DENUNCIA PENAL CONTRA PROMOTORES DE CONSULTA

El pasado 24 de marzo fue presentada una denuncia penal -ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura-, por delito de terrorismo y otros contra los organizadores y promotores de la consulta vecinal sobre el proyecto minero Río Blanco de Minera Majaz. Como se sabe, la consulta se realizó el 16 de septiembre del 2007 y tuvo como resultado el rechazo a la actividad minera de la población de tres distritos de Ayabaca y Huancabamba. Entre las personas denunciadas figura nuestra subdirectora, Julia Cuadros Falla, junto con otras 35 personas, como los alcaldes que organizaron y apoyaron la consulta, dirigentes de las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas, el expresidente de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, Miguel Palacín; los asesores Quique Rodríguez; Javier Jancke de Fedepaz y Juan Aste Daffós del Grupo Andes.

¿Quiénes son los denunciantes? Nada menos que una asociación civil denominada Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, entidad recientemente creada y que apoya las actividades de la empresa Rio Blanco Copper S.A (Minera Majaz S.A.).

 Llama la atención que la denuncia haya sido inmediatamente admitida por la Fiscal y transferida en tiempo record a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo de la Policía Nacional, pese a que se “fundamenta” en generalidades, que no logran establecer responsabilidades concretas y vínculos causales entre los supuestos hechos y las personas a las que se les atribuye los delitos.

Las “pruebas" se basan principalmente en notas periodísticas del diario El Correo de Piura, que ha venido desarrollando una sistemática campaña de desprestigio contra las organizaciones de la zona, miembros de la iglesia católica de Piura y Cajamarca y organismos no gubernamentales. Indigna y preocupa esta situación.

 Muestra la existencia de una estrategia de sectores dispuestos a todo con el afán de desacreditar y eliminar a los grupos que han venido planteando que tras los conflictos existe una agenda de derechos en las zonas de influencia de la minería.

Esta denuncia de “terrorismo” forma parte de la misma campaña de seguimiento y hostigamiento al sacerdote Marco Arana, en la que apareció vinculada la empresa Forza, que le presta servicios de seguridad a Minera Yanacocha; tiene el mismo origen de la campaña periodística que denunciaba una supuesta “red del terror” hace un par de años y que sola fue desbaratada por la irresponsabilidad de los medios que la propalaron y la evidente falta de pruebas; forma parte de las permanentes calumnias que lanzan, casi a diario, algunos medios de comunicación en Lima y provincias.

Peligrosa situación. No solamente por los argumentos y las hipótesis trasnochadas de grupos interesados, sino porque pretenden desinformar y ocultar la verdadera dimensión del conflicto minero y desvirtuar el debate legítimo que se debe dar en el país.

Lo ocurrido la semana pasada en Piura es sumamente grave. Es una tarea de todos los sectores democráticos del país enfrentar y denunciar este hecho e insistir que los temas de fondo se aborden y evitar que grupos fundamentalistas ganen terreno en el país.


Publicado el: 15 abril 2008
Categorias: Perú
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