Desde denuncias, investigaciones y sentencias hasta posiciones en contra de los proyectos mineros formales e inscripciones en el Reinfo, los postulantes en estas zonas arrastran diversos cuestionamientos
Elmer Cáceres Llica, Luis Otsuka Salazar, Fernando Meléndez y José Nenil Medina Guerrero arrastran cuestionamientos.
Elaboración Perú21.
Carlos Hinostroza Sánchez 21/09/2026
A 14 días de las elecciones regionales y municipales, el avance de la minería informal e ilegal sigue siendo un tema de principal preocupación en la ciudadanía y las autoridades. Y es que esta actividad no solo mueve más de US$12,000 millones al año, lo que la convierte en una economía ilícita diez veces mayor que el narcotráfico, sino que ha generado un impacto irreversible en el medioambiente.
De acuerdo con cifras de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la minería ilegal ha dejado, hasta el momento, más de 140,000 hectáreas de bosques de la Amazonía depredados y al menos 225 cuerpos de agua contaminados por mercurio, principalmente en Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco.
Ante este escenario, es vital la elección de las autoridades subnacionales en regiones tomadas por la minería informal e ilegal y que concentran una mayor cantidad de personas inscritas en el Reinfo, como La Libertad (Pataz), Ica (Nasca), Madre de Dios, Piura, Loreto, Cajamarca, Apurímac, Puno, Arequipa y Cusco.
Sin embargo, muchos de los postulantes en estas zonas del país arrastran una serie de cuestionamientos: desde denuncias, investigaciones y sentencias hasta posiciones en contra de los proyectos mineros formales e inscripciones en el Reinfo.
Perú21 identificó ocho casos de postulantes con estos antecedentes; no obstante, hay muchos más que tendrían vínculos con la minería informal. De acuerdo con el portal Territorio Tomado, 735 candidatos con reinfo vigente o suspendido participan en estos comicios: 43 postulan a gobiernos y consejerías regionales en 15 departamentos, mientras que 692 buscan llegar a alcaldías y regidurías en 22 jurisdicciones.
CARAS CONOCIDAS
El primer personaje en la lista es Luis Otsuka Salazar, quien postula a vicegobernador regional de Madre de Dios por Somos Perú. El empresario no es alguien nuevo en política, ya que se desempeñó dos veces como gobernador y ejerció como presidente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), desde donde lideró varias protestas contra los operativos de interdicción a la minería ilegal.
En su momento, enfrentó hasta nueve investigaciones fiscales por presuntos delitos ambientales, contra la administración pública, lavado de activos y trata de personas con fines de explotación laboral, según una investigación de Ojo Público.
Otsuka, desde el año 1999, es titular de la concesión minera —de 300 hectáreas— llamada K-1, en Tambopata. Esta concesión atraviesa parte de la comunidad nativa Tres Islas, ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata, y ha perjudicado una porción del bosque de la zona, denunció el portal Mongabay Latam.
El excongresista y exgobernador de Loreto Fernando Meléndez busca regresar al máximo sillón loretano. El candidato de APP afrontó denuncias e investigaciones por delitos como colusión, peculado, abuso de autoridad y contra los bosques o formaciones boscosas (tala ilegal); sin embargo, fue absuelto en este último proceso, según declaró en su hoja de vida.
En octubre del 2024, Cuarto Poder denunció que su esposa, la excongresista Rosio Torres, quien fue sindicada de recortar el sueldo a sus trabajadores, habría utilizado a los colaboradores de su despacho, así como los fondos y pasajes oficiales de la semana de representación, en la campaña electoral de Meléndez al GORE Loreto, en el 2022. Por estos hechos, la Fiscalía investigó y denunció constitucionalmente a Torres por el presunto delito de peculado doloso.
¿ANTIMINEROS?
Elmer Cáceres Llica, quien postula bajo la camiseta de APP, también busca retornar al GORE Arequipa. A fines del 2021, el exalcalde provincial de Caylloma y exgobernador fue recluido en el penal de Socabaya tras ordenarse 24 meses de prisión preventiva en su contra por el caso «Los Hijos del Cóndor».
Además, fue sentenciado a siete años de prisión efectiva en otro proceso tras ser hallado responsable del delito de colusión agravada; no obstante, en octubre de 2025 recuperó su libertad luego de anularse dicha condena. Registra otras tres sentencias penales -que fueron cumplidas- por delitos como falsa declaración en proceso, entorpecimiento al funcionamiento de medios de transporte e incumplimiento de deberes funcionales, según consignó en su hoja de vida.
Cáceres Llica es conocido por su posición en contra de la minería formal. Durante su gestión, se opuso férreamente al proyecto Tía María al argumentar que carecía de licencia social por parte de los pobladores del Valle del Tambo en Islay. Es más, no solo se negó a dialogar con el Ejecutivo, sino que lideró y azuzó las protestas en dicha zona.
Otro candidato que, al parecer, tiene una posición en contra de la minería formal es José Nenil Medina Guerrero, quien postula al GORE Cajamarca por JPP. Pese a que aún no ha sido elegido para el cargo, ya puso condiciones para dar viabilidad a tres proyectos mineros que se encuentran en espera: La Granja, El Galeno y Michiquillay.
“Todos los proyectos que cuenten con licencia social serán bienvenidos, siempre y cuando parte del canon minero se destine a agricultura, a mejoramiento de hospitales y, sobre todo, al beneficio de las comunidades adyacentes al proyecto y a la participación ciudadana”, indicó a la prensa en julio pasado.
“Nosotros no vamos a permitir situaciones y proyectos (mineros) de envergadura que se impongan prácticamente a sangre y fuego a nuestra ciudadanía. Nosotros vamos a estar en contra de ello”, añadió el también exalcalde de Anguía.
La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, indicó que La Granja, El Galeno y Michiquillay están en la lista de proyectos mineros que se buscan destrabar para que la economía peruana pueda crecer al 6%
VÍNCULOS MINEROS
El ingeniero civil Gerardo Cabrera postula al GORE Piura por Salvemos al Perú. Entre los años 2011 y 2015 trabajó como especialista en construcción y montaje de plantas mineras de las empresas Las Lomas Doradas, Empresa Carbocol. S.A.C., entre otras. Además, en la compañía Lima Mining and Trading Company S.A.C. se desempeñó como especialista en la gestión y tramitaciones para la compra, acopio, procesamiento, comercialización y exportación de metales y minerales, específicamente de oro, según indicó en su cuenta de la red social LinkedIn.
De acuerdo con el portal Territorio Tomado, no solo figura como excluido del Reinfo, sino que también se encuentra dentro del Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO) del Ministerio de Energía y Minas como comprador, vendedor y refinador de oro.
Una situación similar ocurre con Gustavo Gutiérrez, quien postula al GORE Apurímac bajo la camiseta de Acción Popular. El también exalcalde provincial de Chincheros se encuentra en la lista de excluidos del Reinfo, según el mismo portal. Su inscripción correspondía a una actividad ubicada en el distrito de Kishuara, provincia de Andahuaylas; sin embargo, Gutiérrez negó haber tenido una inscripción en dicho padrón minero y dijo que se trataría de un error.
Los dos últimos casos corresponden a los candidatos Juan Rodríguez, quien postula a la alcaldía distrital de Phara (Sandia-Puno) por la alianza Así-JPP, y José Sandoval, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía provincial de Nasca (Ica). Rodríguez se desempeña como gerente general de la empresa J & R Minera Purísima E.I.R.L., dedicada a la exploración de minas y canteras y a la venta por mayor de metales y minerales. Tiene acciones en dicha empresa, así como en Exploraciones Altamira S.A.C.
A su vez, registra un reinfo vigente en el distrito puneño de Alto Inambari. Su concesión minera se llama «Sagitario 2015». En su hoja de vida declaró tener otras seis concesiones mineras; sin embargo, tres de ellas fueron transferidas a otras personas y/o empresas.
En tanto, Sandoval se desempeñó como asistente legal de la Municipalidad Provincial de Nazca y ejerció como abogado de la empresa minera Oro del Sur E.I.R.L. hasta este año. En mayo pasado, se le adjudicó una concesión minera de 100 hectáreas denominada «Cerro Colleja», ubicada en el distrito de Río Grande, provincia de Palpa.
ANÁLISIS
En diálogo con Perú21, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, recalcó que la elección de los futuros gobernadores, sobre todo en zonas tomadas por la minería informal e ilegal, es clave, tras recordar que estas autoridades subnacionales tienen competencia en la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal.
“Muchas veces las autoridades regionales y municipales tienen llegada directa al Congreso y se utiliza esa posición para llevar la agenda de los mineros informales a espacios de poder como el Ejecutivo y Legislativo, donde inciden sobre sus intereses particulares versus los intereses que deberían representar”, indicó.
Además, recordó que, en el pasado, muchos gobernadores regionales azuzaron a la población de sus jurisdicciones para levantarse y protestar contra los proyectos mineros formales, por lo que insistió en la necesidad de revisar los antecedentes de los postulantes.
«Si estos candidatos tienen procesos, sanciones o, en el pasado, representaron los intereses de la minería informal, debería generarnos preocupación en el sentido más amplio, porque su prioridad no será hacer obras, sino van a priorizar la agenda de la minería informal e ilegal», advirtió.
No obstante, precisó que una persona que tiene un reinfo vigente no está prohibida de participar en la vida política. «Obviamente genera preocupación que los candidatos tengan un reinfo, pero eso no es ilegal. Que nos genere preocupación o que éticamente sea cuestionable, bienvenido, pero no es ilegal», remarcó.
Por su parte, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, indicó que es importante la elección de autoridades idóneas en zonas tomadas por la minería informal e ilegal. Según dijo, esta actividad ilegal no solo ha ocupado una gran cantidad de espacio y territorio de estas regiones, sino que se viene enfrentando a la minería formal, al atacar sus instalaciones y campamentos.
«Ya hemos visto este problema en Pataz, con Poderosa, pero también en otras zonas donde hay proyectos mineros que están todavía en fase de exploración, como Michiquillay, en Cajamarca, o Haquira y Las Bambas, que tienen zonas ocupadas, campamentos incendiados y no les dejan avanzar con la exploración. Entonces, la minería informal e ilegal retrasan operaciones, lo mismo ocurre en Conga. Esto no es solo una responsabilidad del Ejecutivo, hay mucho que los gobiernos regionales tienen mucho que hacer», aseveró.
LAS CIFRAS DE LA MINERÍA ILEGAL
Un reciente estudio del IPE advirtió que la exportación de oro de origen ilegal desde Perú continúa expandiéndose. En el primer semestre del 2026, creció 19.4%, mientras que la de origen legal cayó 5.9%. Como resultado, en esta primera mitad del año, la exportación de origen ilegal ya superó a la legal en 8.7 toneladas y representó el 54% del volumen total de oro exportado.
«Para el cierre del 2026, el IPE estima que la exportación de oro de origen ilegal alcanzaría al menos 110 toneladas y podría superar las 120 toneladas. Este volumen representaría entre el 52% y 55% del total de oro exportado por el Perú», señala el informe.
Se estima que, al cierre de este año, el valor exportado de oro de origen ilegal alcanzaría al menos los US$16,000 millones y podría superar los US$18,000 millones. Esto es, como mínimo, casi 9 veces más que lo registrado hace una década y 39% más que en 2025 (US$ 11,500 millones).
En paralelo, las denuncias por minería ilegal crecieron un 53%, según el IPE. Entre enero y abril de este año, las denuncias presentadas ante la Fiscalía llegaron a 1,025. Esto es 53% más que lo reportado en el mismo periodo del 2025.
Madre de Dios es la región con más denuncias por minería ilegal. Concentró el 35% de las denuncias nacionales (359 casos), más del triple que en el mismo periodo del 2025. Le siguen Áncash y Ucayali (55 casos), y Puno (47 casos). Otras regiones que duplicaron sus denuncias son Lambayeque y San Martín, mientras que en Puno los casos se triplicaron.
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