De Huella Minera 21-02-2017
El titular del área respectiva en el gobierno provincial, Juan Pablo Espínola, explicó que están reuniendo antecedentes en un proceso que podría durar hasta un año.

La Secretaría de Minería de Río Negro no tiene una fecha precisa para definir la situación de la concesión de la empresa china MCC en la mina de hierro de Sierra Grande, aunque el plazo para emitir un dictamen “será menos de un año”, según el titular del organismo, Juan Pablo Espínola.

El funcionario dijo estar recopilando información de carácter ambiental y técnica para lograr “una visión integral”. Sin embargo, insistió en que “será un proceso largo, porque resulta complejo, y además solicitamos un plan de trabajo” frente una suspensión “por tiempo indeterminado”.

A su entender, “hay incumplimiento” y la titularidad de un derecho minero “se mantiene en tanto se cumplan las obligaciones de explotación (de un yacimiento), pagar el canon y las regalías”. En cuanto a la actuación de la Provincia en este caso, y supuestas repercusiones negativas en el ámbito empresarial, Espínola negó que “alguien se haya opuesto al aporte” en relación a los 44 millones de pesos transferidos en concepto de contribuciones sociales y el pago del consumo de energía. Algunas versiones sostenían que sectores empresariales habían propuesto volcar esos fondos en otras alternativas. El funcionario aclaró que la relación es “impecable” con la Cámara Minera de Río Negro (Camir). Luego evaluó que el resto de las actividades también tienen una caída aunque “existe una diferencia” con los productores de bentonita, yeso o diatomea; en virtud de que “tienen más alternativas en destinos de negocios” dentro del mercado local. Entre nuevas posibilidades que se barajan, indicó que Río Negro -más allá del futuro acuerdo federal minero que debe firmarse entre la Nación y las provincias-, está desarrollando con el ente rector nacional un programa para desarrollar la faz comercial en la producción de volúmenes relacionados con usos industriales. Espínola consideró que “falta mucho trabajo todavía porque el proceso (en el sector) requiere de tiempos largos para poner en marcha las explotaciones”.

Explotación

1.200.000  toneladas de rocas de aplicación (ornamentales) se produjeron el 2015 en la provincia de Río Negro.

717.559  toneladas fue en el mismo año la producción de metalíferos, como el hierro, con una reducción registrada del 20%.

Diario Rio Negro

Crisis minera: MCC sin definición

Santa Cruz autorizó cateos cerca de la Cueva de las Manos y otros sitios arqueológicos; la fundación dueña de las tierras pidió a la Justicia que frene el permiso
Loreley Gaffoglio, LA NACION, 20-02-017

El cañadón del río Pinturas, un paisaje natural que se busca preservar. Foto: Florian von Der Fecht
Un conflicto minero por el permiso de cateo para una eventual explotación de oro dentro de la estancia Los Toldos, que contiene la Cueva de las Manos y otros 80 sitios arqueológicos en Santa Cruz, escaló hasta la justicia federal.

Luego de oponerse por vía administrativa, ambientalistas enfrentan a los intereses mineros en los tribunales, que deberán avalar o rechazar las prospecciones en terrenos privados que aspiran a anexarse al Parque Nacional Patagonia y que se ubican en un área protegida del cañadón del río Pinturas. La finalidad ambiental es conservar a perpetuidad la riqueza paisajística y la herencia arqueológica que dejaron 9000 años atrás los pueblos primigenios de América del Sur.

La disputa enfrenta a la Fundación Flora y Fauna Argentina (FFFA), propietaria de las 24.000 hectáreas de Los Toldos, con la minera Patagonia Gold (PG), asociada en un 10% de sus acciones a Formicruz, la minera del estado santacruceño.
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El río Pinturas, una zona rica en rastros de antiguos cazadores

La empresa, que emplea a 211 personas, es propiedad de Carlos Miguens Bemberg, ex dueño de cervecería Quilmes. Desembarcó en Santa Cruz en 2007 tras adquirir de Barrick Gold los derechos exploratorios de minerales en varias propiedades patagónicas. A ellas les sumó otra área, denominada Bandurria, en Los Toldos, cuya localización y cuyos permisos exploratorios son motivo de la doble disputa judicial y administrativa.

Los Toldos -que contiene la Cueva de las Manos, declarada Patrimonio de la Humanidad y Monumento Histórico Nacional por el valor de sus pinturas rupestres- fue adquirida por la FFFA en 2015 gracias a un donante suizo que aportó US$ 3,5 millones para su compra, con el mandato de donarla a Parques Nacionales, para resguardarla de la industria extractiva.

Pero los recursos del subsuelo son propiedad de la provincia de Santa Cruz, cuya Secretaría de Minería autorizó en octubre pasado el cateo en seis perforaciones, próximas a cuatro sitios arqueológicos recién descubiertos y a la vera de la ruta 40, lo que originó la disputa. Ese cateo -distante 17,5 km de la Cueva de las Manos- está hoy frenado por un juzgado federal de Caleta Olivia, que hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la fundación. Ahora deberá resolver si la prospección minera vulnera leyes de protección ambiental, históricas y culturales, como arguyen los ambientalistas.

Criterios
Existe una disparidad de criterios respecto de la legalidad del área de cateo donde PG busca relevar la existencia de oro en concentraciones rentables para una eventual explotación a cielo abierto.

Para los ambientalistas, el sitio cuenta con la protección de la ley provincial 3394, que ampara como paisaje natural y cultural el cañadón del río Pinturas, donde se halla el cateo y cuyos derechos exploratorios le fueron adjudicados sin objeciones.

Patagonia Gold, juntamente con la Secretaría de Minería y la Secretaría de Cultura de Santa Cruz, encargada de proteger los sitios arqueológicos, intervino por vía administrativa en el conflicto y entendió que el sitio se encuentra en un área delimitada como zona de amortiguación o buffer, que permitiría la actividad extractiva. Los ambientalistas la ubican en el área núcleo, de máxima protección.

«El desacuerdo obedece a la elaboración errónea de los mapas de zonificación adjuntados a la ley, justamente en el área Bandurria», precisó Matías Argarate, abogado de PG. «Por eso, adjuntamos el correcto, ajustado al texto de la ley, donde claramente el cateo está en el área buffer, por fuera de la zona intangible.»

«Tampoco en el área de amortiguación está permitida la actividad minera», planteó en sede judicial Sofía Heinonen, presidenta de la FFFA, cuyo propósito es la creación del Circuito Binacional Parque Patagonia -un recorrido que circunvala las áreas protegidas de la Argentina y Chile uniendo escenarios de gran belleza arqueológica y paisajística- y la conservación integral del ecosistema. «Nos oponemos al cateo ahora, ya que la explotación minera destruirá el paisaje, cambiará su morfología, generará material estéril y presentará riesgo de contaminación por cianuro», dijo.
Impactos

Teresa Iturralde, abogada de FFFA, señaló que la descripción del área buffer en la ley dice «que tendrá la función de intensificar los impactos positivos y reducir los negativos» y que se «prohíbe la alteración de visuales y de rasgos geomorfológicos del suelo, indicadores de asentamientos de grupos humanos en el pasado».

Esa posición es rechazada por la Secretaría de Minería de Santa Cruz. Guillermo Bilardo, responsable de la dependencia, participó el martes de una frustrada audiencia de conciliación entre las partes que se desarrolló en sus oficinas en Río Gallegos. «Elevaremos el conflicto a la justicia civil para que lo dirima», afirmó Bilardo a LA NACION, al tanto de las otras ramificaciones judiciales que suma el conflicto.

La disputa se enreda además en otras interpretaciones dispares sobre la ley de rutas escénicas, como la ruta 40, ya que el cateo se sitúa a 1500 metros de esa arteria turística y fragmentaría el paisaje.

«Nuestra actividad es legítima. Queremos hacer valer nuestros derechos exploratorios para evaluar si es rentable la explotación», dijo el CEO de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven. «Están discutiendo de forma anticipada perforaciones de 15 cm de diámetro en un sitio que hoy no es parque nacional y que difícilmente lo sea, dado que la provincia, por lo que sé, no cederá su jurisdicción. Al margen de eso, los cateos se realizan desde hace años en Los Toldos sin afectar sitios arqueológicos. Y la minería responsable no está reñida con las áreas protegidas. Ambas pueden coexistir y el mejor ejemplo es la mina de cobre Palabora, en Sudáfrica, que está pegada al parque Kruger», argumentó.

En tanto, la justicia federal le requirió a la Nación, por medio de una consulta a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que se pronuncie sobre el grado de protección que debería contemplarse para la cuenca del río Pinturas. El organismo, que próximamente declarará monumento histórico la vecina cueva Charcamata, se plegó a los contemplados en la ley provincial y valoró el área «como todo un sistema culturalizado de características únicas a nivel mundial». Ese pronunciamiento, que es vinculante, podría instalar la disputa también a nivel nacional.
http://www.lanacion.com.ar/1986135-polemica-por-una-exploracion-minera-en-un-area-protegida

Huella Minera 17-02-2017
Diputado trabaja en proyecto de ley para expropiar tierras de Cueva de las Manos
Se trata del legislador de Perito Moreno, Javier Flores, quien elevó una iniciativa para que se expropien a favor de Perito Moreno unas 600 hectáreas de la zona donde se encuentran las pinturas rupestres. Aseguró que –en contraposición- la Fundación Flora y Fauna quiere donarlo a Parques Nacionales. Y dijo que los permisos de cateo de Patagonia Gold vienen de hace mucho tiempo.

Como ya dimos a conocer, la Fundación Flora y Fauna y la minera Patagonia Gold no llegaron a un acuerdo, luego de la audiencia de conciliación en la Secretaría de Estado de Minería por el área del sitio arqueológico, en cuyas cercanías la empresa pretende hacer exploraciones.

Fundación Flora y Fauna posee los campos donde se encuentra el sitio de pinturas rupestres considerados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y teme que la práctica intensiva de la minería a tan pocos kilómetros termine siendo nociva para esa joya de la arqueología.

De hecho, los ambientalistas presentaron un amparo en defensa de ese sitio, por lo que ahora será la Justicia provincial la que dirima la cuestión. En tanto, ayer entrevistado por TiempoSur, Claudio Millalonco, de la organización “Originantes” también planteo el desacuerdo con las exploraciones que pretende hacer la empresa de minería Patagonia Gold.

“Estamos en contra de que toquen el patrimonio de Cueva de las Manos”, y afirmó no sólo eso, sino que directamente están en contra de la mega minería que “puede causar muchísimo daño en la zona de Perito Moreno”.

Sostuvo que se acercaron hasta el lugar donde se realizaba la audiencia de conciliación en la Secretaría de Estado de Minería por el área del sitio arqueológico, sin embargo, Millalonco señaló que no pudieron dialogar con los representantes de la empresa minera.

Proyecto de expropiación- En tanto, ayer surgió otra arista sobre este tema. El diputado por Pueblo de Perito Moreno, Javier Flores, informó a TiempoSur que trabaja en un proyecto de ley para expropiar las hectáreas donde se encuentra la Cueva de las Manos.

“Presenté (en noviembre pasado) un proyecto de ley para la expropiación de Cueva de las Manos y conté con el apoyo de mis pares para dicha expropiación de unas 600 hectáreas”, afirmó a este medio, al tiempo que sostuvo que el proyecto establece que esas tierras “deben quedar para Perito Moreno”.

Al argumentar esta posición, el Legislador aseguró que la Fundación Flora y Fauna lo quiere donar a Parques Nacionales y prácticamente hace más de 30 años que Perito Moreno se está haciendo cargo, sosteniendo y manteniendo Cueva de las Manos”.

“Puedo asegurar que Cuevas de las Manos va a seguir siendo de Perito Moreno y se va a cuidar y que dentro de esas 600 hectáreas no se haga ninguna explotación minera”, manifestó Javier Flores, quien manifestó que espera que se trate una vez que se retomen las sesiones ordinarias porque convertirá a esa área como “intangible”.

Está judicializado- Por su parte, consultado sobre los permisos de cateo de Patagonia Gold, que se encontrarían a unos 70 kilómetros (por ruta 40) del sitio arqueológico, el Diputado por Pueblo expresó que ese pedido no es nuevo, sino que viene de hace mucho tiempo.

“El día 14 hubo una mediación entre Patagonia Gold y Flora y Fauna y no se llegó a ningún acuerdo, así que van a ir a la Justicia; por lo que sé, la Fundación pretende que se trate a nivel de la Justicia nacional y Patagonia Gold que sea la Justicia provincial”, por lo que “mientras esté este litigio en la Justicia, creo que no se va a llevar a cabo ningún cateo”.

Cueva de las Manos: quieren expropiar tierras

14/02/17 |  Por Fundavida
El superlativo quizás suene exagerado, pero de algún modo hay que llamarlos.. Los modelos de minería que se están practicando en Perú y Chile, y que ahora amenazan Argentina, están llevando los métodos extractivos a niveles exponenciales, desconocidos hasta el presente en la cultura humana.
La amenaza para nuestro país se transparentó luego de la reciente reunión mantenida entre autoridades nacionales y representantes provinciales de Mendoza del sector minero, empresarios nucleados en la Cámara de Empresarios Mineros (CAMEN) que eufóricos, luego del encuentro, declararon “fue lo más importante de los últimos años y un impacto gigantesco en el tema minero”. (Telam -11/02/17)

Los países que controlan la minería en nuestro continente, EEUU y Canadá, a pesar de ser poseedores de enormes reservas de minerales, se cuidan muy bien de mantener en sus territorios modelos restringidos de extracción, por razones estratégicas y ambientales. Por el contrario, los modos aplicados en Sudamérica se caracterizan por una falta absoluta de respeto por la naturaleza y la vida, en especial la humana, las permisionarias presionan y obtienen ventajas inauditas de gobiernos de la región frágiles a las coimas multimillonarias que pagan las mineras a los funcionarios responsables de autorizarlas y controlarlas.

En Perú las empresas mineras son dueñas y señoras de los territorios que les interesan, expulsan a sus pobladores originarios a los bordes de las carreteras, sin ninguna clase de compensación, constituyéndose en un espectáculo dantesco de miseria extrema donde pueden verse a los costados de la carretera conocida como Panamericana Sur, que une Tacna con Lima, miles de cubículos de dimensiones mínimas: 2,

La magnitud de los volúmenes extractivos son inéditas, directamente destruyen cerros y cadenas montañosas para luego depositar en cualquier parte el material triturado que no les interesa. Solamente Chuquicamata, en Chile, ha generado una gigantesca montaña artificial de residuos contaminados de más de quince kilómetros de largo, trescientos metros en la base y doscientos de altura, en promedio. Además las compañías mineras arrojan al ambiente millones de litros de substancias peligrosas como el ácido sulfúrico, utilizadas en sus procesos.
Esta es la amenaza a nuestro país en la actualidad. El camino lo habilitó la Ley Nº 24.196, conocida como la Ley de Minería sancionada en la última década del siglo pasado.

Dicho instrumento legal concedió a los inversores mineros las mismas facilidades que les son otorgadas en Chile y Perú, exenciones impositivas totales, energía a precio subsidiado, facilidad de importar equipos sin gravámenes, etc., etc.
El actual gobierno ratificó las políticas diseñadas por sus predecesores y se ha lanzado a una campaña para instalar la Ultra-Mega Minería en nuestro país.

Las amenazas actuales son de magnitud insospechada, por ejemplo, el desalojo total de la ciudad de Andalgalá para extraer los minerales que yacen en su subsuelo. O la demolición completa de la cadena de Cerros del Aconquija, que divide Catamarca de Tucumán, que también está en los planes de las compañías mineras. Total, como les dijo un ex gobernador de Catamarca a los habitantes de Andalgalá “…No pasa nada, todo queda igual, sólo se trata de desarmar los cerros y armarlos en otro lado.”

# Los vertidos del parque industrial

Si cualquiera de nosotros advierte que se está cometiendo un crimen tiene el deber moral y social de denunciarlo, la Justicia de investigarlo y su eventual responsable/responsables tendrán que ser juzgados por su eventual delito.
Sin embargo existen situaciones en las que algunos tipos de crímenes son permitidos por la sociedad, que los contempla como si no fueran tales, aunque se trate de hechos que pueden provocar enfermedades graves, incluso la muerte para las víctimas.
Generalmente los delitos ambientales entran en esta categoría, probablemente por dos razones, la primera es que las agresiones ambientales muchas veces no son advertidas inmediatamente como tales, porque todos vamos aprendiendo de las consecuencias de determinados procesos antrópicos cuando las comenzamos a sufrir, luego que estos han sido tolerados inicialmente, por falta de información o directamente por omisión deliberada por parte de quienes ganan dinero con el ocultamiento.

La segunda, porque para alguien es negocio envenenarnos y gasta parte de sus utilidades en mentir y sobornar a quienes podrían evitarlo.
El caso del glifosato es paradigmático: Monsanto, la empresa que lo instaló como parte del proceso productivo agrario, durante años nos mintió descaradamente asegurándonos que era inocuo, inofensivo y que desaparecía inmediatamente de la naturaleza una vez aplicado.
Tuvieron que pasar muchos años y el trabajo científico de abnegados investigadores para que descubriésemos que en realidad era una poderosa y cancerígena sustancia sintética que nos está envenenando. Claramente su uso es un crimen porque alguien o algo que enferma y mata está atentando contra el valor más alto de nuestra escala: la vida humana. Sin embargo el crimen se sigue cometiendo cotidianamente ante la indiferencia de una parte importante del conjunto social, la justicia y las autoridades responsables de defendernos de estas situaciones.
Con los efluentes de las empresas radicadas en nuestro parque industrial pasa lo mismo. Cuando fue diseñado, hace muchas décadas, no se conocían en profundidad las graves consecuencias que podrían tener los vertidos industriales sobre las personas. De todos modos se previó una planta de tratamiento, manifestando de este modo que los efluentes debían ser procesados antes de volcarlos al exterior para evitar daños fuera de los límites del complejo industrial.

La planta finalmente resultó insignificante frente a la magnitud de los vertidos y también incompleta porque básicamente fue pensada para detritus orgánicos. El Parque creció y la variedad de empresas radicadas se multiplicó; no sólo se instalaron alimenticias, sino también de actividades químicas de distinta naturaleza y complejidad, pero todas con un denominador común: los cuantiosos efluentes finalmente irían a la Cañada de Melgar luego de un paso simbólico por la completamente ineficaz Planta de Tratamiento del PIG. Para, luego hacer irrespirable el aire en lo que debería ser un bucólico paraje suburbano -el Barrio Don Pedro- pasar al arroyo Gualeyán y de ahí al río Gualeguaychú, justo antes de la toma de agua para la ciudad en la planta de potabilización que no está en condiciones de neutralizar o eliminar los componentes más peligrosos de estos efluentes.
El crimen que se comete cotidianamente es flagrante, los responsables y las víctimas evidentes, pero nadie actúa con la presteza y decisión que requiere la grave circunstancia.

Los que ganan dinero arrojando sus efluentes a la naturaleza y la sociedad son los responsables y deben hacerse cargo. La justicia debe tomar inmediata carta en el tema y obrar de acuerdo a las leyes que defienden la vida en general y la humana en particular.
Seguimos esperando.

http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/172963/Nos-amenaza-la-ultra-mega-miner%C3%ADa

Asambleístas de Jachal aseguran que hay un testigo clave que no había hablado mientras se realizaba la primera investigación.
por MDZ Sociedad
4 de Febrero de 2017
(Foto National Observer)
A partir de un testigo clave, los asambleístas de Jáchal exigen a la justicia de San Juan reabrir la investigación sobre el derrame de cianuro ocurrido en la mina de oro de Barrick Gold en Veladero, en septiembre de 2015, ya que un ex gerente de la empresa denunció haber sido despedido luego de advertir sobre los riesgos ambientales del proyecto.
«El juez Oritja no permitió ni a los vecinos ni a la Asamblea ser querellantes en la causa, está en sus manos reabrir la investigación y tomar declaración de Ramán Autar, ex gerente de Barrick Gold, quien en marzo de 2015 presentó un informe que demostró que Veladero era un proyecto a bajo costo», dijo a Télam Marcelo Arancibia, abogado representante de los asambleístas de Jáchal No Se Toca.

Ramán Autar aseguró haber trabajado como gerente global de mantenimiento de la minera canadiense entre enero de 2013 y marzo de 2014; según consta en la demanda que presentó ante la Corte Suprema de Ontario, fue despedido luego de visitar Veladero e informar sobre el mal estado de la planta, los inaceptables niveles de polvo y el incumplimiento de las normas de seguridad.

«Es absolutamente falso que los trabajos de Raman Autar tuvieran alguna conexión con los incidentes en el Valle de Lixiviación de Veladero, ni es cierto que los haya anticipado a la compañía», dice un comunicado oficial de la Barrick.

La minera afirmó que «su despido no tuvo nada que ver con el planteo de preocupaciones acerca de la operación en Veladero».

«Autar nunca fue empleado de Barrick Argentina», sostiene.

La demanda de Autar contra Barrick, presentada en marzo de 2015, fue publicada por el diario canadiense National Observer.

Respecto a la imputación de nueve operarios realizada por el juez Oritja, el abogado de los asambleístas afirmó que «la denuncia de Autar comprueba que el derrame de septiembre de 2015 no se debió a la negligencia de un trabajador ni a que el frío congeló la válvula».

En la causa, la empresa alegó que un empleado «no se dio cuenta que la compuerta de contención estaba abierta», agregó el abogado.

La imputación a los operarios fue apelada, y el expediente está ahora en la cámara de apelaciones provincial; mientras tanto, la investigación sobre los efectos contaminantes del derrame fue cerrada.

«El juez dictaminó que no hubo contaminación e imputó a nueve operarios que no tiene capacidad de dirección, pero no investiga a los empresarios ni a los funcionarios que deberían haber controlado a la empresa», afirmó Arancibia.

Y concluyó: «El caso Autar pone fin al slogan de minería responsable de la Barrick y al de minería controlada del gobierno provincial, los funcionarios tendrían que haber visto lo que vio Autar».

http://www.mdzol.com/nota/717436-piden-reabrir-la-investigacion-por-el-derrame-de-cianuro-de-barrick/

16/02/2017 – Clarin.com
La empresa hará un estudio de prefactibilidad del lado argentino. Busca generar menos impacto ambiental.
Barrick analiza hacer subterránea la mina Pascua Lama
En la mina sanjuaninta Veladero, la empresa tuvo dos accidentes con cianuro. Foto: Delfo Rodriguez
La canadiense Barrick -que sufrió dos derrames de cianuro en su mina Veladero en San Juan- informó que iniciará un estudio de pre-factibilidad para evaluar si es posible desarrollar Lama (la parte argentina del proyecto argentino-chileno Pascua-Lama) como una mina subterránea (en lugar de a cielo abierto). «Esto es resultado de una revisión detallada de las múltiples opciones orientadas a optimizar el desarrollo de Pascua-Lama», indicó la compañía en un comunicado.
El estudio evaluará la utilización de diversos métodos de minería, como hundimiento de subniveles y de bloques, diseñados para alcanzar mineral de mayor valor en el lado argentino en las etapas iniciales de operación.

“Estamos muy motivados con los trabajos en Lama. Avanzar con un estudio de pre-factibilidad es una gran noticia y representa un hito importante para el nuevo diseño subterráneo que estamos evaluando para el proyecto. De todas formas, debemos ser prudentes. Pondremos todo nuestro esfuerzo y dedicación durante los años 2017 y 2018 en cumplir cada una de las etapas de evaluación”, afirmó George Bee, vicepresidente Senior Distrito Frontera de la firma.
Conceptualmente, en este nuevo esquema, el mineral sería procesado utilizando al principio sólo una de las tres líneas de proceso parcialmente construidas en Lama con una capacidad inicial aproximada de 15.000 toneladas por día que, más adelante, con la infraestructura existente, podría ampliarse hasta 25.000 toneladas por día. Este desarrollo de una mina subterránea permitiría una reducción de la huella superficial de la mina y estaría menos sujeta a interrupciones de producción por factores climáticos en la temporada invernal.

Si el estudio de pre-factibilidad es positivo, el proceso de obtención de permisos podría iniciarse en el 2018, dijo la empresa. Y el comienzo de la producción dependería de la obtención de permisos, conseguir los fondos y la decisión de avanzar con el proyecto.

En Pascua, el trabajo este año se centrará en adelantar avances conceptuales del proyecto en paralelo con el estudio en Lama con la intención de pasar a un estudio a nivel de pre-factibilidad en el 2018.

http://www.clarin.com/ieco/economia/barrick-analiza-hacer-subterranea-mina-pascua-lama_0_BkHH_4XFe.html

El Ministro de Minería de la provincia, Alberto Valentín Hensel, como vicepresidente Primero del COFEMIN participó en la redacción.
viernes, 10 de febrero de 2017
Luego del trabajo de un año y de reuniones mensuales con asistencia casi perfecta de todas las Provincias, durante los últimos dos días de intenso debate, el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) integrado por representantes de las provincias mineras que integran el COFEMIN, y la Secretaría de Minería de la Nación, pusieron punto final a la redacción de la propuesta de Acuerdo Federal Minero. El documento así consensuado será remitido al Poder Ejecutivo Nacional y a los Poderes Ejecutivos Provinciales para su consideración final y firma.

El COFEMIN ha sido el ámbito natural para lograr el indispensable fortalecimiento institucional del vínculo entre las Provincias y la Nación, tomando como base la unión, el diálogo, el debate y el consenso para elaborar la base de una Política de Estado equilibrada que concilie los aportes que una minería responsable puede hacerle al país en su conjunto y a las regiones en las que se desarrolla; aplicando en sus comunidades los beneficios de la actividad, mejorando los ingresos para las provincias dueñas del recurso y estableciendo instrumentos de política y gestión ambiental que garanticen el cuidado y preservación de la casa de todos.

Del último encuentro fueron invitados a participar, en diferentes bloques, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

El Acuerdo Federal Minero, que oportunamente deberá ser firmado por el Presidente de la Nación y los Gobernadores Provinciales, para ulteriormente ser ratificado por el Congreso de la Nación, busca afianzar una política de Estado Federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma; ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que solo los marcos legales ofrecen.

http://www.tiempodesanjuan.com/politica/2017/2/10/concretaron-propuesta-acuerdo-federal-minero-165611.html

Denise de Olivera •   junio 2, 2016
El gran debate sobre el seguro de caución por daño ambiental, comúnmente llamado “seguro ambiental”, parece no tener fin.  Hay quienes sostienen que son deficitarios y otros en cambio, opinan que debería eliminarse su obligatoriedad. Mientras, continúa el vacío y siguen planteándose interrogantes.

Daniel Capria, especialista en Seguros y Reaseguros en Artai Argentina, un bróker que brinda consultoría global en riesgos corporativos, comenta sobre las controversias que giran en torno a la figura del Seguro de Caución Ambiental y las perspectivas que hay en la actualidad respecto al mismo.

Recordemos que la Ley General del Ambiente (LGA) le solicita a las empresas la contratación de un seguro ambiental.  Este seguro debe amparar los daños de incidencia colectiva, independientemente de los daños a terceros y/o cosas de terceros; es decir que sólo le interesa amparar los daños a los Recursos Naturales propiedad del Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, sin importar si se generan daños a personas o poblaciones cercanas al lugar donde se produce la contaminación.

“La normativa contiene, sin embargo, aspectos positivos que merecen destacarse al haber admitido criterios de razonabilidad en materia de derecho ambiental. Si bien debemos reconocer que la LGA ha sido un paso relevante en pos de alcanzar el desarrollo sustentable del país, debe revisarse la reglamentación mediante la figura del seguro de caución para dar cumplimiento a la Ley, y posibilitar aumentar el desarrollo del mercado de seguros ambientales y de esta forma, maximizar los incentivos para prevenir el daño”, señala Capria.

-¿Cuáles son las instancias de ejecución de la póliza del seguro ambiental?

-La resolución conjunta admite el concepto que la recomposición consistirá en restablecer las condiciones del ambiente afectado, hasta alcanzar niveles de riesgos aceptables.  Este criterio abre las puertas a la utilización de metodologías de análisis de riesgo que permitan balancear, ocurrido un siniestro, el alcance de la situación de contaminación y los costos de remediación de manera que aquella contaminación deje de ser relevante y negativa.

Uno de los aspectos significativos de la cobertura, es tener un acertado conocimiento del estado de situación del predio respecto a los eventuales niveles de contaminación existentes, ya que estos datos serán el punto de referencia en cualquier resolución de un siniestro.

La póliza de caución, además, presenta un inconveniente para el tomador del seguro que, en caso de producirse un siniestro ambiental, el mismo tomador no podría realizar la recomposición, sino que por condición de póliza, lo realizarán las empresas que determine la Compañía de Seguros.

-Una de las críticas que más se ha oído hablar sobre este Seguro son los bajos montos de las sumas aseguradas ¿Qué sucede cuando el monto asegurado no cubre totalmente el daño que la empresa causó sobre el medio ambiente?

-La póliza cubre la garantía exigida al Tomador, hasta la concurrencia de la suma asegurada indicada en la misma.  Las sumas aseguradas son determinadas en base a cálculos muy complejos basados en la situación actual de la empresa tomadora respecto a cuestiones ambientales.

El Estado busca garantías financieras, para el caso que se produzca un daño ambiental.  No obstante, si la suma asegurada de la póliza de caución fuera insuficiente, la empresa que genera el daño ambiental tiene responsabilidad ilimitada y deberá hacer frente con su patrimonio.

-Si este seguro ambiental con el que contamos no es el adecuado ¿Cuál sería el instrumento correcto que garantice que aquellas empresas que puedan provocar un daño al medio ambiente cumplan con la remediación?

-La LGA, si bien representa un avance relevante en pos del desarrollo sustentable del país, contiene algunos aspectos en su reglamentación que pueden revisarse, como la figura del seguro de caución para dar cumplimiento, mejorar y ampliar la gama de instrumentos posibles para dar cumplimiento a la ley, aumentar el desarrollo del mercado de seguros ambientales y de esta forma, maximizar los incentivos para prevenir el daño; pero con incentivos concretos para asegurar el cumplimiento de uno de los objetivos finales de las regulaciones ambientales, que es la reducción de los efectos negativos de las actividades humanas sobre los recursos naturales.

-Desde  la creación de este Seguro  hasta hoy ¿Hubo algún cambio significativo desde lo legal o fáctico que lo haya mejorado? ¿Se logró aplicar este seguro en algún caso relevante?

-Nada ha cambiado desde el comienzo de la aplicación de la LGA y desafortunadamente, algunos esfuerzos de operadores del mercado por autorizar productos alternativos fueron en vano.

Por la información con la que contamos, se desconoce si hubo algún caso en el que se haya ejecutado una póliza de caución.

-¿Qué diferencia hay entre el seguro de caución por daño ambiental y el seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva?

-En la cobertura ofrecida por el seguro de caución, la aseguradora se hace cargo de la reparación en el caso que el tomador incumpla con su obligación de recomponer.  No obstante esta póliza solo resuelve el problema de la exigencia legal.  La responsabilidad de quien contamina no queda limitada por la existencia de esta cobertura.

En cuanto a las coberturas de Responsabilidad Civil, si se verifica una real transferencia de riesgo.  En el mercado se han aprobado algunas pólizas de este tipo, pero en la actualidad no están siendo aprobadas y aceptadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por lo cual, no se podría cumplir con el Art. 22 de la LGA.

Las empresas, más allá de la exigencia específica de la LGA, están expuestas a muchos riesgos ambientales distintos, que se pueden manifestar de distinta manera y consideración.  La LGA sólo exige los daños a un tipo específico de Daño Ambiental.  Si solo se contrata esa cobertura, queda de todas maneras expuesto a los demás riesgos ambientales.

En tal sentido, la póliza de caución, desde nuestro punto de vista, resuelve la exigencia de la LGA, pero no funciona como un seguro donde el Asegurado transfiere un riesgo.

-¿Por qué cree que el Estado no ha avanzado significativamente en la instrumentación de este Seguro?

Probablemente no ha sido un tema prioritario para el Estado y probablemente, las nuevas autoridades puedan tomar acciones sobre el sistema que permitan:

Tener productos o herramientas financieras alternativas para el cumplimiento de la Ley
Permitir el desarrollo de mayor número de operadores del mercado de seguros que puedan operar en este tipo de seguros.
Por último preguntarse: qué sucede si el monto asegurado es insuficiente para restaurar el daño ambiental?

Una herramienta que sólo despierta polémicas

05-02-2017
Se trata de una iniciativa en busca del Nuevo Acuerdo Federal Minero, con el fin de alcanzar el apoyo de los lugares en donde se lleve a cabo la actividad para evitar conflictos.

El Gobierno nacional prepara un proyecto para reactivar la minería y atraer inversiones por U$S 25 millones
El Gobierno impulsa un proyecto de ley para reactivar la actividad minera en la Argentina y atraer inversiones por unos 25.000 millones de dólares, aunque la iniciativa ya generó críticas de ambientalistas que temen por la posibilidad de un avance en áreas protegidas por la ley de glaciares.
Se trata de una iniciativa en busca del Nuevo Acuerdo Federal Minero, con el fin de alcanzar el apoyo de los lugares en donde se lleve a cabo la actividad para evitar conflictos y brindar estabilidad a inversores, entre otros puntos.
La iniciativa ya fue presentada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su par de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, a funcionarios de las provincias.

La administración de Mauricio Macri buscará, de ese modo, obtener inversiones por USD 25.000 millones durante los próximos ocho años.
Según pudo saber la agencia de noticias NA, el gobierno de La Rioja acompaña el proyecto, pero la iniciativa sería resistida en algunos aliados de Cambiemos, como sectores del radicalismo.
Según un análisis elaborado por la consultora ABECEB, los elevados costos logísticos, la baja productividad laboral, la regresividad del sistema tributario, y la ausencia de un marco regulatorio adecuado son las principales asignaturas pendientes de la economía argentina que actualmente afectan la competitividad de la minería.

De ese modo, advirtió que postergan la puesta en marcha de proyectos de inversión por un monto de 20.000 millones de dólares, que podrían generar unos 38.700 empleos directos e indirectos.

«Los proyectos en condiciones de comenzar a producir en la próxima década son clave ya que con su puesta en marcha, la producción se incrementaría en una tasa promedio anual de 4,6% hasta 2025. Pero esto sin dudas, dependerá de las condiciones regulatorias y económicas que exhiba nuestro país», evaluó el director de Mercados de Energía, Minería e Infraestructura de ABECEB, Mariano Lamothe.
En ese escenario, el Gobierno asegura que, a través del proyecto, se podrán multiplicar los puestos de trabajo, los cuales crecerían al ritmo de la llegada de inversiones.

Además de los ambientalistas, algunos gobernadores criticaron la puesta en marcha del proyecto ante la posibilidad de que la actividad minera se desarrolle sobre áreas protegidas por la ley de glaciares.
Una de las provincias que se opuso desde un principio fue Chubut por entender que en ese lugar está prohibida la megaminería a cielo abierto.
El Gobierno espera que el Nuevo Acuerdo Federal Minero sea sancionado mediante el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas con el fin de que pueda ser discutido una vez que comiencen las sesiones ordinarias en marzo.

Fuente: Noticias Argentinas
http://www.diariouno.com.ar/pais/el-gobierno-nacional-prepara-un-proyecto-reactivar-la-mineria-y-atraer-inversiones-us-25-millones-20170205-n1334488.html

Fuente: Minuto de Cierre

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) documentó que existen 46 glaciares en el cordón del Famatina. A partir de este informe la Asamblea Ciudadana por la Vida de Chilecito pedirá a la Justicia riojana la “prohibición de todo emprendimiento minero en la zona” e impedir la minería a cielo abierto. Jenny Luján, integrante de la Asamblea, aclaró que si bien el instituto “no estudió las zonas periglaciares, ellas se constituyen en reservas fundamentales de agua dulce que llevaron millones de años en constituirse y que evidentemente cualquier alteración destruiría”.

“No creemos en los controles institucionales, ni provinciales ni nacionales, ni de este ni de anteriores gobiernos”, agregó. En ese marco, sostuvo que una eventual prohibición judicial a todo emprendimiento minero en la zona “podría aportar, pero nuestra base política y de praxis es siempre organización, movilización y poder popular”.