Todo el sector minero confesó estar «muy preocupado» por el derrame de cianuro generado por la multinacional canadiense Barrick Gold tras la rotura de una manguera, según pudo saber El Destape. Al resto de las empresas que operan en la Argentina las inquieta la continuidad de la actividad luego del presunto incidente. La desconfianza sobre los efectos mortales para las poblaciones de humanos y animales de las zonas de producción vuelve a instalarse con fuerza. El futuro desarrollo de la actividad vuelve a estar en riego.
Los empresarios están particularmente molestos con la dirigencia de la empresa canadiense porque «tardaron mucho en hablar, y aclarar o confirmar la situación, y eso generó más repercusiones», primero entre los habitantes, los dirigentes ambientalistas, y luego los medios. Los jerarcas mineros hubieran preferido enterarse por la propia Barrick, «y no que se empiece a filtrar por una cadena de WhatsApp», dijo a este medio una fuente del sector que optó por mantener el anonimato.
Hoy estallan con fuerza contundente los ecos de las viejas luchas que llevamos durante 10 años en la provincia de San Juan, contra los proyectos megamineros. El grito desesperado de los pobladores a quienes la multinacional Barrick Gold contamino sus ríos con cianuro, por la rotura de una cañería de lixiviación en uno de sus principales proyectos, aturde las tranquilas calles de Jáchal e Iglesia.
El juez Pablo Oritja con su equipo de colaboradores inspecciono las instalciones involucradas en el grave acontecimiento del día sábado pasado en la mina de oro Veladero de Barrick Gold. Dispuso que el secuestro de la piezas, que ya cambió por unas nuevas, y varios elementos que fallaron el pasado fin de semana. Un equipo de Canal 8 de San Juan acompaño al juez Pablo Oritja y personal judicial en la mina del grave derrame.
El informe que la empresa Barrick Gold le entregó al ministerio de Minería es contundente: la canadiense reconoció que pudieron certificar el derrame de 224.000 litros de solución cianurada en Veladero. Lo peor de todo es que es sólo lo que se pudo contabilizar desde el momento que se cerró el ingreso del químico al circuito de lixiviación, es decir, el derrame puede ser mucho mayor.
A pesar de las explicaciones de las autoridades comunales y de los equipos técnicos de Osse y del hospital del departamento, los 
En un comunicado emitido en la noche del ayer 15 de septiembre el gobierno de San Juan comunica que impulsará una denuncia penal por el derrame de cianuro en Veladero, a cargo de Barrick Gold. Confirmando lo anunciado por la población de la región del emprendimiento respecto de la contaminación de la cuenca, el propio gobierno comunicó «a las comunidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto que eviten y/o limiten el consumo de agua proveniente del Río Blanco». Antes de esto, se había comunicado oficialmente que «básicamente ya pasó el problema. En menos de 48 horas se negativizó el contenido en el Río la Taguas. Así que su agua es apta para la vida humana y acuática».
Este domingo 13 de septiembre se produjo un grave incidente en la mina Veladero en las altas cumbres sanjuaninas, por la rotura de una cañería que conduce solución cianurada desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación. El Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione, explicó que “el material salió del valle de lixiviación y fue hacia el rió Taguas pero rápidamente se diluyó». El mismo gobernador, José Luis Gioja, principal lobbista de las empresas mineras en Argentina, debió realizar declaraciones: “Fue contingencia técnica, son cosas que pueden llegar a pasar”. Jachal y otras poblaciones en alarma y con altísima preocupación.
El Procurador General de la Corte de Mendoza, Rodolfo González, avaló hoy la constitucionalidad de la polémica Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería a cielo abierto.Para González la ley es razonable y constitucionalmente válida porque busca armonizar y complementar la tutela del ambiente y el desarrollo.
Para el investigador del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, Manuel Trufó, el marco del proceso de espionaje en Esquel genera mayor preocupación. Trufó sostuvo que la pretendida aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Ministerio Público Fiscal genera mayor inquietud porque se pretende criminalizar la demanda social. De esta manera hizo referencia a la causa judicial que sigue la disputa territorial entre aborígenes y Benetton.
La Corte Suprema de Argentina determionó solicitar informes ambientales sobre el proyecto minero