Lima, 11 Febrero 2011
En Colombia y Ecuador demandan libertad de detenidos. En Guatemala denuncian el asesinato de un promotor de salud rural. En el Perú acuerdan crear un frente nacional y Congreso Regional de Comunidades pone la judicialización de la protesta como punto central de su agenda.
La criminalización del ejercicio de derechos se extiende por todo el continente. En países como Colombia y Guatemala, la violencia es ejercida no solo por el Estado sino por fuerzas irregulares que muchas veces están al servicio de las empresas multinacionales. Pero nuestras organizaciones avanzan en sus acciones de articulación e incidencia para detener esta criminalización.
Colombia
En el departamento colombiano de Arauco miles de personas continúan movilizándose para exigir la libertad de siete indígenas detenidos bajo los cargos de rebelión y concierto para delinquir, entre ellos el Presidente de la Asociación de Autoridades Indígenas de Arauca (ASCATIDAR), Ismael Uncasía Uncasía. Las vías terrestres están bloqueadas y aumenta la tensión.
Los pueblos indígenas Uwa y Sikuani, además de exigir la libertad de lo detenidos, demandan también que no se criminalice ni judicialice la libertad de asociación, expresión y movilización; que se conforme una comisión de verificación y seguimiento permanente sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en zona de conflicto y de explotación petrolera; que se investigue la utilización de indígenas en políticas de guerra dentro del conflicto que vive el país, y que se respete su autonomía, leyes y fueros especiales como nación indígena.
Ecuador
Los pueblos y nacionalidades indígenas y sus organizaciones del Ecuador, con la solidaridad nacional e internacional, lograron la libertad de tres dirigentes Shuar detenidos bajo la acusación de terrorismo y sabotaje. Y hoy, viernes 11 de febrero, a las 9h00, la Defensoría del Pueblo del Ecuador presentó ante la Corte Provincial de Justicia del Azuay una petición para que se cumpla la amnistía otorgada por la Asamblea Nacional Constituyente en favor de siete personas oriundas del cantón Nabón.
En abril del 2010, la Corte Provincial de Justicia del Azuay, desconociendo la amnistía otorgada por la Asamblea Constituyente (Mandato del 11 de julio del 2008), sentenció a este grupo de personas, por cargos de sabotaje, a 8 años de reclusión. Se les imputó estos cargos por ejercer su derecho a la protesta contra una concesión minera en su territorio y sobre sus recursos básicos, principalmente el agua, concesión de la compañía minera Explorsur, perteneciente al Grupo Eljuri.
Los nombres de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza de Nabón son:
· Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín (Presidente de la Junta Parroquial de Cochapata)
· Manuel Remigio Capelo Erraez
· Plutarco Patiño Patiño (ex Concejal de Nabón)
· Vinicio Saravio Jaya Quezada (Concejal de Nabón)
· Celso Amable Patiño Quezada (Teniente Político de Nabón)
· Luis Nelson Sanmartín Mora
· Segundo Olmedo Sanmartín Mora
Guatemala
Desde Guatemala, la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (AECSA) denunció que ayer, jueves 10 de febrero, a las 9 de la noche, fue asesinado de ocho balazos en la espalda el promotor de salud rural Ramiro Chon. Fue al momento de ingresar a la unidad mínima de salud de la comunidad El Tambo del Municipio de Sayaxché del departamento de El Petén.
Ramiro Chon fue miembro fundador de la comisión de los 15, organización representativa de los municipios de La Libertad y Sayaxché del Departamento del Petén, que participa activamente en el esfuerzo por mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud a través de la reivindicación del derecho a la salud de los pueblos, además había participado en el análisis y discusión de los efectos de la depredación de los recursos naturales, la instalación de las represas y la explotación petrolera. Luchador incansable por la defensa de la Madre Tierra y el territorio, Ramiro Chon deja en la orfandad a cuatro hijos.
Perú
En el Perú existen alrededor de mil dirigentes, líderes y autoridades indígenas procesados por defender los derechos de sus comundades. Este es un tema central de agenda del Congreso de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería de Ancash (CORECAMI) que se desarrolla mañana, sábado 12, en Huaraz, capital de dicha región.
Precisamente la ciudad de Huaraz fue el domingo 6 de febrero la sede del Encuentro Regional “Defensores del Agua y Judicialización de la Protesta”, cuyo principal acuerdo fue formar un frente nacional de todos los criminalizados por defender el agua y la Pachamama.
Carmen Ugarte Leandro, representante de las comunidades de Oyón, región Lima, expuso acerca de la criminalización de las mujeres. Recordó que en el Encuentro dirigentes judicializados de diversas regiones compartieron sus testimonios. Y acordaron exigir la derogatoria de los decretos legislativos emitidos por el gobierno de Alan García que criminalizan la protesta.
Otros importantes acuerdos del Encuentro, señaló Carmen Ugarte, fueron realizar un Encuentro nacional en Lima, solicitar una audiencia pública al Presidente del Poder Judicial César San Martín Castro para exponer los casos de criminalización, fortalecer y unir las organizaciones de los pueblos indígenas y expresar su apoyo a los procesados de todo el continente.
Lima, 11 de febrero de 2011.
Comunicaciones CAOI