El 16 de febrero los manifestantes entregaron un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con miles de firmas juntadas en Andalgalá y en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la sentencia. El amparo ambiental que los vecinos presentaron en 2010 en el Poder Judicial catamarqueño demandó al Estado provincial y a la minera Yamana Gold, empresa de capitales canadienses dueña del proyecto Agua Rica, reclamó la prohibición de ese emprendimiento, y solicitó que se protegieran las fuentes de agua y la salud de los habitantes locales.
Según explica el medio La Vaca, “la causa llegó hasta la Corte, un acampe en 2014 empujó a que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elevará un dictamen donde habla del posible ‘daño irreversible’ que provocaría la actividad minera en la región, pero el 2015 transcurrió sin ninguna sentencia”.
