Transcurrido un año de la promulgación de la nueva Ley de Minería y Metalurgia, el país retomará el proceso de consulta previa a las poblaciones donde se realizarán operaciones mineras. El proceso comenzará hoy en el municipio Antequera (Oruro), zona rica en complejos. La Autoridad Jurisdiccional Minera se encargará de seguir todos los procedimientos. La consulta se hará en el municipio Antequera, donde hay plata, plomo y zinc.
En aplicación a la norma, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) será la encargada de realizar el procedimiento. Hasta 2016 se prevé consultar a por lo menos 100 regiones productoras de minerales.
«El lunes (hoy) estamos iniciando el primer proceso de consulta previa, anteriormente nunca se lo hizo, sólo había en el sector de hidrocarburos. Es una disposición constitucional y que está contemplada en la Ley de Minería”, informó el director jurídico de la AJAM, José Encinas.
De acuerdo con la explicación, hasta 2016 se prevé concluir por lo menos con un centenar de preguntas, una por semana. El procedimiento establece que una vez dictado el inicio del proceso, se tiene 20 días para iniciar la audiencia entre el productor y los pobladores del lugar; si en la primera no se llega a un acuerdo, se hará reuniones hasta una tercera vez y la última instancia que dirimirá será el ministerio, mediante resolución ministerial.
Encinas anticipó que la solicitud para iniciar operaciones en Antequera, en 10 cuadrículas, fue presentada por la Cooperativa Minera Monserrat Ltda., para explotar complejos de plomo, plata y zinc. La comunidad aledaña a la zona minera es Huacuyo.
La estatal reguladora tiene un presupuesto inicial de 1,5 millones de bolivianos para iniciar el proceso de consultas, las que se harán a todas las nuevas solicitudes.
La disposición
A diferencia del Código de Minería y la nueva Ley de Minería, en este último señala que la anterior norma ignoraba a otros sectores sociales como los pueblos indígena-originario-campesino, dando prioridad a las empresas transnacionales.
Además, la nueva ley garantiza el derecho a la consulta previa, contemplada en la Constitución. La AJAM debe consultar a los pueblos indígena-originario-campesino y población afectada antes de asumir determinaciones administrativas de otorgación de derechos mineros, mediante la suscripción de contratos.