Argentina

Se encienden luces rojas en la minería: proyectos que ya no son rentables

1679517w300La decisión de la brasileña Vale de suspender la construcción de Potasio Río Colorado, en Mendoza, desnuda la falta de competitividad del sector en el país

Murilo Ferreira confirmó orgulloso un plan de inversión de US$ 5900 millones para el desarrollo de un proyecto minero en la Argentina. Corría diciembre de 2011 y las palabras del presidente ejecutivo del gigante brasileño Vale sonaron como música para los oídos de la recién reelecta Cristina Kirchner. Ni uno ni otro imaginaba que en menos de un año y medio la empresa anunciaría su decisión de abandonar el ambicioso emprendimiento de Potasio Río Colorado, en la provincia de Mendoza.

El auge y caída en el país del plan de la mayor productora de hierro del mundo es una buena alegoría de lo que sucede con la minería en la Argentina. La estabilidad fiscal otorgada en la década de los noventa atrajo a las grandes firmas, que invirtieron en proyectos importantes y posicionaron al país entre las diez naciones que más inversiones mineras reciben. El buen precio internacional de los minerales hizo el resto. Pero en los últimos años, la alta presión fiscal, sumada a la imposibildad de girar dividendos, a la voracidad creciente de las provincias por las utilidades del sector, al aumento de costos y a la inseguridad jurídica, encendió una luz roja en el sector.

Santa Cruz. En el yacimiento ubicado en la meseta patagónica empezó a producir oro y plata en 1998.

Es verdad que todo esto ocurre en un contexto global en el que las mineras no pasan por su mejor momento y en el que Vale, precisamente, está jaqueada por la caída del precio del hierro, su principal producto, provocado por la menor demanda de China. Pero no es menos cierto que en el mismo escenario países de la región, como Chile y Perú, han recibido una lluvia de inversiones en los últimos años.

Dante Sica, director de la consultora Abeceb.com subraya que la minería tiene aún un enorme potencial a nivel local, pero aclara que en la actualidad enfrenta obstáculos coyunturales. «En los últimos años los inversores externos empezaron a inquietarse, debido, entre otras cosas, al cambio en las reglas de juego y el incremento de los desequilibrios en la macroeconomía local», analiza el economista. En un sector donde 99% de la inversión es extranjera, éste no es un dato menor.

La minería representa aquí el 1% del PBI (era 0,3% en 2001), cifra que, según estimaciones de abeceb.com podría duplicarse para 2016, siempre y cuando se disipen los actuales nubarrones. El potencial geológico del país sigue intacto, pero con la misma «bendición de la naturaleza» Chile y Perú tuvieron en 2011 (último dato conocido) exportaciones mineras por US$ 60.000 y US$ 25.000, respectivamente, mientras que a la Argentina ingresaron en ese concepto sólo US$ 5500 millones.

Un abogado especialista en derecho minero, acerca una explicación desde el punto de vista legal para estos contrastes: «La percepción es que en Chile hay mucha menos arbitrariedad jurídica que acá y que en Perú, si bien existe una alta conflictividad social, se observa más apoyo de la autoridad a la hora de hacer cumplir la ley». Es por eso que, en su opinión, la Argentina está subexplorada y subexplotada en lo que respecta a su riqueza mineral.

Un abogado especialista en derecho minero acerca una explicación desde el punto de vista legal para estos contrastes: «La percepción es que en Chile hay mucha menos arbitrariedad jurídica que acá y que en Perú, si bien existe una alta conflictividad social, se observa más apoyo de la autoridad a la hora de hacer cumplir la ley». Es por eso que, en su opinión, la Argentina está subexplorada y subexplotada en lo que respecta a su riqueza mineral.

Para un ejecutivo de una importante minera con producción en el país, dado el contexto actual, será difícil atraer las inversiones necesarias para explotar la riqueza escondida en el subsuelo. «Hoy el mercado está golpeado y siendo la Argentina un país de mucho riesgo, los capitales se van a Perú, que es la estrella de América», dice, y pide no ser identificado.

¿Puede la decisión de Vale acarrear un efecto contagio en el resto? Pocos creen que se produzca un abandono masivo de proyectos, pero sí reconocen por lo bajo que la mayoría de las variables que desalentaron al gigante brasileño aqueja a todas las compañías mineras en el país.

Santa Cruz. En el yacimiento ubicado en la meseta patagónica empezó a producir oro y plata en 1998.

Un análisis de la consultora económica ACM explica que el anuncio de Vale se suma a distintos eventos que muestran las consecuencias de un continuo deterioro en el clima de negocios. «El proyecto que adquirió Vale en 2009 experimentó desde entonces una revaluación del tipo de cambio real de casi 30%, a lo que se le sumaron trabas a las importaciones y al movimiento de divisas, entre otros factores internos, y con una perspectiva de una mayor aceleración en el ritmo inflacionario», dice el estudio.

La prohibición de girar dividendos es un tiro de gracia para las inversiones. Desde una conocida firma minera confiesan por lo bajo que cuando un board evalúa un riesgo para aprobar un financiamiento y ve que la Argentina puede dejar atrapada su inversión, se va volando. «Los proyectos permanecen, pero es difícil buscar financiamiento. Se mantienen casi de manera marginal, sin grandes desembolsos a la hora de que alguien los financie -relata-. Eso es lo que ha sucedido aquí en los últimos años.»

En medio de este clima, las principales inversiones previstas en el país, son, entre otras, la de Pascua Lama (Barrick Gold), por US$ 8000 millones; Pachón (Xstrata Cooper), por US$ 4100; Los Azules (Minera Andes), US$ 2500 millones; todas en la provincia de San Juan. También hay importantes planes para explotar el litio en Jujuy y Salta, como los de Sales de Jujuy (Orocobre), por US$ 200 millones, o Salar del Rincón (Ady Admiralty), por US$ 75 millones.

San Juan. Veladero, de la firma Barrick, está ubicada a una altura de entre 4000 y 4800 metros sobre el nivel del mar.

Hay grandes minas ya en producción, como pueden ser la de Bajo La Alumbrera (oro, cobre y molibdeno), Salar del Hombre Muerto (litio), Cerro Vanguardia (oro y plata), Veladero (oro y plata), Mina Aguilar (plomo, zinc y plata), Sierra Grande (mineral de hierro) y Pirquitas (plata, estaño y zinc), entre otras. Según la Cámara de Empresarios Mineros, son 15 los principales emprendimientos hoy en producción.

No todas las mineras que hay en el país apostaron como la brasileña a un proyecto ajeno a su negocio -Vale es fuerte en hierro y aquí iba a explotar potasio-, así como tampoco sufrieron el derrumbe de precios de su principal producto; pero aun así, todas tienen motivos para temer por la rentabilidad de sus proyectos, si se miran ciertas decisiones del Gobierno.
La pata provincial

Para entender los riesgos de esta actividad en el país, hay que partir de la base de que, como explica Luis Lucero, abogado del estudio Marval, O’Farrell & Mairal, los recursos minerales son de las provincias y son ellas las que tienen la potestad de regular en materia de procedimientos, de ambiente y de regalías. «Esto es importante porque, si bien hay una norma de fondo, que es el Código Minero Nacional, el clima de inversión depende sustancialmente de lo que cada gobierno provincial decida en su jurisdicción», aclara el letrado.

Los trabajos en Malargüe quedaron paralizados el lunes, cuando desde Brasil se anunció la suspensión.

Coincide en este aspecto Amalia Sáenz, especialista en minería del estudio Brons & Salas. «Hoy conseguir financiación para nuestros clientes es más complejo, porque no sólo se evalúa la prefactibilidad económica, sino la provincia donde esta localizado», señala la abogada.

Es que no todas las provincias argentinas son como San Juan, que está entre las más favorables a la actividad y que, con la producción de Veladero y Gualcamayo, principalmente, ha crecido notoriamente de la mano de la inversión minera. En el extremo opuesto está Chubut, que prohíbe la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro, lo que ha significado que se paralice el proyecto Navidad, en la meseta patagónica (uno de los yacimientos de plata más importantes del mundo).

En el medio se podría ubicar a Santa Cruz, que tiene importantes proyectos en marcha y en construcción, pero que sufre la tensión entre el gobierno nacional y su gobernador, Daniel Peralta: al no recibir fondos de la Nación, el mandatario ejerce una desmedida presión fiscal sobre las mineras instaladas allí.

En este contexto, se hace muy complicado para las mineras saber a priori cuál va a ser el verdadero costo del proyecto. Esto empeoró desde que comenzó a crecer la participación de las provincias en el negocio y su ingreso como socio de las empresas privadas. «En un proyecto en el que tenías idea de cómo era tu ecuación, entra la provincia y te cambia el esquema», afirma un abogado, que tiene varias mineras como clientas.

Francisco Pérez, gobernador de Mendoza, a la salida del Ministerio de Trabajo, donde se dictó la conciliación obligatoria.

En estas condiciones, Vale aprovechó el hecho de que todavía está en etapa preliminar para replantear sus activos y sobre esa base decidió suspender el proyecto que posicionaría al país como uno de los mayores productores y exportadores de fertilizantes del mundo. De confirmarse su decisión, quedarían en la calle 4000 empleados. Por lo pronto, el Ministerio de Trabajo dictó el viernes la conciliación obligatoria hasta abril, que impide a la empresa efectuar despidos hasta esa fecha.

La plantilla de Vale representa 10% del total de las personas que hoy trabajan en operaciones mineras en el país. Además, se calcula que 100.000 más trabajan en forma indirecta, como contratistas externos, exploradoras, constructoras, entre otros.

Pero no sólo eso se pierde cada vez que una minera suspende un proyecto. Según la CAEM, cada yacimiento en operaciones deja en el país 50% de su facturación, mediante sueldos y costos operativos (más de 2500 pymes proveedoras dependen de esta actividad). En tanto, el restante 50% se reparte en partes iguales entre el Estado y la empresa.
Carga impositiva

Catamarca. Minera Alumbrera es una mina a cielo abierto en la que se extrae oro y cobre; es una de las grandes explotaciones del país.

Otro factor que impacta en la rentabilidad de las empresas del sector es la presión tributaria, que es mayor aquí que en Chile y Perú. Según Abeceb.com, la presión fiscal aquí es de 30,4%, mientras que en sus pares regionales es de 18,7% y 20,4%, respectivamente.

Entre los principales impuestos que integran la carga impositiva sobre la minería en el país están Ganancias (35%), Retenciones (5 y 10%) y Regalías (3%). A eso hay que sumar otros fondos para las comunidades. Según un estudio de la consultora Abeceb.com, el sector aportó al fisco $ 5600 millones (8% de lo que ingresa por retenciones a la soja). Luego de la coparticipación, quedan para Nación y provincias un 58 y 52% de esos fondos, respectivamente.

Además, una de las grandes quejas de las mineras es que aquí, a diferencia de lo que ocurre en Chile y Perú, se calculan los impuestos sobre las ventas totales en lugar de gravar los ingresos netos. Esto pega directo en la rentabilidad del negocio y torna a las compañías más dependientes del precio internacional del mineral.

Cristina Kirchner anunció el proyecto de Vale en la Casa Rosada en diciembre de 2011; se invertirían US$ 5900 millones.

Murilo Ferreira conocía algunas de estas variables cuando confirmó la inversión para el proyecto de Potasio Río Colorado. Pero no podía adivinar otras, que empeoraron en el último año y medio, como el encarecimiento de un 40% de los costos de la operación y reclamos desmedidos de los municipios por los que pasaría su producción. Ahora, en medio de un replanteo global de sus inversiones, Vale puso en la balanza cada dólar y dedujo que la Argentina no es el mejor lugar para depositarlo.

Junto con su ambicioso proyecto para exportar potasio queda en el camino la construcción de un puerto y de un ferrocarril, que facilitarían la salida de su producción. También deja al desnudo una vez más el derrumbe de la competitividad del país, que pega hasta en aquellos sectores en los que el Gobierno apoya desde su concepción pública.