MAJAZ: EL DERECHO A DECIDIR

Antes que la "Inversión" de Majaz, esta el legítimo derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro

Por: Blgo. Sandro Chávez
9/06/2007

Quizás, seria bueno que el Presidente Alan Garcia y los miembros de su Gobierno recuerden que existe una normatividad como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre derechos Humanos a nivel internacional del cual el país es parte y a nivel nacional la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y la Ley de los Derechos de participación y Control Ciudadanos Nº 26300 que los obliga a respetar con absoluta claridad el derecho de pobladores de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba) a la consulta vecinal sobre la presencia de la minera Majaz en sus territorios el próximo 16 de septiembre. Con el riesgo de ser señalado como "antiminero" como algún analista político trata a aquellos que se oponen a la prepotencia, el chantaje y la intromisión de una Empresa como Majaz que como muchas del sector minero so pretexto de traer inversión y desarrollo al pueblo, quieren imponer su verdad, contando con el desafortunado aval del Gobierno que lejos de preocuparse por los derechos de los pueblos rurales a decidir por su futuro, amenaza y llama "agitadores comunistas" a las personas que han tenido el valor de expresar sin temor su opinión y desean como muchos pueblos si el desarrollo, pero en el marco de sus propias prioridades, como es la agricultura, entre otras.

La empresas mineras Majaz S.A., Mayarí S.A.C. y Rio Blanco Cooper Limited, al parecer formar parte de la empresa Monterrico Metals Plc, donde su accionista mayoritario es el consorcio Zijin Mining Group Ltd., que se dedica a la extracción de oro en China. El socio fundador de la minera Mayarí S.A.C, Alejandro Eguren Anselmi, fue gerente general de la minera Majaz S.A. en el primer semestre del año 2003, posee 999 de las mil acciones de la minera Mayarí S.A.C., tal como lo demuestra la partida de inscripción N° 11720791 de dicha empresa ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), contando con un capital social de apenas mil nuevos soles, quedando al descubierto el vínculo más entre ambas compañías y su pretensión de constituir un distrito minero en las serranías de Piura.

Como todos sabemos en una explotación a tajo abierto traería como consecuencia la contaminación de las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas se dirigen hacia los océanos Atlántico y Pacífico, respectivamente, representaría una amenaza a los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos, que son fuente de agua para las localidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), las cuales utilizan este recurso hídrico para la agricultura y la ganadería, actividades de las que depende su economía como lo afirma el Blgo. Fidel Torres.

Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca. Según mi colega Fidel Torres, significa que, de 862 millones de toneladas de suelo y roca removida, 556 millones de metros cúbicos de líquidos y lodos tóxicos afectaría el ecosistema de esa parte del país, dado que la proporción contaminante equivaldría a dos veces el reservorio de San Lorenzo, siendo inevitable la creación de una nueva colina, pero de basura mineral calculada en unos 905 millones de toneladas.

A todo esto debemos agregar el intento de compra de voluntades de parte de esta minera Majaz a las comunidades Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) con la promesa de otorgárle 80 millones de dolares durante el proceso de explotación, que como es sabido por lo general no se cumple y por supuesto a sido rechazado.

En un país como el nuestro, donde la actividad minera ha generado un gran pasivo ambiental (Contaminación, destrucción de ecosistemas, etc) que no ha sido asumido en su gran mayoría por ellos y menos por el estado, además muchos de ellos son renuentes aceptar sus errores y no quieren pagar sus multas como la PLUSPETROL o utilizan la amenaza, el seguimiento y la violencia como la minera Yanacocha a través de empresas como FORZA, creo que lo bueno que algunas empresas mineras intentan hacer a favor de una minería limpia y responsable social y ambientalmente queda bastante aislada, mucho mas cuando existe un falso espíritu de cuerpo entre los miembros de la Sociedad Nacional de Minería que no denuncian, ni deslindan con empresas mineras como Majaz y otras que con sus acciones equivocadas y prepotentes abonan a la opinión desfavorable de la gente hacia este sector.

No es ético echar la culpa a otros de los acciones y errores que las propias empresas minera han generan durante largo tiempo, pues así, es difícil que los pueblos pueden confiar en la propuesta de una compañía minera cuando desde el principio no dice la verdad y mas allá de respetar el derecho de los pueblos a una opinión diferente, busca el lobby con el gobierno para desde allí pretender imponer su proyecto de inversión y que lamentablemente encuentra eco en una errada política del Gobierno de apoyo a la inversión "a cualquier precio".

Además, es harto conocido que los mecanismos para otorgar concesiones y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental no son participativos y por tanto las posibilidades de los pueblos a encontrar allí una respuesta efectiva a sus prioridades es casi nula. Creo que lo mas sensato del lado del Gobierno es asumir su responsabilidad de hacer respetar la constitución y las normas legales del País poniendo como prioridad los derechos de los pueblos a una vida digna y sostenible, por lo tanto debe en todo momento dar las facilidades para que los mecanismos de consulta ciudadana se implementen y se generalicen pues el fundamento principal de la democracia es la participación efectiva de la gente.

No se trata de oponerse a la Minería, ni de cualquier proyecto de inversión en nuestro País, se trata de cómo estas inversiones son transparentes, sostenibles y respetuosas de la legislación nacional, así como de los derechos de todos los ciudadanos que habitamos este hermoso país. No es casual que los alcaldes de la sierra Piurana, la Defensoria del Pueblo, la ONPE, el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUS), Transparencia, entre otras instituciones reconozcan la validez de esta consulta, pues en el fondo existe la percepción de que esta en juego el derecho de un pueblo a decidir como quiere vivir.

Es muy cómodo venir al país y decir quiero invertir sin vivir aquí; es muy fácil decidir por otros a nombre del País y el desarrollo y vivir en otro lado; pero para aquellos que vivirán en la sierra piurana toda su vida les resulta difícil verse afectados en el futuro por una actividad minera que ellos no pidieron y que se pretende imponerles. La vida y la salud de las personas esta primero, los pobladores de la sierra piurana así lo harán saber con su valiente consulta del 16 de septiembre, que como ayer lo hiciera el pujante pueblo de Tambogrande, quedara claro que solo respetando los derechos y los sueños de los pueblos se podrá construir un desarrollo que sea sostenible.

El Gobierno no debe temerle a la democracia, por el contrario tiene el deber de fomentarla, ojala esta vez retome el camino de la sensatez por el bien del país.

Publicado por Sandro Chávez para Cuarto Ambiente el 


Publicado el: 9 septiembre 2007
Categorias: Perú
Conflictos Relacionados: