Por José De Echave
Las nuevas autoridades regionales han comenzado a colocar algunos temas de debate que seguramente se seguirán manifestando en los próximos meses. Uno de ellos es la demanda de mayores competencias para las regiones.
Un primer tema que ha aparecido es el pedido, de dos presidentes regionales elegidos (el de Piura y Cusco), de mayores facultades sobre el otorgamiento de las concesiones mineras. Ambos presidentes han señalado que las regiones no pueden estar al margen de tales decisiones.
Por supuesto, la Sociedad Nacional de Minería y sus asesores, han puesto el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser posible? Algunos hasta han tratado a los nuevos presidentes de ignorantes, de desconocer los beneficios que gozan y carecer por lo tanto de una necesaria visión nacional de desarrollo.
¿Es tan simple la situación? ¿Qué expresan pedidos como los que se han presentado desde Piura y Cusco? En primer lugar habría que reconocer los problemas que se están presentando en muchas regiones, donde decisiones que se toman en Lima no son ni siquiera informadas adecuadamente. Los presidentes regionales y los alcaldes señalan que pese a ser elegidos con el voto popular para gobernar un determinado territorio, de repente se ven con la sorpresa que una parte importante de ese territorio ha sido concesionado desde Lima.
Por supuesto, nadie dice que la totalidad de las concesiones se vayan a convertir en una gran mina. Sin embargo estas concesiones representan un derecho que se entrega a terceros y que desde un inicio comienza a ejercer presión sobre esos territorios. La evidencia es que muchos conflictos mineros se gestan desde la fase inicial de las actividades de las empresas.
Demandar mayores competencias no quiere decir que estemos frente a un intento de convertir a las regiones en autonomías absolutas. Que se sepa nadie ha pedido eso. Lo que se demanda es una mayor articulación entre las diferentes instancias del Estado (nacional, regional local), un uso planificado del territorio y sus recursos; ser informados adecuadamente; hacer compatible las actividades extractivas con los planes de desarrollo regional y local.
En lugar de buscar estigmatizar a las nuevas autoridades se debería reconocer que estamos frente a una agenda de trabajo que es beneficiosa para todos, inclusive para las empresas mineras. El Instituto Peruano de Economía, que es una de las instituciones que ha puesto el grito en el cielo por las declaraciones de los presidentes regionales mencionados, ha señalado que “las políticas públicas modernas buscan lo mejor para la sociedad”. Efectivamente, debería ser así y precisamente hay que reconocer que carecemos de eso: políticas públicas modernas que nos permitan decidir cuándo le conviene al país que una zona se convierta, por ejemplo, en un nuevo distrito minero y cuando no. De eso se trata.