«Lucrar por encima de todo y de todos, extrayendo el máximo de recursos naturales, con los menores costos posibles, a partir de la desobstrucción de cualquier problema: legislación laboral y ambiental y derechos humanos”. Es así como la Articulación Internacional de los Damnificados por la Vale interpreta la actual participación de la empresa multinacional brasilera, que opera en los sectores de minería, logística, energía, siderurgia y petróleo. Para denunciar esta realidad, la entidad acaba de lanzar el Informe de Insustentabilidad de la Vale 2015, en el que denuncia más de 30 casos de violaciones de derechos en tres continentes.
El conjunto de violaciones de derechos se acumula en Brasil, sede de la Vale, y en otros ocho países de América, África y Asia, involucrando a toda la cadena de producción de la Vale en diferentes países donde la empresa opera. El lanzamiento del informe ocurre en consonancia con la Semana de Movilización Nacional Indígena, la Jornada de luchas por la Reforma Agraria y las movilizaciones por el mantenimiento de los derechos laborales y contra las tercerizaciones del país.
De acuerdo con el relevamiento, la mayor inversión de la Vale en el mundo, la ampliación de la producción en Carajás, en el Estado de Pará (Brasil), cuenta con la duplicación de la Ferrovía Carajás (EFC), que está siendo realizada con licenciamiento irregular, sin la realización de audiencias públicas y de consulta previa, lo que es un derecho asegurado a las comunidades por la Convención 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su parte, en Itabirito (Minas Gerais), la Vale fue responsabilizada por someter a 309 personas a condiciones análogas al trabajo esclavo.
Con la participación accionaria de la Vale, el proyecto de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, que está siendo construida en la cuenca del Río Xingú (norte de Pará) ha sido criticado por provocar gran destrucción social, ambiental y económica. Por lo menos 20 procesos judiciales son movidos por el Ministerio Público Federal de Pará (MPF-PA). En el informe se señala también casos de desperdicio de agua. Esto se daría en tres mineroductos que vinculan Mariana (Minas Gerais) con Anchieta (Espírito Santo), que gastan 4.400 metros cúbicos por hora, lo que sería suficiente para abastecer una ciudad de 586 mil personas por mes.
En el informe se señala que en los Estados de Maranhão, Espírito Santo y Río de Janeiro, en Brasil, además de Piura (Perú) y Perak (Malasia), pescadores locales denuncian que los procesos de embarque del mineral y la contaminación de las aguas en puertos de la Vale comprometen su supervivencia. En Canadá, donde la Vale produce níquel en la mina de Voisey’s Bay, el Lago Sandy fue convertido en una cuenca con más de 400 mil toneladas de desechos, de acuerdo con denuncias de organizaciones locales.
A su vez, la usina siderúrgica TKCSA, de la cual la Vale es accionista, elevó en un 76% las emisiones de gas carbónico en Río de Janeiro. Desde 2010, funciona sin licenciamiento ambiental. Otro caso que llamó la atención está relacionado con el espionaje. Según el relevamiento, mediante denuncias de un ex-funcionario de la Vale, fue revelado un esquema de espionaje contra movimientos sociales, como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la red Justicia en los Rieles (conjunto de movimientos, asociaciones y ciudadanos en defensa de la justa compensación por daños causados por la Vale al medio ambiente y a la población). El caso ya llevó a una audiencia pública en el Congreso Nacional, pero la empresa, hasta el momento, no fue responsabilizada.
En Mozambique, en el documento se señala que más de 1.300 familias reasentadas por la Vale, viven hoy con dificultades de acceso al agua, tierra, energía, en tierras inadecuadas para la agricultura, además de no haber recibido, hasta el momento, las indemnizaciones integrales a que tienen derecho.
Falso discurso de sustentabilidad
Según el informe, la empresa actúa a nivel global para «transformar recursos naturales en catalizadores de lucros, continuamente crecientes, para los accionistas, no considerando los derechos y expectativas de los trabajadores, comunidades, poblaciones tradicionales y generaciones futuras a una vida digna”. La Asociación de los Damnificados señala en la actuación de la Vale una actitud arrogante, acumulación global, sustentabilidad para los lucros y no para las personas, además de un legado de severa destrucción ambiental, cultural y social.
En entrevista con Adital, el economista Gabriel Strautman, miembro del Instituto Políticas Alternativas para el Cono Sur (Pacs), afirma que el principal valor del estudio es deconstruir el discurso de sustentabilidad que la empresa difunde. «La Vale se dice comprometida con las mejores prácticas ambientales y respeto a las leyes. Sin embargo, su práctica es presionar para que las licencias sean realizadas sin estudio de impacto ambiental”, ejemplifica. «¿Como puede pretender ser sustentable si no respeta las leyes ambientales?”, cuestiona el economista.
Además, él afirma que el Estado es cómplice de esta situación, ya que facilita, incentiva y fortalece este tipo de operación en la empresa. «El mismo Estado que, por un lado, fortalece a la empresa con licencias irregulares y exenciones fiscales, es omiso por el otro, porque no va a fondo en la investigación de esas denuncias. Tiene un doble discurso”, expone Strautman.
Según él, gobiernos locales también se coadyuvan con la Vale, ya que tienen cierta «dependencia” de los royaltiesque paga la multinacional. «Entonces, no se levantan contra la empresa”, explica. «Aunque la Vale reivindique el papel de una empresa que comparte el valor generado, en realidad vemos una empresa que no paga impuestos, que amenaza a comunidades. Y ésta es una práctica insustentable”, defiende el economista.
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Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]