24.06.08
Las iglesias aglutinadas en el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala instaron hoy al diálogo para buscar alternativas al conflicto que se vive en San Juan Sacatepéquez contra una cementera y por el que el gobierno decretó estado de excepción.
"Es imperativo que los actores directos demuestren capacidad y voluntad política y que tomen medidas que posibiliten y creen condiciones objetivas para este diálogo, lo cual no se logra criminalizando la protesta popular y las demandas comunitarias", afirmó el reverendo Vitalino Similox.
El rechazo de un grupo de pobladores contra la instalación de una planta cementera en dicho poblado provocó el fin de semana pasado el asesinato de una persona que supuestamente simpatizaba con los intereses de la empresa. "Los espacios de diálogo y los mandatos de las consultas populares en temas de seguridad ecológica y ambiental deben ser vinculantes.
Es un deber ético, moral y pastoral proteger la vida humana y la salud de los entornos comunitarios y ecológicos, fundamentalmente frente a los escenarios de hambruna que nos acechan" , agregó el religioso.
POBLADORES DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ PUEDEN HACER PATRULLAJE, PERO SIN ARMAS
PL, 24.06.08
Jorge Ortega, vocero del Ejército, indicó hoy que los patrullajes de seguridad que efectúa la población en San Juan Sacatepéquez tendrán que hacerse sin armas debido al estado de Excepción que fue decretado en ese municipio.
Si están patrullando lo tendrán que hacer sin armas, la prohibición es muy clara, aseguró Ortega a periodistas.
Sobre el término paramilitar que se le podría dar a estos grupos dijo que sería bueno quitarlo ya que son ciudadanos que se defienden de la delincuencia y que el Ejército no tiene nada que ver con esta situación Ortega dijo que ha observado que estas personas tienen palos y machetes, pero no armas de grueso calibre.
El presidente Álvaro Colom declaró el pasado domingo el estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez tras la muerte de una persona que había sido secuestrada por un grupo de pobladores.
La medida gubernamental restringe la portación de armas, las reuniones, las manifestaciones públicas y la circulación de vehículos.