Argentina

En Mendoza, Malargüe insiste con la minería

La polémica ley minera revive con pedido de excepción de Malargüe. Lo confirmó el jefe municipal Juan Manuel Ojeda. Caída de regalías del petróleo fue clave en reacción. No descarta pedir más autonomía.
La crisis económica derivada de la pandemia despertó el interés del municipio mendocino de Malargüe por reactivar la minería, que tiene luz roja en la provincia luego de que las protestas sociales llevaran al gobernador Rodolfo Suarez a vetar, a días de asumir en diciembre, una ley de aval a la extracción que había tenido aprobación legislativa tanto del oficialismo UCR como de la oposición PJ.
Así, el intendente Juan Manuel Ojeda (Cambia Mendoza) trabaja en un proyecto de ley para que su distrito quede exceptuado de los alcances de la normativa minera que rige en la provincia. Malargüe, al sur mendocino, tuvo en aquel momento prepandémico incluso contramarchas a favor de la minería. Allí creyeron que el aborto a la Ley 9.209 (que modificaba la 7.722) por no contar con licencia social era un golpe directo a ese municipio que se fundó alrededor de la minería y que cuenta también con la mayor parte de los desarrollos petroleros de la provincia.
El intendente Ojeda dialogó con Ámbito Financiero y confirmó la estrategia legislativa. “Malargüe es el 30 por ciento del territorio de Mendoza, si aprobara la ley se podría hacer minería basado en lo que piden los sectores ambientalista: licencia social y vocación territorial”, dijo el jefe municipal. Y agregó que el departamento es propicio para la minería”. Ojeda sostuvo que el proyecto tendrá una firma legislativa, pero lo presentará como intendente. Es decir, despega al gobernador de un tema que ya le ha traído dolores de cabeza. En el ámbito provincial confiaron a este medio: “Nosotros seremos espectadores, lo presenta Malargüe”. En la iniciativa se definiría una zona del Atuel hacia el sur donde no se podría hacer minería. Y, en plan de seducción, planteará que el 50 por ciento de los ingresos de regalías se destinen a obras hídricas en el resto de los departamentos.
A modo de flashback, a fin de 2019, Suarez dio marcha atrás con modificaciones a la Ley 7.722 que habilitaban el uso de sustancias químicas como el cianuro en la minería,tras la presión de grupos ambientalistas. En aquel momento este medio informó que la provincia no cerraba la puerta a dejar una excepción para Malargüe, que incluso amagó con su propia escisión de la provincia, adelantándose al MendoExit.
Consultado sobre esta cuestión, si bien Ojeda cree que podría repetirse el aval de UCR y PJ (incluso con guiños del gobierno de Alberto Fernández). Pero no recula sobre un MalargüExit: “Los malargüinos estamos molestos, estamos haciendo un sacrificio y nos encontramos con una realidad restringida. Queremos ir por el camino productivo, y no nos falta nada para poder ser un territorio más independiente. Malargüe es mas grande que Suiza, o que Tucumán. Podríamos tener vocación de una mayor independencia, pero la provincia nos necesita y nososotros a ellos”. Y advirtió que las condiciones del municipio son más semejantes las patagónicas que a las del resto de Cuyo.
La gota que hizo reaccionar a Ojeda está relacionada con no haber recibido coparticipación. El distrito vio caer las regalías por la baja del precio del petróleo y “porque no nos respetaron el precio del barril criollo, especialmente YPF”, dijo el alcalde. “Fuimos a cobrar y cuando nos descontaron los aportes y contribuciones, en vez de plata a favor debíamos $3,5 millones”, dijo. “Los legisladores saben de la fragilidad de Malargüe, es un territorio muy grande, tenemos que recorrer dos mil kilómetros para llevar agua potable a 400 vecinos, por ejemplo”. Malargüe, dijo Ojeda, genera dos tercios del petróleo de Mendoza y de las regalías que recibe la provincia el 6,3 por ciento queda en el municipio.
El intendente agregó que hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2 por ciento del territorio, con foco en minerales de primera cateogria: oro, plata, cobre. “No tenemos otras posibilidades de desarrollo real que no sea con la minería. Tenemos ordenanzas en favor y estamos terminando un plan de ordenamiento territorial. Nosotros los malargüinos debemos definir nuestro camino, siempre en el ámbito de ley nacional. No es una actividad ilegal”, concluyó Ojeda.
Fuente: Ámbito
https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-bienestar/en-mendoza-malarge-insiste-con-la-minera.htm

Perú

Los viejos discursos que intentan destrabar la minería, por Rafael Salgado

2/7/2020 | Actualidad, Rafael Salgado Olivera, Últimas Noticias

Los viejos discursos que intentan destrabar la minería, por Rafael Salgado
En Espinar el conflicto entre la minera Glencore y las comunidades se torna más violento, con heridos, muertos y desaparecidos, debido a nuevos incumplimientos por parte de la empresa al Convenio Marco, a saber la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a cada elector de la provincia. A pesar de ello, en su último discurso presidencial Martín Vizcarra solo repitió el mismo viejo discurso sobre el rol de la minería en el desarrollo del país e incluso anunció el proyecto Ampliación Coroccohuayco, de la misma empresa. No sé ustedes, pero yo estoy cansado de escuchar siempre lo mismo.

El presidente parece ser vocero de un sector minero que, aprovechando la pandemia, nos vuelve a hablar de crisis económica y de la necesidad y rol fundamental de la minería para afrontarla. Nada dicen de las consecuencias de 30 años de neoliberalismo, años en los que en paralelo al crecimiento macroeconómico -PBI, creció sostenidamente la desigualdad. El efecto combinado de todos esos factores -neoliberalismo, desigualdad y la pandemia- lo tenemos frente a nosotros: somos el tercer país en la región latinoamericana (según la Universidad de Johns Hopkins al 30 de julio) –séptimo en el mundo– con más casos de COVID-19.

De poco o nada sirvió ser de los primeros en aplicar medidas de confinamiento y distanciamiento social. Esas medidas, nunca fueron acatadas por el sector minero, que siguió trabajando durante toda la cuarentena. Si bien es cierto, disminuyó la intensidad de sus actividades, también es cierto que presionó desde el inicio para reactivarlas en su totalidad, logrando incluso ser considerada dentro del conjunto de actividades excluidas de acatar el aislamiento obligatorio.

En el protocolo sanitario para actividades mineras solo se hace mención a una declaración jurada que los trabajadores y contratistas mineros deben presentar, en la que indican que no tienen síntomas de COVID-19. El resultado son los casi 3000 trabajadores mineros contagiados con el virus, como lo indicó antes de su salida la exministra de Energía y Minas Susana Vilca. ¿Realmente al sector minero y al Gobierno le importa la protección adecuada de los trabajadores y poblaciones aledañas?

Por eso me cansa e indigna que hoy los gremios empresariales de este sector se presenten como «la solución», y ejerzan presión para “destrabar” toda la cartera de proyectos mineros, que suman un total de 48. Incluso el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, sostiene que así se generan “más ingresos fiscales para que el Estado pueda utilizarlos en mitigar los problemas sociales y económicos que nos dejará el COVID-19”. ¿En serio? ¡¿Mitigar?!

¿Qué van a mitigar?
Un sector como el minero, y junto a él todo el sector extractivo, tienen como resultado de sus actividades, regiones con altos índices de contaminación. El registro que lleva el MINEM da cuenta de aproximadamente 8500 pasivos ambientales mineros. Si este sector no puede ni mitigar la contaminación que genera ¿cómo va a poder mitigar [aliviar] otros problemas?

En los últimos años hemos visto incrementar los conflictos socioambientales. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, el sector minería e hidrocarburos representan 80% de los conflictos en Perú. En el mes de junio se registraron 128 conflictos sociosambientales activos y latentes, de los cuales la minería y los hidrocarburos representaron 64% y 17%, respectivamente. Esto es gravísimo, más aun, cuando la conflictividad en la minería ha dejado un rastro de 282 muertos entre 2006 y 2019, según la Defensoría.

Los estados de emergencia como medidas excepcionales, también decretados en los últimos años y sin pandemia, parecen haberse convertido en la norma para asegurar la implementación de megaproyectos mineros y energéticos, principalmente en el sur peruano. Ahí está el caso de Espinar que tuvo durante muchos meses un estado de emergencia que solo profundizó el conflicto. Por eso es sumamente preocupante que se haya decretado el fin de la cuarentena, pero no el estado de emergencia nacional. No perdamos de vista ese hecho, el conflicto de Espinar nos muestra que es usado para implementar los proyectos extractivos de acuerdo a intereses.

Tampoco se realizan regularmente las consultas previas a las poblaciones indígenas. Es más desde el Gobierno nacional se propone la ‘genial’ idea de hacerlas por internet. No puede ser más que una burla. Sobre todo en un país con muy bajos índices de conexión a internet; situación que se agrava en las zonas rurales, justamente en donde se encuentran los territorios de las poblaciones indígenas y los yacimientos mineros. Entonces, ¡¿qué van a mitigar?!

Frente a toda esta situación es más indignante aun que el sector agrícola, específicamente el que agrupa a más de dos millones de familias agricultoras, no tenga más apoyo por parte del Gobierno. El mismo Estado peruano reconoce la importancia de este sector, pues produce más del 70% de alimentos que se consumen en el país; contribuye con el 83% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo el plan de reactivación agrícola está orientado al mediano y gran empresario agroindustrial.

Y así tienen el atrevimiento de decir que gracias a la minería podremos mitigar los problemas económicos y sociales del País.

*Ingeniero químico, laboró en áreas de influencia minera y es especialista en desarrollo y medioambiente

Los viejos discursos que intentan destrabar la minería, por Rafael Salgado

Chile

SMA formula grave cargo a Escondida: minera excedió niveles de extracción de agua desde 2005

por El Mostrador/ Reuters 31/07/2020
La empresa operada por la australiana BHP Billiton, «pese a comprometerse a bajar los niveles de extracción de agua en el ‘sector de Tilopozo’ superó el nivel máximo permitido desde el año 2005, llegando a triplicar dicho umbral el 2019», dijo el regulador.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo grave contra Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, debido al impacto por exceder niveles de extracción de agua desde 2005.

«La empresa, pese a comprometerse a bajar los niveles de extracción de agua en el ‘sector de Tilopozo’ superó el nivel máximo permitido desde el año 2005, llegando a triplicar dicho umbral el 2019», dijo el regulador.

El regulador ambiental de Chile aclaró que este tipo de falta puede ser sancionado con revocación del permiso ambiental, clausura o una multa contra la minera operada por la australiana BHP Billiton.

Tras la notificación, la minera tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivamente, ambos plazos contados desde la notificación del presente acto administrativo.

El caso provino de una denuncia del regulador de agua que encontró «descensos de los niveles de agua subterránea» y no se realizaron los ajustes que correspondían de acuerdo con un plan de alerta temprana para el acuífero, detalló la SMA.

«La gravedad del cargo se asocia a que las medidas incumplidas son la única forma establecida en la evaluación ambiental para minimizar el efecto generado por el proyecto sobre las vegas de Tilopozo», destacó el jefe de la División de Sanción y Cumplimiento (S) de la Superintendencia, Emanuel Ibarra.

En febrero de este año, Escondida desistió de su petición de extender sus derechos para usar agua fresca del acuífero altoandino Negrillar-Monturaqui-Tilopozo, en medio de cuestionamientos sobre el impacto del uso del recurso.

El agua en torno al vasto Salar de Atacama, tanto fresca como de salmuera, ha sido por mucho tiempo un punto de conflicto para las mineras que operan en el desierto más árido del mundo.

Cabe recordar que días atrás, el juez del Tribunal Ambiental de Antofagasta Mauricio Oviedo exhortó a que se complete un estudio sobre agua respaldado por el Estado para resolver las dudas acerca de la sostenibilidad en la extracción de recursos que afectan al salar.
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/07/31/sma-formula-grave-cargo-a-escondida-minera-excedio-niveles-de-extraccion-de-agua-desde-2005/