La instalación de minas en las comunidades rurales del país, lejos de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores transforman su forma de vida, transgrede el entorno ambiental y facilitan la concentración de la riqueza en pequeños grupos, coincidieron ayer investigadores durante el seminario Extractivismo Minero: Saqueo y Resistencia Social, realizado en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).
Revelaron que durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa aumentó 50 por ciento el número de concesiones otorgadas en el país, lo cual pone en riesgo ecológico, social y económico a decenas de comunidades indígenas y rurales.
Incluso aseguraron que la actividad minera en los últimos seis años se caracterizó también por la filtración del narcotráfico en las inversiones, agentes y capital económico de las empresas, con la intención de acumular riqueza y realizar actividades ilegales como el lavado de dinero.
El seminario se realizó en el auditorio de la Facultad de Economía de la UAP, donde estudiantes y académicos intercambiaron sus opiniones sobre la instalación de minas en el país, y específicamente en Puebla, en municipios como Tetela de Ocampo y Zautla. El primer bloque de participantes estuvo formado por académicos e investigadores de la UNAM, UAM Xochimilco y la UAP, quienes expusieron las implicaciones locales alrededor de una mina.
Contaminación
En su turno, Gian Carlo Delgado Ramos, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CIICH UNAM), reiteró que las comunidades que están a un lado de los proyectos de extracción minera en el país son las menos beneficiadas.
Destacó que del total del personal en una industria minera sólo 20 por ciento de los trabajadores es contratado de la comunidad, mientras el resto proviene de otras partes del país y del mundo, principalmente de Canadá, Estados Unidos y Australia.
Asimismo, reveló que la contaminación en los asentamientos locales se eleva exponencialmente, a tal grado que cada mina en el país emplea alrededor de 30 mil toneladas de explosivos al año, además de utilizar tres veces más la cantidad de agua que en la comunidad asentada y contaminar con cianuro el aire y el agua del lugar.
Gian Carlo afirmó que por cada gramo extraído de oro son empleados: cada gramo de oro consume 481 mil litros de agua; mil 864 kilogramos de explosivos; 7 mil 99 litros de diesel, gasolina y gas LP; además de 10 mil 824 gramos de sustancias y reactivos para la etapa productiva del metal, tales como el cianuro, sosa caustica, ácido clorhídrico, nítrico, bórax, carbonato de sodio y fluxpar, entre otros.
“Para descontaminar las superficies es necesario limpiar de manera constante con agua durante año y medio el área afectada, lo cual nos da una idea de la enorme afectación ecológica en las zonas en donde se instalan las empresas”, alertó.
Delgado Ramos precisó que –según la Dirección General de Promoción Minera– para agosto de este año en México se registraron 833 proyectos en manos de 301 empresas, de las cuales 207 son de origen canadiense, 12 mexicanas, dos de capital binacional y el resto de los otros países.
El boom mexicano de las concesiones mineras en el país es provocado, según el investigador del Ceiich–UNAM, por las facilidades legales otorgadas durante el sexenio de Felipe Calderón a la industria de extracciones, lo cual ha colocado a México como uno de los países más atractivos de América Latina –junto a Chile y Perú– por el grado esperado de retorno de las inversiones y la seguridad jurídica.
Ante ello, el investigador urgió a los legisladores a reformar la ley “desde el fondo”, ya que actualmente no existe ninguna regulación sobre la operación de las empresas extranjeras, además de que tampoco existe garantía en la seguridad ambiental que provoca su instalación en las comunidades rurales del país.
“No se cobra un impuesto por volumen de material extraído, pero si se quisiera tampoco se podría cobrar, porque no se sabe cuánto material se está extrayendo. Hay una clara desprotección de los pueblos indígenas; además, no hay mecanismos para sancionar explícitamente a las mineras que se portan mal, y no pasa nada”, apuntó.
De acuerdo con Gian Carlo Delgado, el costo de la hectárea concesionada en el país oscila entre 5.70 a 124.74 pesos, dependiendo del año de la mina y sin importar el tipo y cantidad de mineral explotado; “es decir, las minas se meten a explotar y pueden sacar todo, metal, agua, tierra y cualquier material, mientras no sea radioactivo ni petróleo, lo cual refleja el grado de explotación no sólo para el subsuelo, sino también para las comunidades aledañas”.
Ante ello, el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 destacó la necesidad de reformar la Ley Minera actual, pues su vaguedad e imprecisión derivan en una protección descarada hacia las empresas extractoras:
“La ley no debería centrarse en velar por los intereses empresariales y por tanto en garantizar el fluido negocio minero, libre de la costosa oposición social. Por el contrario, se debería enfocar en subsanar importantes problemas y ausencias, sobre todo en lo que respecta a dar marcha atrás a su supuesto carácter de interés público, que ha permitido el consecuente uso, preferentemente minero, de la tierra y del agua en el país”.
Narco, resistencia y minas
En su turno, Carlos Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, reveló que el narcotráfico comenzó a utilizar la industria minera como una actividad para el lavado de dinero y la acumulación de riqueza en diversas partes del país.
Estos grupos delincuenciales, destacó en su ponencia, comenzaron a observar que las empresas mineras son poco vigiladas por el gobierno mexicano, por lo que han servido en algunos casos –de los cuales no abundó– para conservar e invertir el capital económico en actividades empresariales.
Incluso destacó que alrededor de los proyectos mineros en México circula una red de prebendas desde las empresas hacia las comunidades, los campesinos y las autoridades locales, con la intención de “salvaguardar la inversión millonaria” de las protestas sociales.
El primer paso, indicó, es “enamorar a los campesinos” con proyectos de desarrollo social. En caso de existir una protesta, las empresas se dan a la tarea de desarticularla, a través de prebendas hacia grupos de campesinos y autoridades locales, para después iniciar la fase de la producción.
Ante ello, resaltó la importancia de la movilización social, la cual obligue a las empresas a restituir, “aunque sea un poco” del daño que provocarán, de manera irreparable, al medio ambiente y al lugar. “Si la gente no se moviliza entonces la empresa se va a ir con todas las ganancias. Con la lucha social organizada podría haber más ingreso para la gente y sus alrededores”.
El investigador agregó que en el mejor de los casos las comunidades que logren una unificación contra los proyectos mineros podrían acceder únicamente a 3 por ciento de las ventas del producto extraído, a través de mejoras a la infraestructura comunal, rentas de la tierra a mejores precios y donaciones a las escuelas y templos del lugar.
“Lo que es inevitable es que haya minas en el territorio, lo que no es que la gente se organice a favor de su propio patrimonio, con mejores condiciones de vida, no sólo durante los 50 años que dure la concesión, sino por mucho tiempo más, lo cual se presenta como un reto para las comunidades”, precisó Carlos Rodríguez.
Panorama en Puebla
Durante el encuentro, Samuel Contreras, integrante del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), informó que en territorio poblano existen 392 concesiones para productos mineros y de no metales con una extensión aproximada de 211 mil hectáreas.
Las empresas mineras más importantes son distribuidas fundamentalmente en nueve municipios como Zacatlán, Chiautla de Tapia, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tecamachalco, Libres, Izúcar de Matamoros, Jolalpan e Ixcamaxtitlan, donde se concentra más de 50 por ciento de la producción estatal en productos metálicos y no metálicos.
Ante ello, Samuel Contreras lamentó que las empresas mineras –extranjeras y nacionales– continúen trasgrediendo las comunidades donde se instalan para explotar el subsuelo, lo cual demuestra la intención de destruir el ámbito rural “bajo esa falsa idea del desarrollo”.
Finalmente, el integrante del Cupreder indicó que las empresas instaladas en Puebla, la mayoría para la explotación de material no metálico, han causado daños irreversibles a la naturaleza y a la forma de vida de las comunidades cercanas. Esta situación, dijo, se presenta de manera exponencial con las empresas de extracción mineral metálica, como oro, plata, bronce y plomo.
“Esto ha obligado a decenas de comunidades a no sólo defenderse por un tiempo de las agresiones naturales, de la contaminación al suelo y aire, sino a trabajar en un plan comunitario que va más allá de los 50 años”, acotó.