aguas subterráneas por 11 años, en vista de que su actual permiso caduca en 2019. Así, según su estudio de impacto ambiental (EIA), pidió una tasa de extracción de agua que equivale al 46% de que posee actualmente y que implica 640 litros por segundo (l/s).

Minera Zaldívar, por su lado, posee derechos de agua en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo por 556,5 l/s, de los cuales extrae como máximo el 38%, es decir, hasta 212,75 l/s promedio anual. Ahora solicitó mantener la actual tasa efectiva de extracción desde mediados de 2025 hasta el 2029 y disminuirla a 30 l/s entre el 2029 y el 2031, lapso en el que desarrollará su plan de cierre si su petición logra la luz verde.

En este contexto, cabe recordar que se mantiene un proceso sancionatorio en contra de SQM en la Superintendencia de Medio Ambiente, luego de que el organismo detectara una mayor extracción que la permitida en el salar. En ese sentido, la minera ligada a Julio Ponce, presentó un plan de cumplimiento que ha sido criticado por Albemarle, las comunidades aledañas y particulares, en diversas presentaciones ante el ente ambiental.

El proceso ambiental

Así las cosas, los trámites ambientales en el SEA no han estado exentos de la opinión de las otras compañías, quiénes se han manifestado a través de la participación ciudadana, siendo la única excepción SQM.

En el caso del proyecto de Escondida, Albemarle criticó 14 puntos de la iniciativa, entre los cuales mencionó que existe un equivocado planteamiento del proyecto, una deficiente definición del área de influencia y deficiencias en la caracterización de la línea base. La minera de los Luksic, por su lado, presentó un escrito de 38 páginas en el que hizo observaciones respecto de la evaluación de los impactos, frente al plan de alerta temprana y sobre los compromisos ambientales voluntarios del proyecto de Escondida, la mayor productora de cobre a nivel mundial.

En ese sentido, también participaron distintas comunidades, como el Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Atacama de Coyo.

En cuanto a la iniciativa de Zaldívar, también presentaron sus opiniones Escondida, Albemarle y las comunidades.

“De la revisión del EIA surge una serie de dudas en relación al contenido que permite evaluar el impacto ambiental de un proyecto como este”, indicó Albemarle en su escrito presentado ante el SEA, en que además desarrolló otros ocho puntos en los que acusó que el plan de alerta temprana presentado por minera no es preventivo; que las herramientas de evaluación de impactos presentan incertidumbres y no poseen fundamentos técnicos; y sostuvo que la iniciativa puede afectar los compromisos de terceros que también extraen recursos del salar.

Por su lado, Escondida, en una presentación de 17 páginas, señaló que el proyecto de la minera de los Luksic, considera condiciones de línea base distintas a la que ella presentó en su iniciativa y también la acusó de omitir acompañar antecedentes, que resultan necesarios para la comprensión tanto de la línea base del proyecto, como de los impactos que éste genera en el medio ambiente.

La urgencia de Zaldívar

Al ser consultadas las cuatro compañías que operan en la zona, sólo estuvieron dispuestas a responder Zaldívar y Albemarle.

Así, el vicepresidente de asuntos corporativos y sustentabilidad de Antofagasta Minerals, René Aguilar, especificó que Zaldívar extrae agua del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado al sur de la cuenca del salar y que a la vez, es responsable del 7% de la recarga hídrica del salar.

“A diferencia de otras compañías mineras de la zona, Zaldívar es una operación más pequeña, donde no es viable económicamente construir una planta desaladora y un sistema de impulsión, como ya lo han hecho operaciones de Antofagasta Minerals en esta misma región”, comentó, añadiendo que sin agua la compañía no puede seguir operando después del 2025, por lo que tendría que iniciar prontamente su proceso de cierre.

“La realidad de Zaldívar es otra y, por eso, esta autorización es esencial para su existencia. En este caso no es un tema de reducir costos”, expresó, puntualizando que Zaldívar sólo utiliza el 12% de los derechos de agua otorgados en el acuífero.

“Con estos derechos de agua, gracias al trabajo de más de 2.400 personas, la compañía mantiene negocios con 240 empresas proveedoras locales (…), de una manera plenamente compatible con la conservación del medio ambiente”, aseguró, adelantando que en el primer semestre del próximo año, presentarán la primera adenda del proyecto, documento mediante el cual se responde al Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara).

Por su lado, Albemarle indicó que desarrolló el concepto de la Nueva Minería del Litio, que, entre otros puntos, vela por la sustentabilidad del salar de Atacama. Asimismo, puntualizó que tiene autorizado el uso de 442 l/s de salmuera y que cuenta con derechos de agua por 23,5 l/s, de los que no utiliza más de 6 l/s para el lavado de equipos menores y la producción de potasio.

“Como empresa, nuestras acciones siempre han ido en pos de asegurar un bombeo de salmuera respetuoso con el medio ambiente, con las comunidades y que cuide la sustentabilidad del salar por muchos años, ya que nuestra operación es de largo plazo. Para ello, implementamos el más alto estándar en la medición de los niveles hidrogeológicos del salar y particularmente, un sistema de monitoreo en línea de los caudales de extracción de salmuera y agua”, concretó.

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/agua-del-salar-atacama-enfrenta-minera-escondida-grupo-luksic/397204/

No solo esta en juego el proyecto Pascua Lama sino como la Institucionalidad sancionadora y fiscalizadora tiene poder e independencia para enfrentar este tipo de proyectos.

 A pesar de ser rechazada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), por la comunidad local y organizaciones sociales, el proyecto minero Pascua Lama que intenta extraer oro debajo de los glaciares andinos, sigue presionando para poder operar en Chile.

Este martes (06.11.2012), el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, realizó la audiencia de las reclamaciones presentadas por la Compañía Minera Nevada SPA, titular de Pascua Lama, propiedad de Barrick Gold, en contra de la (SMA), que en octubre pasado exigió clausura definitiva de las faenas del proyecto minero por 5 sanciones en su proceso de construcción.

La SMA alegó en el tribunal de Antofagasta que este es el “el primer caso, el primer infractor y el primer proyecto que recién en su etapa de construcción, ha sido objeto de cinco sancionatorios ambientales, referida al cumplimiento parcial del compromiso de monitorear los glaciares y glaciaretes emplazados en el área de influencia del proyecto.

El abogado de la SMA, Emanuel Ibarra, afirmó que además “los máximos tribunales de justicia calificaron el actuar de Pascua Lama como contumaz, además de dos procesos sancionatorios de la SMA en los que se determinó un daño ambiental en el ecosistema andino, afectando la flora y fauna, la calidad de las aguas y puesto en riesgo la salud de la comunidad”.

La Superintendencia argumentó que Nevada SPA recibió la multa más grande contemplada en el ordenamiento jurídico chileno, sin embargo siguió con faltas a sus planes declarados y omisión de entrega de información. Por lo tanto, esa sanción no tuvo efectos “disuasivos” en el actuar de la minera, informó radio cooperativa.cl.

Barrick contra la Institucionalidad Ambiental

El abogado Alvaro Toro que representa a las comunidades locales defiende las decisiones de la Superintendencia de Medio Ambiente, pues señala que no solo está en juego este multimillonario y contaminante proyecto minero, sino que además la institucionalidad ambiental esta en la mira de la ciudadanía nacional e internacional.

La unica sanción aceptable para un proyecto tan invasivo y contaminante como es Pascua Lama es la clausura total y definitiva, tal como lo señala la SMA, dijo el abogado Toro a radiodelmar.cl:

– ¿Porque barrick sigue reclamando e intenta operar…?

– Barrick logro que 4 de las 5 sanciones establecidas por la SMA fueran anuladas y ayer se discutió la reclamación de esta empresa sobre esta última reclamación. La SMA defendió su decisión respecto a que están acordes a la gravedad, reiteración y magnitud de las faltas.-

– Y que quiere Barrick, seguir pagando multas?

– Pagar la multa más grande es un costo insignificante en relación a todos los beneficios que obtienen al no cumplir sus obligaciones ambientales. Sin embargo, aunque el Tribunal Ambiental apoye a la SMA, creemos que Barrick recurrirá a la Corte Suprema porque ahí piensa que con sus contactos y sus influencias podría lograr un fallo a su favor. Pero si este Tribunal ratifica su decisión, creemos que es muy difícil que la Corte Suprema cambie esta decisión.

– ¿Cuál fue la estrategia de Barrick en esta discusión en Antofagasta?
– La empresa trata de victimizarse. Intenta falsamente hacer ver que la decisión de la SMA, sería una muerte civil para Barrick, pero eso es ridículo e impresentable. Ellos solo quieren multas económicas, son multas elevadas para la gente, pero para una empresa que invirtió 10 mil millones de dólares, es irrelevante.

– ¿Y qué pasa si el Tribunal acepta el criterio de Barrick?
– Si eso ocurre, quiere decir que nuestra Institucional Ambiental no sirve. Podrá servir para defender una plaza de un pequeño proyecto inmobiliario, pero para defender el Medio Ambiente en casos como este, de este tipo de inversiones , no va a servir. Entonces no solo esta en juego el proyecto Pascua Lama sino como la Institucionalidad sancionadora y fiscalizadora del Estado tiene poder e independencia para enfrentar este tipo de proyectos.

Fuente:http://www.radiodelmar.cl/2018/11/cierre-definitivo-de-pascua-lama-evidenciara-independencia-y-poder-de-institucionalidad-ambiental-en-chile/?fbclid=IwAR3RYFQw4NZlIk7NN9e6aJCbVA_ctSVYGriULVNpaIYKREsfi-YbUYpQPoc

Muchas son las empresas interesadas en los minerales de Aysén. Especialmente son compañía de origen canadienses y Australianas las que se allegan a la región, porque en nuestro territorio pueden hacer todo lo que no pueden hacer en sus países, sin las respectivas y adecuadas fiscalizaciones que Sernageomin hace caso omiso de hacer ante la presión de La Moneda.

Según las estadísticas del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) indican que existen 635.802 hectáreas entregadas a la minería en la actualidad y que son miles las concesiones mineras que están entregadas a un grupo reducido de particulares, que no buscan explotar esos derechos, sino que transarlos a otros interesados.

El tema de las concesiones mineras ha entrado al escenario regional y se transformo en un par de semanas en la gran problemática ambiental del momento, como lo fue en su momento HidroAysén y Energía Austral, que pretendían represar los ríos más emblemáticos de la región, como el Baker y el Pascua en el sur y el Cuervo y el Blanco en el centro costero y destruir la calidad escénica y ambiental de la región como un todo.

Estas mismas transnacionales energéticas, fueron las que solicitaron concesiones mineras en el tendido eléctrico para transportar la energía al norte del país como parte del proyecto y lo solicitaron bajo cuerda como medida de defensa y inversión futura y que sabían les otorgaría grandes dividendos económicos estas concesiones mineras del subsuelo, que abarca todo el tendido eléctrico que pasaría por Aysén si se hubieran concretado los proyectos energéticos. Tema que en su momento tuvo muy preocupados a los habitantes de la superficie y que era un tema que entendian sobre la problemática minera que se venía a la región y se estudiaba como llegado el momento se podría enfrentar de manera profesional a estas grandes empresas transnacionales mineras, por el posible uso indiscriminado del subsuelo, que le provocaría en un futuro no tan distante, un daño invaluable al patrimonio ambiental y social y de paso afectando la proyección de las comunidades involucradas, que se sustentan en la calidad ambiental y escénica que se desarrolla en la superficie, en las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas.

Las explicaciones entregadas por las transnacionales a los pobladores en algunas reuniones que se han realizado no han sido satisfactorias y más que nada todo se ha posicionado al lobby descarado y descarado que ha realizado el senador UDI por Aysén, David Sandoval Plaza, que esta vez se ha sacado la careta totalmente y se ha transformado en el representante de las transnacionales mineras y salmoneras en la región y por lógica a futuro de las forestales no tengo duda alguna. Segun fuentes de Sernageomin, han prometido liberar algunas concesiones que rigen el subsuelo regional en la actualidad, pero los dichos no han sido confirmados en forma oficial y sin ningún documento que avale la intención y dado el escenario actual lo dudo mucho.

La situación es complicada para la región porque se entiende -y en esto estamos claros-, que existen una gran cantidad de empresas transnacionales mineras que tienen como objetivo intervenir el subsuelo de la región a como dé lugar para extraer sus recursos naturales, sin tomar en cuenta a los pobladores, las comunidades y sus emprendimientos y que además cuentan con un poderoso aliado como lo es el gobierno y un senador UDI para ir por el subsuelo regional.

Esta realidad significa en la práctica, que si algún emprendedor turístico, agrícola o ganadero que está hace décadas estaba trabajando y sustentándose en sus respectivas actividades, pretendiera emprender un nuevo proyecto o aumentar el que tiene, tendría que amoldarse a las concesiones mineras y no a la inversa, simplemente porque la ley no lo permitirá, al poner los intereses del subsuelo antes que el de las actividades que se realizan en la superficie.

De acuerdo con las prioridades actuales bajo el marco jurídico que nos rige, las comunidades y los emprendedores tienen todas las de perder ante el poder de las mineras y se transforma en una tremenda injusticia en una región como Aysén, que vive y se proyecta históricamente de lo que se realiza en la superficie y que depende de la calidad escénica y ambiental del territorio regional.

La ley de concesiones mineras es abusiva en todo sentido, dando prioridad a sus procesos en una fase previa de exploración de muy alto rango, para después utilizar los recursos. Amparadas en la ley minera, estas empresas transnacionales tienen la facultad de congelar un sin número de proyectos que puedan tener los dueños del terreno en la superficie en cuestión y por consiguiente y dado el espíritu regional que no se entrega ante las arbitrariedades que tengan que ver con el territorio; el choque de intereses es de relevancia, si consideramos que la minería destruye y contamina todo lo que toca, en una región como Aysén, habitados por pobladores que aman su región por sobre todas las cosas.

Hace unos años hablábamos de desarrollar la capacidad de anticipar el movimiento de las transnacionales mineras para proteger la superficie regional de los innumerables emprendimientos que se desarrollarían las mineras y que obstaculizarian a los habitantes del mundo rural; pero como sucede siempre en estos casos, fue solo una conversación luego de la gran batalla ganada en contra de HidroAysén y todo pasó al olvido y de sopetón nos encontramos con la triste realidad, que este gobierno quiere transformar la región y la cuenca del lago General Carrera, en una Zona de Sacrificio minero y eso en si mismo es una aberración.

El código minero actual tiene un peso legal muy fuerte y le entrega mucha prioridad, que no duda en utilizar todo su poder para aplastar a las comunidades que se interponen en sus intereses y utiliza a senadores como Sandoval Plaza que son afines a sus intereses para lograr sus objetivos a como de lugar. Basta con ver el tema del agua y el desarrollo minero en el norte del país y sus nefastas implicancias para esas comunidades y lo que realizan estas empresas mineras para asegurar determinados emprendimientos y que cuentan con la capacidad de frenar proyectos que no se relacionen con sus intereses.

El ex-senador por Aysén Antonio Horvath Kiss (RN) al final de su mandato, estaba muy consciente y preocupado por el choque que se desataría en Aysén ante los intereses de las comunidades por la llegada de las transnacionales mineras y ni corto ni perezoso, presentó en el Congreso nacional una reforma a la ley del código minero, para proteger las zonas turísticas, ganaderas y agrícolas que caracterizan a Aysén de norte a sur y de cordillera a mar. Entendiendo que las zonas mineras no solo abarcan el norte del país como lo fue en el pasado histórico de Chile y que en la actualidad esos intereses han llegado a los territorios australes como Aysén y Magallanes ante la destrucción y la contaminación del norte de Chile por esta industria y se hacía urgente mejorar la ley, para hacerla armónica y sustentable con la realidad regional y su proceso de desarrollo.

Muchas son las empresas interesadas en los minerales de Aysén. Especialmente son empresas de origen canadienses y Australianas las que se allegan a la región, porque en nuestro territorio pueden hacer todo lo que no pueden hacer en sus países, sin las respectivas y adecuadas fiscalizaciones que Sernageomin hace caso omiso de hacer ante la presión de La Moneda. En la actualidad tenemos a la empresa Gold Corporation, que tiene una concesión de 21 mil hectáreas en las comunas del sur de Aysén, Chile-Chico y Cochrane. La Anglo-Canadiense Patagonia Gold, que explora desde el año 2006 20.500 hectáreas cerca de la capital regional Coyhaique, en el sector del lago Pólux, Castor y Thompson; tenemos a la empresa Red Hill que compró la Mina El Toqui y que explora 5 mil hectáreas en el río Ibáñez en la cuenca del lago Carrera, sumándose a la Compañía de aceros del Pacifico (CAP), que cuenta en la actualidad con más de 60 mil hectáreas para explotar hierro en sectores cercanos al litoral aysenino.

Fuente:http://www.radiodelmar.cl/2018/10/mineras-podrian-transformar-a-aysen-en-la-primera-zona-de-sacrificio-en-la-patagonia/?fbclid=IwAR1rzcs0QL6VxikB6-XCi6a5Q9ZZ1yklpj16-f4gYlbkR74UmDJ7KzC_kQI

Un millonario y silencioso flujo de dinero transita desde empresas mineras a municipios donde tienen instaladas sus faenas. Muchas de esas donaciones coinciden con episodios de contaminación o periodos en que esos mismos municipios deben pronunciarse ante la autoridad ambiental sobre proyectos clave de las mineras. Ante el evidente conflicto de interés, la Contraloría dictaminó en 2010 que las municipalidades deben abstenerse de recibir donaciones de privados que comprometan su imparcialidad. Letra muerta: CIPER detectó más de $44 mil millones donados por mineras cuyo uso no siempre es transparente.

Letra muerta. En eso se han convertido los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República que desde al menos 2005 prohíben a las municipalidades aceptar donaciones de privados que comprometan su imparcialidad a la hora de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.

En marzo de 2010, el ente contralor dictaminó que las municipalidades debían abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” (ver dictamen).

Si para usted resulta obvio que vulnerar esa normativa genera un conflicto de interés, la evidencia indica que para varios alcaldes no es así.

CIPER solicitó vía Ley de Transparencia a 41 municipios del norte, centro y sur del país un listado con todas las donaciones recibidas entre 2010 y 2016 de compañías mineras que operan en sus jurisdicciones territoriales. De esas 41 municipalidades, 22 reportaron donaciones, 15 señalaron no haber recibido aportes y cuatro –Freirina, Salamanca, Arica y La Higuera (donde se ubica el polémico proyecto minero Dominga, de Andes Iron)– desatendieron su obligación legal y no respondieron a la solicitud cumplido el plazo (vea el listado aquí).

CIPER cruzó la información de esos aportes con los oficios que los propios municipios han remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pronunciándose sobre proyectos mineros en trámite en el mismo periodo de tiempo (2010-2016). En ese proceso, las municipalidades juegan un rol clave en determinar si los proyectos se ajustan a los planes de desarrollo comunal y si, entre otras cosas, presentan riesgos para la salud de la población o los recursos naturales, como el agua o el aire.

Producto de los cuestionamientos que arrastra el sistema de evaluación ambiental –y que escalaron recientemente tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga–, el gobierno se encuentra ad portas de introducirle modificaciones en base a una veintena de propuestas presentadas por los especialistas que conformaron la comisión asesora creada en 2015 para esos fines.

La indagación de CIPER detectó una zona gris que el Ejecutivo deberá mirar con lupa cuando implemente los cambios: una larga lista de municipios no se ha abstenido de recibir cuantiosas donaciones de compañías mineras con proyectos en pleno trámite ambiental ante el SEA.Varios de los pronunciamientos de las municipalidades –en su mayoría expresando “conformidad” sobre costosas iniciativas de instalación, mejora o ampliación de faenas– fueron presentados a la autoridad ambiental a solo días o meses de que esas mismas administraciones comunales aceptaran los dineros.

La lista de municipalidades que más concentran donaciones de mineras la encabeza Tierra Amarilla (Región de Atacama) con $15.767 millones; le sigue Calama (Región de Antofagasta) con $8.104 millones; Salamanca (Región de Coquimbo) con $7.200 millones; Lo Barnechea (Región Metropolitana) con $2.960 millones; Sierra Gorda (Región de Antofagasta) con $2.669 millones; Illapel (Región de Coquimbo) con $2.253 millones; Chañaral (Región de Atacama) con $1.363 millones y Andacollo (Región de Coquimbo) con $1.010 millones (ver todas las donaciones reportadas).

El monto total de los dineros traspasados por mineras a municipios que CIPER pudo rastrear a nivel nacional supera los $44 mil millones. Con esos mismos fondos los jefes comunales dicen financiar becas de estudio u obras de infraestructura, cortan cintas en actos públicos, pagan remuneraciones y deudas municipales, organizan carnavales y ofrecen celebraciones de aniversario, Año Nuevo o Navidad para los vecinos. Los fines son diversos y, en ocasiones, el interés del donante es explícito. En Machalí, por ejemplo, Codelco le traspasó al municipio de esa comuna $70 millones en 2014 para que se tramitara el cambio de uso de suelo donde opera la División El Teniente, propiedad de la estatal.

Los alcaldes, a su vez, pueden jugar un rol clave como mediadores entre las mineras y las comunidades, utilizando su capital político para desactivar conflictos sociales derivados de las crisis ambientales que las propias compañías benefactoras generan en los lugares donde operan.

Tal es la magnitud de la danza de millones, que municipios con presupuestos exiguos o deudas de arrastre terminan dependiendo de esos dineros para funcionar. Así sucedió en la Municipalidad de Salamanca, donde bajo la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas (PPD) se utilizaron buena parte de los millonarios recursos que le entregaba Minera Los Pelambres para pagar remuneraciones y cuentas básicas.

Pese a que ese municipio no entregó en el plazo legal la información solicitada por Ley de Transparencia sobre donaciones, CIPER pudo reconstruir los montos de los aportes y detectar que existen más de $2 mil millones de la minera del Grupo Luksic con los que se solventaron gastos municipales (ver reportaje de CIPER).

La revisión de la información da cuenta que los aportes de las mineras se dan bajo tres modalidades: donación con un fin específico; convenios marco para la ejecución de una línea de proyectos y fondos de libre disposición, una suerte de “cheque en blanco” para ser gastado en lo que el alcalde estime conveniente.

Sea cual sea la modalidad, en varios de esos acuerdos se estipula que las mineras buscarán obtener beneficios tributarios con las donaciones que realizan. Así ocurre con un convenio firmado por la Municipalidad de Tierra Amarilla y una minera, donde se establece que se buscará que los aportes “puedan rebajarse legítimamente como gastos tributarios y/o puedan imputarse como crédito en contra del impuesto de primera categoría”.

Tierra Amarilla ha sido precisamente una de las municipalidades beneficiadas con el formato de donación de libre disposición. En noviembre de 2015, Minera Candelaria (de Lundin Mining y Sumitomo) le transfirió más de $2 mil millones para ser utilizados bajo ese concepto. Para dimensionar hasta qué punto ese volumen de dineros impactó en las finanzas municipales, basta citar un dato: el presupuesto de salud aprobado por esa administración comunal para ese mismo año fue de $1.478 millones, $500 millones menos de lo que transfirió a la cuenta corriente municipal la minera controlada por capitales canadienses. Según informaron a CIPER desde la municipalidad, las autoridades de Tierra Amarilla utilizaron parte de los fondos de libre disposición de Candelaria para pagar deudas en dos áreas estratégicas de gestión: educación ($505 millones) y salud ($200 millones).

TRONADURAS EN ANDACOLLO

El 6 de agosto de 2013, una nube de polvo envolvió a varias localidades de la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo). Pasadas las 10 de la mañana, el aire adquirió un tono amarillento y se hizo irrespirable. Ese día, la minera Teck Carmen de Andacollo realizó una tronadura en su faena. El viento esparció por varios kilómetros el polvillo tóxico que produjo la detonación. No era el primer episodio de ese tipo protagonizado por la cuprífera canadiense.

Entre 2010 y 2016 la Municipalidad de Andacollo –que desde 2008 es liderada por Juan Carlos Alfaro (PS)- ha recibido $1.010 millones en donaciones mineras (parte de esos dineros no pasaron por las arcas municipales y fueron directamente a organizaciones comunales). Más del 95% de ese monto fue desembolsado por Teck y el saldo restante por Dayton, compañía de capitales australianos que extrae oro desde una mina a rajo abierto.

En 2009, un Decreto Supremo declaró a Andacollo zona saturada por Material Particulado Respirable. Pese a ello, las tronaduras no autorizadas de ambas mineras siguieron causando estragos. Por esos hechos, en diciembre de 2014 y junio de 2015, Dayton y Teck respectivamente, fueron sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Respecto de Teck, la SMA identificó cerca de 70 tronaduras ejecutadas en circunstancias desfavorables, “con condiciones de viento que evidencian un compromiso de afectación con polvo a sectores de la comunidad aledaña a la faena minera” (ver documento).

El informe sancionatorio de la SMA indica que las detonaciones se llevaron a cabo entre enero de 2013 y diciembre de 2014. En el transcurso de esos mismos 24 meses, la minera canadiense hizo donaciones al municipio por más de $117 millones, monto que esa municipalidad dice haber invertido en infraestructura e insumos educativos para liceos y escuelas de la comuna. Los fondos de Teck también han permitido financiar una de las actividades más emblemáticas de Andacollo: el festival “La Voz de la Montaña”, organizado cada año por el área cultural del municipio y que en su última versión contó con la participación de Luis Dimas, Manuel García y el trío Natalino. Todos fueron pagados con los $30 millones que la minera aportó para esos fines.

En octubre de 2014, la Contraloría cuestionó en duros términos el manejo que hizo el municipio de los dineros que le transfirió la minera Teck. “No fue posible obtener los convenios de colaboración u otros antecedentes que dieran cuenta de la naturaleza de los acuerdos entre la municipalidad y la empresa minera (…) razones por las que se desconocen, entre otros, los procedimientos establecidos para la selección de los proyectos, contratación, ejecución y pagos, además de no contar con la documentación fuente que permita efectuar el análisis de su pertinencia y legalidad” (ver documento).

ZONA ROJA: ATACAMA

En septiembre de 2016 se inauguró en Caldera la “Feria Entre Rieles”, un proyecto en el que se construyeron 28 módulos para que mujeres emprendedoras de la comuna comercializaran sus productos. “Estos son los compromisos que como alcaldesa entrego a mi comunidad, porque siempre estamos y estaremos al servicio de nuestra comunidad”, dijo en el acto de corte de cinta la entonces alcaldesa Patricia González (independiente, pacto Alianza).

La obra tuvo un costo de $152 millones, los que fueron aportados íntegramente por Minera Candelaria.Los dineros habían sido traspasados por la empresa al municipio en diciembre de 2015. Cinco meses antes, la administración edilicia se había pronunciado sobre un proyecto ingresado por Candelaria al Servicio de Evaluación Ambiental para extender su operación hasta 2030, con una inversión de US$400 millones. “Se revisó el informe consolidado de evaluación del proyecto (…) Este órgano de la administración del Estado no tiene observaciones que realizar”, se lee en el oficio municipal enviado al SEA.

Además de ese aporte, Candelaria registra otras siete donaciones a ese municipio por un total de $150 millones. No es la única minera que le ha transferido dineros. También lo han hecho la Compañía Minera del Pacífico (de CAP y MC Inversiones), Minera Casale (de Barrick Gold y Kinross Gold), Águila del Sur (vinculada a Gonzalo Vial Concha), Lumina Copper (de Pan Pacific Copper y Mitsui & Co) y Minera Santa Fe, ligada al empresario Leonardo Farkas. En total el municipio ha recibido más de $624 millones de empresas mineras entre 2010 y 2016.

En julio de 2011, ese municipio debió revisar un proyecto ingresado al SEA por la Compañía Minera del Pacífico para aumentar la capacidad de acopio y embarque de hierro y cobre en el Puerto Punta Totoralillo. La administración de la alcaldesa Brunilda González (PPD, estuvo en ese cargo entre 2002 y 2012 y fue nuevamente electa en 2016), se pronunció conforme. Tres meses antes, en abril de 2011, Caldera había recibido $50 millones de la minera para financiar su gestión en salud y educación. La donación se materializó luego de que en enero de ese año el municipio manifestara no tener observaciones sobre otro proyecto de la minera ingresado al SEA (“Uso temporal cancha acopio en Puerto Punta Totoralillo”).

La Municipalidad de Copiapó ha recibido más de $320 millones en donaciones de compañías mineras con intereses en esa comuna: Candelaria, Carola y Ojos del Salado (las tres de Lundin Mining y Sumitomo), Hierro Atacama (CAP), Barrick (Barrick Gold), Atacama Kozan (Nittetsu Mining), Punta del Cobre (Pacífico Quinta Región) y Kinross (Kinross Gold Corp.).

Una tajada importante de esa torta de recursos ha ido a financiar el “Gran Rodeo de la Minería”, evento que anualmente reúne a 300 colleras de distintas partes del país y que en 2014 fue catalogado como “Evento de Interés Turístico” por el Sernatur.

El 28 de febrero de 2012, la Municipalidad de Copiapó envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental manifestando su conformidad con el proyecto “Prospecciones geológicas Mantos de Oro”, de la minera Kinross. La aprobación quedó condicionada, eso sí, a que la minera diera “cumplimiento a los compromisos establecidos” y a que generara “una instancia de participación e información a la ciudadanía respecto de los avances del proyecto y las medidas de mitigación”.

La información recabada por CIPER, indica que Kinross le donó $10 millones al municipio solo dos meses antes de ese pronunciamiento, los que fueron destinados al financiamiento de “actividades recreativas y culturales de Navidad y Año Nuevo”. La misma minera registra aportes al municipio en agosto de 2011 y agosto de 2012.

En marzo de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló siete cargos contra la minera Mantos de Oro de Kinross, dos de ellos catalogados como graves y relacionados a contaminación de pozos de extracción de agua.

Los municipios de Chañaral y Mejillones también han beneficiado con donaciones mineras. El último registra más de $320 millones provenientes de las mineras Michilla y Esperanza (operadas al momento de los aportes por Antofagasta Minerals), y Minera Escondida (BHP Billiton).

Chañaral, en tanto, ha recibido más de $1.363 millones en donaciones y ha firmado una serie de convenios con mineras en los que no se detallan montos. En junio de 2017, por ejemplo, la Municipalidad de Chañaral firmó un convenio con la minera Manto Verde (Mantos Copper) en el que la cuprífera se comprometió a “aportar fondos que permitan financiar proyectos en beneficio de zonas cercanas a la operación”. Cuatro meses antes, la compañía había ingresado al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto Desarrollo Mantoverde”, con una inversión de más de US$830 millones.

En marzo pasado, el municipio se pronunció conforme con  ese proyecto –que incluye la construcción de un tranque de relaves–, aunque pidió algunas aclaraciones. A fines de ese mismo mes, ratificó su aceptación, solicitando que la minera “realizara una invitación formal al evaluador del proyecto a una instancia de participación ciudadana a realizarse en el balneario de Flamenco”.

En reiteradas oportunidades los vecinos de Flamenco –localidad ubicada a unos 30 kilómetros de donde se planea construir el tranque de relaves–, se han manifestado en contra de la iniciativa de la minera. El proyecto aún está en trámite de evaluación ambiental en el SEA.

De todos los municipios de los que CIPER recibió respuesta a su solicitud de información, Tierra Amarilla (Región de Atacama) es el que concentra a nivel nacional el pozo mayor en donaciones mineras: $15.767 millones. Casi la totalidad de esos fondos tiene el mismo origen: Minera Candelaria (también han hecho aportes Minera Carola, Lumina Copper y Punta del Cobre).

En septiembre de 2013, Candelaria ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto de US$460 millones para extender la vida útil de sus operaciones hasta 2030 (inicialmente su cierre era 2018). Desde el primer momento, la administración del alcalde Osvaldo Delgado (PRO) se manifestó en contra del proyecto. Tenía razones de sobra: suelos contaminados con cromo, cobre y mercurio; la abrupta disminución del caudal del río Copiapó y la gigantesca montaña de estériles de la mina, ubicada a unos 30 metros del cementerio municipal, ya eran parte habitual del paisaje comunal (ver reportaje de CIPER).

Cinco veces el municipio rechazó ante el SEA ese proyecto. “El proyecto minero Candelaria ha afectado negativamente la calidad de vida de los habitantes”, se dice en uno de los oficios de respuesta del municipio al requerimiento de la autoridad ambiental.

El 23 de julio de 2015, el proyecto de Candelaria obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental. Un mes y medio más tarde, el alcalde Delgado firmó con la minera un convenio formalizando una donación de $11.386 millones. El 19 de noviembre, recibiría otros $2.070 millones como aporte de “libre disposición”.

Justo un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a Candelaria con una multa de $2.800 millones por graves infracciones ambientales: no rebajar el consumo de agua fresca tal como estaba comprometido en la RCA, situación que se mantuvo por 15 años; descenso en el nivel de agua de algunos pozos; utilizar para la faena una superficie de territorio mayor a la autorizada y disponer residuos líquidos en zona de playa (ver documento).

ANTOFAGASTA: EL FESTÍN DE SIERRA GORDA

De los $2.669 millones que ha recibido en donaciones mineras la Municipalidad de Sierra Gorda (Región de Antofagasta), $432 millones se han ocupado para celebrar fiestas diversas: comidas para el día de la madre, regalos para el de la mujer, colaciones para el del niño; fiestas para el aniversario de la comuna, pinos para Navidad, campeonatos de cueca, alojamientos y traslados para adultos mayores, obras de teatro y la semana de la minería, entre otras.

El caudal de fondos que ha recibido ese municipio ha sido alimentado por Antofagasta Minerals (AMSA) y filiales;  Sierra Gorda SCM (de la estatal polaca KGHM y los japoneses de Sumitomo); Minera Spence (BHP Billiton); y Lomas Bayas (de la suiza Glencore).

No todo ha sido fiesta en Sierra Gorda. Los dineros de las mineras también han ido a mejorar el sistema de luminaria pública de la comuna, arreglar plazas y comprar vacunas antigripales.

Ese municipio ha debido pronunciarse en varias ocasiones ante el Servicio de Evaluación Ambiental por proyectos en los que están involucrados los intereses de sus benefactoras. Debido a que la información entregada a CIPER por Sierra Gorda solo consigna el año de la donación –que coincide con los años de los pronunciamientos del municipio ante el SEA–, no se pudo establecer con qué distancia de los aportes fueron emitidos.

San Pedro de Atacama es otra de las comunas de la Región de Antofagasta que registra montos importantes en donaciones de mineras. Entre 2010 y 2016, Minera Escondida (BHP Billiton); Minera Gaby (Codelco); Soquimich y Rockwood Lithium (Albemarle) le han allegado recursos por más de $733 millones.

El Servicio de Evaluación Ambiental registra pronunciamientos del municipio de San Pedro en cinco proyectos ingresados por Soquimich para su evaluación.

En marzo de 2010 la minera controlada por Julio Ponce Lerou traspasó $5 millones a San Pedro de Atacama bajo el concepto “Fondos concursables 2009”. En esos momentos la autoridad ambiental evaluaba la implementación de una nueva planta de cloruro de potasio de SQM. Luego de una resolución con observaciones, el 3 de septiembre de 2010 ese municipio manifestó su conformidad ante el SEA.

En noviembre de ese mismo año, la Municipalidad de San Pedro de Atacama volvió a pronunciarse ante el SEA por un proyecto de SQM Salar: “Aumento de capacidad de procesamiento de carnalita de Potasio”. Y solicitó que la minera aclarara tres puntos de su Declaración de Impacto Ambiental, entre ellos, si afectaba el valor de la zona como centro astronómico producto de una posible “interrupción lumínica”.

A pesar de ello, poco después, el 14 de diciembre el municipio declaró ante el SEA su aprobación. Nueve días más tarde, la minera le transfirió a la municipalidad $11,3 millones, que fueron consignados como “Fondos concursables SQM”.

En la Región de Antofagasta, la Municipalidad de Calama es la que concentra el monto mayor en donaciones de mineras entre 2010 y 2016: $8.104 millones. Casi la totalidad de esos dineros proviene de las operaciones que la estatal Codelco tiene en la zona: Ministro Hales, Gaby y Radomiro Tomic.

Los fondos han sido utilizados por la administración comunal para diversos fines: atención odontológica, recuperación de plazas, pavimentación de calles y espectáculos pirotécnicos, entre otros.

El cruce de las fechas de las donaciones con las ocasiones en las que el municipio se ha pronunciado ante el SEA evaluando proyectos de esas tres divisiones de Codelco, también da cuenta de la existencia de conflicto de interés.

El 15 de diciembre de 2011 el municipio recibió más de $300 millones de la División Radomiro Tomic para la construcción de una micro central hidroeléctrica. En esos momentos, la minera tramitaba ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para ampliar el proceso de lixiviación de ripios. El municipio se pronunció en dos ocasiones ante el SEA, manifestando su aprobación definitiva en enero de 2012, casi un mes después de la donación.

Tres días antes de ese pronunciamiento, el 6 de enero, la División Radomiro Tomic había depositado otros $239 millones en la cuenta municipal para ejecutar una “cartera de proyectos” (diseño de parque, memorial e inspección de pavimentación).

En 2011, la División Ministro Hales ingresó al SEA un proyecto para optimizar el procesamiento de concentrado de cobre. El municipio se pronunció en dos oportunidades frente a esta iniciativa ante la autoridad ambiental: el 23 de diciembre de 2011 (con observaciones) y el 7 de agosto de 2012 (conforme). El 10 de abril de 2012, en medio de ambos pronunciamientos, la Municipalidad de Calama recibió de la División Ministro Hales $100 millones bajo el concepto “Fondos de inversión social”.

EL CENTRO-SUR MINERO

Cerca de Machalí (Región de O’Higgins), está el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo: El Teniente (Codelco). Entre 2012 y 2014 el municipio de esa comuna ha recibido $314,5 millones de la empresa estatal. En ese lapso, la administración municipal se ha pronunciado tres veces ante el Servicio de Evaluación Ambiental sobre proyectos de la cuprífera.

El 8 de agosto de 2012 el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia (UDI), firmó un convenio para la “implementación de especialidad técnico profesional de explotación minera” con Codelco, el que no informa los recursos involucrados. Doce días después el municipio hizo observaciones al proyecto “Explotación Pacífico Superior” de la misma minera. El 26 de octubre volvió a pronunciarse a favor. Seis meses después el municipio recibió otras dos donaciones: $243 millones para la “adquisición e instalación de módulos liceo Machalí” y $1,5 millón para la celebración de actividades comunales.

Entre los traspasos de dinero de El Teniente a la administración del alcalde José Miguel Urrutia, figura uno por $70 millones realizado el 1 de diciembre de 2014. En rigor, no se trató de una donación, sino de un aporte con elástico. Lo que buscaba Codelco era que con esos dineros el municipio contratara una consultora para acelerar los trámites de cambio de uso de suelo (de rural a industrial) en la zona de Alto Coya, donde precisamente El Teniente tiene sus operaciones.

“División El Teniente ha buscado regularizar esta situación, de manera que se reconozca el carácter industrial del área en la que funciona”, informaron a CIPER desde la minera estatal. Agregaron que la transferencia se materializó luego de que el municipio les hiciera ver que esa gestión no estaba entre sus prioridades y que no contaba con recursos para llevarla a cabo (ver respuesta de Codelco).

Lo Barnechea (Región Metropolitana) es otro de los municipios que registra ingentes donaciones de mineras en el centro del país. Entre 2010 y 2016 ha recibido más de $2.960 millones de Anglo American, dueña de la faena minera Los Bronces, la que ha sido reiteradamente cuestionada por la destrucción de glaciares en Los Andes centrales. La empresa ha sido sancionada dos veces (ambas en mayo de 2015) por la SMA por diversas infracciones ambientales.

En distintas oportunidades el alcalde Felipe Guevara (RN) ha manifestado reparos a los proyectos presentados ante el SEA por la minera, aunque no se ha inhibido a la hora de recibir aportes de esa compañía en momentos cruciales. Un ejemplo: en pleno proceso de evaluación del proyecto “Fase 7 Los Bronces”, que involucra una inversión de US$112 millones para sostener sus niveles de producción, el municipio recibió aportes por casi $260 millones de Anglo American.

La nómina de municipalidades con aportes de mineras se extiende hasta el extremo sur del país. El 29 de mayo de 2010, el equipo de paramédicos de la posta de Río Verde (Región de Magallanes), recibió de regalo una camioneta 4×4 habilitada como ambulancia.

El vehículo costó $13 millones, los que fueron transferidos a la Municipalidad de Río Verde por la Sociedad Minera Isla Riesco –de los grupos Angelini y Von Appen– titular del proyecto de explotación carbonífera Mina Invierno.

Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)

Cuando se materializó la donación, en mayo de 2010, el proyecto carbonífero de casi US$180 millones en inversión, buscaba su aprobación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

En febrero de 2011, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos (UDI, en el cargo desde 1992), manifestó su conformidad con el proyecto ante la autoridad ambiental. Al mes siguiente, el SEA le otorgó a Mina Invierno la autorización para operar.

No fue el único pronunciamiento de la alcaldesa Vásquez. En marzo de 2015, Mina Invierno volvió a iniciar trámites ante el SEA para la aprobación de un proyecto para incorporar tronaduras como método de extracción de material estéril de la mina.

El proyecto, cuestionado por varios vecinos y agrupaciones sociales, fue aprobado por la Comisión de Evaluación del SEA, luego de que en abril de 2015 el municipio diera su visto bueno. Pero en marzo de 2017 la Corte Suprema obligó a abrir un proceso de participación ciudadana, el que había sido obviado en etapas de evaluación anteriores.

Entre la presentación ante el SEA del Estudio de Impacto Ambiental que autorizó la operación de Mina Invierno (2010) y el ingreso a evaluación del polémico proyecto de tronaduras (2015), la Municipalidad de Río Verde recibió otras tres donaciones por un total de $30,6 millones, monto que fue destinado a equipar la posta rural.

Fuente:https://ciperchile.cl/2017/09/20/caja-negra-bajo-sospecha-las-millonarias-donaciones-de-mineras-a-municipios/?fbclid=IwAR2sni_yJ8Dc7Apy0VXflBAt8Z9qbrCwqlGEkdgV-skw-qVZ0cazQe8YbKw

Durante esta jornada se realizarán en el Tribunal Ambiental de Antofagasta los alegatos por la reclamación contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que dictaminó la clausura definitiva del proyecto en enero de este año.

La reclamación fue interpuesta por Barrick Gold en Febrero con la intención de rebajar las sanciones y multas, buscando sobre todo que no se le dé el Cierre definitivo. Tanto la SMA como las comunidades se han hecho parte.

Las comunidades esperan que la SMA defienda con total fuerza su resolución, y éstas a su vez aportarán buscando la confirmación de dicha sanción, incluso pidiendo mayor rigor.

Dicha reclamación se realiza bajo el contexto del recientemente fallo sentenciado por el mismo Tribunal Ambiental, el cual habilitó a la SMA a realizar el cierre definitivo del proyecto, por el cargo N°7 que refiere a glaciares.

Una comitiva del Valle del Huasco se hará presente en el lugar, hasta donde esperan lleguen habitantes de la ciudad para apoyar la causa.

Fuente:https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/11/06/pascua-lama-efectuan-alegatos-contra-resolucion-de-sma-que-dicto-su-clausura.html