• Sociedad civil denuncia que los sectores empresariales y el gobierno exageran el supuesto escenario de desaceleración de inversiones.
• Estos argumentos son usados para justificar medidas para agilizar las inversiones, desprotegiendo el medio ambiente, el patrimonio arqueológico y prácticamente eliminando el mecanismo de consulta previa.
• Se informa que hay una cartera de proyectos mineros por 56 mil millones de dólares aproximadamente. En el peor escenario el Perú tiene asegurado casi 19 mil millones de dólares de inversión minera, monto superior al del quinquenio anterior.
En Conferencia de Prensa, el Grupo de Trabajo sobre pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, RedGe, Instituto de Defensa Legal, CooperAcción y Propuesta Ciudadana informaron a la opinión pública que el Gobierno y los principales grupos económicos del país, alarman de manera tendenciosa, cuando afirman que el Perú va a verse tremendamente afectado en el actual contexto internacional por la caída de los precios de algunos metales.
Denunciaron que estos argumentos están siendo usados para justificar las medidas que el Ejecutivo dictó en el mes de mayo para promover las inversiones en el Perú -a través de los decretos supremos 054-2013-PCM y 060-2013-PCM- desprotegiendo el medio ambiente, el patrimonio arqueológico y prácticamente eliminando el mecanismo de consulta previa.
La realidad demuestra que esta caída no va a significar una parálisis de las inversiones en nuestro país, ni va a poner en peligro todo el paquete de inversiones mineras proyectado para estos años. En la actualidad hay una cartera de proyectos mineros por un valor de aproximadamente 56 mil millones de dólares, de los cuales se ha señalado que en el peor escenario están asegurados casi 19 mil millones de dólares de inversión minera, que es un monto mayor al del quinquenio anterior.
Preocupa entonces que se estén flexibilizando los mecanismos de control y protección ambiental, ya que en casos como Tía María y Conga se ha evidenciado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son instrumentos muy débiles, que no permiten medir los reales impactos ambientales.
A la problemática por la deficiencia de los EIA y a la limitación de falta de personal en el sector para revisar los EIA adecuadamente, se le están sumando estas nuevas medidas que reducen plazos y establecen sanciones para los funcionarios que no emitan su opinión técnica en un determinado plazo; abriendo así un escenario de coacción que hace aún más precario el sistema nacional de certificación ambiental.
De otro lado, se está reduciendo el plazo para la obtención del CIRA (certificado de inexistencia de restos arqueológicos), sin considerar el tiempo razonable que supone recoger y verificar información, con un riesgo tremendo para nuestro patrimonio cultural.
Paralelamente, se viene desnaturalizando la aplicación del mecanismo de consulta previa; primero con la negativa gubernamental de publicar la Base de Datos para saber a quiénes se consideran pueblos indígenas, dejando esta decisión a la discrecionalidad de funcionarios del sector Cultura.
Estos retrocesos del Gobierno en la Gestión Ambiental y en la Consulta Previa para favorecer las inversiones, debilitan la capacidad de las poblaciones para hacer valer sus derechos, afectan la gobernabilidad del país y no crean las mejores condiciones para asegurar inversiones sostenibles en el tiempo, respetando equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales.
• Sociedad civil denuncia que los sectores empresariales y el gobierno exageran el supuesto escenario de desaceleración de inversiones.
• Estos argumentos son usados para justificar medidas para agilizar las inversiones, desprotegiendo el medio ambiente, el patrimonio arqueológico y prácticamente eliminando el mecanismo de consulta previa.
• Se informa que hay una cartera de proyectos mineros por 56 mil millones de dólares aproximadamente. En el peor escenario el Perú tiene asegurado casi 19 mil millones de dólares de inversión minera, monto superior al del quinquenio anterior.
En Conferencia de Prensa, el Grupo de Trabajo sobre pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, RedGe, Instituto de Defensa Legal, CooperAcción y Propuesta Ciudadana informaron a la opinión pública que el Gobierno y los principales grupos económicos del país, alarman de manera tendenciosa, cuando afirman que el Perú va a verse tremendamente afectado en el actual contexto internacional por la caída de los precios de algunos metales.
Denunciaron que estos argumentos están siendo usados para justificar las medidas que el Ejecutivo dictó en el mes de mayo para promover las inversiones en el Perú -a través de los decretos supremos 054-2013-PCM y 060-2013-PCM- desprotegiendo el medio ambiente, el patrimonio arqueológico y prácticamente eliminando el mecanismo de consulta previa.
La realidad demuestra que esta caída no va a significar una parálisis de las inversiones en nuestro país, ni va a poner en peligro todo el paquete de inversiones mineras proyectado para estos años. En la actualidad hay una cartera de proyectos mineros por un valor de aproximadamente 56 mil millones de dólares, de los cuales se ha señalado que en el peor escenario están asegurados casi 19 mil millones de dólares de inversión minera, que es un monto mayor al del quinquenio anterior.
Preocupa entonces que se estén flexibilizando los mecanismos de control y protección ambiental, ya que en casos como Tía María y Conga se ha evidenciado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son instrumentos muy débiles, que no permiten medir los reales impactos ambientales.
A la problemática por la deficiencia de los EIA y a la limitación de falta de personal en el sector para revisar los EIA adecuadamente, se le están sumando estas nuevas medidas que reducen plazos y establecen sanciones para los funcionarios que no emitan su opinión técnica en un determinado plazo; abriendo así un escenario de coacción que hace aún más precario el sistema nacional de certificación ambiental.
De otro lado, se está reduciendo el plazo para la obtención del CIRA (certificado de inexistencia de restos arqueológicos), sin considerar el tiempo razonable que supone recoger y verificar información, con un riesgo tremendo para nuestro patrimonio cultural.
Paralelamente, se viene desnaturalizando la aplicación del mecanismo de consulta previa; primero con la negativa gubernamental de publicar la Base de Datos para saber a quiénes se consideran pueblos indígenas, dejando esta decisión a la discrecionalidad de funcionarios del sector Cultura.
Estos retrocesos del Gobierno en la Gestión Ambiental y en la Consulta Previa para favorecer las inversiones, debilitan la capacidad de las poblaciones para hacer valer sus derechos, afectan la gobernabilidad del país y no crean las mejores condiciones para asegurar inversiones sostenibles en el tiempo, respetando equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales.
04 de julio de 2013
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN