El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero al final se adelantó. Continuarán operando con actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”. Se vienen las indemenizaciones a más de un millar de trabajadores; los reclamos por el dasastrozo desempeño ambiental tienen sentencia en la Cámara de Apelaciones de Tucumán y continúan otras causas afines. La pobalción de Andalgalá rechaza la actividad minera luego de su penosa experiencia con mina La Alumbrera.

La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo.

La minera Bajo La Alumbrera define esta semana el cierre  de la actividad a cielo abierto.  Continuarán actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”.

El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según pudo saber eltucumano.com, entre hoy y mañana se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.

El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa.  “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.

Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.

Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con  una capa de material “benigno” y se las “revegetará con especies nativas”. “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.

En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.

“Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%”, comentó una fuente cercana la compañía. “Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017.”

La minera en números:

-En la explotación ocupa 1400 hectáreas de Sierras del Aconquija, Catamarca.

-Se trata de un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro.

-La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.

-A diario, extrajo 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.

La minera Bajo La Alumbrera definió para esta semana el cierre de su actividad a cielo abierto realizada en Catamarca desde 1997.

El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según informó eltucumano.com, entre este jueves y viernes, se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.

El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa.  “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.

Recién a partir del efectivo cierre de las instalaciones se podrá medir el impacto ambiental. A pesar de este final, la empresa continuará con actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”. Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.

Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con una capa de material “benigno” y se las “revegetará con especies nativas”. “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.

En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.

“Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%”, comentó una fuente cercana la compañía. “Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017.”

Fuente:http://noalamina.org/argentina/catamarca/item/36574-minera-la-alumbrera-termina-la-explotacion-a-cielo-abierto-y-seguira-subterranea

La Justicia falló –en primera instancia- a favor del Estado neuquino y contra una demanda de la comunidad mapuche Mellao Morales, en relación a la legalidad del proceso de explotación minera de cobre en Campana Mahuida, en cercanías de Loncopué.

La jueza María Eugenia Grimau rechazó la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra la empresa Corporación Minera del Neuquén SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empresa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga  derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campana Mahuida, en Loncopué.

En la causa denominada “comunidad mapuche Mellao Morales c/ Cormine SEP s/ acción de nulidad”, expediente N° 381249/2008, tramitada ante el Juzgado Civil N° 4 de Neuquén, los demandantes pidieron la nulidad del contrato por entender que no se realizó consulta previa y se violó el convenio OIT 169; que no se realizó licitación pública; que la propiedad se vendió por precio vil; y que la venta implica la posibilidad de un privado de comprar tierra comunitaria.

La Fiscalía de Estado y Cormine alegaron que la concesión minera es anterior a la entrada en vigencia del Convenio 169, ya que la concesión se otorgó en 1991 y el convenio rige desde 2001; y que el contrato no implica una nueva concesión sino el cambio de titular de una ya existente. También indicó que se trata de un contrato entre empresas privadas por lo tanto no requiere licitación pública, y que no autoriza la compra de tierras comunitarias ni la explotación de las minas.

El viernes, la jueza Grimau emitió sentencia a favor del Estado provincial al argumentar que la Dirección Provincial de Minería concedió el derecho minero sobre Campana Mahuida a Cormine antes de la vigencia del Convenio 169, y que esa concesión nuca fue objetada por la comunidad mapuche.

También consideró que Cormine se rige por las leyes de las sociedades anónimas, aunque el paquete accionario sea propiedad del Estado, por lo tanto, los contratos y actos que realiza se rigen por el derecho privado y no por el derecho administrativo.

A su vez, la jueza indicó que ninguna de las partes solicitó o intentó la compra de tierras comunitarias o la constitución de servidumbres sobre ella.

Además, Grimau aclaró que las leyes argentinas no prohíben actividades mineras dentro de comunidades de pueblos originarios, sino que se requiere una consulta previa a su autorización.

Consideró que el Convenio 169 de la OIT no es aplicable dado que está previsto para los casos de políticas públicas respecto de recursos naturales y no para contratos entre privados, y que no existió desde el Estado ninguna autorización para explorar o explotar recursos dentro de la comunidad.

“Si la actora (comunidad) no cuestionó el derecho que la autoridad minera dio a Cormine, mal podría objetar el negocio jurídico que esa sociedad acordó con otra sociedad comercial”, explicó la magistrada en su fallo.

Fuente:http://www.diariamenteneuquen.com.ar/V3.0/2017/06/26/fallo-contra-mapuches-a-favor-de-la-mineria/

Un monumento para recordar los diez años de la Ley 7722 en contra de la minería contaminante, por la que luchó todo el pueblo, fue inaugurado ayer en la intersección de la Ruta Nacional 188 y callejón Echeverría, en el departamento de General Alvear. Las manos gélidas, las caras cansadas, de pie, estoicos en medio de las rutas, con los oídos pegados a las radios portátiles y las banderas argentinas atadas al cuello. No se trataba de un mundial de fútbol, del otro lado no había relatores deportivos sino cronistas que confirmaban la aprobación de la Ley 7722 en la Legislatura mendocina.

Diez años después el departamento sureño recordó aquella conquista colectiva en defensa del agua con la inauguración de un monumento a la ley. Fue un 20 de junio de 2007, la angustia y la tensión dieron paso a la euforia, se liberaron los cortes de rutas y miles de alvearenses se dirigieron en caravana a la plaza Carlos María de Alvear.

La obra estuvo a cargo del artista Marcos Salcedo. «Es un monumento hecho en equipo junto a mi hijo que es arquitecto, quien ayudó en la forma y a Carlos Cisterna un joven metalúrgico que hizo un gran trabajo», resaltó el artista.

El monumento a la defensa del agua está representado por una gota que cae del cielo y que es sostenida por hombres y mujeres. «Los dos más grandes representan a los hombres que hicieron de este oasis un vergel, después están los padres jóvenes de hoy, también hay dos figuras con los hijos y dos madres embarazadas. Es la familia de Alvear que está defendiendo el agua. Esta hecho en chapa, hierro, luces y coloreado a base de patina con ácido», explicó Salcedo en la presentación del monumento.

Uno de los momentos más emotivos estuvo signado por la palabra de Adolfo Nieto, uno de los bastiones en aquel 2007 y representante de la multisectorial. «Pensar en la ley 7722 implica volver a julio de 2006 cuando un grupo de vecinos de Punta del Agua comenzaban a alertarnos sobre varios emprendimientos mineros en los faldeos del Cerro el Nevado», contó.

Mientras se le iba quebrando la voz Adolfo seguía con la crónica de aquellos días, «el 6 de junio de 2007 en la Legislatura de Mendoza se vivió un desenlace inimaginado, con los barras bravas golpeando a los alvearenses que estaban presentes. El pueblo de cabildo abierto en la plaza departamental, se acababa el diálogo y había que cortar las rutas. Fueron 14 días difíciles, duros, de intenso frío pero que marcaron la historia de General Alvear, ya nada fue igual  para todo el poderoso norte de la provincia. Desde allí Alvear pasó a ser un fuerte referente de la defensa del agua, el ambiente y la agricultura a nivel provincial y nacional».

Adolfo Nieto tuvo tiempo para referirse al pacto minero recientemente lanzado, «Entre los puntos a tener en cuenta del pacto minero hay que resaltar la posible afectación de la ley de glaciares ya que se proponen aumentar los controles en la zona de glaciares y periglaciares cuando esta prohibido, vemos con preocupación la introducción de la minería como actividad beneficiosa en la currícula escolar buscando una licencia social que no tienen. Es por esto que desde la multisectorial iniciaremos líneas de acción desde diferentes frentes de manera prudente y consensuada como siempre hemos hecho».

Las páginas de la historia recordarán los miles de hombres y mujeres que salieron a luchar por el agua, que es uno de los nombres del futuro. La ley 7722 será de ahora en adelante la medida de la dignidad de todo un pueblo, en tanto y en cuanto sepan defenderla de aquellos, que agazapados, aguardan un momento de distracción.

Fuente:http://www.losandes.com.ar/article/un-monumento-que-recuerda-la-ley-en-contra-de-la-mineria-contaminante

El Nuevo Acuerdo Federal Minero introducirá un conjunto de nuevas instituciones y normativas entre la Nación y las provincias como la conformación de un Catastro Minero Unificado; un Centro Nacional de Información Minera, así como un nuevo régimen de participación de las empresas provinciales, hasta el destino a los que se deberían orientar los ingresos por regalías y fondos de infraestructura.Fuente: Inversor Energético y Minero.

Así se desprende del documento de unos 30 puntos consensuados por la Nación y las provincias tras año y medio de discusión en el marco del Consejo Federal Minero (Cofemin), que hoy firmará el presidente Mauricio Macri con los gobiernos provinciales, a excepción de Chubut y la Pampa, para impulsar y dar un nuevo marco institucional al desarrollo de la actividad minera en todo el país.

El acuerdo será remitido al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales para su aceptación o rechazo, pero la sola suscripción de las autoridades ejecutivas de cada distrito tendrá un valor normativo que se explica bajo la figura de “Federalismo de Concertación” y que tiene medidas que pueden ser de inmediata aplicación.

Entre las modificaciones que impulsa el acuerdo y que deberá traducirse en la modificación del Código de Minería, en su artículo 264, refiere a la pérdida del derecho de propiedad minera en manera simultánea con el cierre definitivo del establecimiento por las circunstancias ya vigentes vinculadas a temas ambientales, contractuales o por inoperatividad, situación para la que actualmente debe mediar un plazo de al menos 4 años.

Al mismo, tiempo se mantiene inalterable que las concesiones duren mientras haya recursos minerales para explotación, y la garantías de las condiciones fiscales durante 30 años, lo que permite asegurar el retorno de las inversiones que tienen un 97 por ciento de mortandad entre las tareas prospectivas y de exploración, hasta que se concreta el efectivo desarrollo y productividad de la mina.

Otro de los puntos acordados para generar una Política de Estado Minera sustentada en el federalismo es la sistematización, organización, estandarización y provisión recíproca de información para la conformación de un Centro de Información Minera nacional.

Las Provincias compartirán con la Secretaría de Minería la información sobre la actividad minera en sus respectivos territorios, y referencias de índole geológica, socio-ambiental, catastral minera, económica y de proyectos.
Con el fin de estandarizar, a nivel nacional, los sistemas y procesos de registración de derechos, propiedades y trámites mineros, su presentación en forma gráfica y la digitalización de los respectivos expedientes instrumentarán un Sistema de Registro y Catastro Unificado.

Nación y provincias también coordinarán desde el COFEMIN, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente (“COFEMA”) la aplicación de protocolos de buenas prácticas; análisis y gestión de riesgos; sistemas de control ambiental; y protocolos de acción ante la ocurrencia de incidentes.

En esa línea, se acuerda la creación de un denominado “Equipo Consultivo de Gestión Ambiental Minera” (“ECGAM”) para generar insumos tecnológicos y técnicos para fortalecer la gestión ambiental y generar conocimiento a través de la investigación y desarrollo de las mejores prácticas de gestión socio-ambiental, incluyendo comparación a nivel internacional.

Otro punto innovador es el desarrollo de fuentes de energía renovable y de la adopción de prácticas de eficiencia energética como parte integral de los proyectos mineros, para lo cual se fomentará el uso de fuentes limpias en emprendimientos presentes y futuros y promover la adopción de prácticas de ahorro y eficiencia energética que lleven a la reducción del consumo.

En el marco del impacto social y ambiental de la actividad minera, otro de los compromisos será el fortalecimiento de los procedimientos de consultas o audiencias públicas en los procesos de evaluación de los proyectos a instalarse.
Como parte de la búsqueda de promover la pequeña minería y la minería artesanal, las provincias se proponen articular acciones conjuntas con el Banco Nación, el Consejo Federal de Inversiones y otras eventuales entidades crediticias la generación de herramientas de financiamiento para las Pymes del sector.

Otras herramientas previstas en ese sentido se mencionan programas específicos de carácter regional con apoyo técnico del Servicio Geológico Minero de la Nación, la disposición de tarifas diferenciadas y bonificadas de estudios, análisis y generación de proyectos, así como esquemas que prioricen la formación de PYMES locales que provean insumos mineros a la industria.

Con una voluntad similar se promoverá el trabajo con el Consejo Federal Agropecuario y el Ministerio de Agroindustria para generar “clusters” en ubicaciones estratégicas para la provisión de insumos minerales, como también el uso compartido y complementario de recursos naturales o la elaboración de estrategias de encadenamiento productivo.

Finalmente, para asegurar la transparencia, responsabilidad y competitividad las empresas públicas provinciales serán, a partir del acuerdo, entidades independientes del Estado provincial, tendrán su propio patrimonio -sujetas a auditoría y contralor-, podrán actuar en los términos previstos en el Código de Minería y no podrán tener ningún tipo de influencia o participación en el procedimiento de otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones.

Tras fracasar la conciliación, desde el Club Andino cuestionan al organismo oficial por emprendimiento en Los Gigantes.

El juez levantó la cautelar a pedido de la empresa, aunque nunca realizó la inspección ocular correspondiente para verificar las obras tras los derrames. Los pobladores de Jáchal denuncian “la connivencia del gobierno provincial con la minera” canadiense.

La Justicia sanjuanina rehabilitó la mina Veladero, que estuvo paralizada más de dos meses después del derrame de líquidos cianurados ocurrido en marzo pasado. El juez interviniente levantó la medida cautelar que pesaba sobre la explotación minera “en virtud de un pedido específico que realizó la empresa, que estaba acompañado por el informe del ministerio de Minería”, aunque aclaró que no realizó una inspección ocular del lugar. Al mismo tiempo, el magistrado rechazó un amparo presentado por los operadores de la mina para que no intervenga el Defensor del Pueblo en la causa impulsada por los jachalenses para que se realicen estudios de sangre a los pobladores locales. En tanto, el abogado de los asambleístas de Jáchal sostuvo que “además de ser una puesta en escena que no hace más que confirmar la connivencia del gobierno provincial con la empresa, el ministerio de Minería de la provincia resolvió unificar las sanciones por el segundo y tercer derrame para evadir el cierre de la mina, como obliga el código de minería”. Uno de los referentes de la asamblea de Jáchal dijo, ayer a última hora, que no se habían enterado del levantamiento hasta que este diario lo consultó, porque estuvieron incomunicados durante casi todo el día y no pudieron comunicarse ni siquiera desde los teléfonos fijos, algo similar a lo que les había pasado durante el segundo derrame de la mina.

La resolución del juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripción Judicial de Jáchal, permite que la mina de oro y plata, operada por la canadiense Barrick Gold y la empresa China Shandong Gold Group, vuelva a funcionar, aunque la investigación para establecer las responsabilidades y las causas que determinaron el amparo tras el derrame continúe.

La medida judicial se relaciona con la disposición que emitió el miércoles el ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensell, que dio por concluidos los trabajos de adecuación que el gobierno le impuso a las empresas tras el derrame del 28 de marzo pasado, el tercero en menos de un año y medio.

Para rehabilitar la minera, el gobierno exigió que la empresa realizara varios trabajos de readecuación en el valle de lixiviación, donde se separa el oro y la plata de la roca por medio de la aplicación de agua con cianuro.

Las tareas, que demandaron algo más de dos meses y según estimó el gobierno local costaron unos 500 millones de dólares, permitieron al  ministro Henssel asegurar que “para la autoridad de aplicación es un tema superado. La minera cumplió con las medidas exigidas”.

Como parte de las tareas realizadas, se cambiaron los cinco caños corrugados que se usaban para conducir la solución cianurada por siete caños de alta presión e instalaron un equipo importado desde Chile para equilibrar las presiones en todo el sistema.

Además, se amplió la zona segura del valle, instalando membrana impermeable en el callejón contiguo a la zona de lixiviación y puso un sistema de alarmas para la detección temprana de futuros incidentes.

Según Hensell se realizó “una prueba hidráulica general y los resultados fueron muy satisfactorios” para los especialistas contratados por el gobierno para hacer la evaluación.

En tanto, Oritja aclaró que no concurrió “a la inspección ocular por el mal tiempo reinante en la zona” donde se emplaza la minera, en el Valle del Cura de la cordillera andina, a 4100 metros de altitud.

Sin embargo,uno de los abogado de los asambleístas, Marcelo Arancibia, dijo a PáginaI12 que “esto era esperable, ya lo venía anunciando tanto la empresa como el gobierno, y el juez que había dicho que no se iba a oponer a que el ministerio de Minería aprobara las obras, sin convocar a un perito independiente. El juez tiene que explicar por qué hay que creerle si es la tercera medida cautelar que dicta y levanta. Las anteriores las levantó aduciendo que la seguridad estaba garantizada”, y remarcó que “queda claro que la mina más segura del mundo con ISO 900, como la vende el gobierno y la empresa, es una mina low cost que usaba caños que no eran los adecuados y con zonas sin impermeabilizar”.

Además, el letrado denunció que “el sumario administrativo por el segundo y tercer derrame no fue resuelto y van a unificar la sanción para evitar el cierre de la mina como establece el código minero que dice que a la tercera infracción grave se cierra la mina. De esta forma, la empresa quedaría sólo con dos infracciones. Les están dando una vida más”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/44450-una-mina-fuera-del-codigo

Tras el regreso de una comitiva que viajó el martes a Veladero, el Ministerio de Minería decidió levantar la suspensión de la mina y le comunicó al juez de Jáchal, Pablo Oritja, que la empresa Barrick cumplió con las obras necesarias para asegurar el normal funcionamiento del valle de lixiviación.

Sobre la mina pesa una medida cautelar solicitada por vecinos de ese departamento, tras producirse el tercer incidente dentro del emprendimiento en un año y medio.

Minería fue el primero en aplicar el mismo freno, el 30 de marzo, al desencadenarse el hecho y el juez le había solicitado que, como autoridad de aplicación, se expida sobre si el proyecto está o no en condiciones de seguir operando. Ahora, con el informe en la mano, Oritja debe decidir si levanta la suspensión judicial impuesta a la empresa.

Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/Mineria-levanto-la-suspension-en-Veladero-20170614-0143.html

Se trata de las asambleas catamarqueñas PUCARA, quienes emitieron un comunicado en rechazo al acuerdo que se firmó hoy entre el Gobierno nacional y algunas provincias.

Organizaciones y asambleas nucleadas en el espacio Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) emitieron este lunes 12 un comunicado en cual expresan su “más enérgico repudio al Acuerdo Federal Minero que se firmará el próximo 13 de junio (hoy) entre el Gobierno Nacional y algunas provincias”.

“Repudiamos este acuerdo porque viola todos los derechos conquistados de protección de los pueblos originarios, de los glaciares y legislación de provincias que han rechazado enérgicamente esta industria extractiva y altamente contaminante y saqueadoras de los bienes comunes de las presentes y futuras generaciones”, sentenciaron.

PUCARA, que se propone como una nueva alternativa de lucha frente al avance extractivo en la zona, nace al abrigo de la histórica asamblea El Algarrobo, de la ciudad de Andalgalá, y reune también a asambleas del Chañar (Belén), del Yokavil (Santa María), Autoconvocados Fiambalá Despierta (Fiambalá), Autoconvocados por la Vida de Tinogasta, Vecinos de Londres, Belén, Anquincila y Ancasti, entre otros.

Según señalan, la provincia de Catamarca es “considerada minera por el Gobierno por poseer en nuestro territorio uno de los emprendimientos mineros más grandes del país”. Efectivamente La Alumbrera de Catamarca, que consume unos 100 MWh, representa el 85 % del consumo de energía eléctrica de la provincia, es decir, cinco veces lo que consume la población en general. La firma también tiene autorizada el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia. Sin embargo, pese a esto, “en más de las dos décadas de explotación hemos experimentado en carne propia el sufrimiento y la pobreza de los pueblos cordilleranos afectados por la minería”.

Las organizaciones denuncian que debido a esto, la provincia de Catamarca posee “los peores índices de cáncer, enfermedades respiratorias, cutáneas, etc.”, además de ser por sobre todo “una de las más pobres y carentes de trabajo del país, y con economías regionales destruidas”.

Al respecto, los índices industriales y de la construcción cayeron, y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional, con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país. Por ejemplo, Catamarca ha sido la provincia con el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo. “Estos hechos nos demuestran que es falaz decir que la minería produce fuentes de trabajo y desarrollo económico. Por el contrario, produce el efecto inverso, y por ello es que se rechaza esta actividad”, sentenciaron desde PUCARA.

Las asambleas catamarqueñas denuncian que el Acuerdo Federal Minero implica el “evidente avance de una agresiva política minera nacional y provincial en detrimento de la vida, exterminio de las fuentes de agua y vulneración del territorio de los pueblos catamarqueños prexistentes a la llegada de la conquista y colonización”.

El caso catamarqueño es paradigmático. Minera Alumbrera Limited es de propiedad mixta. Por una parte YMAD está constituida por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno Nacional, y le pertenecen los derechos de exploración y perforación, pero el 50 % de las acciones de MAA está en manos de Glancore Xstrata Plc (Suiza), el 37 % a GoldCorp Inc (Canadá), y el 12,5 % a Northern Orion Resources Inc (Suecia-Finlandia).

“Repudiamos este acuerdo porque no queremos ser poblaciones sacrificables en pos de un supuesto desarrollo económico que no beneficiará en ningún aspecto a nuestros pueblos y a la nación, sino a intereses ajenos a la vida, y producirá un acelerado deterioro de la Madre Tierra”.

El Acuerdo Federal Minero que se firmó hoy y sustituirá al actual, vigente desde 1993, no contempla a las provincias de Chubut y La Pampa, ya que estas no admiten la explotación de recursos minerales en sus territorios, y deberá ser tratado primero por el Congreso Nacional y luego por las legislaturas provinciales para su aprobación o rechazo como totalidad, es decir, que no puede ser susceptible de modificaciones.

El presidente Mauricio Macri, defendiendo la quita de retenciones a la minería, señaló esta tarde que el nuevo acuerdo “es justo, es federal, le hemos dado el mismo tratamiento igualitario que a cualquier otra exportación regional, que no tenga más retenciones porque ese era un castigo a cada economía regional, a cada provincia”. En un acto en el Salón Blanco con gobernadores y representantes de 21 provincias, Macri explicó que en cada una “decidirán quiénes quieren desarrollar la minería y quiénes no”.

Fuente:http://laizquierdadiario.com/En-Catamarca-repudian-Acuerdo-Federal-Minero-No-queremos-ser-poblaciones-sacrificables

«El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, ratificó que no autorizará la apertura de la actividad minera en la provincia y basó su decisión en «una encuesta que hicimos donde hay un 63% de rechazo a la minería por parte de la gente con números que son claros y contundentes, por eso acá no habrá ningún tipo de emprendimiento minero».

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, rechazó el Acuerdo Federal Minero -que suscribe el presidente Mauricio Macri con las provincias mineras- al sostener que «ésta es una provincia absolutamente ambiental lo cual fue ratificado en la cumbre que hicimos todos los sectores políticos y sociales el lunes 29» de mayo último.

En Chubut la minería metálica está prohibida por la ley provincial 5001, pero la posible inversión de u$s 1.000 millones por parte de la corporación Pan American Silver para explotar el yacimiento de plata y plomo denominado «Navidad» en la meseta del Chubut, había reabierto el debate.

La discusión se reavivó cuando el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se reunió en septiembre del año pasado con el CEO de la compañía Pan American Silver, Ross Beaty, y lo invitó al gobernador Mario Das Neves a que escuche la propuesta de inversión en una reunión de la que participó, entre otros, el ministro de Energía y Minería de Nación, Juan José Aranguren.

De acuerdo con informes de especialistas, el estimado actual de recursos bajo tierra asciende en el proyecto Navidad a las 632 millones de onzas de plata y cerca de 3.000 millones de libras de plomo que están localizadas a pocos kilómetros de Gastre, una población ubicada 350 kilómetros al noroeste de esta capital con alrededor de 600 habitantes.

Chubut no sólo es una de las provincias con mayor potencial en el mundo de plata, plomo y oro, sino también de uranio con el yacimiento «Cerro Solo», ubicado en proximidades de Paso de Indios que está en condiciones de abastecer de la materia prima a la industria nuclear argentina al igual que las reservas existentes en «Laguna Colorada», «Laguna salada» y «meseta central».

Chubut sin embargo es la primera de las principales provincias argentinas productoras y exportadoras de petróleo que es una actividad extractiva, igual que la minería, con exigencias ambientales de naturaleza similar, de modo que si tiene capacidad para controlar y administrar la industria petrolera en su territorio, también tendría la misma aptitud para ejercer la autoridad de control minero en su propio territorio.

Fuente:http://www.telam.com.ar/notas/201706/192189-chubut-no-firma-el-pacto-minero-porque-una-encuesta-lo-rechaza.html

Mientras se realizaba el VII Seminario de Litio en Sudamérica en la ciudad de Catamarca, alrededor de 50 manifestantes  se reunierón y cortaron la calle Ayaucho, frente a Hotel Casino, para resaltar su malestar ante la explotación minera indiscriminada. Los mismos marcharon hasta el edificio del Ejecutivo Provincial para continuar la protesta, luego se desconcentraron pacíficamente.

Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2017/06/argentina-un-acuerdo-para-no-enojar-las.html