MAJAZ NO DICE LA VERDAD

Lima, 22 de enero de 2007

La Red Muqui se dirige a la opinión pública, sobre el caso del Proyecto Minero Río Blanco operado por Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, para manifestar lo siguiente: 1. Minera Majaz obtuvo la aprobación de su Evaluación Ambiental (EA) para la etapa de exploración del citado Proyecto, como corolario de un proceso administrativo que estuvo acompañado de serias irregularidades; situación que es corroborada por el Informe Nº 001-2006/ASPMA-MA de la Defensoría del Pueblo (DP). El informe de la DP recomienda que se evalúe la situación y se tomen "(…) las medidas correctivas y de responsabilidad inmediatas, a fin de prevenir un conflicto violento, subsanando los vicios y cumplir con el deber de garantizar los derechos constitucionales de la propiedad, participación ciudadana, buena administración pública y a vivir en un ambiente sano de las Comunidades Campesinas (CC) involucradas(…)".

2. Desde el inicio de sus operaciones, en el año 2003, Minera Majaz, nunca ha contado con todas las autorizaciones necesarias, emitidas de acuerdo a la normatividad vigente, para realizar sus actividades. Por lo tanto sus actividades se realizan de manera ilegal.
La empresa minera, no ha tomado en consideración lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en su Informe Nº 018-2006-MEM-AAM/JBA, en que se aclara que la aprobación de un estudio ambiental, por el MEM, "no constituye por sí misma una autorización para operar, desarrollar o ejercer actividades mineras", sino que se requiere de otras autorizaciones emitidas de acuerdo a la normatividad vigente.

Entre otras autorizaciones, se requiere contar con permisos de los propietarios de las tierras, y en caso de ser Comunidades Campesinas, se debe contar con el acuerdo de los dos tercios de la Asamblea Comunal. Minera Majaz, para subsanar las Observaciones del MEM realizadas en el Informe Nº 2001-2003-MEM-AAM/IB, según indica la DP, adjuntó "Actas suscritas en el año 2002 (…) aprobadas sólo por las Juntas Directivas de las Comunidades Campesinas", no como la ley y los reglamentos del propio MEM lo requieren.

Al no contar con argumentos sólidos, Minera Majaz cambia de estrategia y en posteriores observaciones a sus solicitudes, ya no se refiere a las citadas actas, sino a los permisos que obtuvo Minera Coripacha S.A., su antecesora. Respecto de los documentos que suscribiera Minera Coripacha S.A., la DP señala que "(…) Minera Majaz debió acreditar que la Comunidad Campesina había autorizado la cesión de posición contractual en el permiso que se le otorgó a Minera Coripacha S.A., (…) lo que no se encuentra acreditado en el expediente". Por tanto, el uso de estos permisos no es válido para Minera Majaz.

3. Minera Majaz no ha cumplido con presentar al MEM, "documentación actualizada que demuestre la existencia de una relación de confianza con las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas", sobre el uso de terreno superficial de acuerdo a lo dispuesto en la Ley. Las comunidades campesinas han hecho saber, a través de cartas notariales dirigidas a la empresa y al MEM, que no le otorgarán el permiso.

Es por ello que Minera Majaz ha desistido de su solicitud de aprobación de la modificación de su EA, puesto que no puede absolver las observaciones de la Dirección General de Gestión Social del MEM. En consecuencia, Minera Majaz, nunca ha contado con los permisos de las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), emitidos de acuerdo a ley y a los reglamentos pertinentes.

Por lo tanto se encuentra usurpando sus terrenos, y realizando actividades de manera ilegal, por lo que debe suspender todas sus operaciones mientras no los obtenga. Está en manos del MEM hacer cumplir la normatividad vigente y no legitimar un procedimiento administrativo con serias irregularidades. Debe quedar claro que la estrategia de Minera Majaz, afecta derechos constitucionales; como el derecho a la propiedad y a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado y busca generar incertidumbre y crear un clima de violencia en la zona.
Las poblaciones afectadas demandan que se respeten las leyes y requieren de un Estado que vele por sus derechos.


Publicado el: 30 Enero 2007
Categorias: Perú
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